Madrid.-Desde 2008 se ha gastado en 'publicidad y autobombo' la misma cantidad que costaron los nuevos hospitales

CASMadrid* : Esperanza Aguirre mintió: sí había dinero para construir los Nuevos Hospitales.
Para la construcción pública “no había dinero”, pero sí para el autobombo de la presidenta y del PP. La construcción de los 8 nuevos hospitales de gestión privada de Madrid (Majadahonda, San Sebastián de los Reyes, Vallecas, Coslada, Parla, Aranjuez, Arganda, Valdemoro) supuso un desembolso de 700 millones de € por parte de una serie de empresas (Acciona, FCC, Apax Partners, Begar-Ploder, Hispánica, Caja Madrid, Dragados, Sacyr,..) que, huyendo de la explosión de la “burbuja inmobiliaria”, aterrizaron en la sanidad pública ante la promesa de lograr suculentos beneficios económicos, sin riesgo alguno, durante décadas.
El discurso de los políticos era que no había dinero para construir dichos hospitales y que era necesario recurrir a la “iniciativa privada” para poner en marcha unos hospitales que iban a acercar la atención sanitaria a la población, atendiendo el 90 % de sus problemas de salud. Hoy, 4 años después de su apertura, sabemos que ambas cosas eran falsas.

· Dichos hospitales no atienden más que una parte mínima de la demanda de su zona, ya que siguen dependiendo de los grandes hospitales públicos de referencia (a los que se les han recortado recursos y medios), y la mayoría sólo tienen abiertas la mitad de sus camas posibles.

· Esperanza Aguirre se ha gastado 620 millones de € en publicidad desde 2008, dinero que habría permitido construirlos de forma pública y, por tanto, no estar atados de pies y manos con contratos de alquiler por 30 años (hasta 2037) con las empresas citadas, lo que va a suponer pagar 5 más de su valor. Incluso, este año el gobierno regional del PP tiene previsto gastar 111 millones de € en publicidad, cantidad similar al coste de obra y equipamiento de un hospital de 250 camas como el de Vallecas.

Ver noticia de El País:
La publicidad se come las cuentas del Gobierno de Esperanza Aguirre.


* Coordinadora anti-privatización de la Sanidad Pública de Madrid - 7.09.11
Foto: Madrid, presidenta Comunidad E.Aguirre - publico

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Toledo.- Bono acelera el carpetazo al “caso Seseña” tras la denuncia del Tribunal de Cuentas

ELCONFIDENCIAL* : El presidente del Congreso, José Bono, tiene sus particulares urgencias de fin de legislatura y la primera es dar carpetazo al caso Seseña (el de “el Pocero”) por la parte que le toca. El correspondiente informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, que incluye la denuncia de la dejación de funciones de la Junta de Castilla-La Mancha (presidida por Bono) en el escándalo, está en la Cámara, donde se acaba de registrar el primer debate y se votará el próximo día 20 ante las prisas de la tercera autoridad del Estado.
El consejero del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez Miranda, explicó que ante los claros indicios de delito el asunto ha pasado a la sección de enjuiciamiento y a la Fiscalía. Las autoridades locales están en el punto de mira de la Justicia, pero falta por ver las responsabilidades del gobierno de la comunidad autónoma que autorizó o no vio irregularidad alguna en una macro operación urbanística impulsada por el constructor Francisco Hernando “El Pocero”que afectaba a 5 millones de metros cuadrados de un término municipal para construir 25.800 viviendas en los límites de la provincia de Toledo con Madrid.

“Hubo dolo”, remachó el representante del Grupo Popular, el senador Juan Ramón de las Heras haciendo énfasis sobre un sustantivo que suena casi igual que el apellido del presidente de las Cortes. Se refería al cúmulo de irregularidades de todo tipo en las recalificaciones y licencias urbanísticas del “caso Seseña”.

