Tres operaciones urbanísticas centran la investigación de Ronda

LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía de Medio Ambiente dudó, en un polémico escrito, de la moralidad del exalcalde socialista de Ronda Antonio Marín Lara, ya que, pese a no haber prevaricado al dar licencia para Los Merinos, esa decisión sí podía atentar contra principios de protección del medio, «morales y éticos». Hoy, esas reflexiones, que sirvieron para archivar este proceso judicial contra el exregidor, cobran actualidad tras conocerse que ésta es una de las operaciones urbanísticas, junto a la de los terrenos del campo de fútbol y algún caso relacionado con La Hoya del Tajo, que conforman la columna vertebral del caso Acinipo, que estalló ayer con la detención de siete personas.
Los Merinos, en cuyos terrenos estaba previsto construir 800 viviendas de lujo, campos de golf y hoteles, se convirtió con el paso de la pasada década en El Algarrobico malagueño; decenas de organizaciones ecologistas denunciaron supuestas prevaricaciones o una cadena de corruptelas. Sólo una de estas últimas forma parte de las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción.

En el caso de Los Merinos, el fiscal recordaba que no se prevaricó porque la Declaración de Impacto Ambiental era favorable condicionada, es decir, que la Junta dijo sí, pero con dos excepciones: que se solucionara el déficit hídrico y que se edificara más allá de una determinada parcela. La Junta cambió de discurso a mediados de 2006, viendo la que se le venía encima: «Los informes técnicos con los que cuenta el imputado –por Marín Lara, luego exonerado de prevaricación– son todos favorables, cierto es que muchos de ellos son de técnicos municipales, pero salvo que se pueda acreditar que en tales dictámenes existe algún tipo de connivencia para la adopción de los mismos y que, de forma torticera, se hayan alterado, no puede presumirse, sin más, que por el hecho de ser peritos del Consistorio van a realizar su trabajo de forma maliciosa», apunta el fiscal.

Pero el caso central de las pesquisas es el análisis de la recalificación y venta de los terrenos del campo de fútbol para construir un megacentro comercial, bajo la marca de Eroski, un caso que fue fuertemente criticado por el PP e IU en la oposición. De hecho, el Registro de la Propiedad de Ronda rechazó el primero de abril dar asiento a la escritura de venta de la parcela. En concreto, detectó defectos en el procedimiento. Por ejemplo: el Consistorio adjudicó en un pleno la venta de los terrenos a la empresa Ruiz Jurado, que posteriormente cedió la parcela a otra sociedad, vinculada a su vez con la primera. De esta operación, se llevó la Udyco ayer abundante documentación de Urbanismo y de otras dependencias. En esa fecha, el Ayuntamiento había ingresado 3,5 millones de euros por la venta de esa superficie.

«Es la espina dorsal del caso», dicen las fuentes, que también hablan del terreno de La Hoya del Tajo, una zona que ha protagonizado una decena de denuncias de los ecologistas, incluso desde 2003, y en la que han proliferado numerosas construcciones irregulares. La Udyco se llevó muchos documentos relativos a este lugar y a determinadas edificaciones que hay en él. Paralelamente, el 1 de agosto se abrió procedimiento abreviado por un delito contra la ordenación del territorio cometido por la edificación de una nave agrícola supuestamente ilegal en la zona. Entre los imputados está Marín Lara, quien dijo no saber nada.

Las fuentes judiciales consultadas alertaron de algún que otro convenio más, aunque son estas tres operaciones presuntamente irregulares –en cada parcela hay decenas de movimientos dudosos– las que han protagonizan los primeros pasos de la Udyco y del fiscal Anticorrupción. Ahora sólo queda ver qué pasará cuando se desvele el secreto de sumario.


* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 28.09.11
Foto: Ronda (Málaga), urbanización Los Merinos - 20minutos.es

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El proceso judicial sobre Valdecañas sigue adelante a pesar de la homologación

HOY/Cáceres* : El proceso judicial sobre el complejo turístico de Valdecañas sigue adelante a pesar de la homologación publicada en el Diario Oficial de Extremadura. De esta manera, la Junta continúa pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación que presentaron después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declarase nulo el PIR (Proyecto de Interés Regional) con el que el se había autorizado en 2007. Esa sentencia, que no era firme, determinaba que la iniciativa empresarial no justificaba su interés regional, social o de utilidad pública y ordenaba que los terrenos se restituyesen al estado en el que se encontraban antes de autorizarlo, entre otras cosas por el valor ambiental que le reconocía.
La respuesta del Gobierno autonómico fue modificar la Ley de Ordenación del Suelo, con el fin de encajar el PIR en la legalidad. De ahí que se estableciese que el hecho de que un área geográfica extremeña tuviese algún grado de protección no invalidaba automáticamente su desarrollo urbanístico.

La homologación que se ha hecho pública supone esa adaptación, pero no invalida el proceso judicial abierto por ‘Ecologistas en acción’, que además va a presentar una demanda contenciosa administrativa contra la misma. Si finalmente se resuelve a favor de los conservacionistas, devolver Valdecañas al estado que presentaba antes de empezar a construir el complejo supondría demoler todo lo que se ha construido. En tanto en cuanto se conoce el final judicial de este proceso, los opositores piden que se ordene la ejecución provisional de la sentencia del TSJEX, para que no se pueda seguir construyendo lo que falta, ni tampoco vendiendo propiedades.
Alegaciones al proceso de homologación
En el proceso de homologación del proyecto, presentaron alegaciones cuatro organizaciones ecologistas y se dio audiencia a los municipios afectados, El Gordo y Berrocalejo, que se mostraron contrarios a las alegaciones y favorables a la homologación. Además, en la tramitación del expediente se solicitaron informes a la Confederación Hidrográfica del Tajo y a la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental, que no consideraron necesario el pronunciarse de nuevo sobre la iniciativa, que no tendría así que someterse a una nueva evaluación ambiental.
El representante de la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental en la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio fijó que "la declaración como ZEPA de unos terrenos no implica su automática y obligada clasificación como Suelo No Urbanizable Protegido o incompatiblidad para su transformación".
Se ha incorporado al expediente de homologación que finalmente ha sido aprobado un informe sobre la evaluación de los valores avifaunísticos de la ZEPA "Embalse de Valdecañas ". En este informe, elaborado por la Dirección General del Medio Natural, se concluye, según recoge el DOE, que "la población de aves objeto de declaración como ZEPA muestra una tendencia positiva tras la fase de obras del complejo, entre 2006 y 2011", a la par que asegura que la construcción del complejo no ha perjudicado ni a la población de aves, ni a la ZEPA, ni a la Red Natura 2000.


* Hoy - 26.09.11 - PILAR ARMERO | AGENCIAS
Foto: Valdecañas (Cáceres), golf_y_urbanizacion (archivo) - ecologistasenaccion.org

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Los obispos dejan a Estepona sin herencia

ELPAÍS/Málaga* : El dinero de la herencia de María Catalina Nadal debe quedarse en Estepona. Varios colectivos de este municipio de la Costa del Sol, entre ellos una plataforma de vecinos, empresarios y partidos políticos, están dispuestos a plantar cara al Obispado de Málaga para asegurarse de que la millonaria herencia de María Catalina Nadal Guerrero se quede en el municipio, tal y como estableció esta en su testamento en 1973. Están preocupados porque el obispo Jesús Catalá, albacea del legado, transfirió 16,8 millones de la cuenta bancaria de la parroquia de Los Remedios -beneficiaria del testamento- a un Fondo Común Diocesano, cuyos movimientos no pueden controlar.
María Catalina Nadal, fallecida en 1978, dispuso en su testamento que un tercio aproximado de sus terrenos en Estepona -en torno a 780.000 metros cuadrados- se destinaran preferentemente para "obras de tipo cultural, social y religioso de la parroquia de Los Remedios de Estepona". Esos bienes, que fueron vendidos en 2005, debían ser gestionados por una fundación, que gestiona el Obispado de Málaga.

