Cartagena.- La cosa no pinta bien (para algunos, ¡claro!)

VEGAMEDIAPESS* : Este es el aviso que la alcaldesa de Cartagena manda a todos los cartageneros y se queda tan fresca. Que se vayan preparando los bolsillos y los dejen abiertos, que les va a meter mano hasta el fondo. No ha dicho nada de renunciar a los 1.500€ que cobra por la asistencia a cualquier pleno municipal. También es diputada a Cortes de donde obtiene su otro salario. Si en esta uniprovincial región hay algún alcalde que lo haya hecho mal (todos) prevalece Pilar muy por encima. Lleva gestionando este término municipal 16 años, más los cuatro que le quedan. Y por más que insista, no le vale echarle culpas a los anteriores.
La alcaldesa no destaca por su buen hacer sino todo lo contrario. Chapuzas sobre chapuzas. Para conseguir un final feliz a las cuatro calles del casco antiguo que se pueden hoy ver, ha tenido que gastar millones y millones de euros (municipales y del Plan E) Mientras, y con 16 años, el casco histórico siguen pareciendo Beirut. Para el traslado del ayuntamiento administrativo (podía esperar) millones y millones que aún se deben. “Comprar el Teatro Circo y haremos allí todas las actividades culturales”, dijo a sus amigos. Para su Auditorio y Palacio de Congresos con 10 años de obras y presupuestado en 22 millones terminará en los 60. Lo privatiza para que sus amigos lo gestionen y para que éstos no tengan problemas con la misma, les regala un millón y pico anuales durante cinco años.

A pesar de esto, el Teatro Circo mantendrá su actividad. El Palacio de Deportes con 10 años de obras más de lo mismo y al final también será privatizado y será para sus amigos que también cuentan con empresas del ramo para su gestión, como ya hicieron en la única piscina urbana del municipio. También el servicio de bicis fue para sus amigos del alma. Y muchas otras cosas como fue la primera de todas, el denominado barrio universitario. Aproximaciones estas que hablan de cuáles han sido los intereses reales de su máxima gestora. Servir a los intereses de sus amigos (con inclusión de la intermediación en La Española del Zinc), no al de los ciudadanos. Ha realizado una simbiosis clientelar con un grupito, despreciando al resto de ciudadanos que sólo alcanzan al encefalograma plano y esperan las migajas que quieran darles y en todos los aspectos de la vida social, política, y empresarial.

En los años de vacas gordas todo eran dispendios y alegrías. Las subvenciones de la Comunidad Autónoma destinadas para el gasto corriente, sin el más mínimo sonrojo. Tanto personal camuflado tenía sus costes. La gerencia de urbanismo sin desmantelar, como si fuera posible su mantenimiento. Millones y millones para el plan de ordenación urbana. Primero, famoso estudio de Pamplona, después los funcionarios echando horas, después otra empresa externa y hasta hoy, que aún no se ha aprobado, van 16 años. Decenas de personas se desplazaban a las presentaciones (donde fueran del mundo mundial) de La Mar de Músicas y a tuti plan.

Aquagest haciendo su agosto. Años antes de que llegara a fin su concesión le aprueban otra porrá de años. De alguna manera hay que agradecer los servicios prestados, además de las continúas subidas de tarifas que hacen que los cartageneros no podamos ni regar las macetas. Pagamos en el recibo las obras que tendría que asumir el propio ayuntamiento. Doble tributación que se llama. Y por encima de todo, que la empresa privada de Aquagest mantenga el crecimiento de sus beneficios.

El pasado año supimos que la famosa Med Cup le costó a los cartageneros 600.000€ más 100.000 que se deben en alojamientos al NH (se sabe ahora) La celebrada hace unas semanas ni sabe, ¿para qué decirlo? Dicen que ha supuesto beneficios para la ciudad, sobre todo para los restaurantes, hostelería y bares. Nadie dice que el beneficio de estos lo pagamos todos los demás, incluso los ciudadanos de Los Mateos.

No ha tenido esta alcaldesa la decencia democrática suficiente para entregar sus gastos de protocolo que le fueron requeridos, incumpliendo la ley que la obliga. Así entienden algunos su obligación de transparencia en la gestión política. Es fácil deducir que algo tiene que esconder cuando no los ha presentado.

