"En Emarsa existía un taller que hacía falsas facturas en cantidad obscena"

ELPAÍS/Valencia* : Después de narrar durante seis páginas una nueva palada de aparentes prácticas corruptas en Emarsa, la sociedad de depuración de Valencia que fue saqueada hasta llevarla a la quiebra con un agujero de 17 millones de euros, la Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos) concluye: "En definitiva, parece como si en Emarsa existiera un taller o laboratorio de expedir contratos y facturas en cantidad tal que los errores al final surgen de manera casi obscena".
La afirmación, que figura en un auto conocido ayer que aumenta el número de implicados en el saqueo de Emarsa, con la imputación del exconcejal del PP de Valencia Juan Carlos Gimeno, es llamativa por varios motivos. La Emshi está y estaba en manos del PP. La preside actualmente Arturo Ros, alcalde de Tavernes Blanques, y la controla en realidad el Ayuntamiento de Valencia, que tiene casi la mitad de los votos en una asamblea que el Partido Popular domina de forma abrumadora. Hasta este verano, Enrique Crespo, alcalde de Manises, presidía la Emshi, lo que lo convertía automáticamente en presidente de Emarsa. Hoy Crespo (del PP) está acusado por la Emshi (controlada por el PP) de malversación, estafa y delitos societarios.

El juez Vicente Ríos, que ya imputó a Crespo, fue ayer más lejos: consideró que existen "motivos bastantes para creer" que Crespo, Gimeno, Esteban Cuesta (exgerente de Emarsa y dirigente del PP de Valencia) y Enrique Arnal (exdirectivo de Emarsa y exedil de Unión Valenciana) se confabularon para saquear la sociedad pública.

El último capítulo de la cloaca de Emarsa (su cometido era depurar las aguas residuales de Valencia) tiene un nombre familiar para los periodistas que cubrieron la actualidad valenciana en los años ochenta y noventa: Juan Carlos Gimeno, exedil y exdiputado provincial del PP. En 1983, después de que la estatua de Franco fuera retirada de la plaza del Ayuntamiento (entonces plaza del País Valenciano) Gimeno se acercó al lugar a depositar una corona de flores en memoria del dictador.Su nombre apareció vinculado en el caso Naseiro, y también fue polémica su actuación en el escándalo de escuchas ilegales a las que fue sometida la expresidenta socialista de la Diputación de Valencia Clementina Ródenas en 1994. Gimeno trabajó en Emarsa, como responsable ambiental, entre 1997 y 2004. El mismo día que dejó la sociedad, con un finiquito de 71.129 euros, firmó supuestamente un contrato con Emarsa que suscribieron también Cuesta y Crespo. El juez Vicente Ríos destaca que había creado su empresa solo ocho días antes y que ni siquiera le había dado tiempo a inscribirla en el Registro Mercantil. El juez manifiesta en el auto sus sospechas: "Se suscitan serias dudas acerca de la autenticidad de ese contrato".

La Emshi, controlada por el PP, es mucho más dura: "Simultáneamente a la finalización de la relación laboral con Emarsa y al cobro del finiquito, el querellado constituyó la empresa y firmó un contrato de prestación de servicios con Emarsa. O lo que es lo mismo, este nuevo querellado planificó con los responsables de Emarsa su conversión en sociedad como nueva fuente de emisión de facturas de la empresa".

El aparentemente falso contrato de 2004, del que la Emshi no tiene ningún registro, es casi idéntico a otro firmado supuestamente entre Gimeno y Emarsa en 2008. El juez considera que ello "sugiere que ambos documentos se confeccionaron en unidad de acto". Las falsificaciones, destaca el juez, parecen muy chapuceras (ver arriba).