Todos los colectivos consultados inciden en que el testamento es muy claro en cuanto al uso que se debía dar al dinero y que el Obispado, designado albacea y no beneficiario, lo está ignorando deliberadamente. El alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), les ha pedido tiempo para abordar el asunto en frío. El viernes pasado mantuvo un primer encuentro con el obispo. Según fuentes municipales, percibieron una "disposición absoluta" para aclarar el asunto. El regidor ha pedido que le dejen agotar las vías de la negociación, antes de ir a los juzgados.

La alarma saltó el pasado agosto, cuando el consejo pastoral de la parroquia de Los Remedios, hizo públicos sus temores. "Llevábamos un año notando las transmisiones de dinero de una cuenta a otra", relata un miembro de este organismo. El consejo está formado por 14 seglares vinculados a la parroquia y presidido por el párroco. Primero convocaron una reunión abierta, a la que acudió el ecónomo del Obispado. "Solo sacamos en claro que ese dinero lo iba a manejar el Obispado y que se iba a invertir en la Diócesis", añade.

Como la salida de fondos continuaba, "de forma unilateral y sin aviso a la parroquia", pidieron al cura de entonces, Francisco Baquero, que les gestionara una cita con el obispo, Jesús Catalá. Querían hacerle llegar su malestar por la salida del dinero y pedirle que, como consejo pastoral o bien creando una fundación, les dejara conocer y participar en la toma de decisiones con respecto a la gestión de la herencia.

No hubo forma de ver al obispo, pero en agosto consiguieron reunirse dos horas con un abogado y un gestor del Obispado en una asesoría de Málaga. La postura continuaba siendo la misma: que el obispo puede disponer libremente del dinero del legado para otras necesidades de la Diócesis o de otras iglesias de la provincia.

A la semana de la reunión, supieron que el cura de los Remedios había sido trasladado a la parroquia de Arriate. Los feligreses hablan de su papel en el conflicto en una cariñosa carta de despedida. "Apostó porque esa herencia no solo era de Estepona, sino que debía administrarse e invertirse en el pueblo", inciden. Según el escrito, se mantuvo "firme" en el apoyo a las ideas del consejo de su parroquia, "frente a las del Obispado", algo que, "ha desembocado en un traslado forzoso".

En el Obispado de Málaga defienden que la parroquia "no ha perdido la propiedad de los 16,8 millones". El ecónomo, Luis López de Sebastián, certifica que ese dinero continúa en el Fondo Común Diocesano, señalan. La solución al problema debe encontrarse, según estas mismas fuentes, en la propia parroquia, cuyo nuevo titular y representante del obispo, dio su primera misa el domingo pasado.

La plataforma vecinal de Estepona y la asociación de empresarios están dispuestas a reclamar este dinero ante cualquier instancia. "Queremos reunir firmas para que nos reciba el obispo, si no lo conseguimos, nos plantearemos manifestarnos frente a la Catedral, avanza el representante del colectivo, Miguel Quirós.

David Valadez, exalcalde de Estepona y portavoz de la oposición socialista, cree que las vías de negociación están agotadas y que el Obispado únicamente prevé acciones puntuales en el municipio, como la compra de unas casas para construir salones parroquiales o la gestión del colegio privado Juan XXIII, algo que solo supondría inversiones por cuatro millones.

Valadez asegura que existe un informe jurídico que considera legitimado al pueblo de Estepona para recurrir a la vía judicial y exigir el cumplimiento íntegro del testamento. "El PSOE está dispuesto a llegar a este extremo", asegura.


