España lidera la lista europea de obras disparatadas y ruinosas

20MINUTOS* : Un aeropuerto en Castellón que ha costado más de 150 millones de euros a las arcas públicas y que no ha recibido ningún vuelo.
Un tren de alta velocidad Toledo-Albacete que ha tenido que cerrar porque sólo transportaba nueve pasajeros al día mientras que su mantenimiento era de 18.000 euros diarios.
Un puerto industrial en Arinaga (Gran Canaria) que ha recibido, en seis años de funcionamiento, menos barcos que los que se pueden contar con los dedos de una mano y en el que sin embargo se van a invertir 142 millones de euros para su ampliación.
Un puerto exterior en Punta Langosteira, en A Coruña, cuyo presupuesto inicial de obra era de 479 millones de euros y que va alcanzar los 1.000 millones.
Esta es solo una parte de la política de construcción de infraestructuras auspiciada por las administraciones públicas y que sigue su curso a pesar de los recortes que se imponen en otros ámbitos como la educación, la sanidad, la cooperación o la protección del medio ambiente. La lista europea de obras disparatadas y ruinosas que España lidera.

¿Se acabó la locura del despilfarro? En absoluto. Aún nos queda Canarias, donde políticos y empresarios pretenden tirar al mar más de 143 millones de euros, en un proyecto tan disparatado como todos los anteriores e incluso más: el puerto de Granadilla, en Tenerife.

Más de 143 millones de euros tirados al mar

El Puerto de Granadilla es, para los colectivos ecologistas (WWF, SEO/BirdLife, Greepeace y Ecologistas en Acción) uno de los casos más paradigmáticos de esta burbuja de infraestructuras que existe en el Estado español. Esta obra produciría la pérdida de ecosistemas marinos y terrestres de gran importancia y su utilidad es a todas luces cuestionable, ya que como puerto comercial no realiza ninguna función que no pueda cubrir el Puerto de Santa Cruz, a tan solo 50 kilómetros de distancia.

Además, el Puerto de Granadilla únicamente puede ser operativo para el transbordo de contenedores durante el 40% del año dada la fuerza de los vientos dominantes en la zona, y se calcula que generaría como máximo 50 puestos de trabajo. Por otra parte, esta obra podría declararse ilegal cuando se resuelva cualquiera de las múltiples denuncias que han presentado ante los tribunales distintas organizaciones sociales y medioambientales, ya que se han detectado numerosas irregularidades en su puesta en marcha. Entre ellas, el incumplimiento de la declaración de impacto ambiental del proyecto, la descatalogación ilegal de una parte de la pradera de sebadal que quedaría sepultada con esta construcción, o la falta de aprobación inicial del proyecto por el Ministerio de Fomento. Y todo ello, a pesar del generalizado rechazo que el proyecto tiene entre la comunidad científica y la población canaria en general.

Estas disparatadas obras ya han empezado en tierra, pero los efectos más graves sobre el ecosistema marino al que amenaza todavía están a tiempo de evitarse. ¿Les parará la crisis? O todo lo contrario, ¿el olor del hormigón (y del dinero) les dará alas?


* 20 Minutos - Crónica Verde - 14.11.11
Foto: proyecto Puerto Granadilla (Tenerife) - 20minutos

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Condenada la alcaldesa de Aguadulce por prevaricación urbanística

EUROPAPRESS/Sevilla* : El Juzgado de lo Penal nº4 de Sevilla ha condenado a la alcaldesa de Aguadulce, Isabel Ortiz (PSOE), a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público y al pago de una multa de 4.050 euros por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística, ya que en 2006 otorgó a un compañero del partido una licencia para la construcción e instalación de naves al objeto de ampliar una granja de engorde de pavos de manera "ilegal" y "en contra del dictamen preceptivo" del arquitecto y la secretaria municipales.
En la sentencia el juez pone de manifiesto que, en el presente caso, "el incumplimiento de la normativa urbanística resulta indiscutible", pues la alcaldesa de Aguadulce otorgó la licencia "de modo flagrante y patentemente arbitrario, con un olvido completo de la función pública urbanística y bajo un concepto mercantilista y pretendidamente social de la misma, en el mejor de los casos, que está por completo proscrito del ordenamiento urbanístico" español.