El supuesto contrato de 2004 es importante porque el 9 de junio de 2011, con Emarsa ya disuelta meses antes, Gimeno presentó una reclamación en la que exigía 355.000 euros a Emshi como indemnización por haber roto el contrato que tenía con Emarsa. Para alcanzar esa cantidad, señala la Emshi, el exconcejal del Ayuntamiento de Valencia utilizaba la cláusula indemnizatoria recogida en el aparentemente falso contrato de 2004 pero calculaba el importe sobre la base de otro contrato, suscrito supuestamente en 2010, en el que no se preveía indemnización pero Emarsa pagaba más... Ello, afirma la Emshi, "da idea nuevamente del absoluto descaro en la manera de actuar de los querellados".

Gimeno también presentó al cobro un pagaré por importe de 9.722 euros emitido en junio de 2010 que vencía en septiembre de 2010. La Emshi vuelve a expresar sus sospechas, que el juez avala, de que en la recta final de la existencia de Emarsa, disuelta en esas mismas fechas, la máquina de emitir facturas falsas fue puesta a trabajar a pleno rendimiento, que la sociedad fue exprimida hasta el último día: "Hay que señalar que en el procedimiento ha resultado coincidente que las distintas empresas que se investigan tenían pagarés emitidos en fecha próxima a la disolución de Emarsa y con vencimiento en el momento de disolución de la empresa, mientras que los numerosos proveedores de Emarsa cuyas facturas estaban pendientes de pago y referidas a actividades corrientes de la empresa no tenían pagarés con dichas características".

Un supuesto método de estafa muy grosero
- Entre la avaricia y la chapuza. El saqueo de Emarsa, que pagó cantidades millonarias por servicios y suministros inverosímiles, reúne ambas características. Por la cantidad aparentemente defraudada (solo las primeras empresas investigadas facturaron 30 millones a la sociedad de depuración, y no dejan de aparecer nuevas firmas sospechosas) y por la muy rudimentaria forma en que se realizaba. Si no fuera tan grave, dice la Emshi, "provocaría cierta hilaridad".

- Papel reciclado. Lo normal es que una empresa redacte una factura y la presente al cobro a otra. En el caso de las que presentaba la empresa de Juan Carlos Gimeno, exedil del PP, sin embargo, se da un hecho extraordinario. En la cara de atrás de dos de las facturas que presentó a Emarsa "hay impreso nada menos que una previsión de tesorería, que se deduce que es de Emarsa", destaca el juez.

- El despacho de Arnal. Lo anterior lleva a la Emshi a concluir: "Nos encontramos ante una evidencia clara de que dichas facturas, y otras muchas seguramente, fueron elaboradas por la propia Emarsa y, en concreto, en el departamento de Enrique Arnal (ex director financiero y exedil de Unión Valenciana), imputado en la misma causa".

- A piñón fijo. Muchas de las facturas y contratos investigados por parecer falsos llevan la misma fecha. O tienen el mismo objeto y duración. O se pasan facturas por conceptos vagos. O, lo que es peor, se pasan facturas "cuyo concepto es: 'concepto por determinar".


* El País - IGNACIO ZAFRA - Valencia - 09/11/2011
Foto: Manises (Valencia), ayuntamiento - noticiesdevalencia.jpg

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Vigo.- Los jueces critican la "dejadez" institucional con la Cidade da Xustiza y urgen que se desbloquee

FARODEVIGO* : "El tiempo transcurrido indica que ha habido una dejadez bastante importante". El juez decano vigués mostró ayer públicamente su preocupación por la situación de punto muerto en que está la Cidade da Xustiza por falta de entendimiento entre Xunta y Concello. Germán Serrano alertó de que "ha pasado mucho tiempo" desde que se dio a conocer el proyecto sin que haya habido avances e instó a ambas administraciones a que "se pongan de acuerdo". Las posturas, sin embargo, parecen por ahora inamovibles. La delegada de la Xunta Lucía Molares anunció que se remitió al Ayuntamiento una carta pidiendo una reunión "urgente" para "desbloquear" la situación, pero reiteró el ultimátum ya lanzado por el Gobierno autonómico: o el Concello inicia "ya" las expropiaciones para poner los terrenos a disposición de la Xunta, o la partida de quince millones de euros reservada para construir el edificio se destinará a otras necesidades. El Concello, a través de su gerente de Urbanismo, contestó ayer a la misiva con otra carta en la que muestra su disposición a una entrevista. Pero en la misma se insiste en que procede la declaración de supramunicipalidad, lo que deja en manos de la Xunta el coste total del proyecto, incluyendo la expropiación de las parcelas.

