El Consell elimina la prohibición general de reclasificar en 30 años los montes quemados

LEVANTE/Valencia* : El Ejecutivo valenciano ha echado mano de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2012 para introducir un cambio de calado en la ley forestal, de tal manera que la prohibición general de reclasificar suelo en montes que hayan sufrido un incendio podrá ser eliminada en los casos de interés general. En concreto, el Consell quiere introducir un nuevo apartado en la ley forestal, que data de 1993, en virtud del cual "con carácter singular y mediante su declaración como de interés general para la Comunitat Valenciana, el Consell podrá excepcionar la prohibición de cambio de uso forestal al menos durante 30 años mediante acuerdo justificado".
Con esta iniciativa la Conselleria de Territorio que dirige Isabel Bonig intenta dar cobertura legal a la ampliación del vertedero de Dos Aguas, que quedó paralizada porque una parte de la instalación afecta a terrenos forestales quemados. Bonig ya mencionó la posibilidad de usar la ley presupuestaria para desbloquear las obras. Sin embargo, el cambio legal podría hacerse extensible a otros suelos, con lo que la medida, que supone una rebaja en la protección de los montes, nace ya con polémica. Además, cuenta con serios obstáculos jurídicos, ya que la ley estatal sobre montes impide el cambio de uso forestal para los terrenos incendiados al menos durante 30 años. Existen informes jurídicos internos de la conselleria que así lo constatan.

La ley de montes forma parte de la treintena de normas que el Consell pretende reformar a través de la ley de acompañamiento cuyo anteproyecto fue aprobado el viernes por el Ejecutivo. El texto al que ha tenido acceso Levante-EMV contiene numerosas reformas legales, algunas de ellas de gran trascendencia.

LEY DE VIVIENDA

Los constructores podrán eludir los vicios ocultos en las VPO
Los cambios previstos en la ley de vivienda de la Comunitat Valencia suavizan al máximo las responsabilidades que hasta ahora eran exigibles a los promotores de vivienda de protección oficial cuando se daban defectos en la construcción. El Ejecutivo que preside Alberto Fabra quiere eliminar de un plumazo los apartados que regulaban en el orden administrativo la posibilidad de imponer "al promotor las obras necesarias de reparación, o la ejecución a su costa" de los defectos o vicios ocultos en la obra. Los propietarios tenían un plazo de exigencia hasta cinco años en el caso de problemas en la cimentación. Cuando la nueva ley se apruebe, la responsabilidad de los constructores quedará reducida al ámbito civil. La voluntad del Gobierno valenciano de quitar trabas a los promotores de vivienda es evidente, ya que además, "las acciones u omisiones, por culpa o negligencia, de promotores, constructores o facultativos durante la ejecución de las obras de viviendas de protección pública, que diesen lugar a vicios o defectos graves que afecten a la edificación o habitabilidad de las viviendas" deja de considerarse una infracción grave.

PLAN CONFIANZA

Se amplía el plazo para cumplir con el plan estrella de Camps
El proyecto estrella del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, para crear empleo; el plan Confianza gana un nuevo plazo para poder ser culminado. En concreto, la ley prorroga hasta el 30 de abril de 2013 el plazo para la acreditación de la finalización de las obras. El plan de apoyo a la inversión productiva en municipios se ha visto lastrada desde su puesta en marcha en 2009 por las dificultades de financiación con cargo a la deuda. Además de ampliarse el plazo, el Consell permitirá a los ayuntamientos sustituir proyectos ya aprobados cuando por causas sobrevenidas no hayan podido llevarse a término.
control interno

MANOS LIBRES PARA LA INTERPRETACION GENERAL
La ley de acompañamiento de los presupuestos para 2012 conlleva también numerosos ajustes legales como consecuencia de los planes del Ejecutivo de meter en cintura el gasto público y, en concreto, las empresas y fundaciones de la Generalitat. De ahí que hay varias adaptaciones en la ley de Hacienda para adaptarse a la nueva filosofía del decreto que entró ayer en vigor en el que se aprueba un régimen económico y financiero para el sector público valenciano. Así, se introduce la intervención previa para los entes y se refuerza el papel de la Intervención General. Tanto el interventor general como los interventores delegados "podrán recabar directamente de quien corresponda los asesoramientos e informes técnicos que consideren necesarios".
El sometimiento a las directrices de la Intervención General queda también recogido negro sobre blanco ya que la ley establece que las distintas conselleries "estarán obligadas a prestar colaboración y facilitar los documentos que resulten precisos, así como cualquier asistencia que les sea requerida por la Intervención, incluida la adscripción temporal de medios personales".