"Es patente que la concesión de la licencia está fuera de la dinámica legal y reglamentaria, y que se hace a persona vinculada de forma especial con la acusada, pues es un hecho cierto y reconocido que el beneficiario era el que poco después fue compañero de candidatura y concejal de la Corporación", prosigue la sentencia, que añade que la alcaldesa era conocedora "de estar actuando en total discordancia con la norma cuyo cumplimiento era ella la primera obligada a cumplir y hacer cumplir".

Las diligencias contra la alcaldesa se incoaron después de la querella interpuesta por la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, que en el acto del juicio oral solicitó para la acusada nueve meses de prisión y ocho años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio, mientras que la acusación popular pidió un año de cárcel y diez años de inhabilitación. De su lado, la abogada de la procesada solicitó la libre absolución.

EN SUELO NO URBANIZABLE

El juez considera probado que el 20 de julio de 2006 un particular presentó una solicitud de licencia urbanística para la ampliación de la granja de engorde de pavos propiedad suya y de su hermano, "que se presentó a las elecciones municipales en 2007 en la lista de la acusada". Estas parcelas "están ubicadas" en suelo no urbanizable, apunta el juez, quien añade que, tras ello, el arquitecto municipal emitió un informe previo en el que advertía de que la actuación solicitada sólo podía llevarse a cabo "si previamente se presentaba un proyecto de actuación con declaración de utilidad pública e interés social".

Igualmente, el arquitecto informó a la imputada de que "sólo si se aportaba previamente tal proyecto se podría admitir la solicitud a trámite", mientras que la secretaria municipal puso en conocimiento de la alcaldesa que "eran necesarios los requisitos" exigidos por el arquitecto, y en consecuencia "proponía la desestimación de la solicitud de licencia hasta que se observara la normativa vigente aplicable". "Pese a estos informes y advertencias", la alcaldesa, "consciente de la ilegalidad de su decisión y sin recabar el referido proyecto de actuación", dictó resolución concediendo la licencia solicitada.

Tras precisar que en la resolución la alcaldesa "especificaba que el autorizado debía presentar tal proyecto de actuación, pero sin siquiera condicionar a ello la eficacia de la licencia", asevera que la concesión de la licencia "dio lugar a la ejecución efectiva de una gran parte de las obras ilícitamente autorizadas, que no fueron paralizadas hasta el 21 de noviembre de 2007 por una corporación municipal que ya no presidía la acusada tras la celebración de las elecciones".

"POCAS VECES SE HABÍA OÍDO UNA CONFESIÓN TAN ABSOLUTA DE ANTIJURIDICIDAD"

"La acusada había seguido en otros expedientes distintos y similares sobre suelo de igual calificación el criterio de los técnicos, del que se apartó" en este caso, según agrega el juez, quien asevera que la argumentación exculpatoria de la defensa "no puede aceptarse, y de hacerse supondría abrogar por vía singular la exigencia más básica del mismísimo Estado de Derecho". Asimismo, critica que la alcaldesa --que en el juicio admitió que quizás se dejó llevar por el "sentimentalismo"-- "se puso por encima de toda Ley y otorgó la licencia como quien dispone legítimamente de algo privado".

"Pocas veces se había oído una confesión tan absoluta de antijuridicidad", critica el magistrado, que concluye que "la declaración de la acusada y la estridente discordancia de la resolución con los informes y actuaciones previas que debían justificarla es prueba inequívoca de ese conocimiento cumplido de la alcaldesa, que llevaba tres años en el cargo con multitud de actuaciones urbanísticas a ella reservadas anteriormente". "No es admisible que la acusada desconozca las normas básicas de la legislación que tiene que aplicar", sentencia.

Durante el juicio, celebrado el pasado día 7 de octubre, la acusada aseveró que otorgó la licencia "para ayudar a un vecino que iba a crear empleo y que había vivido una tragedia familiar; quizás me dejé guiar por el sentimentalismo". "No era consciente de que dar la licencia en esas condiciones era ilegal", agregó, apuntando además que el vecino que solicitó la licencia "vino a verme varias veces", por lo que ante esta insistencia "flexibilicé los trámites".

Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla.


