15 O - Toma la calle! (movilización internacional)



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Chiclana.- El complejo urbanismo en su laberinto

ANDALUCÍAINFORMACIÓN/Cádiz* : Profesionales de la construcción están de acuerdo mayoritariamente en una cosa. El Gobierno municipal que se ha encontrado con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) anulado podría haberse cruzado de brazos y dedicarse a reprocharle a los anteriores gestores lo ocurrido, que es de una gravedad política extrema. Mucho más por cuanto hay caldo de cultivo para que los ánimos se encrespen por los problemas que las normas o la ausencia de ellas durante años -cuando no los incumplientos de unos y el poco celo por hacerlas cumplir de otros- están acarreando en tiempo electoral. Sin contar con las tragedias que están desencadenando en muchas familias.
También reconocen que a raíz de conocerse la sentencia (la filtración, aunque muchos la tienen en sus manos) se ha actuado con demasiada profusión por parte del Consistorio en la toma de decisiones que afectan al Planeamiento y a ciertos proyectos que suponen carga de trabajo para el sector, aunque los grandes proyectos se hayan quedado parados a la espera de acontecimientos.

No obstante, defienden -porque va en ello sus intereses y aquí los intereses están en el argumentario de todas las partes en conflicto-, que la actitud “positivista” del Gobierno municipal concediendo licencias antes de que la anulación del PGOU llegue oficialmente al Ayuntamiento, supone que la actividad no se paralice por completo y haya “trabajo en la calle para los que vivimos del ladrillo, que somos muchos”.

La sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de este año no ha entrado oficialmente en el Ayuntamiento, por lo que sigue en vigor el PGOU aprobado. El Gobierno ha seguido aprobando proyectos y sancionando amparados en la LOUA o las NNSS. No sería la primera vez que llegado el caso se diera por buena la fecha de emisión de la sentencia, antes que la de la recepción de la misma. Sobre todo si las demandas de perjudicados demuestran el uso de normas de distintas vigencias en procedimiento similares incoados desde el Ayuntamiento y en el mismo periodo de tiempo.

En contra
Esta actitud del Gobierno municipal, sin embargo, no es entendida por otras partes en conflicto que ven ese “positivismo” al que aluden los profesionales de la construcción -se habla de arquitectos y peritos consultados por este periódico- como una falta de criterio a la hora de actuar que puede dar lugar a actuaciones discriminatorias.

La AVV Las Lagunas ya ha dejado claras sus dudas sobre la forma de actuar del Gobierno municipal que hace caso omiso a la sentencia del 31 de mayo por la que el Tribunal Supremo anula el PGOU, aunque la Junta de Andalucía permita ese camino intermedio -más largo de lo que se creen algunos- a través del mecanismo de las llamadas Normas Transitorias Urbanísticas en tanto se aprueba un nuevo Plan General.

Para esta entidad, el problema es el “mar de dudas” en que está sumida la ciudadanía afectada por procesos urbanísticos de cualquier tipo que ve cómo unas veces las decisiones se toman amparándose en las Normas Subsidiarias de 1987 y otras en el PGOU anulado, pero cuya anulación no es reconocida por el Ayuntamiento.

El problema que ve esta asociación no es sólo el que se derive a título particular sobre los destinatarios de las decisiones, sino algo más importante para el conjunto de la ciudad. Este “auténtico embrollo resta toda seguridad jurídica a cualquier inversor y provoca un agravio comparativo entre actos sancionados y actos permitidos, ambos amparándose en la misma legalidad”.

Es ahí cuando salen a relucir hechos pasados sobre actuaciones municipales. “¿Cómo se atrevieron los ediles del PP en 2007 a remitir a la Fiscalía 1.717 expedientes con sanciones urbanísticas y ahora son ellos mismos los que precisamente se obstinan en incumplir la legalidad urbanística, en este caso, la mencionada Sentencia del Tribunal Supremo? ¿Deberían los ediles del Gobierno Local comparecer ante la Fiscalía y declararse infractores?”, dicen desde la AVV La Laguna, obviando el argumento que, por contra, utiliza el Gobierno local para mantener la actividad urbanística.

