Córdoba.- Sandokán pide legalizar todas las parcelas

ELPAÍS* : La imagen que nadie podía imaginar hace solo diez meses se hizo ayer realidad. El empresario y concejal de Unión Cordobesa, Rafael Gómez, imputado en el caso Malaya y deudor de unos 30 millones al Ayuntamiento de Córdoba, se sentó en el Consejo Rector y la Comisión de Licencias del órgano local de desarrollo urbanístico de la ciudad. Entre los asuntos prioritarios que piensa plantear, se encuentra la total legalización de las cerca de 10.000 viviendas irregulares que hay en la capital. Incluidas aquellas que están en terrenos inundables y que se vieron arrasadas por las últimas crecidas del Guadalquivir.
Así lo anunció su partido hace dos días. Y así lo recordó ayer el propio Gómez. "Considero que todos los partidos hemos dicho que debíamos arreglar el tema de las parcelaciones con la ley en la mano. Y cumplir con esa inquietud que tienen tantas familias", insistió antes de entrar en la primera de las reuniones en la Gerencia Municipal de Urbanismo. Sandokán anunció también que se opondrá a la imposición de multas a los parcelistas ilegales.

"Hay mucha gente que está en jubilación o que tiene 400 o 500 euros de paga y que le meten una multa en un momento dado de ciento y pico mil euros. Eso no tiene ni pies ni cabeza porque han hecho las viviendas y ahora se les multa. Mire usted, no hubiese usted dejado que se hiciesen". En todo caso, una vez que empezó la reunión, Gómez no abrió la boca para plantear el tema de las parcelas. En su turno de palabra, Gómez se limitó a decir: "Vengo a servir a Córdoba" y a restar importancia a sus pleitos personales.

Y es que, a una escala económica mucho mayor que la de los parcelistas ilegales, Sandokán comparte un problema muy similar con ellos. Él mismo construyó donde no podía. En concreto, cuatro hectáreas de naves ilegales en la sede de su empresa Arenal 2000. Una de las primeras cosas que hizo Sandokán tras recoger su acta de concejal, fue pedir el expediente completo de la multa de 24,6 millones, que lleva años enfrentándole en los tribunales con el Consistorio.

El portavoz del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, dijo ayer que "los cordobeses que le votaron lo hicieron en base a unas propuestas altamente irrealizables", como es la completa legalización de las parcelas. Torrico insistió en que Unión Cordobesa tiene derecho, "democrático y legal" para hacer "las propuestas que considere oportunas". A pesar de que Sandokán afirma que entre los planes del PP también está la legalización, Torrico señaló que sus propuestas en la GMU nada tienen que ver con las de Unión Cordobesa.


* El País - MANUEL J. ALBERT - Córdoba - 29/09/2011
Foto: Córdoba, inundaciones Guadalquivir (archivo) - elpais.com

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Alhaurín.- El tribunal desestima las pruebas que pidió el fiscal del 'caso Troya'

ELPAÍS/Málaga* : El juicio del caso Troya sobre la corrupción urbanística en Alhaurín el Grande ha salido del trámite de cuestiones previas prácticamente igual que entró. La Sección Octava de la Audiencia de Málaga ha desestimado las peticiones más relevantes tanto de la Fiscalía como de los abogados defensores del alcalde, Juan Martín Serón, del PP y de las otras 19 personas que le acompañan en el banquillo de los acusados.
El tribunal, presidido por el magistrado Fernando González Zubieta, ha rechazado la petición del fiscal encargado del caso, Juan Calvo-Rubio, de que un arquitecto y un jurista de la inspección urbanística de la Junta emitan un dictamen sobre el plan urbanístico vigente en Alhaurín en el año 2006, año en que se iniciaron las investigaciones. El fiscal alegaba que al recibir con retraso los escritos de defensa de los abogados no pudo saber que estos habían aportado distintos dictámenes de expertos en derecho urbanístico que apuntaban que el planeamiento vigente en la localidad permitía otorgar las licencias sospechosas. El ministerio público acusa a Martín Serón y a su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, de cobrar sobornos a empresarios a cambio de dar los permisos de obra con aumento de edificabilidad.

Esta negativa del tribunal puede acarrear consecuencias jurídicas. El fiscal Calvo-Rubio anunció en la sesión de exposición de las cuestiones previas que si la sala no aceptaba esta petición solicitaría la devolución de la causa al juzgado de instrucción.

Los magistrados también desestimaron la petición de nulidad de las grabaciones realizadas al edil Guerra por parte de un empresario que denunció ante la policía que le habían pedido un soborno. Según la sala, estas grabaciones sirven simplemente para afianzar la credibilidad de la denuncia del empresario y no afecta a los derechos de Guerra.

La Audiencia también rechazó la alegación del abogado de Martín Serón, Carlos Larrañaga, que se quejaba de que en el escrito acusatorio del fiscal no se exponían claramente qué hechos delictivos se imputan al regidor, lo que provocaba "indefensión" a su cliente. Larrañaga pretendía que se diera un nuevo plazo al fiscal para presentar un escrito más detallado. El tribunal considera que el alegato del ministerio público es suficientemente concreto y rechazó su nulidad.