* El País - JUANA VIÚDEZ - Málaga - 25/09/2011
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org

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Ourense privatizará un parque que se abrió en junio y que costó 3,6 millones

ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Ourense privatizará la gestión de uno de los proyectos estrella del Gobierno municipal de PSdeG y BNG. El jardín botánico de Montealegre podría pasar a gestión privada debido al alto coste del mantenimiento de los 122.000 metros cuadrados que ocupa. Inaugurado aún en obras y sin recepcionar el pasado 10 de junio, ahora ha sido clausurado por las graves deficiencias que presenta. El alcalde, Francisco Rodríguez, admitió ayer que se contempla la gestión privada del espacio, una vez se subsanen los problemas que presenta, a través de un órgano independiente.
El recinto, con un coste de más de 3,6 millones, fue estrenado por el exconcejal socialista Demetrio Espinosa, el día antes de que se formara la nueva corporación municipal. La edil responsable de Medio Ambiente es la nacionalista Marta Arribas, que hereda el problema. El mantenimiento del parque, según las fuentes consultadas por este periódico, absorbería todo el presupuesto que se destina a la conservación de los espacios verdes de la ciudad y que suman más de un millón de metros cuadrados de superficie.

Ahora el parque presenta un evidente estado de abandono: no tiene electricidad, el sistema de agua corriente no funciona, el acceso para minusválidos es deficiente, la maleza crece en los caminos, las especies plantadas se están secando, las pantallas electrónicas han sido robadas y los muros se han llenado de pintadas. Y por si fuera poco, un incendio intencionado calcinó en la madrugada del domingo al lunes una pequeña superficie del recinto. Cinco focos estratégicamente situados ardieron durante casi tres horas. El alcalde lo calificó como un "atentando". "Quieren matar a la criatura antes de nacer", dijo.

Los grupos de la oposición, PP y Democracia Ourensana, tachan el proyecto de despilfarro, fruto de un "capricho del concejal Demetrio Espinosa". Dicen que es un "presunto jardín" y que la clasificación de botánico le viene grande porque "es un secarral". También se quejan de la opacidad del gobierno local, al que acusan de impedir el acceso a las facturas del acto de inauguración y a las partidas de gasto de la obra, financiada a través del Plan E. Democracia Ourensana incluso contempla la posibilidad de solicitar esa documentación a través del juzgado. El PP cuestiona la presencia de empleados municipales en el recinto durante el tiempo que permaneció abierto.

Para cobrar las subvenciones del Estado a la obra debe constar el acta de recepción y la certificación final, que aún no están en poder del Ayuntamiento.


* El País - PABLO TABOADA - Ourense - 27/09/2011
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es

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El negocio estaba en el parque

JUAN R. GIL/Alicante* : Los periodistas somos animales de costumbres. Eso tiene su parte buena. A veces insistimos tanto en el mismo asunto que los representantes públicos acaban, agotados, cantando las cuarenta. Pero también tiene su lado malo. Demasiado a menudo, llevados de una inercia que nos resulta muy cómoda, no somos capaces de ver los cambios que se registran y, por tanto, no cumplimos con nuestra misión de alumbrar aquello que se pretende que permanezca en la sombra.
Un buen ejemplo es el urbanismo. Durante años, los periodistas nos hemos encelado en un solo término: recalificación. Sólo buscábamos recalificaciones. Era sencillo: si un suelo en el que no se podía construir pasaba a adquirir la condición de urbanizable, ahí podía haber un posible pelotazo, otro palabro fetiche, que todo periodista que se precie, incluso si era crítico taurino, debía utilizar al menos una vez en la vida en sus crónicas. No nos dimos cuenta a tiempo de que las cosas mutaban y seguimos persiguiendo lo que ya no era, sin atender dónde estaba el verdadero negocio. Primero salió la legislación sobre los famosos PAIs, obra del último director general de Urbanismo que parió el ejecutivo de Joan Lerma, Gerardo Roger, cuyos perniciosos efectos multiplicaron hasta el infinito los sucesivos gobiernos del PP que vinieron después y que nunca desarrollaron los reglamentos que debían acotar tan peligrosa norma. Se dejaba así en manos de los más poderosos un instrumento en la práctica expropiatorio, y el negocio pasaba de la construcción a la proyección y urbanización de enormes planes parciales, con o sin el consentimiento de los dueños de los terrenos. Pero los periodistas seguíamos jugando al sota, caballo y rey: fijándonos en quién levantaba la casita y no en quien, valiéndose de ingentes recursos, se hacía con el suelo y con la infraestructura; con el santo y la peana. Así se hizo un hombre Enrique Ortiz. Y encima era legal.


