Un juez investigará si Gandia se apropió de 6.800 metros de propietarios de Sanxo Llop

LASPROVINCIAS/Valencia* : Un juez de Gandia será el encargado de decidir si las obras de reparcelación del sector Sanxo Llop, donde se construye el hospital comarcal y el acceso sur al puerto, se han realizado atendiendo a la legalidad o por el contrario se han menoscabado los derechos de los propietarios. Y es que la Fiscalía de Valencia ha denunciado ante el Juzgado de Instrucción Décano de Gandia el Plan Parcial por presuntas irregularidades. El órgano provincial atendió las quejas de un topógrafo de Gandia, Guillermo Vinson, que representa a los propietarios de Sanxo Llop y que, según él mismo, detectó anomalías en la reparcelación y una presunta «apropiación de terrenos públicos por parte del Ayuntamiento de Gandia».
Vinson acudió a la Fiscalía de Valencia, después de que en el Ayuntamiento de Gandia «desatendieran» sus quejas sobre el proceso urbanístico. El experto comenzó a interponer escritos contra el proceso el pasado marzo de 2010. El topógrafo inició un proceso de reclamaciones ante la administración local para conocer «por qué tras la reparcelación habían desaparecido nueve dominios públicos y los restantes se habían agrupado en una parcela de 6.800 metros que ahora es de titularidad municipal».

Bienes públicos
Vinson entiende que esta superficie no corresponde a la administración, sino al conjunto de propietarios. El topógrafo argumentó que un Ayuntamiento «no puede apropiarse de bienes públicos si no cuenta con la escritura de las superficies», algo «que podría haber sucedido», añadió. Y es que el experto explicó que en un proceso de urbanización se diferencia entre suelo patrimonial, que pertenece a una administración y cuenta con documentos que lo acrediten, o superficie demanial, la que corresponden a caminos y otros espacios públicos, «que deben revertir en el resto de propietarios cuando se reparcela».
«Todo esto se ha omitido por parte de los técnicos del Ayuntamiento de Gandia o por parte de la empresa urbanizadora. Aquí se ha considerado que caminos, acequias y otros espacios eran suyos sin contar con escritura alguna», agregó. Y es que Vinson sospecha que puede haber algún tipo de connivencia entre el anterior gobierno y el agente urbanizador.
Única parcela municipal
Los metros correspondientes a todos estos espacios se han unificado en un terreno de 6.800 metros en Sanxo Llop, la «parcela 45», pero esa superficie es de los «propietarios del sector y por tanto esos metros deberían haberse dedicado a las nuevas calles que se han proyectado y zonas comunes».
Por tanto, añadió Vinson, si esos terrenos se hubieran destinado a vías públicas los «dueños de los solares habrán aportado menos terreno para la urbanización», es decir, habrían contribuido con menos metros para las nuevas calles.
Ante esta situación, el experto puso en manos de la Fiscalía de Valencia toda la documentación de la que disponía y el organismo abrió diligencias en enero de este año para conocer si el proceso de urbanización era correcto. Desde la entidad «reclamaron a Gandia documentación sobre el proceso», pero al parecer desde el Ayuntamiento esta documentación no se ha remitido.
Esto es lo que ha motivado que el fiscal, una vez ha concluido el plazo que establece la Ley, seis meses, se haya dirigido a los juzgados de Gandia, mediante un escrito para solicitar que el «Juzgado Décano de Instrucción de Gandia, prosiga la investigación por presunto delito contra la ordenación del territorio del artículo 319 del Código Penal, sirviendo el escrito de denuncia».
Las reacciones entre los principales representantes políticos de Gandia no se han hecho esperar. El ex alcalde José Manuel Orengo afirmó ayer estar tranquilo, ya que todo el proceso se llevó a cabo bajo la más «estricta legalidad» y dijo no entender qué mueve a Vinson, si él no dispone de terrenos en la zona.
«Los técnicos realizaron el proyecto atendiendo a la Ley y, como en otros casos, los caminos y las vías de las que nadie puede acreditar su propiedad» pasan a ser públicas, de todos los vecinos de Gandia, «no sólo de los de ese sector, ya que los caminos son muy largos y por tanto del conjunto de la ciudad», dijo el socialista.
Disponibilidad del terreno
«La parcela pública resultante está ahí, si la justicia dictamina que es de los propietarios de otros terrenos se pone a su disposición sin problemas, pero los técnicos del Ayuntamiento siempre han hecho lo que beneficia al conjunto de la ciudad», concluyó.
Sin embargo, el alcalde de Gandia, Arturo Torró, no tiene las cosas tan claras como Orengo. El primer edil no quiso pronunciarse al respecto, pero atisbó errores en el modo de trabajar de Orengo y el ex edil de Urbanismo, Fernando Mut.
«Esperaremos a que sea la justicia quien determine si hay o no irregularidades, pero en cualquier caso esto demuestra la poca rigurosidad de la gestión de Orengo y Mut», agregó el alcalde popular.
Finalmente Mut, como responsable de Territorio del último gobierno, dijo que se trata de un «asunto de interés» para el urbanismo en general, ya que plantea un viejo litigio: «Qué hacer con este tipo de parcelas y cómo considerarlas, si públicas o privadas».
Añadió que como concejal no tenía noticias de que el fiscal solicitara documentación, pero que en cualquier caso estos informes debían remitirse desde el «área administrativa».