* La Vanguardia - EP. - 14.11.11
Foto: Aguadulce (Sevilla), plaza - turismo

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Alicante.- Un promotor valida una escucha en la que Ortiz asegura que tiene el PGOU antes de ser público

INFORMACIÓN* : Un promotor confirmó ayer ante el juez que investiga las presuntas irregularidades del Plan General de Alicante haber mantenido una conversación en la que el empresario Enrique Ortiz le dijo que tenía los planos del futuro planeamiento urbanístico de la ciudad meses antes de que se hicieran públicos, según confirmaron fuentes del caso presentes en la declaración judicial.
Ramón Salvador Águeda fue el único de los tres imputados citados ayer que quiso declarar y el primero que accede a responder a preguntas sobre el contenido de las escuchas telefónicas en las que se sustenta la investigación. Los otros imputados que comparecieron ante el juez Manrique Tejada fueron el extrabajador de Ortiz José Gregorio Bernabé y el promotor manchego Aurelio González Villarejo, antiguo socio del empresario alicantino. Ambos se acogieron a su derecho a no declarar. A los tres se les imputa un delito de aprovechamiento de información privilegiada por funcionario o autoridad pública.
La investigación del PGOU trata de dirimir si por parte del entonces alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, y la en esos momentos responsables de Urbanismo y actual regidora, Sonia Castedo, se facilitó información privilegiada del planeamiento de la ciudad a cambio de regalos.

De momento hay una veintena de imputados, entre ellos Ortiz y su mujer, el redactor del Plan General, Jesús Quesada, así como el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, y su socio, el exedil socialista Javier Gutiérrez. Castedo y Alperi también aparecen como implicados pero, dada su condición de aforados por ser diputados autonómicos, tendrá que ser el Tribunal Superior el órgano que se pronuncie sobre su imputación.

El empresario Ramón Salvador negó ante el juez su pertenencia a una trama urbanística y declaró que lo único que hizo fue presentar una alegación al PGOU con el asesoramiento del despacho Salvetti, propiedad del hermano de la primera edil y de su socio, y que desconocía que éstos estuvieran resolviendo las alegaciones. Ramón Salvador se había personado el pasado mes de abril tanto en Comisaría como ante el juez para pedir declarar voluntariamente al ver que aparecía en la prensa como uno de los posibles implicados en el sumario del PGOU.

La conversación con Ortiz que Ramón Salvador ratificó ayer ante el juez, el fiscal y las partes personadas se produjo el 25 de agosto de 2008, casi dos meses antes de que el PGOU saliera a exposición pública, lo que ocurrió el 17 de octubre. El fiscal comenzó el interrogatorio preguntando al imputado si reconocía haber mantenido esa conversación a lo que éste aseguró que no lo recordaba bien. Por ello, el representante del ministerio público pidió a la secretaria judicial que le leyera la transcripción de esta escucha telefónica. Tras la lectura, el empresario confirmó que se produjo esa llamada (de la que aparece un amplio extracto en la página siguiente) entre ambos y que fue en esos mismos términos. Las mismas fuentes puntualizaron que Salvador dijo que desconocía si el PGOU era público en esos momentos.

Según el sumario, en esta llamada telefónica Ortiz le asegura que tiene planos del Plan General. Ramón Salvador está interesado porque posee unos terrenos en la zona del Rambuchar en el límite entre Alicante y San Vicente, concretamente en Pla de Xirau. Ortiz se ofrece a mostrarle en el plano cómo quedan su suelo, si bien no consta que llegara a enseñarle nada. En la conversación el propio Ortiz manifiesta sus dudas sobre si posee documentación acerca de esa zona, pero afirma que tiene "todos los planos". El sumario revela que el suelo que Salvador Águeda tenía en esa zona pasaba a ser no urbanizable en el Plan General, motivo por el que presentó la alegación que fue estimada. El promotor señaló que lleva años trabajando con Gutiérrez. Ayer declaró que el despacho de Salvetti le asesoró en la alegación, aunque ésta la redactó su abogado. Según el sumario, por esta alegación el bufete percibió 50.000 euros.

El empresario Ramón Salvador Águeda es bien conocido en Elche por operaciones especulativas relacionadas con los huertos de palmeras y en Arenales del Sol que supusieron un escándalo público por considerar que el promotor recibía información privilegiada del equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento, así como de altos técnicos municipales.

Ayer compareció como imputado también el exsocio de Ortiz, el empresario manchego Aurelio González Villarejo, pero se negó a declarar alegando que están pendientes de resolver varios recursos sobre la nulidad de las escuchas. El empresario negó en un escrito haberse beneficiado de información privilegiada, o haber falsificado documentación contable para encubrir un presunto regalo de tres bungalows a los hijos de Alperi.