Después vino el nuevo Plan General de Ordenación de Alicante. Y los periodistas continuamos husmeando recalificaciones. Es más: cuando la terminología legal se modificó, y lo que antes era recalificación ahora pasó a llamarse reclasificación, los periodistas alardeamos de que los políticos eran tontos si pensaban que con un simple cambio de nombre nos iban a engañar. ¿Qué más da recalificación que reclasificación? ¡Pelotazo! ¡Eso es lo que hay!
El pelotazo estaba en otro sitio. Pero sólo ahora lo vemos. Fueron magos. Y nosotros, el espectador listillo que siempre acude al espectáculo convencido de que va a pillar al prestidigitador y, en lugar de cazarlo, sale cazado. Y eso que el truco era el mismo: enseñar algo muy llamativo con una mano, para que sólo te fijaras en ella, mientras con la otra te birlaban la cartera o el reloj. En el circo, al final de la función, te devuelven, entre grandes ¡ohhh!, lo que te han distraido mientras mirabas para otro lado. Pero aquí no.

La vuelta a la tortilla. Resulta que la inversión, el negocio, el pelotazo, estaba nada menos que en los parques naturales (¡Ohhhh!) En una regulación que, de vericueto en vericueto, al final se resumía en que aquel cuyo suelo, no edificable ya de entrada, pasara a adquirir la condición de parque protegido, tenía derecho a obtener en otro lugar sí urbanizable los mismos metros cuadrados que hubiera perdido en esa zona a partir de ahora intocable. O sea que, dándole la vuelta a la tortilla, de lo que se trataba no era de tener opciones en suelo que de no urbanizable iba a pasar a serlo (la antigua recalificación que todos buscábamos), sino de lo contrario: de hacerse con terreno que no valía nada y que, cuando se aprobara el PGOU, aún iba a valer menos puesto que su protección antiedificatoria iba a ser absoluta. Pero, si tenías ese suelo, lograrías otro a cambio. Y habrías comprado por tres euros lo que pasaba a valer luego, aunque en otro lugar, 140. Una mina. Un negocio redondo. Y, encima, del que todos salían bien parados: el político anunciaba que, con el nuevo PGOU que iba a hacer, la ciudad, Alicante verbigracia, iba a pasar a ser la reserva ecológica más importante de España, por no decir de Europa. Nada menos que 11 enclaves naturales protegidos, 14 millones de metros cuadrados a salvo de las grúas. Para hacerle un monumento al alcalde. Y el especulador se forraba sin que nadie le echara cuentas.
La clave, sin embargo, radicaba, como siempre, en que fluyera la información. En que con adelanto suficiente, y hablo de años, se supiera qué suelo iba a ser protegido para que unos cuantos seleccionados compraran a precio de saldo ese terreno. Aprobado el plan, nadie podría decirles ni mu: habían comprado por muy poco lo que al final había acabado valiendo nada. Pero resulta que se habían llevado compensaciones multimillonarias por ese mismo solar que, sobre el plano, era una ruina.
¿Qué era necesario para que el negocio cuadrara? Insisto: que circulara la información. Y puesto que la Unidad de Delitos Económicos de la Policía, responsable del informe que esta semana ha vuelto a provocar otro terremoto en Alicante, se cura en salud, subrayando en sus primeros párrafos que no quiere extraer conclusiones excesivamente contundentes por la falta de tiempo y medios que ha tenido para analizar todo lo extraido de los ordenadores del desapacho de abogados que compartían, en el Palacio Salvetti, los letrados Javier Gutiérrez, exconcejal socialista, y José Luis Castedo, hermano de la actual alcaldesa de Alicante; puesto que la pasma se pone tan a resguardo, digo, no seré yo el que vaya más lejos. Pero el esquema es, para qué engañarnos, elocuente: primero hay un alcalde, Luis Díaz Alperi, que tiene una estrecha relación con importantes empresarios, entre otros los dueños en ese momento de los dos clubes de fútbol de la ciudad, ambos del ramo del ladrillo, Enrique Ortiz y Antonio Solana. Ese alcalde encarga la redacción de un nuevo PGOU y tiene como responsable de Urbanismo a una concejal tan de su confianza que acabaría dejándole la presidencia de la Corporación, cuyo hermano está colocado en la conselleria de Urbanismo. El primer redactor del plan se pone farruco, así que lo echa y coloca a otro. Pero hace falta más: un despacho especializado, porque son muchos los papeles y no es el alcalde, ni la de edil, los que deben presentarlos, sino las empresas. ¿Salvetti? Sea. Y que el nuevo redactor del plan contrate la asesoría jurídica con ese despacho. Amén. Ya tenemos, pues, todo: la potestad política, el control del planeamiento y la capacidad de representación ante la Administración. Sólo falta llamar a los amigos y decirles dónde van a ir esos parques. ¿Se produjo algo así? El sumario Brugal recoge testimonios de Alperi y algunos empresarios. "Hay que comprar aquí, que luego se sacará allí". Más o menos.

