Reus.- Otro aeropuerto sin aviones

ELPAÍS/Tarragona* : La marcha de la aerolínea irlandesa Ryanair del aeropuerto de Reus a partir del 6 de noviembre y hasta el mes de abril supondrá que un total de 88 trabajadores se quedarán en el paro directamente, aunque los empleos indirectos relacionados ascenderán hasta los 300, según fuentes sindicales del aeródromo. Reus queda durante cinco meses en manos de los vuelos privados, el Aeroclub de Reus, el Centro de Estudios Superiores de la Aviación (Cesda) o la base que Salvamento Marítimo posee en el aeródromo, pero sin vuelos comerciales. El año pasado, en estas mismas fechas, contaba con 9 destinos, 28 rutas y 54 operaciones semanales, un 11 por ciento menos que en 2009. La marcha dejará este invierno a la Costa Dorada sin 75.000 pasajeros que habitualmente se desplazaban a esta zona en avión, lo que aumentará la estacionalidad del aeropuerto de Reus, con una proporción de viajeros de 8 en verano por 1,2 en invierno.

AENA asegura que negocia con 13 aerolíneas la sustitución de Ryanair tras su anuncio de no operar en invierno si no recibe más de esos 3,5 millones anuales que ya percibe. Los contactos están centrados en alguna gran aerolínea rusa por la pujanza mostrada este año por el turismo de este país en la Costa Dorada. Por su parte, el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, ha recriminado a AENA que no haya hecho "ningún gesto para ayudar" en las negociaciones con Ryanair para asegurar la continuidad de la aerolínea en Girona, Reus y Lleida.

El aeropuerto de Reus es hoy un erial sin apenas movimiento después de que este pasado fin de semana dejaran de operar los últimos vuelos comerciales programados por la aerolínea irlandesa, que sólo ha mantenido para esta semana sus tres rutas a Dublín del jueves y el fin de semana, por lo que el 6 de noviembre la soledad reinará en sus instalaciones.

Después de que ayer la compañía chárter Thomas Cook operara sus últimos vuelos a Newcastle y Manchester (Reino Unido), y tras la marcha de Ryanair hasta finales de marzo -si se cumplen las previsiones-, se ven afectados 60 empleados de tierra de Lesma Handling -los 20 fijos, con el compromiso de readmisión si vuelve Ryanair-, pero también una treintena más de otras empresas de servicios que tienen sus instalaciones en el aeropuerto. Por ello, estas fuentes sindicales cifran en unos 300 los trabajadores afectados si a los del aeropuerto se suma el personal de hoteles, restaurantes y zonas de ocio.

Por su parte, la Generalitat mantendrá vigente el convenio firmado con la compañía de bajo coste Ryanair mientras ésta opere la mitad de los vuelos previstos en el contrato, aunque le pagará según el número de operaciones, y dedicará los 3,5 millones de euros anuales que recibía la aerolínea irlandesa a intentar buscar nuevos clientes. Así, el grupo de trabajo del Aeropuerto de Reus se ha transformado en la Mesa Estratégica para el Impulso del Aeropuerto de Reus ha acordado reunirse con AENA tras las elecciones del 20N para que baje las tasas en el aeródromo del Baix Camp.


* El País - 31.10.11
Foto: Aeropuerto de Reus (Tarragona).- JOSEP LLUÍS SELLART - elpais

.................................... Leer más...

Vigo.- El juez multará al alcalde si no derriba la urbanización Pastora

ATLÁNTICO* : Una resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia aceptó un escrito instando a la ejecución de la sentencia. Da quince días al Concello para cumplir.
Más problemas urbanísticos para el ayuntamiento vigués, de nuevo por un asunto que lleva sin resolverse desde hace más de diez años. En este caso se trata de la urbanización Pastora, situada en las inmediaciones del pazo y compuesta por tres volúmenes con cientos de viviendas afectadas: la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) emitió una resolución con fecha 24 de octubre en la que insta a los responsables muncipales -el alcalde y la concejala de Urbanismo, Carmela Silva- a cumplir la ejecución de la sentencia firme. Un fallo que implica el derribo de lo ilegalmente construido en el ámbito de la Unidad de Ejecución III-05 Pastora. El juez advierte a alcalde y concejala con las consecuencias de incumplir esta resolución. La primera, una multad coercitiva.