El PSOE municipal dijo ayer que la declaración de empresario ilicitano demuestra que Ortiz tenía información privilegiada y que la alcaldesa no puede seguir eludiendo su responsablidad.

"Esto es una persecución contra los promotores que al final nos hemos tenido que ir del país"
Enfadado. Así se mostró ayer el empresario ilicitano Ramón Salvador Águeda a su salida de los juzgados. Preguntado por los terrenos de su propiedad que figuran en el sumario, indicó que está en su derecho de pedir que un suelo no sea descalificado como urbano. "Es que si eso lo quitan, el Ayuntamiento tendrá que pagar 15 millones y a ver cómo lo hace ahora", dijo en relación con el suelo del Pla de Xirau que aparecía descalificado en la revisión del Plan General y cuya alegación para que se mantuviese como urbano fue estimada por el Ayuntamiento.

Ramón Salvador arremetió contra el trato que, a su juicio, están recibiendo los promotores "de todos los lados" y puso como ejemplo el plan urbanístico que promueve en San Vicente: el polémico plan de El Sabinar, que incluye un campo de golf y contra el que IU presentó un recurso para su paralización por estar en zona protegida, ya que por ahí pasa una cañada real. "También la Castellana de Madrid es una cañada real", dijo. "Esto es una persecución contra los promotores. Yo me he tenido que ir del país y algunos están arruinados", manifestó.

"Lo único que va a hacer eso es generar más paro y que los promotores nos tengamos que ir del país. Parece que hay que proteger al pajarico y al ser humano, machacarlo", afirmó. Añadió que los políticos "utilizan mediáticamente a fiscales y jueces" y, al ser preguntado por las escuchas telefónicas, dijo que eso eran "tonterías".


* Información - J. A. MARTÍNEZ/S. LLINARES - 15.11.11
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y empresario Ortiz (archivo) - elmundo.es

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El alcalde de Abanilla consintió el vertedero ilegal de Fenoll

ELPAÍS/Murcia* : Las relaciones del alcalde de la localidad murciana de Abanilla, Fernando Molina Parra, del PP, con el industrial Ángel Fenoll son más que cordiales, según recogen las escuchas del caso Brugal. El informe policial resalta la supuesta connivencia entre el regidor y el industrial, extremo que ha permitido al empresario mantener activa la planta de basura que explota en ese municipio. El Gobierno de Murcia acaba de dictar una resolución en la que decreta el cierre de la instalación por las ilegalidades acumuladas. El empresario ha desoído la orden.
Fernando Molina es el alcalde más longevo de la Región de Murcia. Ocupa el cargo de regidor de Abanilla desde el año 1987. La "estrecha amistad" entre Fenoll y Molina la manifiesta públicamente el empresario en conversaciones con terceras personas. En uno de esos diálogos llega a confesar haberle "dado cariño", entre otros, a la Guardia Civil, "para tapar posibles irregularidades en la planta de Proambiente (empresa de Fenoll con la que explota la instalación)".

Una muestra de esa relación con el alcalde de la que presume Fenoll en grabaciones con terceras personas se recoge en la conversación con una mujer llamada Josefina Candel grabada el 28 de mayo de 2008.

Ángel Fenoll. Yo... no. Temas familiares y tal. Y le dije de todo. Digo, no tenéis vergüenza. ¿Sabes? Os hundo a todos y os meto bajo tierra. No ves, Fina, que los poderes los tengo yo. Los poderes me refiero... no de la empresa. Los poderes de la empresa también, pero tengo los poderes de los Ayuntamientos y de Fernando [el alcalde]. ¿Sabes lo que te digo? Y ahí no se mueve nadie. Cierro. Y en 24 horas cierro el quiosco. ¿Sabes lo que te digo?

Fina. Sí, sí, sí.

A. F. A mí me van... pero que lo intentaron. Claro. Pero me avisó Marga. ¿Sabes lo que te digo?

F. ¿Y qué te dijo Antonio Ángel?

A. F. No me la tocan. ¿Sabes lo que te digo?

F. Ya, ya, ya.

5A. F. No me la tocan. Aparte de eso he hecho otras cosas muy gordas, ahí en la planta. ¿Sabes? Dándole cariño a estos... a la Guardia Civil... en fin... A todos esos temas. ¿Me entiendes o no?

