Un juez cree que demoler El Algarrobico causaría daños irreparables a la promotora

ELPAÍS/Almería* : Otro nuevo conflicto en el laberinto judicial en torno al hotel construido en El Algarrobico, en el parque natural de Cabo de Gata. Un juez de lo Contencioso-administrativo ha rechazado ordenar la ejecución provisional de la sentencia que declara nula de pleno derecho la licencia municipal de obras del hotel de Azata del Sol en Carboneras (Almería). El auto considera que la demolición de lo construido "llevaría consigo perjuicios ciertamente irreparables e irreversibles" para la promotora del establecimiento. La decisión final sobre el hotel y su licencia está pendiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El juez deniega la solicitud que, en septiembre, fue presentada por los colectivos conservacionistas Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción. Con su demanda perseguían que el Ayuntamiento de Carboneras dictaminase a su vez la nulidad del acto administrativo en el que se aprobó la licencia de obras para, de este modo, eliminar cualquier "obstáculo legal" para acometer el derribo del inmueble de una veintena de plantas y 411 habitaciones.

Una docena de resoluciones judiciales apuntan que la construcción del edificio a 28 metros del mar no fue conforme a derecho. Entre ellas, una emitida en septiembre de 2008 por el mismo juez que paralizó las obras, apreciaba indicios de nulidad en la licencia por no haber tenido en cuenta ni el deslinde de 100 metros, ni que los suelos figuraban como protegidos. La sentencia fue recurrida por Consistorio y promotora ante el TSJA.

Este tribunal ya dictaminó que la zona en la que se levantó el polémico hotel -actualmente paralizado- estaba considerada ya como un "espacio natural protegido, no urbanizable" en el PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) del parque de 1994.


* El País - MARTA SOLER - Almería - 09/11/2011
Foto: Hotel construido en el paraje de El Algarrobico- J. ROJAS - elpais

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Con Jane Jacobs llegó el sentido común a las grandes ciudades

LAINFORMACIÓN* : 'Muerte y vida de las grandes ciudades' (Capitán Swing) supuso toda una revolución en la forma de concebir las grandes ciudades. En el libro Jane Jacobs hace una crítica feroz a la concepción de muchas como Boston, Chicago o Nueva York. 50 años después de su primera publicación el libro sigue de plena actualidad.
"Este libro es un ataque contra el actual urbanismo y la construccion humana", reza la propia introducción. 50 años después de la publicación de Vida y muerte de las grandes ciudades de Jane Jacobs, la editorial Capitan Swing ha vuelto a editar la obra y ya va por su segunda edición. La vigencia de los pensamientos y teorías de Jacobs es la principal baza para demostrar la revolución de sus ideas.
Divulgadora científica, teórica del urbanismo y activista político-social, Jane Jacobs hace en este manual una crítica a las prácticas llevadas a cabo en las grandes ciudades de Estados Unidos durante los años 50. "Mi ataque no se basa en objeciones nimias sobre los diferentes métodos de edificación ni en distinciones quisquillosas sobre los diseños de moda. Es más bien un ataque contra los principios y los fines que han modelado el moderno y ortodoxo urbanismo y la reconstrucción urbana", afirma la propia autora.

Jacobs establece cuestiones que hasta 1961 nadie había planteado a la hora de diseñar la estructura de una ciudad o de un barrio como la importancia de la relación de las personas con el espacio público o la primacía de la calle como aglutinador de la vida de los barrios. Jacobs repara en cosas corrientes y vulgares hasta el momento olvidadas por otros teóricos, centrados más en el ensayo y error, en el fracaso y el éxito.

La autora utiliza en su estudio del urbanismo datos como el nivel de delincuencia, las enfermedades o la mortalidad infantil. También lo que verdaderamente necesitan los ciudadanos sin utilizar un estándar. Habla de lo inútil que resulta planear la apariencia de una ciudad o especular sobre la mejor manera de darle una buena apariencia sin conocer antes su funcionamiento. Básicamente dota al urbanismo de sentido común.