De las Heras insistió en destacar que una localidad con 2.000 habitantes no se puede meter en semejante operación porque, entre otras cuestiones, no tiene competencias para ello, dado que la planificación y el urbanismo dependen de la comunidad autónoma, que es la instancia que falló en el caso al no enterarse de nada. En el caso de Castilla-La Mancha su presidente fue José Bono en todo el desarrollo del proyecto y las relaciones entre el actual presidente del Congreso y el constructor eran públicas. El senador no dio nombres pero reiteró que si hay delitos imputables a los concejales y al alcalde de Seseña, también hay que reclamar responsabilidades a la autoridad autonómica de esa etapa.

Bono a través del Grupo Socialista, ha impuesto en la comisión parlamentaria que lleva las relaciones con el Tribunal de Cuentas el trámite del carpetazo urgente. En junio, después de las elecciones municipales, le entraron las prisas. La oposición quería más tiempo por si el nuevo gobierno autonómico (presidido por María Dolores de Cospedal) y el nuevo equipo municipal de la localidad toledana podían aportar más datos al expediente.

El presidente de las Cortes ha decidido lo contrario y en julio se ocupó de que el informe se viera en las primeras semanas hábiles después de las vacaciones parlamentarias. Si se mantiene el pacto entre el PSOE y los nacionalistas en este tipo de asuntos, la comisión mixta de relaciones Congreso-Senado con el máximo órgano fiscalizador del Estado cerrará el caso, con la correspondiente votación, en su reunión del próximo día 20, una semana antes de que termine la legislatura.


* El Confidencial - Ángel Collado.- 07/09/2011
Foto: Seseña (Toledo), calle desierta - elmundo.es

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Valencia.- Síndic pide a la Conselleria que abone ya unas ayudas para vivienda protegida

ADN* : El Síndic de Greuges en la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha pedido a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente que adopte las medidas oportunas para abonar íntegramente unas ayudas por 7.252 euros que reconoció hace dos años para la adquisición de vivienda protegida.
La recomendación del Síndic se produce a raíz de una queja formulada por una persona que exponía que el 15 de septiembre de 2009 la Generalitat le reconoció una ayuda financiera para la adquisición de una vivienda protegida. En concreto, se le reconocieron 4.900 euros en concepto de cheque vivienda, y 2.352 euros en concepto de 25% de la cuota de los tres primeros años del préstamo. Sin embargo, y a pesar del tiempo transcurrido desde entonces, el autor de la queja exponía que no había recibido el abono de dichas cantidades por parte de la Generalitat.

El Síndic de Greuges se dirigió entonces a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, que expuso que las resoluciones de concesión de ayudas advierten a los interesados de que, según lo establecido en la ley de Hacienda pública de la Generalitat, se les abonarán en el momento en que exista crédito presupuestario que dé cobertura a la subvención.

La Conselleria constataba, tras consultar su base de datos, que a fecha de la emisión del informe el reconocimiento y el pago de la subvención del cheque acceso a la vivienda y la subsidiación de la cuota "está pendiente por falta de disponibilidad presupuestaria".

No obstante, el informe de la Conselleria aseguraba que, dado que "se continúa con la gestión, en el momento en que se pueda tramitar su expediente se procederá a su abono con la mayor diligencia posible".

El Síndic de Greuges afirma que es consciente de las dificultades financieras que tienen las Administraciones públicas para hacer frente al pago puntual de las subvenciones reconocidas a los ciudadanos durante la grave crisis económica actual.

Sin embargo, Cholbi recuerda que el artículo 16 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana dispone que la Generalitat garantizará el derecho de acceso a una vivienda digna de los ciudadanos valencianos, y que por ley se regularán las ayudas para promover este derecho.

Por ello, e Síndic de Greuges pide a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente que, teniendo en cuenta el periodo de tiempo transcurrido, adopte las medidas oportunas para abonar íntegramente la ayuda reconocida al autor de la queja el 15 de septiembre de 2009.