F. Hay que ser agradecidos.

En otra de las intervenciones del teléfono de Ángel Fenoll, realizada el 14 de mayo de 2007, el industrial habla con el alcalde de Abanilla y su mujer, a su vez secretaria general del PP local, Gumersinda Díaz Ruiz. En la conversación comentan unos pasquines distribuidos en la población contrarios a la actividad de la planta. "Ambos acusan a un tal Bolo (apodo familiar del portavoz municipal del PSOE entre 2003 y 2007, José Antonio González)", precisa la diligencia policial. En esa conversación el regidor informa al empresario de las iniciativas de la oposición, en este caso del PSPV, para cerrar la instalación. "Fernando le pide a Fenoll que extreme las precauciones porque el PSOE ya ha presentado preguntas en el Ayuntamiento", recoge el informe policial.

Sobre el trasvase de información del PP de Abanilla a Fenoll acerca de los movimientos en la población contra la planta, el sumario del caso Brugal también recoge una foto en la que el exteniente de alcalde del Ayuntamiento José Tenza Lajar y la esposa del alcalde, Gumersinda Díaz Ruiz, graban una manifestación de vecinos contra el vertedero del industrial el 28 de mayo de 2005.

La Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno murciano acordó la clausura de la planta de Abanilla el pasado 6 de octubre a raíz de una denuncia de Ecologista en Acción. El servicio de vigilancia e inspección ambiental de esa dirección general corroboró diversas anomalías en la planta, entre ellas, el vertido de residuos sin tratar y directamente al suelo natural y la construcción de un vaso de vertido sin declaración de impacto ambiental.

Fenoll ha desoído la resolución y mantiene activa la planta. La industria da servicio a 19 municipios de La Vega Baja, que generan un volumen de 300 toneladas de basuras al día.

Además, Fenoll está construyendo otro vaso para verter residuos que ha provocado un recurso del Ayuntamiento de Orihuela por entender que la nueva infraestructura invade su término municipal. El empresario, según fuentes del consistorio oriolano, no ha solicitado permiso a esta institución para realizar los trabajos.

Fenoll es considerado el cabecilla de la parte del caso Brugal que investiga una trama corrupta vinculada al negocio de la basura en la provincia de Alicante.

El industrial está imputado en dos de las piezas más destacadas de esta causa. La primera, por un supuesto amaño de la contrata de la basura de Orihuela. La investigación cree probado que Fenoll se ocultó tras dos empresas para hacerse con la contrata en unión con la mercantil Sufi. La segunda imputación está relacionada con la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal de La Vega Baja. La investigación trata de esclarecer un supuesto soborno al líder del PP de Alicante por la contrata.


* El País - SANTIAGO NAVARRO - 14/11/2011
Foto: Abanilla (Murcia), vertedero - laverdad

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'Malaya': Roca admite que cobró de Aifos para legalizar el hotel Guadalpín

MÁLAGAHOY* : Juan Antonio Roca se presentó ayer como un hombre sin escrúpulos que con una mano negociaba convenios con los promotores de Marbella y, con la otra, cerraba con ellos negocios que cada día lo hacían más rico. El principal procesado en el caso Malaya siguiendo la estrategia defensiva que inició la semana pasada trata de poner a salvo los más de 30 millones de euros que en solo unos años le entregaron los empresarios, aunque para eso tenga que hacer complicadas filigranas entre la ilegalidad y la inmoralidad.
Ayer admitió que el director comercial de Aifos, Francisco García Lebrón, le entregó en su despacho de Maras Asesores 2,6 millones de euros en efectivo entre enero y junio de 2004. Roca justificó estos pagos en un supuesto contrato "verbal" con la promotora malagueña para asesorarle porque el hotel Guadalpín Banús excedía los límites de edificabilidad y la compañía le encargó un estudio del potencial de esta parcela con vistas a su legalización. No obstante, explicó que su asesoramiento era privado y no incluía la legalización del Guadalpín Banús, sino sugerir un convenio urbanístico "que fuese asumible" por el Ayuntamiento. En cualquier caso, cobraba en metálico, sin factura y no declaraba.

