"Han de imputar a los bancos, no a nosotros"

ELPAÍS/Barcelona* : Ocho de los ocupantes del edificio de Nou Barris han declarado esta mañana ante el juez como imputados por un presunto delito de usurpación. El fiscal ha pedido a los ocupantes que abandonen el edificio en el plazo de un mes. Dos de ellos, sin embargo, no viven allí, sino que acudieron para llevar comida y dar asistencia a las familias. Al salir del inmueble, fueron identificados por los Mossos d'Esquadra, que les entregaron una citación para declarar en el juzgado por la ocupación del 15-M. Esos dos vecinos han sido los primeros en declarar. "Vi la lista con las necesidades de las familias y quise ayudar", ha explicado a la salida Gonzalo Fernández, miembro de una plataforma vecinal. Fernández ha aclarado ante el juez que no es uno de los ocupantes y ha lamentado el error de identificarle como tal. "Deberían imputar a los bancos, no a nosotros".
Poco después ha expresado una idea similar Antonio Tallada, quien ha remarcado ante el juez que el edificio llevaba, al menos, cinco años vacío. Ambos han justificado la ocupación de Nou Barris por la carestía de la vivienda y han emplazado al juez a adoptar una decisión justa.

En total, viven en el edificio unas 11 familias, pero los Mossos d'Esquadra solo han podido identificar a ocho personas. El bloque se conoce como 15 de octubre, ya que fue ocupado ese día por miembros del movimiento de los indignados.

Por otra parte, el Movimiento 15-M tiene previsto hoy a las siete de la tarde regresar a la plaza de Catalunya e instalar allí un punto de información permanente. A las 22.30 exhibirán el documental Indignados. Del 15-M al 20-N, dirigido por Antoni Verdaguer. El movimiento debatirá si es necesario volver a acampar en la plaza.


* El País - JESÚS GARCÍA / REBECA CARRANCO Barcelona 4 NOV 2011
Foto: Jóvenes concentrados frente al edificio ocupado en la calle Almagro en el distrito de Nou Barris, en Barcelona, tras la manifestación.- elpais

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El Fiscal pide 11 años de prisión para el alcalde de San Vicente por las viviendas de La Argolla

EUROPAPRESS/Cantabria* : El Ministerio Fiscal pide 11 años de prisión por delitos contra la ordenación del territorio para el alcalde de San Vicente de la Barquera y presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), el 'popular' Julián Vélez; su teniente de Alcalde, Serafín Bada, el ex edil de Urbanismo, Ángel Chaves (elegido por Izquierda Unida, que gobernó en coalición con el PP tras una moción de censura y expulsado de esta formación) y el ex concejal de Medio Ambiente, Luis Martín Dávila.
A estas penas, se suman otros nueve años de inhabilitación para ejercer cargo público, por delitos de prevaricación urbanística, por su papel en la concesión de la licencia a una urbanización de 18 viviendas en la zona de La Argolla, dentro de los límites del Parque Natural de Oyambre.
El juicio se celebrará durante la semana que viene, del 7 al 10 de noviembre, en la Sección Tercera de la Audiencia de Cantabria.

La empresa Prado y Pernaza solicitó licencia de obra para construir 18 viviendas, garajes y trasteros en la carretera de La Argolla, un trámite que le fue concedido en octubre de 2006 por los cuatro acusados.

Según sostiene el Ministerio Fiscal en su escrito de calificaciones, los acusados permitieron ese trámite son recabar el necesario informe del Gobierno de Cantabria, y lo hicieron porque "eran conscientes" de que el informe no sería favorable a la construcción.

El emplazamiento, en concreto, era una zona de influencia del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de las Rías Occidentales y Dunas de Oyambre, y en la parte más litoral del parque, un área, por tanto, "con mayor fragilidad paisajística" a la que de hecho causó un "significativo impacto".

La petición del Ministerio Público también incluye la anulación del acuerdo y la consiguiente demolición de lo ilegalmente construido, a cargo de los acusados, con la reposición del suelo a su estado anterior, y con la responsabilidad civil subsidiaria --en caso de que estos no respondan-- del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.

La Fiscalía hace hincapié, además, en que Vélez fue diputado autonómico por el Partido Popular justo en el período en el que se modificaron, por ley, los límites del Parque de la Naturaleza de Oyambre.

Frente a esto, la defensa del Ayuntamiento de San Vicente considera que la acusación, ejercida por un particular, hace una "lectura parcial e interesada" de la legislación, ya que el suelo en que se edificaron las viviendas estaba calificado como Urbano.

El Ayuntamiento sostiene que el suelo no estaba afectado por la protección establecida en la Ley que declaró Oyambre como Parque Natural, y como luego recogieron las Normas Subsidiarias del municipio de 1983 y su posterior revisión de 1993 (en concreto, Suelo Urbano Residencial).