La Cidade da Xustiza empezó a fraguarse en 2003, su proyecto se presentó en 2007 y la inauguración llegó a ser anunciada para el pasado año. Pero cuando ya está a punto de finalizar 2011, la situación parece más enquistada que nunca. Germán Serrano lamentaba ayer este escenario tras mantener una reunión con Lucía Molares y el director xeral de Xustiza, Juan José Martín Álvarez. El encuentro fue convocado por estos últimos. "Pasamos de ser la ciudad pionera en Galicia al hablarse de Cidade da Xustiza a quedarnos atrás, pues otras como Santiago o A Coruña ya han puesto los terrenos a disposición y la Xunta va a acometer la nueva edificación", advirtió, para añadir que este "tiempo transcurrido" sin avances evidencia una "dejadez" en la ejecución de un proyecto necesario para "dar solución" a los problemas de espacio que hay en los dos edificios judiciales.
¿Y cuál es la situación actual? El traslado del Registro Civil al Casco Vello –comprometido para 2013 y que permitirá ganar sitio en los inmuebles– y la "mala perspectiva" en cuanto a creación de nuevos juzgados debido a la crisis económica daría un respiro pasajero a la asfixia de espacio judicial. Serrano reconoce que "a medio plazo" se podría salir adelante, pero hasta ahí. "Después ya habría que tirar de la Cidade da Xustiza", advierte el juez, quien pese a todo muestra su confianza y apela la "buena voluntad" de Xunta y Concello "para que se llegue a una solución satisfactoria".
Posturas
Por lo de pronto, las posturas parecen irreconciliables. La del Gobierno autonómico la dejó ayer clara una vez más Lucía Molares tras la reunión con el decano: "El alcalde de Vigo debe hacer los deberes y poner los terrenos a disposición de la Xunta". Lo hizo tras recordar el antiguo compromiso de Abel Caballero de ceder las parcelas tras unas expropiaciones que en su día valoró en seis millones de euros y que ahora, en un "cambio de rumbo" y "basado en nada", señala Molares, cifra en 21 millones.
La Xunta volvió a esgrimir el informe técnico que hizo público la pasada semana en el que se valoran las expropiaciones en cinco millones –muy por debajo de los 21 que ahora defiende el Ayuntamiento– y en el que se indica que con el procedimiento de ocupación directa de las parcelas, estas estarían libres en seis meses. El tiempo corre y Molares lanzó un ultimátum al regidor: o inicía "ya" las expropiaciones y "desbloquea" la situación o la partida reservada para 2012 para levantar el edificio no se podrá ejecutar, lo que dejaría en el aire la Cidade da Xustiza. "Si no hace la parte que le corresponde, nosotros lo que no vamos a hacer un año más es perder una partida de 15 millones en un momento en el que hay tantas necesidades", alertó.
"Si el proyecto no sale adelante, no es por la Xunta", insistió la delegada, desvelando también que el pasado viernes había enviado una carta a la Alcaldía solicitando una entrevista urgente "con las personas que se considere oportunas" para tratar de "desbloquear" la situación. La contestación a la misiva salió ayer del Concello. Firmada por la gerente de Urbanismo, María Carneiro, y dirigida a Molares, en la misma también se deja clara la posición municipal de no asumir el coste de la expropiación.
La carta acepta el encuentro planteado por la Xunta. "A los efectos de discutir y explicarle personalmente todos los detalles de un proceso de competencia autonómica y de gran importancia para esta ciudad, estaré encantada de reunirme cuando lo estime oportuno, con una simple llamada para que fijemos fecha y hora", dice la gerente de Urbanismo, exponiendo en la comunicación el acuerdo plenario de 2009 "aún en vigor" por el que se decidió –a propuesta del PP, recuerda– solicitar a la Xunta que procediera a la expropiación de los terrenos para la Cidade da Xustiza, y por lo tanto, a su pago íntegro a través de la declaración de supramunicipalidad del proyecto.
Supramunicipalidad
La misiva también reitera que el proyecto presentado por la Xunta no se adecúa al actual diseño del PXOU, lo que, se añade, también obliga al Gobierno autonómico a proceder a este plan de supramunicipalidad "que por supuesto nosotros apoyaríamos desde esta gerencia". Fuentes de la Delegación de la Xunta señalaron ayer por la tarde que aún no habían recibido esta carta del Concello en contestación a la remitida por Lucía Molares.