Más en contra
Por los mismos derroteros se mueve el Partido Vecinal Regionalista (PVRE) que cuenta con dos representantes en el Ayuntamiento fruto, precisamente, de la fuerza que tienen las entidades formadas para plantarle cara a las administraciones y conseguir una solución de borrón y cuenta nueva que no llegó a conseguir aquella Plataforma de la que se desgajaron.

El PVRE ya anunció que el próximo Plan General deberá ser consensuado con todos los partidos políticos y Federaciones, de lo contrario, este equipo de gobierno, se encontrará con una oposición total, pues serían muchos los afectados, algo en lo que también incide la La Laguna amparándose en artículo 6 de la LOUA en el que se habla de participación ciudadana.

Además, y lo más grave para PVRE, es que se corre el riesgo “de ir a un cuarto Plan General no aprobado”, por lo que debe haber consenso total, previo estudio real de la situación urbanística de Chiclana”. Una realidad extremadamente complicada.

“Mucho nos tememos que el camino que está tomando Urbanismo no es el idóneo, creemos que peor que no hacer nada, es engañar y, mucho peor, las dos cosas”, dice el Partido Vecinal, que considera primordial que se conozca cuál será el futuro de Los Llanos, Pago Melilla y otras zonas pobladas de Chiclana y que al día de hoy siguen hasta sin luz eléctrica, amén de las que están apercibidas de fuertes multas o la demolición en caso de no pagar.

En ese frente -el de los 1.700 expedientes- está la Asociación de Vecinos Afectados por las Sanciones Urbanísticas, ya en periodo ejecutivo y algunas de las cuales suponen cuantías que van desde los 800.000 a los 300.000 euros. Son concientes de que tienen que hacer frente a las sanciones pertinentes, lo que no entienden es qué criterios se han aplicado en cada caso.

La cuantía, además, es inasumible para la mayoría a los que irán llegando los requerimientos, por lo que han decidido pasar a la acción y convocar una concentración ante el Ayuntamiento el martes 18 a las 11.30 horas.
Desde el Ayuntamiento han respondido que no tienen margen para actuar porque la tipificación y cuantía de las infracciones las dicta la Junta. Desde la Asociación dice que fue el Ayuntamiento el que incoó tales expedientes en el año 2007, por lo que no se creen los argumentos del delegado municipal de Urbanismo, Andrés Núñez.

No habrá nuevo PGOU de aquí a dos o tres años
Al día de hoy y mientras no quede notificada por cauce legal la sentencia del Tribunal Supremo, el PGOU de Chiclana sigue -supuestamente- estando en vigor.

Una vez que llegue la sentencia, las Normas Subsidiarias de1987 volverán a estar en vigor pero tendrán que ser adaptadas a la LOUA,que incluye, entre otras, la obligacion de dotar a los suelos con al menos el 30 por ciento de viviendas protegidas.

Sin embargo, ésta sí que debe de ser una situación “transitoria”, por cuanto esta adaptación seguiría los cauces de aprobaciones parecidos a los de un PGOU, que pueden ser varios años, por lo que puede ser mejor y más rapido aprobar la revisión del PGOU en marcha cuya aprobación inicial se espera para diciembre.

Mientras se espera que la nueva revisión del PGOU se apruebe inicialmente, provicionalmente y definitivamente -lo que no ocurrirá antes de tres años, siendo muy optimistas- es necesario un documento transitorio, que es el que está redactando la Junta de Andalucía.

Este documento no podrá suplir un PGOU completo, “aunque si los técnicos de la junta se quisieran ‘mojar mas’, casi que sí podría ser muy completo”, dicen arquitectos consultados por este periódico.