* Las Provincias - 10.09.11
Foto: Terrenos donde se está desarrollando el Plan Parcial de Sanxo Llop.- las provincias

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El exalcalde de Estepona gastó tres millones de subvenciones en nóminas

ELPAÍS/Málaga* : El mantenimiento de la extensa plantilla municipal del Ayuntamiento de Estepona (66.150 habitantes, Málaga) continúa generando quebraderos de cabeza a sus gobernantes. El alcalde, José María García Urbano (PP), ha echado en cara a su antecesor en el cargo que se gastara 3,3 millones de euros de la cuenta de subvenciones para pagar la nómina municipal de mayo de este año, el mes de las pasadas elecciones municipales.
El Ayuntamiento ya ha recibido peticiones de la Consejería de Hacienda para que devuelva parte de ese dinero. El pasado martes, coincidiendo con una reunión del regidor con el delegado provincial de Hacienda, Rafael Fuentes, les llegó una carta en la que reclamaban la devolución de 240.000 euros. "Ese convenio se firmó en agosto de 2008, época en la que David Valadez (PSOE) ya era alcalde, y las obras de mejora del casco histórico no se han ejecutado", explican fuentes municipales.

El exregidor, ahora al frente de la oposición municipal socialista, asegura que recurrió al dinero de las subvenciones para pagar a los 1.280 empleados municipales asfixiado por la precaria situación de las arcas. "Me amparé en el principio de caja única, además no hubo ningún reparo por parte de la intervención municipal", justifica.

David Valadez reconoce que al tomar esta decisión era consciente de que se generaban nuevos problemas económicos y que al nuevo regidor del municipio le tocaría renegociar las condiciones de pago con las Administraciones que entregaron las subvenciones.

Durante su gobierno, el excalde ya se enfrentó a una denuncia judicial, hoy en instrucción, por dedicar parte de los fondos reservados para urbanismo para abonar los salarios de los empleados municipales.

El delegado provincial de Hacienda, Rafael Fuentes, se comprometió tras reunirse con el alcalde, José María García Urbano, a no reclamar los fondos que faltan de forma urgente. También anunció que revisarán los expedientes de las subvenciones pendientes de cobro para que el Ayuntamiento pueda tener algo de liquidez.

Después de tres meses en el gobierno, el alcalde José María García Urbano ha elevado hasta 300 millones la deuda total del municipio. La cifra que se barajaba hasta las pasadas elecciones era de 160 millones. El regidor declaró ayer a Efe que han encontrado "35 millones de facturas en los cajones".

Desde junio de 2008, fecha en la que saltó a la luz el caso Astapa contra la corrupción en el Ayuntamiento esteponero, el municipio vive en un estado de austeridad permanente.

En los últimos meses, García Urbano ha eliminado los 150 teléfonos móviles que tenía el Ayuntamiento y los coches oficiales. Su equipo también ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para reducir en unos siete millones de euros los costes laborales de toda la plantilla municipal.

El Consistorio tiene además un panorama judicial complicado. De las 1.300 demandas que hay sobre la mesa, unas 500 son de trabajadores.