* Faro de Vigo - 11.11.11
Foto: Vigo, cámara_municipal - João Méndez (wikipedia.org)

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'Malaya': Roca se revuelve contra el fiscal para proteger su cartera

MÁLAGAHOY* : Los empresarios pagaron a Juan Antonio Roca 30,9 millones de euros entre 2004 y febrero de 2006. El exasesor de urbanismo ha reconocido que, cuando menos, esta cifra, que aparece recogida en su contabilidad secreta de Maras, “es aproximada”. Sin embargo, ayer acudió al banquillo de los acusados del caso Malaya cuchillo en ristre para defender la legalidad de estos cobros.
Después del extraordinario balón de oxígeno que regaló a la Fiscalía Anticorrupción el lunes aceptando que había pagado sobornos a los concejales, Roca sacó ayer su lado más bronco para enfrentarse sin miramientos al fiscal Juan Carlos López Caballero en una batalla para defender estos 31 millones.
El Ministerio Público arrancó su interrogatorio sobre los pagos de los empresarios interesándose por los negocios que mantuvo con Carlos Sánchez y Andrés Liétor. Ambos protagonizaron espectaculares pelotazos urbanísticos en los que el exasesor de urbanismo de Marbella solía tener parte. El fiscal entiende que porque allanaba el camino para que consiguieran licencias ilegales.

Roca, en cambio, sostiene que simplemente se aventuraba en operaciones inmobiliarias que salían bien, pero que todo era legal. En cualquier caso, los archivos de Maras indican que Sánchez y Liétor pagaron al exasesor de urbanismo 5,3 millones de euros por negocios en los que había participado con ambos.

Una de las operaciones expuestas por Anticorrupción durante el interrogatorio al que sometió ayer a Juan Antonio Roca fue la de Vente Vacío. En 1996 el principal procesado en el caso Malaya compró una finca rústica al banco Banesto por la que pagó 4 millones de pesetas. Tres años después se la vendió a Carlos Sánchez y Andrés Liétor (CCF 21) por cinco millones de pesetas, aunque la venta no la escrituraron hasta enero de 2003.

Casualmente el Ayuntamiento necesitaba urgentemente una parcela para instalar un vertedero municipal y optó por esta finca. El 10 de septiembre de 2002, incluso antes de que se formalizara en documento público la venta de la finca, el entonces alcalde accidental, Julián Muñoz, firmó un convenio con Andrés Liétor y Carlos Sánchez para cambiar la finca rústica por dos solares de propiedad municipal en la milla de oro.

Lo curioso es que un terreno que había sido vendido por 30.000 euros en 1999 fue tasado a efectos de permuta en septiembre de 2002 (15 día después de firmarse el convenio) en 1,89 millones de euros. En julio de 2003 Juan Antonio Roca, a través de Masdevallía, compró a Carlos Sánchez y Andrés Liétor los suelos entregados por el Ayuntamiento. Una semana más tarde vendió uno por 1,8 millones de euros y año y medio después el segundo por 1,5 millones. En conjunto obtuvo plusvalías de 904.000 euros que Anticorrupción considera que fueron posibles gracias a su “capacidad para disponer de los aprovechamientos municipales”, a la sobrevaloración de la finca rústica y la valoración a la baja de las parcelas municipales.