Tiene la señora a más de 20.000 ciudadanos en el desempleo. Pero ella está contenta porque no es culpa suya. Jamás defendió los intereses de los cartageneros. Ahora parece que está en algo grande. Están viendo la posibilidad de trasladar el polígono de Cabezo Beaza al de Los Camachos (otro gran fracaso) Así, la zona colindante quedará mejor para los intereses de sus amigos del alma y crecerán edificios y más edificios. Es lo que les gusta.

Jamás tuvo Cartagena a peor alcalde. En estas últimas elecciones restó la información de cuáles eran la cuentas del Ayuntamiento, de cuáles eran sus déficits y deudas. Y les siguió engañando como siempre. Ahora habla y nos sale con que “La cosa no pinta bien” y que nos esperan años de más subidas de impuestos, incluida el agua, la basura y el alcantarillado. El IBI, al límite de lo permitido por Hacienda. Cartagena ejemplo de cómo mienten en el PP. A nivel nacional dicen que hay que bajar los impuestos, no subirlos. Menos en Cartagena donde todos se suben. En esas elecciones consiguieron la mayor cantidad de concejales, 19. A pesar de ello mantienen a los directores generales con sueldos de espanto. ¿A qué se dedican tanto concejal? Si además incluimos que la gestión de las juntas locales son llevadas por los propios vecinos. Cuatro tenientes de Alcalde y mogollón de concejales delegados… ¿Para qué?

Este Ayuntamiento se encuentra esclavizado a los intereses de los gestores del servicio de limpieza, de agua y de transporte. Son ellos los que deciden qué cuestan “sus servicios” Es un Ayuntamiento en la más pura de las ruinas. 16 años de gestión para terminar todos los cartageneros cargados con el malgasto de unos gestores incompetentes. Y que conste que la legitimidad de las urnas no es suficiente para llevar a todo un municipio a la bancarrota.

Se cerró Potasas y sus terrenos llevan más de 10 años esperando su descontaminación. Igual que los de La Española del Zinc, sin descontaminar. Tras el desastre que fue la remodelación del Muelle, ahora van a volver a gastarse unos milloncetes en intentar arreglarlo.

El ministerio de Fomento arregló la autovía de entrada a Cartagena y la dotó de las farolas (necesarias por la fuerte iluminación del P. Industrial de Cabezo Beaza que deslumbra a los conductores). Las tienen apagadas, no pueden hacer frente a su consumo, como otras muchas del municipio.

Orgía de gente que nunca ha respetado el dinero público y del que se han estado enriqueciendo en estos 16 años. Prescinda del Consejo Económico y Social, prescinda de las Fundaciones y consorcios, reduzca primero a este Ayuntamiento a la realidad a la que usted lo ha llevado y déjenos a los ciudadanos en paz, que bastante tenemos ya.

En fin no quiero cansarles con más relaciones de desatinos y aberraciones que han supuesto la ruina de Cartagena. Sólo puntualizar que esta ruina municipal representa la ruina social, económica y moral de todo un municipio y de los honrados y buenos habitantes del mismo. Cartagena, hoy, no es más que un mísero barrio de Murcia capital. Y eso no es bueno.


* Vegamedia Press - José María Hernández - 12.09.11
Foto: Cartagena, ayuntamiento - cartagena.es

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Adega lleva las viviendas ilegales de Barreiros a Anticorrupción

ELPAÍS/Lugo* : La Asociación para la Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) llevará a la Fiscalía Anticorrupción los desmanes urbanísticos del municipio de Barreiros. Esta decisión se produce por la retirada por parte de la Xunta del PP de los recursos interpuestos por el bipartito contra varias licencias de urbanización otorgadas por el Ayuntamiento de Barreiros desde enero de 2006 hasta febrero de 2007. Adega también pedirá al consistorio una revisión de oficio de las licencias.
Adega recuerda que en Barreiros se concedieron licencias en "suelo rústico urbano no consolidado", sin los servicios básicos para las viviendas, como el alcantarillado, la red viaria, el saneamiento o el suministro eléctrico, según varias sentencias que dieron la razón a la anterior Xunta cuando paralizó los permisos.

Adega ve indicios de prevaricación en la actuación del gobierno de Barreiros y de la actual Xunta. Los ecologistas creen que el consistorio incurrió en un delito al otorgar las licencias sin obligar antes a los promotores a ceder el suelo para las infraestructuras básicas, zonas verdes y viviendas sociales. Ahora, según Daniel López, miembro de la asociación, "pretenden arreglar la chapuza" con un plan sectorial "que la ley no contempla" y que con 14 millones de dinero público pagará los servicios en la zona.