De forma expresa, el tribunal gallego requiere al Ayuntamiento de Viog 'para que cumpla las declaraciones contenidas en la sentencia dictada en abril de 2000' tras el recurso contencioso presentado por el vigués Eduardo Canabal, que logró que el Tribunal de Galicia anulara el proyecto, lo que conlleva que también decaen las licencias concedidas.
En segundo lugar, el TSXG requiere al Concello de Vigo para que en el plazo de 15 días desde la notificación de la resolución -que acaba de llegar a manos municipales- remita a la Sala de lo Contencioso copia de los practicado en cumplimiento de la sentencia. Por último, y más importante, el juez advierte de que si no se cumple el fallo en el plazo señalado se adoptarían otras medidas, 'singularmente la imposición de una multa coercitiva, sin perjuicio de deducir en su momento testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiese corresponder'.

Difícil encaje en el pgom, complicada legalización

El Concello, al amparo del Plan de Urbanismo (PGOM) de 2008, ha conseguido legalizar varias edificaciones condenadas por los jueces, pero no todas. De momento, suma las torres de García Barbón, el bloque de viviendas de Jacinto Benavente y más recientemente los chalés de Canido-Porto. En el caso de la Pastora hay dificultades para encajar el volumen desarrollado -objeto del recurso y la sentencia, por considerarse excesivo- con su entorno, lo que ha llevado a que el asunto se alargue y haya continuado en manos del Tribunal de Galicia. Aunque el derribo continúa siendo una posibilidad, parece casi imposible que se produzca. Sí podría ser parcial en la Colina de Castrelos y en Churruca 3-5. Quedan los aparthoteles de Samil, todavía sin legalizar, y Finca do Conde, donde el alcalde busca sacar tajada electoral.


* Atlántico - 3.11.11
Foto: Los edificios de la urbanización Pastora, en las proximidades de Castrelos.- atlantico

.................................... Leer más...

Málaga.- El ladrillo deja tras de sí 11 alcaldes condenados y 19 pendientes de juicio

MALAGAHOY* : Los tribunales tienden a inhabilitar a los acusados e imponerles pena de multa, a lo sumo condenan a un año de prisión.
El alcalde de Colmenar, Pedro Fernández (PSOE), se sentará en el banquillo el próximo 3 de noviembre por un delito contra la ordenación del territorio. El 28 de noviembre será de nuevo juzgado por otra causa similar. El 20 de octubre el Juzgado de lo Penal nº2 condenó al ex alcalde de Gaucín Francisco Corbacho (PA) por autorizar licencias para edificar en suelo no urbanizable. El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín (PP), y su concejal de Urbanismo están acusados en un juicio que comenzó el 22 de octubre y previsiblemente concluirá en enero por delitos relacionados con la gestión del territorio. Cuando termine esta vista oral podrá celebrarse la que se tuvo que suspender, entre otras causas porque la Fiscalía no da abasto, contra el alcalde de Tolox, Juan Vera (Convergencia Andaluza). El exalcalde de Ronda Antonio Marín Lara (PSOE) fue detenido el 27 de septiembre acusado de corrupción político urbanística. Mientras tanto, el juicio por el caso Malaya, por corrupción político urbanística en Marbella durante los tiempos del GIL, sigue celebrándose desde hace ya más de un año.

Además, el alcalde de La Viñuela, Juan Millán (PSOE), ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía para cumplir dos años y tres meses de cárcel por una docena de causas urbanísticas. Ha aceptado nueve meses por delito, beneficiándose del sistema que le permite cumplir el triple de la pena mayor, o sea 27 meses. A comienzos de octubre se comprometió a ingresar en la cárcel a partir del 6 de octubre aunque, por el momento, no se han tenido noticias de que se haya producido su ingreso en la prisión. El negocio del ladrillo se ha detenido, pero la cara oculta del boom vivido desde finales durante la última década pasa ahora factura a los alcaldes.

En enero de 2010 había cinco alcaldes condenados por delitos contra la ordenación del territorio. Desde entonces otros seis han sido inhabilitados para ejercer cargos públicos por periodos que oscilan entre los siete y nueve años en sentencias que además incluyen multas y excepcionalmente un año de prisión. En resumen, a estas alturas hay 11 alcaldes condenados: Benalmádena, Gaucín, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Carratraca, Cómpeta, Marbella, Ojén, Salares, Valle de Abdalajís y Viñuela. De ellos , cuatro pertenecen al PP (Canillas de Albaida, Cómpeta, Salares y Valle de Abdalajís), tres al PSOE (Canillas de Aceituno, Ojén y La Viñuela), uno al Partido Andalucista (Gaucín) y dos independientes (Julián Muñoz, GIL; y Enrique Bolín, GIB). En cualquier caso, las sentencias dictadas hasta la fecha indican que los tribunales tienden a apartar del ejercicio público a los regidores acusados de permitir por acción u omisión las edificaciones en suelo no urbanizable o protegido, en detrimento de la privación de libertad.