* ADN - EFE - 8.09.11
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org

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Greenpace instala una bola de demolición simbólica en El Algarrobico

ELPAÍS/Almería* : La acción que Greenpeace comenzó el pasado lunes en el hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería) con el encierro de un grupo de activistas, continúa hoy con la instalación, en una de las cuatro grúas situadas en el hotel, de una bola de demolición simbólica. Los activistas llevan encerrados tres días en las instalaciones del hotel para lograr que Junta de Andalucía y Gobierno central se comprometan en la demolición del edificio.
El grupo de activistas asegura haber pasado la noche con "normalidad". Desde que se instalaron en la séptima planta, en la que instalaron una oficina simbólica, los activistas han realizado diferentes actividades, como la elaboración de un gran mural en una de las fachadas del edificio para lo que están contando con la colaboración del artista francés 3ttman. Todo lo narran en directo a través de su página web.

Greenpeace ha convocado también para hoy, a las ocho de la tarde, una concentración frente al hotel en la que participarán diferentes colectivos ecologistas y sociales, entre los que están Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar. Ecologistas en Acción junto a la asociación de Amigos de la Alcazaba fletarán un autobús para asistir a la protesta con salida a las seis de la tarde desde el Auditorio Maestro Padilla de Carboneras.

El grupo ecologista decidió comenzar esta acción el pasado lunes por cumplirse tres años de la sentencia del juzgado número 2 de Almería en la que se declaró nula la licencia de construcción del hotel. El próximo 21 de septiembre, el Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del pasado 28 de octubre que defiende que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales vigente es el de 1994. Este PORN dice que El Algarrobico es "espacio natural protegido, no urbanizable".

Los empresarios de Carboneras piden a Greenpeace que "cesen las presiones"

También hoy la Asociación de Empresarios Turísticos de Carboneras (AET) ha pedido a Greenpeace en un comunicado que "cesen las presiones hacia jueces y Gobierno". "El futuro y apertura de este hotel está ahora mismo en manos de los jueces y debemos dejar que sean sólo ellos los que decidan", recoge el texto. Además, los empresarios lamentan las actuaciones del los grupos ecologistas: "Si tenían alguna objeción que hacer al hotel la deberían de haber manifestado antes de su construcción, cumpliendo con los periodos legalmente establecidos, y no ahora cuando el daño que está ocasionando su paralización es incalculable para el pueblo de Carboneras".

La destrucción del hotel, continúa el comunicado, "produciría mucho más perjuicio al entorno natural del Parque Natural y de la playa de El Algarrobico". Según la opinión de la AET, Carboneras necesita una zona de expansión natural, y "debido a las limitaciones de las áreas industriales y protegidas del Parque Natural, la zona del Algarrobico es la única zona de desarrollo posible para el futuro de ésta y próximas generaciones".


* El País - EP - 7.09.11
Foto: Un activista de Greenpeace en El Algarrobico- GREENPEACE

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Los recortes presupuestarios hunden la construcción de vivienda protegida

ELPAÍS/Cataluña* : La fórmula de hacer más con menos de momento no da sus frutos. Al menos en las políticas de vivienda, que han sufrido el tijeretazo de los Gobiernos central y catalán. La construcción de pisos sociales en Cataluña se desplomó durante el primer semestre del año, cuando se iniciaron 1.818 viviendas de protección pública (VPP), el 76,1% menos que en el mismo periodo de 2010, según el Informe continuo sobre el sector de la vivienda en Cataluña que elabora el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, que se encarga de estas políticas.
El parón en la construcción de pisos protegidos se ceba sobre todo en la provincia de Tarragona. Según el informe, en las comarcas del Ebro hasta junio no se levantó ni una vivienda social, mientras que en el resto de la demarcación solo se pusieron en marcha 42. En la de Barcelona se iniciaron 1.397 pisos sociales, el 71,8% menos; en Lleida, 142 (-88%), y en Girona, 237 (-57,5%). Fuentes cercanas al departamento señalaron que parte de estas viviendas, además, se calificaron provisionalmente el año pasado, por lo que, en realidad, este año la actividad ha sido incluso menor.