* El País - JUANA VIÚDEZ - Málaga - 12/09/2011
Foto: Estepona (Málaga), vista casco antiguo - estepona.es

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Andratx.- Massot vuelve este viernes al banquillo por favorecer la concesión de una licencia en terreno protegido

EUROPAPRESS/Mallorca* : El ex jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx, Jaume Massot, quien en la actualidad cumple condena en la cárcel de Palma por dos piezas del caso Andratx, volverá a sentarse este viernes en el banquillo de los acusados por avalar la concesión presuntamente irregular de una licencia para la construcción de un chalet de 140 metros cuadrados en terreno protegido. Unos hechos por los que la Fiscalía reclama tres años y medio de prisión para el encausado mientras que la acusación particular, ejercida por el Consistorio, pide un total seis.
En concreto, el juicio, que corresponde a la pieza 9 de la causa, tendrá lugar en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y está previsto que continúe el día 16. Junto a Massot están acusados el propietario de la vivienda, Emilio Martínez (alias 'el Panza'), su mujer María Jesús González y su hijo Pedro Martínez; el técnico jurídico Jacobo Rodríguez Miranda; el técnico municipal Gabriel Vicens; el arquitecto director de las obras Luis Ros; la administrativa Ángela Hernández, y el celador Jaume Gibert.

Tal y como postulan las acusaciones, tras adquirir la parcela por la "burlesca cantidad" de 31.252 euros, Martínez, su mujer y su hijo comenzaron entre 2002 y 2004 a efectuar obras sin ningún tipo de licencia en un Área Rural de Interés Paisajístico (Arip) sin que constase la existencia de construcción alguna sino tan sólo unas ruinas de una casa de aperos. Para ello, solicitaron un certificado de superficie y antigüedad a la acusada Ángela Hernández, quien de su puño y letra anotó la inscripción de 50 metros cuadrados -en referencia a los restos existentes- "a sabiendas de la falsedad de dichos datos" para no obstaculizar la concesión de la autorización.

Según el Ministerio Público y la acusación particular, ejercida por los letrados Josep de Luis e Isabel Fluxà, lo redacta ella misma "por órdenes del señor Massot", con quien tenía una "estrecha" e "indudable" relación de amistad. Los escritos de acusación, a los que tuvo acceso Europa Press, señalan que la concesión de la licencia fue respaldada por Ros, que "faltando claramente a la verdad" indicó que el suelo era urbano, para posteriormente entrar en escena Rodríguez Miranda y Vicens, quienes emitieron sendos informes favorables "de forma arbitraria para favorecer el otorgamiendo de una licencia nula de pleno derecho".

Precisamente, sobre Rodríguez Miranda ya advertía el anterior juez instructor del caso Andratx, Francisco José Pérez, que como asesor jurídico debía tener conocimientos en materia urbanística y "velar por el cumplimiento de la legalidad". "Si de lo contrario se limitara a comprobar que se han elaborado todos los informes, sería irrelevante su formación: da igual que fuera administrativo, licenciado en enfermería o en psicología", abundaba al respecto el auto que dictó para decretar el fin de la instrucción de la pieza, posteriormente confirmado por la Audiencia.

DELITOS DE FALSEDAD, CONTRA LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y PREVARICACIÓN

La licencia fue finalmente aprobada por junta de gobierno el 22 de julio de 2005. Las acusaciones apuntan que los hechos constituyen delitos de falsedad en documento oficial, contra la ordenación del territorio y de prevaricación urbanística, y dirigen sus peticiones más elevadas de cárcel contra Ángela Hernández, para quien la Fiscalía solicita tres años y medio de cárcel y la acusación particular un total de seis, al igual que a Massot, asistido por el abogado Fernando Mateas.

Mientras tanto, el Ayuntamiento reclama otros cuatro para María Jesús González, Emilio Martínez, Pedro Martínez y Luis Ros, y un año de privación de libertad para Gabriel Vicens y Rodríguez Miranda. Asimismo, pide que se derribe lo construido fuera de legalidad así como fianzas de responsabilidad civil de 60.000 euros para Hernández y Massot, 39.000 para la familia Martínez y para Ros, y 10.000 para Vicens y Rodríguez Miranda.


* Europa Press - 8.09.11
Foto: Andratx (Mallorca), urbanismo - diariodemallorca.es

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La justicia avala el derecho ciudadano a conocer todos los actos urbanísticos

ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha reafirmado el derecho de los ciudadanos a conocer los expedientes urbanísticos que tramiten las Administraciones públicas sin necesidad siquiera de que se hayan archivado ni concluido previamente. Así lo establece una sentencia que el alto tribunal ha dictado al hilo de la denegación, por parte del Ayuntamiento de A Guarda, del expediente de la urbanización Río Miño, de 115 viviendas, aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo hace 30 años y cuya ejecución aún no ha sido certificada por el Ayuntamiento pese a que las viviendas están ocupadas desde hace más de dos décadas.
La Xunta de Goberno de A Guarda denegó en julio de 2009 el expediente a Santiago Gómez-Reino, a la sazón presidente de la comunidad de vecinos. Al no haber recepcionado el Ayuntamiento la citada urbanización, sus vecinos siguen costeando servicios municipales como la reparación de las calles o el alumbrado público. De ahí su interés en conocer el expediente completo del proyecto, un derecho que les fue reconocido en primera instancia por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Pontevedra. El Ayuntamiento recurrió el fallo aduciendo las leyes de protección de datos y de la propiedad intelectual, lo que ahora ha desestimado el TSXG confirmando la sentencia del juzgado.

Ya el primer fallo del juzgado de Pontevedra consideraba "obvio" que la petición de Gómez-Reino no comportaba "ningún secreto de carácter técnico que el autor del proyecto pudiera querer preservar del conocimiento ajeno" y que "el proyecto de ejecución de una edificación es un compendio de datos técnicos que no afectan a la intimidad de las personas".

Aunque la protección intelectual incluye "los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería", refrenda ahora el TSXG, "semejante extremo no empece, ampara ni motiva aquella denegación de acceso al expediente de autos ni aquella denegación de expedición de copias autenticadas" que se había solicitado.

La Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo -añade la sentencia- consagra el derecho ciudadano "a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y obtener copias de documentos contenidos en ellos".

También cita el fallo del TSXG la Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia (Louga), "a la sazón directa e inmediatamente aplicable al caso de autos", la cual prescribe que "los instrumentos de ordenación urbana, con todos sus documentos, tanto si se encuentran aprobados como durante su tramitación, serán públicos y cualquier persona podrá, en todo momento, consultarlos, obtener copias de los mismos previo pago del precio correspondiente y recabar información sobre los mismos en el Ayuntamiento".

En igual sentido abundaría la propia Louga, prosigue la sentencia del TSXG, cuando señala que "toda persona tendrá derecho a que el municipio correspondiente le informe por escrito sobre el régimen y condiciones urbanísticas aplicables a un terreno concreto o al sector, polígono o ámbito de planeamiento en que se encuentre incluido".

"No consta, pues", concluye el fallo del TSXG, "motivación denegatoria bastante ni tampoco acreditación de interés de tercero tutelable alguno que justifiquen aquella denegación de acceso al expediente de autos ni tampoco a la expedición de aquellas copias autenticadas interesadas" por el demandante. En consecuencia, impone las costas procesales a la Administración municipal apelante.


* El País - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 10/09/2011
Foto: A Guarda (Pontevedra) - wikipedia.org

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Pisos, fincas, cortijos, viñedos... El patrimonio de los parlamentarios

PÚBLICO* : A falta de algo más de dos meses para las elecciones generales, los parlamentarios españoles, entre los que se encuentran los dos candidatos a la presidencia del Gobierno de los principales partidos políticos, hicieron este jueves públicas sus declaraciones de bienes y rentas a través de los sitios web del Congreso y del Senado. En el caso de los senadores la mayoría poseen más de dos inmuebles y alguno llega a superar la veintena entre pisos, fincas y otras propiedades. El interés ha hecho que la web del Congreso haya estado parte de la mañana fuera de servicio por una sobrecarga de accesos.
El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, declaró un patrimonio en fondos, depósitos y otros valores por un importe cercano al millón de euros, mientras que el líder del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy, que será su oponente en la urnas el próximo 20 de noviembre, declaró una cantidad cercana a los 600.000 euros.

En cuestión de ingresos, Rubalcaba declaró haber percibido 55.374,27 euros por el cargo de vicepresidente y ministro del Interior, frente a los 98.225,90 euros que percibió Rajoy por dietas y gastos de representación del Partido Popular en 2010.

Rajoy refleja además que posee un apartamento en Madrid y una oficina y una plaza de garaje situadas en Pontevedra como bienes de pleno dominio, además de la vivienda habitual como bien ganancial y un 25 por ciento de un apartamento en Canarias. Rubalcaba declaró la mitad de un piso y una plaza de garaje en Madrid que posee junto con su esposa.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, declara una casa en construcción en León y 158.389 euros. Zapatero no tiene hipotecas y tampoco coche propio.

El portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco, declaró el jueves en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que la decisión de publicar las rentas y el patrimonio es un "ejercicio de transparencia muy positivo".