Adega sostiene que la del Plan Sectorial es una figura que la Lei de Ordenación do Territorio prevé para actuaciones "supramunicipales": "Aquí los grandes beneficiarios serán los promotores y las entidades de crédito". El regidor, Alfonso Fuente Parga (PP), dice respetar la denuncia de Adega pero acusa a la asociación de estar manejada por un partido.


* El País - JESÚS PENELAS - Lugo - 13/09/2011
Foto: Barreiros (Lugo), edificios 1º línea - lavozdegalicia.es

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Los extravíos del Algarrobico

JUAN CARLOS VILORIA* : En la playa de Carboneras, allá donde San Pedro perdió las llaves y algunos jipis descubrieron hace años que andar en cueros era revolucionario y sobrenatural, se alza un mamotreto de veinte plantas y cuatrocientas once habitaciones esperando un desenlace. El viento de levante zumba entre sus pasillos vacíos y sacude las ventanas del El Algarrobico desde que hace cinco años se suspendieran las obras del hotel. En ese rincón semidesértico de la provincia de Almería por donde la N-341 bordea la costa se dan cita casi todos los vicios nacionales. Una Justicia soñolienta que se echa la siesta entre recurso y recurso. Ayuntamientos siempre listos para cobrar las recalificaciones y distraídos cuando hay que reparar el daño urbanístico. Pícaros con información privilegiada que siempre saben poner los billetes en el número donde caerá la bolita. Chulos de playa que allá donde descubren un terreno en primera línea dicen sin pudor: «Aquí irán los apartamentos, por mis c...». Espontáneos ecologistas, algunos sobrevenidos y otros organizados, que no dudan en montar la función de poseedores de la verdad revelada y dictan sentencia antes de que los jueces acaben el trabajo. Un ramillete de resabios seculares de la Celtiberia del llorado Carandell. Aquella cuya sociedad civil delega con pereza las tareas arduas de revisar en el periodo de alegaciones los Planes de Ordenación Urbana.

En esos cruciales momentos cuando se juega el futuro de un pueblo, un barrio, una playa, un bosque, por unas líneas en el plano de papel cebolla que despliegan los concejales de urbanismo, nuestros compatriotas andan viendo la tele o soplándose unas cañas en el bar. Luego vienen las lamentaciones. Cientos de urbanizaciones pegadas a la línea de costa integradas por horribles edificios plantados sin orden ni concierto se han levantado como un muro de cemento que oculta el litoral. Miles de emisores de aguas fecales desaguan su contenido a veinte metros de donde chapotean los infantes del cubo y la pala. Albuferas asfixiadas, donde boquean buscando oxígeno las últimas anguilas, fondos litorales atestados de lavadoras viejas y millones de bolsas del 'súper' arremolinadas en las calas. Aquí la pasión por la naturaleza de la que muchos presumen tiene su máxima expresión en una excursión por el monte sentados en el 4x4 del que con suerte la familia se bajará cinco minutos «para respirar aire puro». El hotel El Agarrobico, plantado en medio de un espacio natural protegido, es el símbolo de un país que no acaba de asumir una auténtica conciencia ambiental sin que tengan que venir las oenegés con sus chicos y chicas entrañables a decirnos que peligran las ballenas o los linces. La conciencia ambiental empieza en las aceras, por el ruido, en las basuras y aquel bote de San Miguel que se oxida entre los pinos sin remisión.

* La Rioja - Opinión - 12.09.11

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Los españoles quieren el referéndum que exigen los ciudadanos digitales y niegan dos partidos

NACIÓNRED* : Una clara mayoría de españoles (dos de cada tres encuestados) son partidarios de la celebración de un referéndum sobre la reforma constitucional que han pactado el PSOE y el PP (y sus socios navarros de UPN). Una vez más son mayoría los españoles que vienen a coincidir con las demandas del 15-M y de los ciudadanos digitales que quieren cambiar la forma de hacer política para profundizar en una democracia más participativa.
Pero en el búnker del bipartidismo todos están sordos y este fin de semana los miembros de la corriente Izquierda Socialista (tres diputados) han quebrado la tradición de independencia y coherencia (ideológica) de esta histórica corriente del PSOE al no garantizar su apoyo al referéndum que necesita para su concocatoria de la firma de 35 diputados. Uno los portavoces de Izquierda Socialista, Juan Antonio Barrio de Penagos, se ha permitido explicar, sin inmutarse, que “una cosa es que apoyemos el referéndum y otra que firmemos para que se celebre”. Ha elegido el peor momento, el diputado Barrio, para contribuir al descrédito de la izquierda, los políticos y los partidos.