CORPORACION PUBLICA

Con voz pero sin voto en los consejos del sector público
Tal como estaba anunciado, por ley de acompañamiento se crea la Corporación Pública Empresarial Valenciana cuyo objetivo es tomar el control del sector público empresarial para proceder a su reestructuración. En principio actuará sobre 45 entidades públicas que tendrán que dar entrada en sus consejos de administración a representantes designados por la corporación que tendrán voz pero no voto en las reuniones. Se recoge de manera detallada las funciones del nuevo ente público, todas ellas dirigidas al control y saneamiento.


* Levante - Julia Ruíz - 6.10.11
Foto: Incendio forestal, extinción - insurgente

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El arquitecto de Boadilla alquila al Santander dos edificios a través de empresas opacas

ELCONFIDENCIAL/Madrid* : La relación del arquitecto redactor del plan urbanístico municipal de la Ciudad Financiera (Boadilla del Monte) con el Santander se traduce en negocios millonarios. Además de cobrar de Cezosa, la inmobiliaria del banco que compró los terrenos de la sede central, el urbanista Leopoldo Arnaiz es también el “casero” de la entidad financiera a través de empresas pantalla.
El edificio Alhambra, situado frente a la Ciudad Financiera, alberga las oficinas de Isban (Ingeniería de Software Bancario), la filial del Santander que desarrolla los sistemas informáticos de la entidad a nivel mundial. Leopoldo Arnaiz, denunciado por haber defendido los intereses del banco mientras estaba contratado por el Ayuntamiento de Boadilla como redactor del PGOU, consiguió en 2007 un contrató redondo: el Santander, después de aportar el suelo, le otorgó un crédito de hasta 51 millones de euros para construir y, simultáneamente, le alquiló el edificio por un plazo de quince años. Cezosa, empresa inmobiliaria del banco, era la propietaria de la parcela. Se la transfirió a Beltraex Nexo, sociedad de Arnaiz administrada por un testaferro, la misma cuyos pagos del banco está investigando el juzgado de instrucción nº35 de Madrid.

Beltraex vendió los terrenos a otra sociedad, Gamavila Urbana S.L., por 1,2 millones de euros. Esta compañía pertenece igualmente al entramado opaco del arquitecto, concretamente en un 50%. Estaba representada por Carlos Serrano Altimiras, otro de sus testaferros habituales. Así, Gamavila es la promotora del edificio Alhambra, de casi 70.000 metros cuadrados repartidos en seis plantas de aparcamiento, un semisótano y tres pisos de oficinas donde hoy trabajan cientos de empleados externos del Banco Santander.

Arnaiz ha declinado hacer cualquier tipo de declaración. Por su parte, fuentes oficiales del Santander aseguran que “vender un inmueble dando financiación al comprador y alquilándolo a continuación es una operación que se ha hecho cientos de veces en las operaciones de lease back”. No han contestado a si sabían que Arnaiz era el dueño de las empresas con las que firmaron las contratos, limitándose a decir que “el banco conocía que era el arquitecto de ambos edificios”.

La operación está perfectamente reflejada en la nota literal de la parcela del Registro de la Propiedad de Boadilla del Monte. Para este negocio, Arnaiz no utilizó ninguna de la veintena de sociedades que encabeza con luz y taquígrafos, sino dos pertenecientes a su entramado opaco, para evitar cualquier relación “oficial” con Cezosa y el Santander. Pero el citado registro refleja que la licencia de construcción del ayuntamiento incorpora el certificado del arquitecto “Leopoldo Arnaiz Eguren”. El contrato de alquiler lo firmaron Ingeniería de Software Bancario (ISBAN) y Beltraex Nexo el 4 de noviembre de 2007. Luego fue cedido a Santander Global Facilities. Todo estaba bien atado antes de poner la primera piedra. Según fuentes cercanas al propio Arnaiz, en los quince años de alquiler amortizará la operación y tendrá para sí un edificio completo cuyo terreno, créditos y arrendamiento le llegaron del Santander. La inversión total del edificio asciende a 72,9 millones de euros.

Edificio Montepríncipe

Los empleados de ISBAN ocupan igualmente el Edificio Montepríncipe, muy cerca del Alhambra, pegado a la M40 y justo en el inicio del término municipal de Alcorcón. También está alquilado a una de las empresas pantalla de Leopoldo Arnaiz, aunque en este caso el banco no ha aportado financiación alguna. Tiene capacidad para más de 1.500 trabajadores y casi mil plazas de garaje. Los contratos de alquiler los firmaron testaferros de Arnaiz.