No obstante, en este periodo también han sido archivadas antes de llegar a juicio las causas por prevaricación urbanística que se seguían contra los alcaldes y ex alcaldes de Cártama (José Garrido, PSOE), Casares (Juan Sánchez, IU), Torrox (Francisco Muñoz, PSOE) y Estepona (David Valadez, PSOE), mientras que los tribunales han absuelto a regidores y ex regidores de Villanueva del Trabuco (Antonio Vegas, PSOE), Cártama (Leonor García Agua, PP) y Sayalonga (José Luis Navas, PSOE, que tiene otra causa pendiente). Sin embargo, todavía quedan 19 alcaldes imputados en procedimientos urbanísticos. La mayoría han sido acusados de conceder licencias para edificar en suelo no urbanizable en pequeños municipios y no tienen aparejados otros delitos que los vinculen a la corrupción política. La excepción son los de Marbella, Estepona, Manilva, Alcaucín, Alhaurín el Grande y Ronda en los que se sospecha que se han cobrado sobornos a cambio de decisiones relacionadas con el urbanismo.

Tan sólo en estos seis procedimientos hay imputadas cerca de 300 personas. Entre ellos destacan los 95 que son objeto de enjuiciamiento en Malaya (de ellos dos ya condenados tras un acuerdo de conformidad y otro absuelto) y los 20 que se sientan en el banquillo del caso Troya. Además, el caso Astapa contra la corrupción en Estepona, que todavía sigue en instrucción suma ya 99 acusados. También sigue abierto el caso Arcos en Alcaucín. La investigación se ha ampliado a las licencias expedidas en este Ayuntamiento durante la última década, de ahí que lacifra crezca esté en permanente aumento. Finalmente, el caso Acinipo en Ronda ha arrancado con siete sospechosos.


* Málaga Hoy - 30.10.11
Foto: Alhaurín el Grande, ayuntamiento (archivo) - J.Domínguez, EFE

.................................... Leer más...

Alicante.- El juez del caso Brugal cita a declarar como imputadas a otras siete personas

INFORMACIÓN* : El juez instructor de la pieza del caso Brugal por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante ha citado a declarar como imputadas a otras siete personas, quienes, a juicio del fiscal, son supuestamente responsables de delitos de aprovechamiento de información privilegiada y/o de participación en cohecho.
A través de un auto, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el titular del Juzgado de Instrucción nº5 de Alicante, Manrique Tejada, recuerda un informe de la Fiscalía Anticorrupción, en el que se hace constar una serie de delitos investigados en relación al PGOU y personas "supuestamente responsables" de los mismos.
Entre éstas, al margen de otras que ya han declarado, figuran siete personas, dos de ellas por supuestos delitos de participación en cohecho y aprovechamiento de secreto o información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, y las restantes sólo por este último delito.

Las dos primeras son el empresario Aurelio González y el consejero de la mercantil de este último, Vicente Pérez, mientras que las otras cinco son José Gregorio Bernabé, relacionado con la empresa Aligestión; el promotor Ramón Salvador, los empresarios Juan José Climent y José Francisco Javier León, y el exdirector general adjunto de Bancaja Juan Zurita.

El juez ha acordado la citación de José Gregorio Bernabé, Aurelio González y Ramón Salvador para el próximo 14 de noviembre, y el resto declarará siete días después.

La del planeamiento urbanístico de Alicante es una de la veintena de piezas separadas surgidas a raíz de la investigación inicial, que se centró en las supuestas irregularidades en la concesión del servicio de basuras de Orihuela y a partir de la que también después se descubrieron supuestas ilegalidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la comarca de la Vega Baja.

El fiscal Anticorrupción de Alicante cree que la alcaldesa de la capital, Sonia Castedo, del PP, debe ser imputada dentro de la operación "Brugal" del PGOU por beneficiar al constructor Enrique Ortiz, aunque ésta siempre ha negado las acusaciones de trato de favor.

El escrito de la acusación pública apunta a que Castedo facilitó "en gran cantidad de ocasiones" información privilegiada a Ortiz en relación al nuevo PGOU, producto de lo cual el planeamiento se diseñó "a la medida" del empresario en "aspectos relevantes".