Los parlamentarios y el ladrillo
La mayoría de los 261 senadores que conforman la Cámara baja tienen invertido su patrimonio en ladrillo, pues poseen más de dos inmuebles, aunque algunos -sea por herencia o por inversión- llegan a tener hasta más de veinte, entre pisos, locales, solares, plazas de garaje o fincas.

Analizando las declaraciones de los senadores se llega a dos conclusiones: que en su mayor parte disfrutan ya de alguna herencia y que los que proceden y viven fuera de Madrid poseen más propiedades inmobiliarias.

José Luis Barreiro reúne ambas. Así el senador por Lugo y exvicepresidente de la Xunta posee más de 20 inmuebles, de los que, excepto tres, son todos procedentes de herencia familiar.

Es el caso también del exvicepresidente valenciano Gerardo Camps, que recibió en donación 17 inmuebles en Benidorm, todos en régimen de gananciales con su mujer.

La también valenciana Carmen Alborch (PSOE) tiene 46.000 euros en cuentas bancarias, pero llaman más la atención sus bienes inmuebles: dos pisos en propiedad en Valencia y otros dos en Madrid, y es copropietaria de seis pisos y de una finca rústica en Valencia por herencia paterna.

En general, los senadores se compran pisos, pero los hay también que poseen solares urbanos, plazas de aparcamiento, locales comerciales y todo tipo de fincas, incluidos viñedos, cortijos, huertas y hoteles rurales. Entre unas cosas y otras, no es extraño que posean más de cinco inmuebles. Por ejemplo Manuel Fraga declara poseer casi un millón de euros entre cuentas, acciones, fondos de inversión y planes de pensiones.

Los hay también con un importante paquete accionarial en distintas sociedades como el exconsejero de Educación madrileño Luis Peral (PP), que tiene más de un millón de euros en 16 empresas, once de las cuales cotizan en Bolsa.

Borja Benítez de Lugo tiene 143.825 euros en acciones y participa en otras tres sociedades que no cotizan en Bolsa y a las que da un valor que supera el millón de euros

La mayor parte de los senadores han rellenado de forma parecida la declaración de bienes, pero algunos, en su afán de transparencia, han sido particularmente exhaustivos, llegando en algún caso a aparecer su número de cuenta corriente.

Así, el socialista asturiano Javier Fernández incluye en su declaración los bienes de su esposa, el alcarreño del PP Juan Antonio de las Heras que, entre sus propiedades, detalla que posee "un sexto del 50 por ciento de un piso en Sigüenza de 180 metros", o el madrileño Alejandro Muñoz-Alonso (PP) afirma que percibe la friolera de 6,01 euros al año por derechos de autor.


* Público - 8.09.11
Foto: El Senado, en sesión.- PÚBLICO

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La necesidad del 15-M

DANIEL BERNARDO SOLER SERRAO* : La politización y consiguiente falta de independencia de algunas instituciones del Estado, además de su descrédito, supone un retroceso del sistema democrático.
Desde el momento en que el Gobierno interviene en la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, este tribunal dejó de ser un órgano que administra justicia desde la neutralidad y aplicación del ordenamiento jurídico para convertirse en un instrumento partidista para sentar en el banquillo al adversario en el momento más oportuno y archivar las causas propias para eludir la cárcel.
Los sindicatos mayoritarios, lejos de defender los intereses del trabajador, son cómplices silenciosos del partido que los financia, tolerando expedientes de regulación de empleo de empresas que han obtenido beneficios o la falta de transparencia en el acceso a la función pública.
El 15-M es el movimiento neutral y necesario de la sociedad actual, formado por miles de ciudadanos indignados con los privilegios y la inoperancia de la clase política que aspiran a recuperar una normalidad en el funcionamiento de las instituciones y a que las decisiones de los gobernantes respondan realmente a la voluntad colectiva.
El 15-M tiene unas reivindicaciones con las que se puede sentir identificado cualquier ciudadano que crea en la justicia, la libertad y la democracia, sin necesidad de etiquetar al movimiento políticamente, porque si lo hiciera incurriría en la contradicción de convertirse en lo que denuncia, contradicción en la que ya han incurrido algunas instituciones del Estado.

Por ello, las propuestas del 15-M deben ser escuchadas y tenidas en cuenta por los partidos, ya que supone una "intervención" necesaria del pueblo sobre la clase política para recuperar la democracia, único sistema político capaz de salvaguardar el interés general sobre el de los políticos y el de los mercados.

* El País - Opinión - 11.09.11

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