Así, en la primera parte del libro hace una observación de lo cotidiano, de los acontecimientos más corrientes, en la segunda se centra más en el componente económico de las ciudades para examinar el comportamiento de la decadencia y la regeneración en una tercera.


* La Información - 05/11/2011 | Ylenia Álvarez
Foto: Jane Jacobs, urbanista - lainformación

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El Puerto.- Ecologistas, a favor del cumplimiento de las sentencias de demolición de ilegales

BAHÍADECÁDIZ* : Ecologistas en Acción ha mostrado su oposición y rechazo al reciente acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María favorable al indulto de cuatro constructores de viviendas ilegales y evitar así su demolición.
“Es lamentable que se tenga que recordar a los políticos que las leyes están para cumplirse y más cuando se trata de conductas gravísimas, que en ocasiones pueden incurrir en delitos tipificados en el Código Penal”, apostillan desde el colectivo verde.
“Si primero se prometió por parte del PSOE e IP legalizaciones a mansalva, después el PP, con el aplauso vergonzoso del Pleno, prometió que paralizaría las sanciones a los que han construido de forma ilegal en suelo no urbanizable, y ahora, de nuevo con el apoyo lamentable del Pleno (PP, PA e IP), solicita el indulto para evitar la demolición de varias viviendas ilegales. Todo menos cumplir la Ley, que obliga de forma taxativa a derribar las construcciones ilegales, y si no la derriba el propietario, a imponer multas coercitivas hasta que lo haga, y si no lo hace, demoler por la administración repercutiendo el coste en el propietario”, remarca Ecologistas en un comunicado remitido a Diario Bahía de Cádiz.

De este modo, se lamentan que en El Puerto “no se derriba nada, el Ayuntamiento no ha demolido ni una sola de las miles de viviendas ilegales, muchas con orden de demolición amparada por los tribunales”. Este convencimiento de impunidad “es el que ha provocado la proliferación de este cáncer que ha destruido parte de nuestro territorio e hipotecado de forma irreversible el ordenamiento de nuestro municipio”.

Ecologistas en Acción llama la atención de la irresponsabilidad que supone el anuncio tanto de la suspensión de sanciones como la de apoyo a indultos de demoliciones “ya que va a provocar una nueva avalancha de construcciones ilegales al saberse inmunes a los expedientes ya que a medio plazo se paralizarán o en todo caso las multas se descontarán de sus gastos de urbanización o en último término si se dicta sentencia de demolición, ésta no se llevará a cabo por la aplicación de un indulto”.

Esta asociación conservacionista tiene claro que la única arma eficaz contra esta lacra de la construcción ilegal es la aplicación estricta de la ley “con la demolición de lo construido e imposición de multas”. De hecho, estas medidas sancionadoras y el envío a Fiscalía de varios casos de construcciones irregulares “es lo que ha paralizado en parte en estos tres últimos años este fenómeno en El Puerto”.

CONTRAVIENE CASOS COMO EL DE LAS BEATILLAS

El concejal de Urbanismo, Diego Muñoz, explicó que en este caso se trata de una vivienda construida en la zona conocida como Hoyo 15, zona considerada en el documento de Aprobación Provisional III del PGOU como suelo urbano no consolidado, “lo que conlleva, en caso de que la Junta lo apruebe tal y como queda, su legalización tras el cumplimiento de los deberes urbanísticos que determina el plan”.

En la moción aprobada en el Pleno se explica que la sentencia fue dictada en aplicación de una determinada normativa, pero que ésta “es previsible que sea modificada al llegar la ejecución de la sentencia, por lo que si bien es cierto que la demolición sería totalmente posible, la realidad jurídico material devendrá en legal en el transcurso del procedimiento jurídico”.