Anticorrupción interrogó también ayer a Roca sobre otras seis operaciones inmobiliarias realizadas por Carlos Sánchez y Andrés Liétor en la Marbella del GIL que, según la Fiscalía Anticorrupción, implicaron importantes pagos para Juan Antonio Roca a cambio de su mediación para modificar las características urbanísticas de estos suelos. El procesado, en cambio, sostuvo en todo momento que no medió ante el equipo de gobierno, sino que simplemente participó en estos negocios que le reportaron suculentas ganancias.

Las operaciones Ranchotel y Elviria centraron parte de un interrogatorio que tuvo momentos de tanta tensión que el presidente del tribunal, el magistrado José Godino, acabó suspendiendo la sesión a las 11:20 de la mañana para dar un respiro a las partes y que se calmaran los nervios.

El asunto de Ranchotel y Elviria arrancó en 1992. Jesús Gil no había hecho más que tomar las riendas del Ayuntamiento cuando en junio de 1992 aprobó en pleno cambiar tres parcelas municipales por la finca La Mina, propiedad del Banco Exterior de España (BEX). Dos de estas fincas acabaron años después en manos del asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella.

Según Anticorrupción, en diciembre de 2000 Carlos Sánchez y Andrés Liétor (CCF21) compraron Ranchotel y Elviria a Juan Antonio Roca (Mediterránea de Inmuebles) en una complicada operación de compra de un crédito litigioso que el exasesor de urbanismo reclamaba a Gesinar, filial inmobiliaria del BEX. La operación comprendía la cesión del crédito y la entrega a cambio a CCF 21 de varios bienes, entre ellos un cuadro de Sorolla y la finca Ranchotel que en ese momento se valoró en 18.000 euros.

El 14 de marzo de 2001, tres meses después, CCF21 vende Ranchotel a otra empresa por 2,8 millones de euros. La particularidad, según la versión de la Fiscalía, es que 12 días antes la comisión de gobierno había expedido a la compradora final del terreno licencia de obra para levantar 63 viviendas, aunque la licencia fue recurrida por la Junta de Andalucía y ha sido objeto de un procedimiento penal que se sigue en los juzgados de Marbella.

En todo caso, Roca anotó en la contabilidad doméstica que llevaba en Maras un ingreso de CCF21 de 60.000 euros. Ayer admitió que se produjo este pago aunque, en contra del criterio del Ministerio Público, explicó que esta suma correspondía a sus ganancias en este negocio porque en su momento el Ayuntamiento había permutado con el BEX la parcela para comprar el hotel Pueblo Andaluz y como el municipio tenía todo su suelo embargado él entró a título particular en la operación.

Mal rollo en el banquillo
¿Qué le llevó a Juan Antonio Roca a admitir que ha pagado sobornos a los concejales de Marbella? ¿Cómo reaccionarán los concejales? ¿Y los empresarios? El ambiente bulle. La nueva estrategia defensiva del exasesor de urbanismo (pagó cohechos a los ediles pero cobró por negocios legales a los empresarios) ha desestabilizado el banquillo del caso Malaya. Hay quien entiende la nueva posición de Juan Antonio Roca como una traición a acusados que ya han declarado, han sido leales y negado que los archivos de Maras sean una contabilidad secreta, como él ahora admite. Ahora se ven haciendo equilibrios en el vacío. Otros entienden que el cambio de Roca encierra un pacto o al menos una declaración de intenciones prenegociada. En cualquier caso, los concejales han quedado en una situación difícil: les ha atribuido un delito de cohecho, leve, pero cohecho. Los empresarios también están inquietos. Temen que el tribunal dé crédito a parte de la declaración de Roca (los archivos de Maras son la contabilidad oculta) pero no a las explicaciones sobre el dinero que le entregaban (que cobraba cantidades millonarias por informes discutibles o que hacían juntos negocios). Incluso hay quien entiende que es una cuestión de oportunidad: a cambio de “regalar el pleito al fiscal” aligera el disfrute de permisos carcelarios.