La construcción de viviendas protegidas experimentó un salto con el anterior Gobierno. Si en 2003 se iniciaban 5.073 pisos sociales, en cinco años se duplicó esa cifra y Cataluña rebasó por primera vez los 10.000 en 2008. Las cosas empezaron a torcerse en 2009. Entonces el grifo del crédito no solo se cerró para los compradores de vivienda protegida, cuyas peticiones eran rechazadas por la banca, sino también para la propia Administración. A principios de verano de ese año, recuerdan fuentes empresariales, el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) llegó a acumular 33 obras de urbanización, construcción y rehabilitación de edificios sin adjudicar por falta de financiación. Aun así, el anterior Ejecutivo logró desbloquear esa parálisis e inició más de 9.000 viviendas protegidas en 2009 y 7.600 en 2010.

Para este año pintan bastos. El departamento que dirige Lluís Recoder, que ayer no respondió a este diario, ha arrancado este año con solo 1.818 viviendas iniciadas en Cataluña. Fuentes del sector explican que 2011 con mucha diferencia, va a ser el peor para la promoción pública de vivienda desde que empezara la crisis inmobiliaria.

La primera razón de ese nuevo varapalo para el sector se debe a los recortes presupuestarios. Todavía se desconoce qué ocurrirá con las ayudas que llegaban del Ministerio de Fomento para la construcción de viviendas sociales en alquiler. Antes Cataluña tenía un cupo de ayudas que agotaba enseguida, pero el ministerio le daba lo que no gastaban otras comunidades. Eso dejó de ser así el año pasado, lo cual supuso que muchas promociones ya el año pasado quedaran en el aire.El sector inmobiliario, también los promotores públicos, afirman que, en parte, han paralizado sus proyectos ante la incertidumbre de no contar con las ayudas públicas del ministerio, que sostienen que son necesarias para que los proyectos de viviendas de alquiler sean viables. Pero, además, añaden que tampoco saben cuáles son las disponibilidades de la Generalitat para subvencionar la construcción de esas viviendas, dado el tijeretazo que se ha aplicado a las cuentas públicas de este año para reducir el déficit hasta el 2,66%.

Las perspectivas no son mejores para las viviendas de compra. Ahí el principal problema es la financiación. El Gobierno central, por una parte, eliminó el año pasado las ayudas para que los adjudicatarios de pisos protegidos pudieran afrontar el pago de la entrada. Pero, además, los empresarios se encuentran con que muchas entidades financieras solicitan al promotor una lista de sus clientes finales para darles crédito. Y eso no siempre es posible, puesto que en muchas ocasiones los bancos y cajas deciden no prestar a los posibles clientes al considerar que su perfil entraña riesgo de impago, según las fuentes consultadas.

Todo ello, sostiene el sector, crea incertidumbre entre las empresas, que desconocen con qué recursos contarán. "Esta crisis está demostrando que la vivienda pública no tira del sector en periodo de crisis. Eso es preocupante, porque se está viendo que la vivienda protegida tiene problemas tanto en épocas de expansión, cuando no se hacen suficientes para toda la gente que queda excluida del acceso a la vivienda, como en momentos de recesión, cuando no se pueden construir por las dificultades de hallar financiación", asegura el responsable de Vivienda del sindicato CC OO, Xavier Becerra, quien también considera que el descenso se debe a la caída de la actividad del sector y a la llegada de menos recursos públicos.

Pero el Gobierno catalán tiene otros instrumentos para fomentar la vivienda social. Por ejemplo, adquiriendo pisos usados para venderlos o alquilarlos a un precio asequible o bien mediante la vivienda de precio concertada, que está a medio camino entre la del mercado libre y la pública.

La concertada, cara
La construcción de esta última empezó a pinchar ya en los últimos años: los precios de mercado se derrumbaron y en muchos casos los pisos de precio concertado resultaban incluso más caros que los libres. Con todo ese conjunto de medidas, sin embargo, el Gobierno catalán solo logró sumar 3.394 viviendas con algún tipo de protección o ayuda, el 57,5% menos que en el mismo periodo de 2010.


* El País - 6.09.11
Foto: Viviendas protegidas - elpais.com

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