Pero además, alega que el trámite ante el Gobierno no era necesario, pues se enmarcaba dentro de la Ley del Parque Natural, lo que excluía el citado documento.

Y además se remite a la elaboración del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), instrumento urbanístico posterior, necesario para la gestión del Parque Natural, que aún no se ha aprobado, lo que lleva al Ayuntamiento a concluir la "ineficacia" de la declaración como Parque Natural.

También argumentaba que lo que se produjo fue movimiento de tierras y rehabilitación de edificios, en lugar de construcción nueva.

Y las defensas de los acusados descartan que los cuatro no se encargaron de la tramitación del expediente, por no ser de su competencia, de modo que se limitaron al voto a favor de una licencia con informe previo favorable.


* Europa Press - 4.11.11
Foto: San Vicente de la Barquera (Cantabria) - turismo

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C.Valenciana.- Los municipios podrán dedicar el dinero de la venta de su suelo a otras inversiones

LEVANTE* : La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente va a aprovechar la aprobación del decreto ley de actuaciones estratégicas (actuaciones de calado previstas en la Estrategia Territorial) para adelantar tres remiendos que afectan a la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y a la Ley de Vivienda. Se trata de varias modificaciones que son muy demandadas por los ayuntamientos y que no pueden esperar a que se apruebe el texto refundido de las leyes urbanísticas que prepara la conselleria, según explicó su titular Isabel Bonig tras el pleno del Consell.
Uno de los cambios legislativos afecta al Patrimonio Municipal de Suelo (PMS). A partir de ahora los ayuntamientos podrán destinar el dinero que obtengan de la venta de solares a «inversiones públicas» distintas a la vivienda de protección oficial (VPO). El detalle de esta medida se conocerá cuando se publique el decreto. Pero la consellera adelantó que en el concepto «inversión pública» incluirá necesidades municipales como «urbanizar una calle, construir un centro social, una residencia o un jardín».

El patrimonio municipal de suelo es una especie de caja fuerte local en la que los ayuntamientos están obligados, por ley, a ingresar los terrenos que obtienen en cada actuación urbanística (el conocido como 10% de aprovechamiento), las expropiaciones, las permutas o las cesiones de suelo. Además de los terrenos, también se ha de ingresar el dinero que obtenga un ayuntamiento por la venta de terrenos, el que se cobra en metálico por el 10% del aprovechamiento o, incluso, el importe de las sanciones urbanísticas. Todo este patrimonio debe destinarse a garantizar el derecho a una vivienda digna. Aunque ésta es la teoría prevista en la Ley Urbanística Valenciana (2005) y en la Ley del Suelo estatal (2007). Pero la realidad es que la caja fuerte del patrimonio municipal de suelo es el gran agujero negro de la financiación local. El Tribunal de Cuentas detectó en 2006 (en un informe publicado en 2009) que las tres capitales de provincia de la Comunitat Valenciana y seis de los municipios con más de 20.000 habitantes destinaron el 65% del suelo o dinero que recibieron de los planes urbanísticos a «fines no previstos en la ley como inversiones generales, gastos de personal, gastos corrientes o financieros». La Generalitat ya intentó regular este descontrol en 2003, con la creación del Registro Autonómico de Patrimonios Públicos Municipales de Suelo cuando Rafael Blasco dirigía la Conselleria de Territorio. La medida fue un fracaso por la dejadez municipal. En 2009 sólo 26 ayuntamientos declaraban tener suelo público (estaban obligados a registrarse los municipios con más de 10.000 habitantes). Y 235 ayuntamientos obligados a aportar los datos, como Valencia, Gandia o Xàtiva, no habían aportado ningún dato pese al boom urbanístico y la proliferación de PAI.

El nuevo decreto también se usará para otros cambios en la LUV que permitan «fraccionar las actuaciones urbanísticas para garantizar su viabilidad», flexibilizar las aportaciones de los promotores y regular la suspensión temporal de los programa de actuación integrada (PAI) con motivo de las crisis.

La Generalitat dice que tramitará los proyectos estratégicos singulares en un año
El pleno del Consell aprobó ayer el «decreto ley de medidas urgentes de impulso a la implantación de actuaciones territoriales estratégicas que tendrá una tramitación exprés e incentivos fiscales». La Conselleria de Territorio, que dirige Isabel Bonig, define en este decreto el concepto de proyectos estratégicos que incluye «las zonas logísticas, los complejos de turismo rural de calidad, las bodegas de diseño que promuevan el etnoturismo o el "oilturismo", proyectos urbanos ligados a la atracción de talentos o "talents hub", polígonos de servicios mancomunados o de cooperación entre empresarios, polígonos tecnológicos con "diseño de ciudad" o actuaciones muy singulares en primera línea de playa». Incluso se podría aplicar esta tramitación exprés al corredor mediterráneo. Bonig añadió que algunos inversores internacionales han propuesto cuatro o cinco proyectos estratégicos para la Comunitat Valenciana «con unos 500 millones de inversión que podrían crear 20.000 puestos de trabajo». Si hasta ahora algunos de estos proyectos podían tardar «hasta 8 años en tramitarse», la intención es reducir este proceso a sólo doce meses.