A juicio de Ecologistas, este argumento para apoyar este indulto “es una medida que contraviene la doctrina del Tribunal Supremo en casos como el de Las Beatillas”. En el fallo judicial que ordena su derribo, rechazaba que la demolición sea una medida “desproporcionada” y consideraba que evitar el derribo supondría ratificar “una conducta dirigida a conseguir por la vía de los hechos consumados lo que jurídicamente es inviable”. También la Fiscalía de Medio Ambiente se ha posicionado en contra de condonar las casas ilegales por fomentar “el efecto llamada” sobre este tipo de delitos.

Y por si no estuviera claro cuales son las responsabilidades de las administraciones públicas, el Tribunal Constitucional ha fallado en casos similares que no se puede suspender la ejecución de una sentencia firme de derribo de una edificación ilegal por el mero hecho de que se vayan a acometer cambios en la normativa urbanística del municipio para regularizarlas. “Es una importante sentencia que sienta una jurisprudencia, y que afecta de forma sustancial a los miles de expedientes existentes contra viviendas ilegales en municipios de la provincia de Cádiz –sobre todo en El Puerto y en Chiclana-, y que los respectivos ayuntamientos pretenden paralizar en base a futuras legalizaciones. Ningún Ayuntamiento, ni ningún Tribunal, pueden platear estos indultos de viviendas ilegales con la excusa de que están pendientes de regularización por modificaciones en sus planeamientos municipales” insisten desde este colectivo.

Por último, Ecologistas en Acción ha requerido al Ayuntamiento portuense para que informe sobre los expedientes que se han abierto, multas impuestas así como órdenes de demolición dictadas en los últimos cuatro años bien de oficio o a instancia de las numerosas denuncias que han sido presentadas todo ello en cumplimiento de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).


* Bahía de Cádiz - 9.11.11
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), viviendas ilegales carretera Sanlúcar - diariodecadiz.com

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El juez del caso Emarsa imputa por estafa al exedil de Valencia J.C.Gimeno

LEVANTE* : El magistrado que instruye la causa sobre el saqueo en la depuradora de Pinedo ha abierto una nueva línea de investigación, esta vez con dos empresas de ingeniería que asesoraban a la extinta Emarsa. Para aclarar estas posibles irregularidades, el juez ha imputado al administrador único de estas firmas, el exconcejal del Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Gimeno, por presuntos delitos de estafa y falsificación documental. Además, en esta parte de la investigación también citará a declarar al exgerente de la depuradora de Pinedo Esteban Cuesta, al director financiero de la sociedad Enrique Arnal y al expresidente de Emarsa y alcalde de Manises, Enrique Crespo. Los tres ya imputados por diversos delitos en esta causa.
El juez, motivado por una ampliación de querella presentada por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), ve en los negocios de Gimeno presuntas irregularidades. Entre ellas duda de la autenticidad del contratos firmado entre su empresa, Instituto Empresa del Mediterráneo, y la depuradora. Considera que la facturación realizada podría ser ilegal, con el agravante que estos documentos falsos se habrían hecho en las propias dependencias de Emarsa con la consecuente connivencia de los directivos de Emarsa.

El magistrado recuerda en el auto que Gimeno fue encargado de gestión ambiental de Emarsa entre 1997 y 2004, «fecha en que percibió como finiquito la suma de 71.129 euros». «Apenas ocho días antes constituyó junto a su esposa, Instituto de Empresa, y fue nombrado administrador único de la sociedad», añade.
El instructor aprecia que antes de la inscripción de la empresa en el registro mercantil, Gimeno ya suscribió un contrato de arrendamientos con Emarsa por el que percibía 3.500 euros mensuales. Es decir, en días pasó de cobrar como asalariado a percibir una remuneración mensual como asesor externo, algo que hace dudar al magistrado sobre la autenticidad del contrato.