Lo que se teme, sin embargo, es que se quede en establecer las normas para el suelo urbano consolidado; es decir, a aquellos suelos que tengan la urbanizacion terminada y dispongan de todos los servicios y suministros, y no a los no consolidados, que son los que incluyen las parcelas de todas estas asociaciones que piden claridad y celeridad. Éstas, seguramente, tendrán que esperar al nuevo PGOU.

Sin embargo para estos afectados por errores propios y ajenos puede ser una etapa ideal para intentar alegar en sus distintas aprobaciones y mejorar y abaratar su proceso urbanizador solicitando menos edificabilidad, parcelas mínimas a 500 metros cuadrados (hoy definidas en 1.000 y 2.000 metros cuadrados) , viales menos anchos, exigir menos zonas verdes y más equipamientos...

Un proceso de negociaciones largo si se pretende un correcta participacion ciudadana, como señala la LOUA y piden tanto asociaciones como el PVRE. Pero que deja fuera a ese otro colectivo en conflicto que está a la espera de que las máquinas se lleven por delante sus viviendas si no pagan las astronómicas cifras de las sanciones.

Estas lluvias traen estos lodos
El último frente que se le ha abierto al delegado de Urbanismo de Chiclana, Andrés Núñez, se localiza en Las Mogarizas, Las Galindas y las Rapaces, tres urbanizaciones a cuyos propietarios se les reclama unos dos millones de euros sobre el coste que ya abonaron por las obras de urbanización hace un decenio, que además fueron denunciadas por estar mal hechas y obligado el Ayuntamiento a indemnizar a los vecinos .

Para los afectados, los culpables son el Ayuntamiento y la empresa municipal Emsisa, enfrascados en un largo proceso con la concesionaria de las obras que ha terminado con un coste añadido a lo inicialmente pactado.

A eso se une el hecho de que la subida del valor catastral de los inmuebles apareje la subida de tasas, mientras que la crisis económica impide a algunos propietarios hacer frente a lo que ahora pide el Ayuntamiento. Sin olvidar los casos de propietarios que compraron unas viviendas libres de cargas y se encuentran una factura por debajo de la puerta.


Información - 13.10.11
Foto: Chiclana, desde Santa Ana - AI

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El rescate de las cajas: un expolio a los españoles

ROBERTO CENTENO* : En este mes de octubre, España está al borde de la catástrofe. Nos encontramos de nuevo en recesión, las oficinas de empleo registran casi 10.000 nuevos parados diarios y el déficit público tiene un descuadre histórico. Ángel Laborda, director de Coyuntura de FUNCAS, explicaba ayer que el déficit del primer semestre ha sido del 9,2% (un 53% más de lo previsto), pero dicho porcentaje no incluye agujeros aún ocultos de CCAA como Valencia, Murcia, Andalucía o del Ayuntamiento de Madrid, ni el nuevo expolio a los españoles que supone el rescate de unas cajas totalmente innecesarias. En total, un déficit público cercano al 11 % del PIB, es decir, un descuadre del 80%.
La consecuencia es que España necesita, desde enero, obtener mensualmente préstamos por 20.000 millones de euros para atender vencimientos y seguir gastando lo que no tenemos. De dicha cifra, 12.000 millones se destinan a vencimientos de deuda del Estado, 4.000 para necesidades de nuevo endeudamiento del Estado, más de 1.000 millones para vencimientos de deuda de autonomías y ayuntamientos y más de 2.000 para financiar sus déficits. Y, a esta situación insostenible, unos necios con poder (Gobierno, oposición y BdE) añaden el robo de los rescates.
Por ello, a nadie puede sorprender la decisión de Fitch de rebajar dos escalones el rating de España hasta AA- y su anuncio de nuevas rebajas. Ya en marzo, cuando cambió la perspectiva de los bonos a “negativa”, la agencia explicó que era debido a la debilidad de la recuperación–hoy ya recesión-, a las dificultades de conseguir el objetivo de déficit -sin conocer lo que iba a aparecer bajo las alfombras- y al coste de la reestructuración del sistema financiero. A ello debe sumarse su seria preocupación por el hecho de que nuestra deuda exterior neta (el 91 % del PIB) es una de las más altas del mundo. Sin embargo, como he venido sosteniendo en esta columna, Fitch concluye que “la solución de la crisis de España es política”, es decir, no se arreglará hasta que liquidemos el Estado autonómico, económicamente ruinoso y corrupto hasta la médula.