* Málaga Hoy - ENCARNA MALDONADO - 09.11.2011
Foto: Marbella, Roca llegando al juzgado - EFE

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La justicia anula las cuentas de 2010 de Majadahonda

ELPAÍS/Madrid* : La Sección 2ª del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado con su sentencia del 29 de septiembre pasado el presupuesto del Ayuntamiento de Majadahonda de 2010 por incumplir la Ley del Suelo regional y el artículo 193 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. El fallo judicial se ha dictado después de que los componentes del anterior Grupo Municipal Socialista de Majadahonda presentaran un recurso contencioso-administrativo al considerar ilegales los presupuestos de 2010 del Ayuntamiento encabezado por el popular Narciso de Foxá. Las cuentas de Majadahonda son, así, las segundas anuladas por los magistrados de la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo, ya que el mismo 29 de septiembre estos jueces anularon las del municipio de Las Rozas de 2009.
Los jueces del TSJM sostienen que el equipo de gobierno de Majadahonda vendió suelo municipal y con el dinero recaudado sufragó el gasto corriente de los presupuestos municipales, según la sentencia, que indica que este trasvase de dinero está prohibido por la Ley del Suelo regional.

El fallo considera, además, que las cuentas presentadas por el Ayuntamiento encabezado por Narciso de Foxá tratan de "eludir el cumplimiento de la ley", puesto que el dinero procedente de la venta de parcelas se dedicaba a lo que calificaban como "programas de interés social": "Y esto constituye un mecanismo para eludir los límites establecidos en la Ley del Suelo de Madrid", destaca el tribunal madrileño.

Además, el TSJM argumenta que el presupuesto no cumple con "la nivelación" a la que obliga la Ley de Haciendas Locales, ya que arrastra del año anterior un déficit que el alcalde majariego cifra en seis millones de euros. La exigencia de nivelación de los presupuestos de un Ayuntamiento significa que de un año a otro los presupuestos municipales no pueden arrastrar deudas, sino que tienen que compensarlas reduciendo el gasto o aumentando los ingresos, logrando que la resta entre los ingresos y los gastos dé el resultado de cero. Otro de los motivos por los que la sentencia justifica la anulación de los presupuestos es porque estos asignan el dinero del urbanismo a los gastos corrientes y no a las inversiones, infringiendo de esta forma el artículo 5 de la Ley de las Haciendas Locales.

El primero en el Ayuntamiento en conocer la anulación de los presupuestos de 2010 fue el portavoz del PSM-PSOE local, Borja Cabezón, quien destacó "la falta de rigor" de las cuentas del PP a lo largo de los últimos años. "No entendemos la razón por la que suben a todos los vecinos el impuesto de bienes inmuebles (IBI), con la única intención de pagar el agujero creado por el desfalco de la corrupción de sus propios gobiernos".

Para el portavoz socialista, la gestión del alcalde "es lamentable y costosa para los vecinos". Y como ejemplo de reducción del gasto, Cabezón apunta una posibilidad: "Reducir los contratos inflados que se firmaron con ciertas empresas en la etapa golfa del Gürtel". Para aumentar sus ingresos, Narciso de Foxá debería, según el edil socialista, pedir a los adjudicatarios de las concesiones que paguen sus deudas. "En Majadahonda se sigue regalando el suelo: una concesión de un gimnasio privado paga 1.000 euros al mes por 28.000 metros cuadrados. Es una vergüenza. Y luego dicen que tienen que recortar en clases de apoyo escolar, en ayudas a viviendas para jóvenes, en sanidad o en servicios sociales".