* El Confidencial - Javier Chicote 05/10/2011
Foto: El edificio Alhambra de la Ciudad Financiera del Santander - elconfidencial

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Castilla y León asume la competencia de juzgar a su expresidente de las Cortes

ELPAÍS* : La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha asumido la competencia de juzgar a José Manuel Férnandez Santiago, actual procurador en las Cortes de Castilla y León y ex presidente del Parlamento autonómico, a quien se le imputan los presuntos delitos de cohecho y prevaricación.
La causa, derivada del caso Gürtel, fue remitida por el magistrado Antonio Pedreira desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ahora el de Castilla y León lo hace suyo ante la implicación de Fernández Santiago, dada su condición de aforado y que los supuestos delitos se cometieron en el territorio de esta comunidad.
La investigación se centra en la adjudicación a Teconsa, por parte de la Junta de Comunidades de Castilla y León, de las obras de la variante de Olleros de Alba (León) por 2.847.959 euros. A cambio de las gestiones por el logro de esta obra, supuestamente, el máximo responsable de la trama Gürtel, Francisco Correa, cobró una cuantiosa comisión.

Entonces, en 2002, Fernández Santiago ocupaba el puesto de Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, al que se atribuye haberse embolsado 18.000 euros “por motivos que se desconocen”, tal como indica el Tribunal Superior castellanoleonés en el auto en el que asume la competencia.

Pedreira ya remitió, hace un año, la que supone tercera rama del caso Gürtel al tribunal castellanoleonés, después de que en la contabilidad de las empresas de Correa aparecieran nombres relacionados con este Gobierno autonómico.

El magistrado designado para dirigir la instrucción desde este Tribunal ha sido César Balmori Heredero, quien investigará sobre los hechos presentados e implicados en ellos.

Mientras, el Tribunal Superior madrileño madrileño mantiene parte de esa rama del caso Gürtel, tras imputar a los directivos de la constructora Teconsa por presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra la Administración pública.


* El País - 4.10.11
Foto: Valladolid, expresidente Cortes, F.Santiago - publico.es

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C.Valenciana.- El Tribunal de Cuentas investiga la posible compra de pisos con dinero de Cooperación

LEVANTE* : El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias previas de investigación sobre las ayudas públicas que la desaparecida Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía dio a la Fundación Cultural de Estudios Sociales (Fundación Cyes, no confundir con la empresa constructora). En concreto analiza presuntas irregularidades en el uso de 1,6 millones de subvención en 2008 para un proyecto en Nicaragua que podrían haber sido utilizados en la compra de inmuebles, así como posibles defectos en la concesión de la ayuda por parte de la Generalitat. La diputada del PSPV Clara Tirado, que ejerce la acusación pública, exige que se dirima si el exconseller del ramo, Rafael Blasco, y el actual director general de Integración, Josep María Felip, así como otros altos cargos del Consell, pueden tener "responsabilidades contables" en esta adjudicación.
La iniciativa de la Sección de Enjuiciamiento nº3 del Tribunal de Cuentas de investigar las ayudas de la Generalitat a la Fundación Cyes nace de un informe de la Sindicatura de Comptes que concluyó el pasado mes de abril que la ONG no cumplía los requisitos para recibir 1,6 millones de ayuda para la construcción de dos pozos en Nicaragua.

Esta actuación del auditor público se realizó a petición del Grupo Parlametario Popular en las Corts Valencianes.
Además, este informe de la Sindicatura tuvo un voto particular, el primero en la historia de la institución. El síndico Antonio Mira-Perceval asegura que la conselleria no debía haber concedido la ayuda a Cyes por no acreditar su experiencia y porque en el proyecto contemplaba la compra de inmuebles. Mira-Perceval también concluye que "no existe constancia en el expediente de que una parte de los gastos, por importe de 1.168.281 euros, haya sido pagada por la fundación Cyes por lo que la Conselleria debería haber iniciado el correspondiente expediente de reintegro por dicho importe".
Junto al informe de la Sindicatura de Comptes, la diputada del PSPV Clara Tirado adjuntó una documentación en la que aseguraba que la cartera que dirigía Rafael Blasco permitió que la Fundación Cyes comprara dos inmuebles en la ciudad de Valencia con el dinero de cooperación que tenía que haber sido destinado a la construcción de pozos en Nicaragua. Tirado cree que el dinero desviado "cuya justificación no cumple la legislación vigente" puede alcanzar los 1.331.594 euros.
La diputada socialista exige "responsabilidad contable contra la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, su conseller Rafael Blasco, Josep María Felip, director general de Inmigración, y cuantos cargos de la citada conselleria hayan intervenido en los expedientes objeto de investigación contable, asimismo, contra el administrador de la Fundación Cyes, por los prejuicios sufridos en los fondos públicos de la Comunitat Valenciana".
El Tribunal de Cuentas ha trasladado toda la documentación al Fiscal Anticorrupción, que ya investiga estas ayudas y otras otorgadas a media docena más de ONG, al Abogado del Estado y al representante legal de los Servicios Jurídicos de la Comunitat Valencian a fin de que aleguen.
Según ha podido saber este periódico, la Abogacía de la Generalitat presentó sus alegaciones el mes de junio, días después de la apertura de diligencias. Fuentes del Consell aseguraron que "no existen irregularidades" en la concesión de ayudas. En la argumentación presentada al tribunal, las mismas fuentes explican que la Conselleria rechazó las facturas de compra de pisos. Los argumentos son los mismos que ya presentara el PP a la Sindicatura.