* El País - F. J. P. - Málaga - 29/09/2011
Foto: Alhaurín el Grande, ayuntamiento - J.Domínguez, EFE (archivo)

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La Fiscalia imputa un nuevo delito al alcalde de Torremocha de Jarama

ECOLOGISTASENACCIÓN* : La Fiscalía de Madrid imputa al alcalde de Torremocha de Jarama un nuevo delito contra la ordenación del territorio. Se trata del segundo procedimiento de estas características que se tramita en los juzgados de Torrelaguna contra el mismo alcalde. Ecologistas en Acción que recientemente se ha personado como acusación popular, teme que pueda pactar con la Comunidad de Madrid la aprobación de un nuevo plan general de ordenación urbana con el que se pretendería legalizar las actuaciones por las que se le juzga.
En marzo de 2010, el único concejal de la oposición del ayuntamiento de Torremocha de Jarama, denunció numerosas actuaciones que podrían ser constitutivas de diferentes delitos. La Fiscalía de Madrid dividió estas denuncias en dos bloques, uno que engloba los hechos que podrían constituir delitos contra la Administración Pública (malversación, prevaricación, negociaciones prohibidas) y contra la Hacienda Pública (fraude de subvenciones). Y un segundo bloque que podría constituir delitos contra el medio ambiente o la ordenación del territorio. Es este segundo bloque el que se investiga por la sección de medio ambiente de la Fiscalía y en el que Ecologistas en Acción se ha personado recientemente como acusación popular, tras ser remitido a los juzgados de Torrelaguna.

La Fiscalía ha denuncia la ejecución de la conexión eléctrica a una parcela de la propiedad del alcalde aprovechando la realización de unas obras municipales de soterremiento de líneas eléctricas. Las obras de soterramiento afectaron a una vía pecuaria para lo que hubiera requerido autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Entre los hechos denunciados inicialmente también se encuentra la apertura, en 2009, de dos graveras para extracción de áridos en parajes clasificados como suelo no urbanizable de especial protección, uno junto al arroyo San Román, protegido por su interés paisajístico y otro por su interés agrícola, junto al arroyo del Mortero.
Es el segundo caso de presunto delito contra la ordenación del territorio por el que se juzga al alcalde de Torremocha de Jarama, Carlos Rivera Rivera, de la Agrupación de Independientes de Torremocha, El Retiro y Tomillares-Sierra Norte (ITRTSN). En el primer procedimiento que está a la espera del juicio oral, se le imputa por asfaltar y realizar diversas construcciones en la vía pecuaria denominada Cañada de las Calerizas a su paso por la urbanización Los Tomillares. En ese caso la Fiscalía solicita tres años de prisión y el agravante de prevalerse de cargo público.
Ante estos hechos el ayuntamiento de Toremocha de Jarama, el pasado mes de agosto, aprobó provisionalmente un nuevo plan general de ordenación urbana con el que se pretendería legalizar estas actuaciones y dejar sin efecto los hechos por los que se le juzga. A pesar de que el documento contiene numerosas irregularidades ha sido informado favorablemente tanto por la Dirección General de Medio Ambiente como por la Dirección General de Evaluación Ambiental, estando pendiente únicamente el informe final de la Dirección General de Urbanismo, todas ellas de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.


* Ecologistas en Acción Madrid - 28.09.11
Foto: Torremocha de Jarama (Madrid), ayuntamiento - turismo

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Alicante.- El juez imputa al hermano de Castedo en la trama del plan general por tráfico de influencias

ELPAÍS* : El juez ha imputado José Luis Castedo, abogado urbanista hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, en la rama del caso Brugal que investiga una supuesta trama corrupta para amañar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El magistrado Manrique Tejada, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, también acusa al exedil socialista Javier Gutiérrez, socio del familiar de la regidora en el bufete Salvetti Abogados. La policía sostiene que en este despacho se diseñó el planteamiento a favor del promotor Enrique Ortiz.
José Luis Castedo y Javier Gutiérrez serán interrogados por el juez el próximo 26 de octubre. En su escrito de acusación inicial, el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, imputa a ambos los supuestos delitos de tráfico de influencias, uso privilegiado de información y asesoramiento ilegal.

La imputación de Castedo y Gutiérrez se produce apenas una semana después de que los agentes de la Brigada de Delitos Económicos de la Comisaría de Alicante remitieran al instructor el informe del registro realizado en el despacho Salvetti Abogados el pasado mes de abril. En el disco duro de los ordenadores intervenidos, los agentes hallaron pruebas de la supuesta información privilegiada de los imputados sobre el desarrollo del PGOU, extremo que les permitió tramitar con éxito numerosas alegaciones que les generaron supuestamente una ganancia de un millón de euros.

Los agentes también encontraron en los ordenadores otros archivos que apuntan a un supuesto espionaje de la trama corrupta a los investigadores, entre ellos el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones. Uno de esos documentos contenía datos sobre la vivienda particular del fiscal. También había un documento sobre las actividades privadas del exalcalde socialista de Alicante Ángel Luna, ahora vicepresidente segundo de las Cortes.