Según la encuesta de El País, la gran mayoría de los electores de izquierda creen que nada puede justificar que no se consulte a los ciudadanos. Estos ciudadanos defienden que la prohibición de déficit en las cuentas públicas podría establecerse, en su caso, con otros mecanismos legales, por ejemplo, con una ley orgánica, sin necesidad de llevarlo a la Constitución. De todas formas, según la encuesta de El País el resultado del referéndum habría sido positivo. Un 62% habría votado “sí”. Aunque tanto los votantes del PP, claramente favorables a “limitar el déficit en la Constitución”, como los votantes de izquierdas, más divididos o con más dudas, critican el procedimiento y en especial que se haya roto el consenso constitucional del 78.


* Nación Red - David Ballota - 12 de septiembre de 2011
Foto: Viñeta, colas-para-declarar - Álvaro (vegamediapress 12-11-07)

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La Fiscalía investigará si notarios y registradores cobraron de más en la cancelación de hipotecas

ELCONFIDENCIAL* : La Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias para investigar a notarios y registradores de la propiedad por supuestos cobros ilegales a los consumidores en la cancelación de créditos hipotecarios, según informa la Fiscalía en un comunicado.
La investigación parte de la denuncia presentada la semana pasada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en la que acusaba a los dos colectivos de apropiarse indebidamente de cerca de 93 millones de euros por las 372.042 cancelaciones de hipotecas realizadas en 2010.
A instancias del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el fiscal de sala delegado para la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, José María Paz Rubio, ha abierto estas diligencias informativas con el fin de esclarecer la naturaleza de los hechos denunciados. La OCU pide a la Fiscalía que revise de oficio todas las facturas relacionadas con cancelaciones hipotecarias emitidas desde diciembre de 2007 y obligue a devolver a los consumidores, en su caso, las cantidades indebidamente cobradas.

La asociación denuncia que tanto notarios como registradores están incumpliendo la normativa en materia arancelaria aprobada en 2007, que suponía un abaratamiento importante de los trámites de cancelación de una hipoteca.

A raíz del cambio normativo en 2007

Desde el cambio normativo de 2007, el notario ha de cobrar una cuantía fija de 30,05 euros, sea cual sea el importe de la hipoteca cancelada. Por su parte, el registrador debe aplicar el arancel al capital pendiente de devolver (que es igual a 'cero' cuando se trata de cancelar una hipoteca ya pagada) y reducir el resultado en un 90%.

Por su parte, notarios y registradores defienden que están a la espera de que la Justicia determine la aplicación de los aranceles que deben cobrar por la cancelación una hipoteca, ya que la "falta de claridad" del criterio introducido en la reforma ha motivado que se hayan dictado resoluciones administrativas contradictorias respecto a la aplicación de los aranceles.

Estas resoluciones son las que están recurridas ante los distintos tribunales -las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Cataluña, País Vasco, Málaga y Sevilla- pendientes de resolución. Los honorarios de los registradores están controlados por un procedimiento de impugnación de minutas establecido en el Real Decreto 427/1989.