En Izquierda Unida, el edil Juancho Santana coincidió con los socialistas en considerar "desde un principio" que los presupuestos del PP "eran ilegales".

Por su parte, el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, apostó por llegar a un acuerdo con los socialistas: "Podemos hacer dos cosas: o llegar a un acuerdo con el PSOE para que esperen hasta enero, mes en el que acabaremos con las deudas, o pedir un crédito. A mí no me hace falta pedir un crédito porque pago a mis proveedores a 55 días", relata el regidor. No obstante, el primer edil reconoce que la ley ha anulado su presupuesto: "Por lo que antes de ir a un juzgado voy a cumplir el fallo. Hace mucho tiempo que me dije a mí mismo que no iba a pisar un juzgado, por lo que si el PSOE no se compromete y me denuncia tendré que pedir un crédito. Pero a mí me gustaría llegar a un pacto para esperar hasta enero, ya que si pido un crédito se generan una serie de gastos asociados, como por ejemplo la comisión de apertura y los intereses. Y todo esto nos lo podríamos ahorrar".

Las sentencias

- La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el presupuesto del Ayuntamiento de Las Rozas para el año 2009 por, entre otros motivos, no ajustarse a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

- La misma Sección Segunda del TSJM anula los presupuestos del Consistorio de Majadahonda por vulnerar las mismas leyes: la del Suelo autonómico y la de las Haciendas Públicas.

- En ambos casos, los denunciantes son los grupos municipales socialistas de cada Ayuntamiento, cuyas cuentas ya habían sido anuladas otros años, sin que hubiera consecuencias.


* El País - TONO CALLEJA - Majadahonda - 10/11/2011
Foto: Majadahonda (Madrid) - wikipedia.org

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Jornadas contra la depredación de los bienes comunes: ciudad, territorio y capitalismo

MADRILONIA* : Madrid, del 10 al 12 de noviembre.
En la última década y media, los espacios urbanos, el territorio y todos los recursos naturales (suelo, agua, ecosistemas), han sido objeto de un enorme y sostenido expolio, que sin embargo ha permitido sostener una de las etapas de crecimiento económico más largas de las últimas décadas.
Por sólo recoger algunos datos, entre 1986-2006, las superficies artificiales crecieron en un 60 %, se construyeron contra viento y marea las macroinfraestructuras más inverosímiles (desde grandes obras hidráulicas hasta superpuertos, pasando por megacasinos y gigantescas “ciudades de vacaciones”) y el Estado español se convirtió en el primero de Europa en km. de autovía y TAV. De otro lado, los gobiernos urbanos se han volcado cada vez más en la promoción turística e inmobiliaria, al mismo tiempo que las grandes corporaciones de la construcción y la industria financiera reforzaban su posición oligárquica a una escala que ya no sólo se puede entender en términos locales o regionales, sino también globales. Producto de todo ello, los precios de la vivienda se multiplicaron por tres, se produjo una nueva ola de destrucción de importantes bienes de valor ambiental, cultural y social, y se animó una fuerte empresarialización de las administraciones públicas, cada vez más controladas el entramado inmobiliario-constructor.

El número de implicaciones de este tipo de “régimen inmobiliario” son tales, que bien podríamos decir que aquí se anudan los principales elementos del capitalismo local. Sumergidos ahora en un largo estadio de crisis, del que no parece que haya una salida ni fácil ni inmediata, es necesario hacer balance. Y esto no tanto con el único objeto de hacer un inventario de las recientes catástrofes, sino también y sobre todo, con la intención de prevenir lo que parece la salida natural de muchas economías urbanas y turísticas: la reanudación de un nuevo ciclo inmobiliario. Desde esta perspectiva, pocos temas podrían ser más interesantes como objeto de estas Jornadas.


* Madrilonia - 10.11.11
Foto: cartel

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