Demanda de Gimeno
Este compromiso fue rescindido unilateralmente por la Emshi cuando liquidó Emarsa. Por este motivo, Gimeno denuncio a la Emshi y le exige 360.000 euros. El juez cree, tras aportar datos y documentos, que con esta demanda el propio Gimeno podría estar cometiendo un hecho «constitutivo de un delito intentado de estafa agravada por la cuantía de la defraudación pretendida».
Por otra parte, en varias facturas del Instituto Empresa del Mediterráneo cobradas a Emarsa aparecen balances de tesorería de la depuradora de Pinedo en el reverso. Es decir, papel oficial de Emarsa en facturas de una empresa privada. Este hecho ha motivado al juez instructor a pensar que existe «un claro indicio de la falsificación de tales facturas, cuya mera apariencia, sin ser perito, induce ya a pensar que son inauténticas». «Es más, a la vista de los documentos aportados existen motivos bastantes para pensar que tal falsificación se hizo en las dependencias de la propia Emarsa», asegura el juez. El magistrado remitirá los documentos a la Brigada Provincial de la Policía Científica.
Así, concluye el juez instructor, «existen pues, motivos bastantes para creer que el señor Gimeno, por medio del Instituto de Empresa del Mediterráneo se concertó con otras personas ya imputadas en la presente causa –Crespo, Arnal y Cuesta– para obtener un beneficio ilícito a costa de la sociedad Emarsa».

Gimeno explicó ayer a Levante-EMV que tiene la conciencia «muy tranquila» y que todos los trabajos que sus empresas han facturado a la depuradora de Pinedo «están hechos». Además se mostró seguro de ganar la demanda interpuesta a la Emshi.

Concejal, diputado y trabajador de Emarsa
Juan Carlos Gimeno es un viejo conocido de la política valenciana. Empezó su carrera como concejal de Alianza Popular en el Ayuntamiento de Valencia en el año 1983, donde hizo trabajos de oposición al PSPV hasta el año 1991. Justamente ese año su partido, ya transformado en Partido Popular, gana las Elecciones Municipales en la capital del Turia y corona a Rita Barberá como alcaldesa.
Gimeno es nombrado tras esos comicios concejal en el Ayuntamiento de Paterna por el PP. Su experiencia la abre las puertas de la Diputación de Valencia donde es diputado provincial durante esa legislatura. Su trayectoria política se va diluyendo y en la legislatura 1995-1999 sólo es edil de la oposición en Paterna.
Durante esos años y con el PP controlando la entidad metropolitana entra a formar parte de la plantilla de la depuradora de Pinedo como encargado de gestión medioambiental, concretamente el 23 de septiembre de 1997.
Trabaja en Emarsa hasta el 21 de octubre de 2004, al poco tiempo de que el exalcalde pedáneo de Benimàmet, Esteban Cuesta, asumiera la gerencia. Al tiempo constituye varias empresas y fundaciones relacionadas con la consultoría medioambiental y se convierte en proveedor de la depuradora. Entre 2004 y 2010 factura a la planta de Pinedo 304.872 euros a través del Instituto de Empresa del Mediterráneo y 119.608 euros con su firma Adecua. Dos fundaciones que dirige reciben unos 11.000 euros por varios trabajos.


* Levante - 9.11.11
Foto: Valencia, ayuntamiento - wikimedia.org


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'Malaya'.- Roca, la confesión del gran corruptor

ELPAÍS/Marbella* : Han tenido que transcurrir 104 jornadas de juicio del caso Malaya para que Juan Antonio Roca dé su brazo a torcer. En una declaración trascendental, el cerebro de la corrupción en Marbella (Málaga) admitió ayer que recibió dinero -hasta 33,3 millones de euros- de empresarios con intereses en la localidad. También admitió que de su bolsillo salieron no menos de tres millones de euros en sobres de dinero negro que fueron a parar a los concejales del equipo de gobierno marbellí tras la moción de censura que desbancó en agosto de 2003 al entonces alcalde Julián Muñoz. Roca, además, reconoció expresamente como suya la contabilidad secreta hallada en su despacho particular de la sociedad Maras Asesores: "En su inmensa mayoría esos apuntes son ciertos", afirmó. Esta confesión deja en una posición muy difícil a las defensas de los 91 procesados en el macrojuicio que todavía no han alcanzado un acuerdo de conformidad con el fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero.
El espectacular testimonio de Roca, que lleva privado de libertad desde su detención el 29 de marzo de 2006, debe no obstante matizarse. El exasesor urbanístico tuvo ayer buen cuidado de no vincular los cobros a los empresarios y los pagos a los ediles a la concesión de licencias o actos administrativos ilegales.