* Levante - 5.10.11
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org

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Madrid deja pasar el plazo y no pide la prórroga por la contaminación ilegal

ELPAÍS* : El plazo para solicitar una moratoria a la Unión Europea por incumplir la legislación en materia de contaminación expiró el 30 de septiembre pasado. Era el tiempo del que disponían las comunidades autónomas y los ayuntamientos para pedir la prórroga, según el Ministerio de Medio Ambiente. Y Madrid, ciudad que supera el límite legal de dióxido de nitrógeno desde el año pasado, no la ha presentado. El Ministerio ha recibido solicitudes de prórroga únicamente de tres zonas: Palma (Baleares), Área de Barcelona y Vallès-Baix Llobregat (Cataluña).
Madrid superó en 2010 el límite legal de contaminación por dióxido de nitrógeno. Por primera vez era obligatorio para los países de la Unión Europea contener la polución por este contaminante, que procede en gran medida de los tubos de escape de los vehículos a motor, por debajo de los 40 microgramos por metro cúbico de media anual. La capital registró 44 y la encargada de Medio Ambiente de la ciudad, Ana Botella, se vio obligada a reconocerlo en una comisión y a anunciar que iba a pedir una prórroga que la exima de cumplir durante los próximos cinco años.

El plazo ha expirado, y el Ayuntamiento de Madrid no ha enviado su solicitud al ministerio, que es el interlocutor válido para hacer llegar las peticiones a Bruselas. Sin embargo, el consistorio de la capital asegura que la legislación le permite tramitar su solicitud hasta final de año, y no hasta el 30 de septiembre como asegura el ministerio, que ya habló de ese plazo en febrero, cuando un anticiclón de varios días de duración cubrió el cielo de Madrid con una boina de contaminación visible desde muchos puntos.

Una portavoz del departamento que dirige Ana Botella ha asegurado que la normativa europea y el decreto que la traspone a la legislación española permiten a Madrid solicitar la prórroga antes del 31 de diciembre de 2012. Se basa en un artículo de la norma que asegura: "Esos planes serán transmitidos a la Comisión sin demora y, en cualquier caso, antes de que transcurran dos años desde el final del año en que se observó la primera superación". El texto se refiere a los planes de calidad del aire, no a la solicitud de prórroga; sin embargo, el Ayuntamiento defiende que, dado que las ciudades deben acompañar la petición con un plan de calidad del aire, este es el plazo aplicable. Precisamente por la "ambigüedad", explica Medio Ambiente, de esta frase de la directiva, el departamento que dirige Rosa Aguilar comunicó a comunidades y ayuntamientos en una reunión el 28 de julio pasado que la fecha límite era el 30 de septiembre. Previamente se lo había consultado a la Comisión Europea, añade la misma fuente.

El artículo 22 de la directiva 50/2008 sobre calidad del aire prevé que, cuando no se puedan respetar los límites fijados para el dióxido de nitrógeno a partir de enero de 2010 -cuando su cumplimiento pasó de ser recomendado a obligatorio-, los estados miembros pueden pedir una prórroga por un máximo de cinco años para la zona concreta en la que se superen los máximos permitidos. Para ello tiene que existir un plan de calidad del aire que demuestre que se están poniendo los medios necesarios para respetar los valores límite antes de que acabe la prórroga. Además, para que la Comisión Europea la conceda, las ciudades o áreas afectadas tienen que poder demostrar que han hecho todo lo posible para cumplir las normas, estableciendo, por ejemplo, un plan de calidad del aire con medidas concretas que deben haberse puesto en marcha.

El anticiclón que lleva varios días sobre la Península ha elevado los niveles de dióxido de nitrógeno. Ayer mismo, a las nueve de la noche, ocho estaciones de medición de la capital registraron a la vez más de 200 microgramos por metro cúbico de NO2. La mitad superaron los 250. El Ayuntamiento estuvo a un paso de tener que activar el nivel de aviso a la población, algo que finalmente no sucedió porque, pese a los elevados registros, las superaciones deben producirse en estaciones de una misma zona, y Madrid está dividida en seis a efectos de notificación a los ciudadanos. La estación de la avenida Ramón y Cajal midió 364 microgramos. El que sí se activó fue el nivel de preaviso, pero es de carácter interno de la Administración municipal.


* El País - ELENA G. SEVILLANO / RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 05/10/2011
Foto: Madrid, contaminacion_ciudad, 4 torres- elpais

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