El juego de las sillas. Hay un momento en que Alperi ve que él mismo tiene que quitarse de enmedio. U otros lo ven por él, da igual. Pero entonces viene la segunda parte y asistimos a una especie de juego de las sillas: a Alperi le sucede en la Alcaldía quien era su concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, y el hermano de ésta deja su puesto en la conselleria y pasa a ser socio de Gutiérrez en Salvetti. Pero en la placa falta un nombre, porque el que de verdad pisaba ese palacio seguía siendo Alperi, al que además, según la Policía, el propio bufette le pone un salario nada menos que como asesor. Todos nos movemos de la silla para acabar todos, de nuevo, sentados. Guay.
Sonia Castedo hace mucho tiempo que fue advertida de que entre los empresarios había cundido la especie de que, si querías algo del Ayuntamiento en urbanismo, era preciso pagar el peaje de pasar por ese despacho. Y como ya escribí en otra ocasión sobre ella, no sé si no quiso, no supo o no pudo cortarlo, pero las fechas de los documentos hallados en los ordenadores indican que, en todo caso, la maquinaria siguió funcionando. Y en política la omisión tiene un coste en la práctica tan alto como la comisión. Aunque tarde más en pagarse.

Ninguna explicación. La defensa de todos los que se están viendo salpicados por este asunto es la de que no obtuvieron finalmente ganancias. No sé. Los jueces dirán. Pero en todo caso, el tráfico de información privilegiada es independiente del beneficio que se obtenga con ella, de la misma manera que no hace falta llevárselo crudo para que te condenen por aceptar unos trajes. Lo peor del caso es eso, que Alicante va pareciéndose cada vez más a la Valencia que dejó Camps: un territorio donde sus representantes están más pendientes del juzgado y de la Policía que de la gestión de los intereses públicos. Un sitio donde nadie cree que deba ninguna explicación a los ciudadanos que no sea la descalificación y el victimismo. Un lugar donde se ha instalado hasta tal punto el todo vale que ahora quieren cuadrar el círculo nombrando jefa de Urbanismo a la hija del protagonista principal del sumario. Una ciudad que siempre presumió de cielo azul y brisa relajante pero que poco a poco se acerca a la definición que un amigo me dio de Bruselas: el problema es que tiene el cielo gris y demasiado bajo, me dijo. Eso mismo ocurre con Alicante: que se está volviendo irrespirable. Y deprimente.


* Información - Opinión - 25.09.11

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