Roca admitió que tres empresarios -el fallecido Emilio Rodríguez Bugallo, de Construcciones Salamanca; Francisco García Lebrón, de Aifos; y Fidel San Román- le abonaron en torno a 3,5 millones de euros por su labor de "asesoramiento" en la compra de terrenos en Marbella y su posterior desarrollo urbanístico. En cuanto al resto de empresarios supuestamente pagadores -un total de 16-, Roca afirmó que los ingresos reflejados en la contabilidad secreta de Maras obedecen a sus "negocios privados" con estos promotores.

Roca afirmó que la asesoría a los tres empresarios no se concretó en licencias ni en beneficios para sus contratadores. "En el caso de Fidel San Román, el asesoramiento que le di fue nefasto, fatal. Me pagó un millón de euros a mí y otros cuatro al Ayuntamiento y la Junta de Andalucía no aprobó la licencia. Ahora tiene un papel precioso, pero nada más", ironizó Roca.

En el caso de los sobres con dinero negro abonados a los concejales marbellíes, Roca los calificó de "gratificaciones". El objeto de estos pagos era mantener engrasada la fidelidad de los ediles al proyecto gilista tras la moción de censura de 2003. "Gratificaba a los concejales para que permanecieron unidos hasta el final del mandato, para que no hubiera tránsfugas y no abandonaran la disciplina", aseguró.

Los sobornos a los concejales, explicó, iban en función de la jerarquía de estos en el equipo de gobierno. Así, el dinero que cobraban los tenientes de alcalde y los portavoces de los grupos municipales era el doble del que percibían los concejales rasos. Roca también aseguró que los perceptores de sus sobres eran los portavoces de los grupos del tripartito que derrocó a Julián Muñoz tras la moción de censura: la exalcaldesa Marisol Yagüe, del Grupo Independiente Liberal (GIL), la exsocialista Isabel García Marcos y el exandalucista Carlos Fernández, prófugo de la justicia.

Una por una, Roca fue poniendo nombre a las iniciales de los concejales que aparecían en su contabilidad asociados a los sobornos. El exasesor reconoció haber sufragado una operación de cirugía estética de la exalcaldesa Marisol Yagüe en 2005: "Fue un préstamo que luego le desconté de su gratificación", dijo.

Sin embargo, Roca rechazó que los pagos a los ediles fueran recompensas a acuerdos concretos del equipo de gobierno o a actos tanto legales como ilegales que le beneficiaran, como sostiene el fiscal, Juan Carlos López Caballero. Según fuentes judiciales, Roca trata de evitar una condena por cohecho para acto ilícito, que implica cárcel, y busca que sus pagos se consideren cohecho impropio, es decir en función de su cargo sin contraprestación alguna. Este tipo de soborno más leve, por el que está acusado el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, solo acarrea multa.

Fuentes de la defensa de Roca como de la fiscalía afirmaron que la declaración del exasesor "no forma parte de ningún tipo de acuerdo entre las partes", y que obedece a una "reflexión de meses" del cerebro de la trama.

La jornada de ayer se inició con un nuevo acuerdo de conformidad. El empresario Eusebio Sierra admitió haber pagado 60.000 euros "a requerimiento de Roca" a cambio de que el exasesor le agilizara el reconocimiento de una deuda que el Ayuntamiento mantenía con su empresa, Proincosta. A cambio, Sierra ve reducida su pena a seis meses de prisión y 48.600 euros de multa cuando el fiscal le reclamaba dos años de cárcel y 120.000 euros.


* El País - FERNANDO J. PÉREZ - Málaga - 08/11/2011
Foto: Juan Antonio Roca, en un momento de su declaración.- JULIÁN ROJAS - elpais

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