El efecto inmediato más grave, aparte de encarecer nuestra deuda, es que muchos fondos de renta fija y de pensiones solo pueden invertir en deuda AA+ o superior, lo que significará ventas importantes de deuda española. Si después de esto alguien cree que los mercados van a seguir comprándonos 20.000 millones de euros mensuales de deuda para mantener el despilfarro es que está soñando.

Un ‘robo’ de 80.000 millones al pueblo español

Y, así las cosas, el Gobierno y el Banco de España ya no pueden ocultar que el sistema financiero hace aguas por todas partes. De momento, cuatro grupos de cajas quebradas han tenido que recibir por vía de urgencia para evitar su cierre 10.550 millones de euros entre liquidez y el robo legal del FROB. Solo es el principio. En el caso de la CAM, la cantidad recibida alcanza los 3.000 millones de euros (de nuestro dinero) para garantizar su liquidez. La entidad se ha fundido 1.000 en diez días y ha dedicado 2.800 millones de fondos públicos a garantizar su solvencia. Además, el Estado se compromete a cubrir el agujero potencial hasta 18.000 millones. Ya sabemos cómo calcula el BdE los agujeros potenciales.

En el caso de CCM, el gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez aseguró que la intervención no costaría un céntimo a los contribuyentes. Al final serían 6.000 millones más la mitad del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), cuyo fin era avalar el ahorro de los españoles. Los insensatos del BdE devolvieron el dinero íntegro a los bonistas sin quita alguna y cubrieron deudas y vencimientos, algo que nunca sucede en una quiebra.

Esta es la clave: ¿en nombre de qué van a expoliar a los españoles decenas de miles de millones para reflotar unas cajas completamente innecesarias? A finales de los años 70, Mariano Rubio, el último gran gobernador del BdE, envió 51 bancos inviables al FGD, donde sus activos fueron liquidados y sus acreedores, bonistas y similares tuvieron que asumir las pérdidas de su avaricia y su insensatez. No se le ocurrió reflotarlos con el dinero de todos los españoles. ¿Qué derecho tienen José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y el gobernador a obligarnos a asumir las pérdidas de unos irresponsables? Lo ocurrido supone una tropelía inaudita. Si la gente fuera consciente se manifestaría en masa ante el BdE para pedir la cabeza de los responsables. Nuestro país ya no es un Estado de derecho, es una monarquía bolivariana donde no existen garantías jurídicas, solo la corrupción y la necedad de la casta política.

Estas cajas deberían ser cerradas y sus responsables procesados, porque los delitos que se intuyen no solo implican un grave incumplimiento de sus responsabilidades. ¿Vamos a creer que en los préstamos multimillonarios concedidos sin garantías adecuadas, saltándose todos los procedimientos y por los que ahora reciben indemnizaciones escandalosas, no hubo carros y carretas por debajo de la mesa?, ¿o en el aparcamiento de una gasolinera?

Malos augurios en la operación Popular-Pastor

El agujero potencial en los cuatro grupos de cajas intervenidos puede superar los 80.000 millones de euros y ser únicamente el principio, dado que otras cajas y parte de los bancos son inviables, por lo que necesitarán recapitalizaciones de caballo. La operación del Popular y el Pastor, uno en dificultades y el otro inviable, no augura nada bueno y plantea una nueva cuestión: ¿cuánto nos acabará costando esta nueva idea del BdE? Todo lo ideado anteriormente por su gobernador ha acabado en ruina para los españoles. ¿Cuándo van a devolver los miles de millones del FROB las cajas convertidas en bancos?, ¿o es qué sus dirigentes van a cobrar los entre 2 y 5 millones que se han asignado sin devolver un céntimo de nuestro dinero?