En esta pieza separada del caso Brugal sobre el PGOU de Alicante, el juez ha imputado ya a nueve personas. Junto a José Luis Castedo y Gutiérrez, están imputados el promotor Ortiz, su mujer, el redactor del PGOU, Jesús Quesada, un empresario, un abogado y dos altos cargos de Bancaja y la CAM. El fiscal, no obstante, acusa a un total de 21 personas, entre ellas, los dos alcaldes del PP, Sonia Castedo y su antecesor y actual diputado autonómico del PP, Luis Díaz Alperi. La imputación de Castedo y Alperi en la causa tendrá que acordarla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), dada su condición de aforados.


* El País - 27.09.11
Foto: Alicante, Castedo y Ortiz en el estadio (archivo) - lasprovincias

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La nueva valoración del suelo rústico abre un agujero millonario en la banca

ELCONFIDENCIAL* : El 31 de diciembre es la fecha clave. Ese día, expira la prórroga extraordinaria que dio el Gobierno Zapatero a la banca para valorar el suelo rústico a precios reales. La moratoria de 20 meses fue publicada en el BOE en abril del año pasado, y su vencimiento supone un contrapié millonario contra los balances bancarios en unos momentos especialmente delicados para el sector por problemas de liquidez y solvencia. En particular, para las entidades de crédito -fundamentalmente cajas de ahorros- que durante años se han beneficiado de una valoración del suelo rústico en su poder que incorporaba expectativas de generación de plusvalías, lo cual encarecía las expropiaciones y alimentaba fenómenos especulativos ante una hipotética reclasificación por decisiones políticas. Esas expectativas son las que han engordado los balances bancarios con valoraciones artificiales y completamente al margen de la realidad económica. Y son las que han obligado a las administraciones a pagar cifras millonarias en los procesos de expropiación forzosa.
Lo cierto es que el terreno rústico apenas vale hoy un euro a la luz de la Ley del Suelo de mayo de 2007, que en su artículo 23 lo valora en función de la renta real o potencial, pero no sobre expectativas. Como dice el preámbulo de la norma, con la anterior ley del Partido Popular “se llegaba así a la paradoja de pretender que el valor real no consistía en tasar la realidad, sino también las meras expectativas generadas por la acción de los poderes públicos” (recalificaciones).

Hecha la ley, sin embargo, hecha la excepción, y lo cierto es que en una disposición transitoria de la propia normativa se declaró una moratoria de tres años a partir de la entrada en vigor de la ley, el 28 de mayo de 2007. El motivo que se dio es que así se garantizaba una “suave transición”. Esa moratoria es la que en 2010 se prorrogó nuevamente casi dos años más en un real-decreto extraordinario del Gobierno que salvó a la banca. En paralelo, y dentro de su labor prudencial, el Banco de España ha obligado a las entidades financieras a imputarse descuentos significativos sobre el valor de las garantías, y que en el caso del suelo puede llegar al 50%.

El plazo, sin embargo, está ahora a punto de acabar en medio de la interinidad del actual Gobierno, y todo indica que -al menos sobre el papel- los propietarios de suelo rústico (no sólo bancos o cajas de ahorros, sino también inmobiliarias) tendrán que hacer una nueva valoración de sus activos. Por supuesto que a la baja a la vista de la situación del mercado. Y no es asunto baladí teniendo en cuenta que el suelo en poder del sistema financiero se sitúa en el entorno de los 28.000 millones de euros.

Pérdidas millonarias

Fuentes de toda solvencia del equipo económico del Partido Popular dijeron a El Confidencial que, de ganar las elecciones, “la reforma bancaria pasará por una valoración de los activos a precios de mercado”. ¿Qué significa eso? Pues que a expensas de sorpresas de última hora, los propietarios de suelo rústico estarán obligados a anotarse millonarias pérdidas inmobiliarias o hacer fuertes provisiones para cubrirse de un mercado fundamentalmente ilíquido. Sobre todo en momentos como los actuales.

La ley del Suelo establece que los terrenos “se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial” incluyendo subvenciones. Y sólo podrá duplicarse en caso de situaciones excepcionales, como la localización o la cercanía a centros de actividad económica. La norma obliga a utilizar como tipo de capitalización la última referencia publicada por el Banco de España del rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años. Y los bonos a cinco años cotizan hoy en el entorno del 4,47%, muy por debajo de las expectativas de revalorización en caso de que el suelo fuera declarado urbanizable por la legislación urbanística.

La norma no obliga únicamente a los tenedores de suelo rústico no declarado formalmente urbanizable, sino también a los urbanizables siempre que no exista previsión expresa sobre plazos de ejecución en el planeamiento ni en la legislación de ordenación territorial y urbanística. Como recuerda la ley, las reglas a que se refiere el párrafo anterior serán de aplicación “hasta el 31 de diciembre de 2011”. Esta salvedad es la que dejará sin apenas valor a miles de solares y parcelas.



* El Confidencial - Carlos Sánchez.- 27/09/2011
Foto: suelo rústico - reuters

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