A partir de junio de 2004 las entregas de dinero de Francisco García Lebrón siguieron hasta completar la suma de 4,8 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción considera que eran sobornos pagados por Aifos a Roca para conseguir favores urbanísticos. El acusado, en cambio, sostuvo que si los primeros 2,6 millones fueron retribuciones por su asesoramiento privado en el Guadalpín, los 2,2 restantes respondían a los negocios que compartía en Murcia con García Lebrón.

Durante la tercera sesión consecutiva en la que el fiscal le interroga sobre los supuestos sobornos que dieron lugar a la trama de corrupción de Marbella, Roca también confesó que recibió otros cinco millones de euros del promotor granadino José Ávila Rojas, pero, de nuevo, buscó una fórmula para darle sustento legal a unas entregas de dinero de las que sólo existe constancia en la contabilidad que llevaba en Maras Asesores y que hasta el lunes de la semana pasada no reconocía como tal. Roca indicó que tenía negocios a medias en Marbella con Ávila Rojas, en los que él aportaba el suelo y el empresario granadino la construcción. Esos intereses, según dijo, eran particulares y nada tenían que ver con los convenios urbanísticos que al mismo tiempo negociaba, en su calidad de asesor de urbanismo, con este mismo promotor.

El cuarto empresario al que ayer aludió Juan Antonio Roca fue al dueño del centro comercial La Cañada: Tomás Olivo. Por el momento es el único al que no ha involucrado en pagos legales o ilegales.

La Fiscalía Anticorrupción indica en su escrito de acusación que Tomás Olivo aportó 2,4 millones de euros al asesor urbanismo que quedaron reflejados en su contabilidad secreta. De esta suma, 600.000 euros eran por licencias y los 1,8 millones restantes por ser el adjudicatario final de un edificio que el Ayuntamiento poseía en Puerto Banús.

Esta es una historia compleja que arranca con la permuta de este inmueble municipal en Puerto Banús por unos locales en los que se querían instalar las oficinas del servicio de urbanismo. La Agencia Tributaria estima en 6,3 millones el precio del edificio institucional que se entregó a una empresa de los procesados Carlos Sánchez y Andrés Liétor, a cambio de otro local valorado por Hacienda en 3,5 millones

En la permuta, sin embargo, ambos inmuebles se valoraron en 4,8 millones, por lo que Anticorrupción cree que Marbella perdió en esta operación 2,7 millones, aunque ayer Roca afirmó que no sólo no fue así, sino que el Ayuntamiento salió ganando porque el edificio municipal era bastante menos valioso. En cualquier caso la permuta se realizó el 1 de abril de 2004 y en julio de 2005 Sánchez y Liétor se lo vendieron a Tomás Olivo por 8,3 millones.

El fiscal, siguiendo las anotaciones contables de Maras apunta que en esta operación se pagaron dos comisiones a Roca: Carlos Sánchez y Andrés Liétor le entregaron 1,2 millones, mientras y Olivo otros 1,8 millones.

El acusado, sin embargo, negó que esto fuera así. Argumentó que la anotación de 1,8 millones de Olivo fue un "lamentable error" de su administrador fiduciario, Óscar Benavente, porque el dinero lo recogió en efectivo en el despacho del dueño de La Cañada, pero de manos de Carlos Sánchez y Andrés Liétor, que acababan de venderle a Olivo el edificio institucional de Puerto Banús. Con estos 1,8 millones Sánchez y Liétor supuestamente saldaban con Roca la compra de otra parcela.


* Málaga Hoy - ENCARNA MALDONADO - 15.11.2011
Foto: El promotor Tomás Olivo, en una imagen de archivo, llegando a la Audiencia de Málaga.

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Este pueblo es una ruina

VALENTÍN MEDINA M.* : No se si la gente recuerda que "Orihuelica" del Señor es Gran Ciudad o Ciudad de Gran Población -¡corrígeme, Andrés!- o que la capital natural -que no económica- de la Vega Baja es Conjunto Histórico Monumental, o algo así, y que tiene unos cuantos monumentos nacionales, por lo que no se pueden cometer los atropellos que se han cometido y se cometen en materia urbanística. Lo que pasa es que como los "chicos del coro" -léase políticos de turno- están más "enjuascaos" en tirarse los trastos a la cabeza que en hacer las cosas mejor que sus antecesores, los ciudadanos hacen lo mismo (ya se sabe que los niños hacen lo que ven hacer a sus papás). ¡Apaga y vámonos, pariente, que nos ha "pillao" la vaca y nos ha puesto el culo más rojo que una ñora!. ¡El pueblo se cae a pedazos! y nunca mejor dicho. Como muestra, un botón; la "casa de todos" ha acordonado algunas calles para evitar problemas con el personal.
El concejal de Urbanismo -¡hay que tomar decisiones drásticas y ya se sabe que a grandes males, grandes remedios!- dice que hay que cortar por lo sano; que si no son los propietarios será su concejalía la que tome cartas en el asunto y obligue a rehabilitar o a derribar -en su caso- los edificios que supongan peligro para los viandantes (¡joder, qué bien me ha quedado la frase!). ¡Juanico; aquí hay trabajo! (es que Juanico es "derribaor"). Zapata se ha ganado el sueldo; sólo ha tardado tres meses y pico en darse cuenta de que ¡este pueblo es una ruina!.