Si tenemos en cuenta el conjunto del sistema, no estamos hablando de un rescate de 80.000 millones sino probablemente de 150 o 200.000 millones (Moody´s estimaba en marzo 120.000 millones en un escenario adverso pero que ya ha sido ampliamente superado). Por otra parte, ¿qué sucede con los 89.000 millones avalados por el Tesoro de la gigantesca deuda exterior, que en lugar de bajar crece y se acerca ya a los 800.000 millones? La mayoría no podrá pagar, lo que significa que será el Estado quien tendrá que hacerlo. Un dinero que ya no tiene, por eso si el BCE no refinancia al sector financiero de forma masiva éste supondrá, junto con las autonomías, nuestra ruina.

¡Ojo con sus ahorros!

Ahora, volvamos al principio. España necesita 20.000 millones de euros mensuales para sobrevivir y todas las medidas de austeridad anunciadas por el PP -porque Rubalcaba ha enloquecido y asegura que va a gastar más- y las que supuestamente ya ha puesto en marcha en varias CCAA son del todo insuficientes. En 2012, y en los años posteriores, seguiremos gastando más de lo que ingresamos. Eso ya no es posible. Y da la sensación de que la clase política no es consciente de lo que tenemos encima.

España está de nuevo en recesión y el paro se acelera. La cifra de incremento en septiembre ha doblado a la del pasado año y es la mayor desde que existen series estadísticas, es decir, desde hace 50 años. En octubre se están registrando hasta 10.000 nuevos parados diarios. Todo ello afecta en forma directa a 8,6 millones de pensionistas, dado que la afiliación a la Seguridad Social ha caído en solo dos meses en 200.000 cotizantes. ¿Cómo puede prometer Rajoy que no bajará las pensiones y que mantendrá su poder adquisitivo? Claro que Rubalcaba afirma que las subirá. Están engañando a la gente de forma miserable cuando saben que o se liquida ya el Estado Autonómico o esto no se sostiene. A los jubilados tendrán que bajarles la pensión en los próximos meses un mínimo de un 9% para no quebrar, y hasta un 40% en tres o cuatro años, según demuestran todos los estudios actuariales.

¿Y qué pueden hacer ustedes? Para empezar, pueden votar a aquellos partidos que llevan en su programa la supresión del Estado Autonómico (y la supresión del concierto vasco). No podrán quejarse después si no actúan. España ni puede seguir gastando lo que no tenemos, ni salvar al sistema financiero. Ya no hay dinero. Por tanto, ¡ojo con sus ahorros! Olvídense de la protección de 100.000 euros porque el dinero del FGD para garantizarlo se lo han fundido íntegro en los rescates de cajas. El Estado ya no tiene liquidez para garantizar ni el 10% de los 2,2 billones en depósitos.

Y para aquellos que tengan 100.000 euros o más, la mejor protección es la que están ofreciendo algunos de nuestros grandes bancos en sus sucursales del exterior. Se trata de algo absolutamente legal, nada nuevo bajo el sol, pero los buenos clientes lo están utilizando de forma creciente desde agosto. En todo caso, no se anden con medias tintas. La situación económica es tan seria que el peor escenario es ya posible. Por ello, repito, ¡ojo con sus ahorros! Pónganlos a salvo en las entidades más solventes, porque nadie sensato puede poner en riesgo su patrimonio y los ahorros de toda una vida.