* Levante - 5.11.11
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com

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Juzgan al exalcalde de Colmenar (Málaga) por no perseguir el urbanismo ilegal en el municipio

MÁLAGAHOY* : El exalcalde de Colmenar Pedro Fernández (PSOE) se enfrentó ayer a uno de los primeros juicios que se celebran en Málaga por no perseguir los delitos contra la ordenación del territorio (prevaricación omisiva). La Fiscalía pide un año de cárcel y ocho de inhabilitación para Pedro Fernández por no impedir que un vecino levantara dos viviendas en una zona conocida como Los Rengles contando únicamente con un permiso para levantar una caseta de aperos.
El exalcalde explicó que el Ayuntamiento primero denegó el permiso de obras, pero volvió a solicitarlo para un tipo de nave que sí cumplía los requisitos de las normas urbanísticas.

Cuando supo en 2003 que la Guardia Civil había denunciado la edificación comunicó a la Subdelegación y a la Junta de Andalucía la existencia de la licencia y el expediente se archivó. Sin embargo, en 2009 la Guardia Civil volvió a denunciar al particular porque en la parcela había dos viviendas. En esa ocasión el Ayuntamiento abrió expedientes para sancionar y demoler lo construido. Pedro Fernández negó que hubiera tratado de dar amparo con la licencia para la nave agrícola a una construcción ilegal y que se hubiera desentendido de la vigilancia de la construcción. Indicó que sólo contaba para estas funciones con un único policía local, una arquitecta que a lo sumo acudía al Ayuntamiento dos días a la semana y un secretario de corporación a tiempo parcial.

El promotor, también acusado en este procedimiento, reconoció que había construido una casa de 140 metros, en la que también guardaba aperos, porque "no tenía donde vivir" y que años después edificó otra para sus padres, que habían enfermado.


* Málaga Hoy - 4.11.11
Foto: Colmenar (Málaga) - malagahoy.es

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La Puerta del Sol y la Plaça Catalunya vuelven a salir en el mapa electoral

DIAGONAL* : La Asamblea General de Sol decidió el domingo pasado "invitar a la ciudadanía" a acudir a la plaza para desobedecer la orden de la Junta Electoral de Madrid, que ha reservado más de un centenar de espacios públicos para la celebración de actos partidistas durante la campaña. Una semana después de difundir el listado ha aclarado que esos lugares sí podrán usarse para convocatorias ciudadanas fuera de los horarios previstos por los partidos, pero el 15M sigue adelante sin solicitar permisos administrativos.
La Acampada de Barcelona se ha unido a la protesta y también habrá concentración en la Plaça Catalunya a las 19h para protestar por los planes de la Junta Electoral. Lamentan que en Barcelona incluyen "la peregrina idea de instalar una pista de hielo" en ese punto emblemático.
La comisión de Legal de Sol emitió un comunicado que denuncia que se convierta la campaña electoral en "una especie de estado de excepción encubierto" y la "contradicción" de cerrar las plazas cuando "es el momento de que los partidos escuchen a la ciudadanía".

El programa de actividades en Sol arranca con una asamblea sobre organización y toma de decisiones de las asambleas populares de Madrid, continúa con debates y presentaciones sobre el funciomiento de las elecciones y finaliza animando a pegar carteles "no partidistas" y modificar los de los candidatos ("una persona, un edding").

Según informa Qué, fuentes policiales aseguran que habrá agentes de paisano desplegados en los accesos a la Puerta del Sol que controlarán la entrada y cachearán a personas "sospechosas". Estos controles selectivos ya tuvieron lugar para discernir entre ’indignados’ y turistas o peregrinos durante los días de agosto en los que la circulación por la plaza estuvo restringida con motivo de su desalojo y la Jornada Mundial de la Juventud.

Una prohibición ¿habitual?

Cumpliendo con Ley del Régimen Electoral General, las juntas electorales zonales reservan locales oficiales y lugares públicos para que los partidos dispongan de ellos durante la campaña. Tras la publicación del listado por parte de la Junta de Madrid, el periódico El Mundo anunció que la policía iba a "blindar Sol contra los indignados", lo que generó cierta contestación en internet. Una semana después, la Junta Electoral trata de calmar los ánimos explicando que es la medida que se toma en todas las elecciones, pero lo cierto es que, por orden del Ayuntamiento de Madrid, se han ampliado de 65 a 110 los puntos reservados respecto a las municipales de mayo.


* Diagonal - 4.11.11
Foto: Indignados 15M

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