¡Dulcísimo nombre de Jesús y de María!. Pedro, como dice la copla "Círculos viciosos", que, entre otros, canta Sabina: "¡Quisiera hacer lo de ayer, pero introduciendo cambios; no metas cambios, Hilario, que anda el jefe por ahí!. ¡Y en esas estamos, colega!. Hasta hace poco el responsable del urbanismo municipal era el "profe" Rodríguez Barberá (¡no se si me gustaría ser alumno suyo; por lo que me cuentan!), que, por lo que se ve, hizo poco o nada para evitar que se jodiera más el patrimonio de La Muy Noble, Leal y Siempre Fiel. Ha pasado el tiempo y se ha cambiado el edificio anexo al supermercado que hay enfrente de la Glorieta (en San Gregorio) por uno que está junto al Juzgado o por otro enfrente del Museo de Semana Santa, que, por cierto, está en la antigua iglesia de la Merced, de la que sólo queda parte de la fachada porque -recordemos- se la dejó morir, como se están muriendo otras; léase la de San Agustín. ¿Tendría cojones Urbanismo a derribar San Agustín por el peligro que entraña o exigiría al Obispado, que está más limpio que una patena (¡amén!), que la rehabilite? ¿La rehabilitarían los chicos de la "casa grande" y le pasarían la factura a Palmero? ¡Ser o no ser; esa es la cuestión! Palacio va a destinar 35.000 pavos para unas chapucillas en San Agustín, cuando hace unos años se presupuestaron 3 millones para la primera fase de rehabilitación de la iglesia más grande del pueblo; ¡es como el que tiene tos y se rasca los huevos; con perdón!. Si nos damos una vuelta vemos que Orihuela es una ciudad bombardeada, con infinidad de solares, incluso en lo que viene siendo la "Vuelta a los Puentes", que dicen muy poco, o nada, de la que pretende ser reconocida como Gran Ciudad. Dicen que un problema empieza a solucionarse cuando se reconoce que existe; pues, ¡ale, Zapata, "bonico", a trabajar, que, si quieres, tienes más curro que un gato en una matanza!. Empieza por una punta y acaba por la otra y deja el pueblo que no lo conozca ni la Armengola que viniera. ¿Y Rubalcava (Palacio); se caerá?.
¡Hablando de ruina!. No es de recibo que el profesor Rodríguez exija que se pague a proveedores antiguos; ¡coño, maestro!, ¿por qué no se lo exigiste a tu "compi" Lidón cuando mandabas?. Me choca lo que dice "bad boy" sobre traer turistas chinos y japoneses; ¡joder, MacGyber, que el pueblo está hecho unos zorros para enseñarlo! ¿Y lo del asesor pegón?; las "yoyas" empezaron en Desamparados (900 pavos y pelillos a la mar; ¡qué barato!), ahora han sido a cuenta de una fuente: Ángel (el asesor) parece que le ha metido a J. V. Hernández; pues ya se sabe, que lo cesen o que dimita, pero ¡aquí no dimite ni Dios!. ¿Y lo de la Residencia del Oriol?; ¡no tiene nombre, bueno si el de la Princesa!. ¡Me cago en la leche!; primero fue Peter Pan Mancebo, ahora es Culiáñez quien -dicen- contrata a familiares ¡y el tonto de mí no pilló cacho cuando mi cuñada fue concejala!. Como dice Angelita, mi madre, ¡los hombres harán lo que tengan que hacer!; mientras, lo dicho, ¡éste pueblo es una ruina!


* Información - Opinión - 15.11.11

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