* Cotizalia - Opinión - 10.10.11

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Los indignados convocan marchas en 60 ciudades de España y en 45 países más

ElPAÍS* : "Disculpen las molestias, esto es una revolución”. Así empieza el vídeo con el que el movimiento de los indignados llama a tomar este sábado, día 15, plazas y calles repartidos por todo el planeta. Habrá manifestaciones en Madrid (varias columnas que saldrán de barrios y confluirán a las seis de la tarde en la plaza de Cibeles) y en Barcelona (cinco de la tarde, plaza de Catalunya). Y en Elda (Alicante), en Gran Canaria, en Ourense... y otras 60 ciudades y pueblos españoles. Y en Tijuana (México), Anchorage (Alaska, EEUU), Hong Kong (China), Johanesburgo (Suráfrica)... Ya se han convocado 350 protestas en al menos 45 países de los cinco continentes. Un mapa al que se van sumando manifestaciones; todas bajo el lema, "Unidos por un cambio global". El objetivo es mandar un mensaje contundente a los políticos y a las élites financieras: "Los poderes establecidos actúan en beneficio de unos pocos, desoyendo la voluntad de la gran mayoría, sin importarles los costes humanos o ecológicos que tengamos que pagar. Hay que poner fin a esta intolerable situación", explica el manifiesto de la convocatoria global (traducido a 18 lenguas, del japonés al hebreo). Los movilizados prometen seguir manifestándose pacíficamente, debatiendo y organizándose hasta lograr el cambio global que persiguen.

Es una convocatoria que nació en España. Los activistas del 15-M anunciaron antes del verano que harían una convocatoria europea en otoño. Buscaron en un calendario qué días 15 caían en fin de semana. Y eligieron el 15O. Poco a poco, la convocatoria fue creciendo hasta abarcar medio mundo. "Es el arranque del curso y, ante la cercanía de las elecciones [generales del 20-N], queremos recordarles a los partidos que el 15-M sigue vigente", explica el portavoz de Democracia Real Ya -uno de los grupos integrantes del movimiento indignado- Jon Aguirre Such. "Queremos que sirva también para relanzar las asambleas de barrio", añade. El verano las hizo languidecer -"la afluencia disminuyó", concede Aguirre- pero, recalca, se siguen celebrando reuniones en los barrios en las que se debate y reflexiona sobre economía, medio ambiente, etcétera. En la de su barrio, Chamberí, en Madrid, el fin de semana pasado reflexionaron sobre los lemas de la marcha del 15O. Paralelamente, inspirados en las revueltas árabes y el 15-M español, los indignados se han hecho oír en Israel, en Chile, en Estados Unidos y en Bruselas.

Detalla Aguirre que las manifestaciones son contra los cuatro poderes: el financiero (incluidos los paraísos fiscales, la banca y las agencias de calificación), el político (los dirigentes aislados de la gente), el militar (los ejércitos y la OTAN) y el mediático (grandes grupos y censores de Internet).

A los que busquen lemas, un líder... cualquiera de los referentes clásicos de las movilizaciones tradicionales, los organizadores de la protesta mundial (una enorme masa amorfa que se coordina con asombrosa eficacia por Internet) les dicen: "Si te preguntan, ¿quién está detrás de esto? Respóndeles, yo". Centenares de personas están contando en las redes sociales sus motivos para echarse a la calle el sábado bajo la etiqueta #soy15O (con O de octubre): "Porque no quiero ser rico, simplemente llegar a viejo para disfrutar de los míos, y de un planeta limpio y sostenible", escribe Ro; "Porque quiero trabajo, no caridad", dice Daniel Afonso. "No somos ni de izquierdas ni de derechas, somos los de abajo y vamos a por los de arriba", afirma Irene Sánchez.