Se refiere a "apaños" en las zonas urbanísticas "APA-9", "Lomas de Garbinet" y el estadio "Rico Pérez", y también a que la alcaldesa recibió "dádivas" del empresario, como el pago de unas vacaciones en Andorra, un viaje en yate a Ibiza, la compra de un coche Mini Cooper y la aceptación de empleo a personas de confianza de Castedo.

En esta causa, el fiscal también considera implicado a su antecesor en el cargo al frente del consistorio alicantino Luis Díaz Alperi por supuestamente haber dado trato de favor a Ortiz.

No obstante por su condición de diputados autonómicos en Les Corts Valencianes, Castedo y Díaz Alperi, ambos del PP, están aforados y, en principio, sólo podrían ser citados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Ya han declarado en este juzgado como imputados Ortiz -a quien los investigadores consideran el principal beneficiado-; su esposa, María Manuela Carratalá; el arquitecto Jesús Quesada, el empresario Bernardo Campos, los exdirectivos de Caja Mediterráneo y Bancaixa Daniel Gil y José Cortina, respectivamente, y los abogados José Luis Castedo -hermano de la alcaldesa-, Jorge Yacobi y Javier Gutiérrez.


* Información - EFE - 1.11.11
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi - adn

.................................... Leer más...

El 15-M desafía la prohibición y convoca asambleas en la Puerta del Sol

PÚBLICO/Madrid* : Poco les importa el imperativo de la Junta Electoral de Madrid, que ha prohibido las manifestaciones y concentraciones en la Puerta del Sol y otros lugares emblemáticos de la capital durante la campaña electoral. Los indignados se concentrarán el próximo viernes en la plaza donde estuvieron acampados durante casi un mes la pasada primavera.
Así lo decidieron el domingo en la asamblea general de Sol, donde se acordó, además, que ese día se lleven a cabo asambleas y debates electorales en la plaza. Sobre las 12 de la noche, los indignados emularán la pegada de carteles de los partidos tradicionales con una "pegada colectiva de carteles apartidistas". Aunque en la página web del movimiento hay ejemplos de carteles que pueden descargarse, los convocantes aseguran que confían en "la creatividad descentralizada" para producir pancartas originales.

"El objetivo es la reflexión ante la campaña electoral que se avecina y las restricciones en el uso de los espacios públicos, que quedan reservados para los partidos políticos, negando otras formas de organización y participación democráticas", se lee en un texto consensuado en la asamblea. Desde el movimiento, se denuncia que durante la próxima campaña los lugares reservados para la celebración de actos electorales y en los que, por tanto, estará vetado el ejercicio de manifestación son un 65% más que en la campaña de las autonómicas y municipales de mayo de 2011 y 45% más que en las generales de 2008.

Según los indignados, la acción del próximo viernes representa "la continuidad de la desobediencia civil colectiva" que ha caracterizado al movimiento desde su eclosión, el pasado 15 de mayo. Los convocantes dan la bienvenida a cualquier acción que promueva el debate "democrático y ciudadano" en el espacio público e invitan a comisiones, grupos de trabajo, asambleas y a cualquier otra persona a "dotar de contenidos" la jornada.

"Mala noticia"
El pasado viernes, la comisión de legal del 15-M de Sol, a través de un comunicado, calificó de "mala noticia" la restricción de la Junta Electoral. En el mismo texto, este grupo considera que "gran parte de la ciudadanía" ya ha asumido que el derecho a la participación política no se limita a ejercer el derecho a voto y ha optado por tomar calles y plazas para mostrar su indignación, sin que ello haya causado "especiales problemas de orden público".

En este sentido, estiman que la prohibición de la Junta Electoral convierte la campaña "en una especie de estado de excepción encubierto". Por ello, dicen esperar que la "sensatez" rija las posturas de representantes políticos y jurídicos para que se vean representados los derechos fundamentales de toda la ciudadanía.

Al mismo tiempo, la plataforma virtual de movilización ciudadana Oiga.me ha iniciado una campaña de envío masivo de emails de protesta, aunque "educados y tranquilos" matizan, a la Junta Electoral. Asimismo, centenares de ciudadanos expresaron durante la jornada de ayer su desacuerdo con esta decisión en Twitter bajo el hashtag #tururu.


* Público - ELENA HERRERA MADRID 01/11/2011
Foto: Imagen de una pancarta durante unas de las asambleas del Movimiento 15-M en Sol - público

.................................... Leer más...