* El Confidencial - 12.09.11
Foto: Hipotecas - Istockphoto

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Stop desahucios

GERARDO PISARELLO/JAUME ASENS* : Al menos desde la Revolución Francesa, cuando se vulneran derechos generalizables y los canales institucionales permanecen bloqueados, la resistencia civil se convierte en la última garantía contra la arbitrariedad del poder y la degradación del principio democrático. Las movilizaciones contra los desahucios impulsadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en el conjunto del Estado, al calor del 15-M, reflejan claramente esta voluntad garantista. Y las respuestas represivas a las mismas –como ocurrió en Vic–, la impotencia de unas instituciones incapaces de tutelar derechos que están en la base de los ordenamientos legales que dicen defender. Lejos de ser un fenómeno natural o un simple trámite jurídico, los desahucios por razones económicas entrañan una innegable dosis de violencia. Quienes los padecen, no sólo ven afectado su derecho a la vivienda. Al haber dedicado casi todos sus recursos a mantener un techo para sí y los suyos, quedan expuestos a vulneraciones severas de sus derechos a la integridad física y psíquica, a conservar o a buscar un empleo, a asegurar la educación de sus hijos. En casos como el español, esta situación es especialmente trágica, ya que el desahucio no comporta casi nunca el realojamiento digno exigido por Naciones Unidas.
En realidad, estos desahucios han estado en el centro de la gestación y estallido de la crisis. Durante el boom inmobiliario, cientos de familias fueron expulsadas de sus viviendas a resultas de operaciones urbanísticas especulativas. Otras tantas fueron objeto de acoso inmobiliario: una forma no disimulada de coacción, e incluso de matonismo, dirigida contra arrendatarios con alquileres bajos, considerados una rémora para la obtención de rentas mayores. Tras el estallido de la crisis, el fantasma del desalojo comenzó a planear sobre las familias con hipotecas impagables, muchas de ellas contraídas en condiciones leoninas. Entre 2007 y 2011, según el Consejo General del Poder Judicial, la cifra de ejecuciones hipotecarias supera las 300.000. Sólo en 2010 ya fueron 93.636. A este escenario deben sumarse, a medida que el paro se dispara, miles de desahucios por impago de alquileres con escasa o nula intervención de los servicios sociales.

La violencia que experimenta quien es desahuciado no cae del cielo. En la mayoría de los casos, es producida por entidades financieras, constructoras y grandes inmobiliarias para las que la vivienda no es un derecho, sino una simple mercancía de la que extraer la mayor renta posible. A menudo, esta violencia opera por vías abiertamente ilegales. Otras veces, cuenta con la cobertura de leyes y decisiones institucionales que la autorizan o que incluso la fomentan. Ni el sobreendeudamiento hipotecario, ni el llamado desalojo exprés, ni el apenas 2% de vivienda pública de alquiler, ni la fiebre especulativa que ha dejado tras de sí más de 3.500.000 inmuebles vacíos o infrautilizados, son el producto de espontáneas leyes de mercado. Reflejan intervenciones públicas explícitas, a menudo concertadas con agentes privados a los que deliberadamente se exime de toda responsabilidad social y jurídica.

Esta connivencia, en la que, con diferentes énfasis, coinciden los grandes partidos estatales y autonómicos, no se ha visto cuestionada por la agudización de la crisis. Propuestas razonables como la dación en pago o la movilización al alquiler social del parque habitacional en manos de la banca o de grandes propietarios, se han estrellado con la férrea oposición del PSOE, del PP y de las derechas autonómicas. Incluso los cuestionamientos al procedimiento de ejecución hipotecaria por vulneración del debido proceso y del derecho a la vivienda han sido descartados por el Tribunal Constitucional sin consideración alguna sobre la actual situación de emergencia habitacional.

Este bloqueo institucional contrasta con la actitud de otros países. En Francia, por ejemplo, existe una moratoria de desahucios durante el periodo invernal y ayuntamientos como el de Bobigny disponen de ordenanzas antidesalojos para proteger a las familias más vulnerables. En un contexto así, no sorprende que diferentes movimientos sociales y vecinales hayan emprendido movilizaciones en todo el Estado para dar apoyo a las familias afectadas y frenar los más de 200 desalojos que se practican diariamente. En los últimos meses, ya se han parado más de 60 gracias a la campaña “STOP desahucios”. Estas acciones de solidaridad constituyen una vía legítima de defensa, no de privilegios, sino de los derechos de todos, constantemente amenazados. Y suponen, además, la impugnación de normas y de decisiones judiciales e institucionales a menudo reñidas con la propia legalidad proclamada en constituciones y declaraciones de derechos humanos.

Esta desobediencia civil disruptiva pero no violenta, frente a la ilegalidad del poder que ha caracterizado la actuación del 15-M, es tal vez la última barrera garantista frente a un proceso acelerado de descomposición social. Pretender tratarla como una cuestión de orden público, practicando desahucios sin previo aviso, en horas inhábiles o con amplios dispositivos policiales, es un gesto de impotencia que, lejos de eliminar el conflicto, ahondará el descrédito de las propias instituciones. Tener un techo digno y seguro es una necesidad básica para el desarrollo personal y para la vida en comunidad. Y el desahucio, la condena a la intemperie, una forma de violencia a la que, como muestran las acciones de protesta en curso, ninguna persona sensata y con fuerzas puede resignarse de brazos cruzados.

Fuente: http://afectadesperhipotecavalencia.org/?p=2002


* Rebelión - Público - 11.09.11

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