El movimiento 15-M ha colgado en Internet un completísimo kit para que las marchas del sábado 15O sean un éxito: incluye información, propuestas para sensibilizar ("Habla con tus amigos, vecinas, compas de curro o cola del paro… Cuéntales por qué es importante salir a la calle, por qué no nos representan y por qué no debemos pagar esta crisis") y para contar el evento en Internet. Los convocantes han invitado al escritor José Luis Sampedro y a Federico Mayor Zaragoza, ex director de la Unesco, a explicar en sendos vídeos los motivos para tomar el mundo el 15O "presencial o virtualmente".


* El País - NAIARA GALARRAGA Madrid - 10 OCT 2011

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Las huertas de Benimaclet

JOSÉ ALBELDA/Valencia* : Todos hemos visto en las dos últimas décadas cómo ha ido dibujándose un horizonte de eriales y escombreras en la periferia de nuestros pueblos y ciudades, donde antes crecían naranjos y huertas feraces. Son los paisajes del capitalismo, testimonio del afán especulativo de constructores y entidades bancarias que promovieron PAIs ahora congelados, acumulando desechos a la espera de no se sabe qué recuperación económica, desde luego no precisamente cercana.
Pero las crisis siempre han espoleado la creatividad ciudadana, animando iniciativas como el ilusionante proyecto de huertos urbanos que ha promovido la Asociación de Vecinos de Benimaclet, en respuesta al deseo colectivo de recuperar el vínculo con nuestra querida huerta que nunca debió de ser destruida. Una iniciativa que propone restaurar la belleza y la biodiversidad en una zona de 4.000 metros cuadrados, siguiendo el ejemplo de ciudades europeas como Berlín y muchos otros municipios de nuestra geografía que han hecho una decidida apuesta por la sostenibilidad, la recuperación del paisaje cultural y las iniciativas de autoconsumo. En esa misma línea crece este proyecto iniciado hace ya un año, contando con el apoyo de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, que ha autorizado la utilización de los ramales de agua para riego, así como con el seguimiento de diversos grupos de la Universidad Politécnica, por sus valores de cohesión social y recuperación urbanística y medioambiental.

Sin embargo, la entidad bancaria propietaria de los terrenos que llevan acumulando escombros desde 1994 hasta la fecha, se opone a que un grupo de vecinos de lo más diverso, entre los que se encuentran parados, jubilados y también colegios públicos y asociaciones culturales, recuperen un trozo de huerta que fue destruida al promover el citado PAI que nunca llegó a ejecutarse. Y eso que la asociación se compromete bajo contrato a ocupar sólo una parte del espacio que luego se convertirá en un parque urbano, sin interferir en la zona de construcción de las posibles futuras viviendas. Ante este tipo de actitudes, da la triste sensación de que las entidades bancarias no sólo han contribuido a deteriorar nuestra huerta y nuestra economía, sino que se han propuesto también destruir la esperanza.
El legítimo derecho de un barrio a recuperar sus raíces, su paisaje, su ilusión. No es, sin embargo, de recibo que una zona periurbana colindante al restaurado barrio de Benimaclet pueda quedar degradada sine die a la espera de mejores tiempos para el ladrillo. A su vez, la entidad debería comprender cuál es la actual imagen pública de los bancos, y la necesidad de gestos de apoyo a una sociedad que ha sufrido sus excesos y equilibrado sus balances. La disyuntiva es clara: facilitar la recuperación colectiva del entorno o empecinarse en su degradación y abandono. En esta tesitura, el BBVA debería no sólo permitir, sino apoyar estas iniciativas ciudadanas que son pura esperanza ante un mundo de inmovilidad y retraimiento, tomando a una decisión que, a la postre, va a definir con claridad su perfil ético.
Por lo demás, cabe distinguir entre lo que es legal y lo que es legítimo, y que un grupo de vecinos y asociaciones quieran recuperar un pedazo de huerta tras más de quince años de abandono, fruto de la fracasada especulación con la tierra, eso, les aseguro, es de lo más legítimo. E impedirlo podrá ser legal, pero no justo ni socialmente defendible.

* Levante - Opinión - 8.10.11

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