Fiscal Medio Ambiente: Pese a la "recesión" urbanística continúan las construcciones ilegales

EUROPAPRESS* : El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha señalado que pese a la "recesión" urbanística continúan dándose asuntos judiciales en esta materia, ya que se sigue construyendo "ilegalmente".
El incremento de las causas también obedece, según ha añadido, a que en ocasiones las denuncias llegan tarde a la Fiscalía o a que se corresponden con construcciones ilegales anteriores. Así lo ha indicado este martes en Santander, donde ha participado en las Jornadas sobre Naturaleza y Medio Ambiente que cada año organiza la Guardia Civil.
Durante su intervención, titulada 'Delincuencia medioambiental: pasado, presente y futuro', Vercher ha repasado las novedades del Código Penal tras la reforma acometida en junio de 2010 y que entró en vigor en diciembre del año pasado y, más concretamente, las novedades en artículos relacionados con las infracciones urbanísticas y contra el medio ambiente.
Según ha precisado al respecto, de las 607 sentencias condenatorias registradas en 2009 en toda España, 386 estaban relacionadas con la ordenación del territorio y el urbanismo, mientras que en 2010 se contabilizaron 687, de las que 426 tenían que ver con estos delitos. También ha indicado que en 2009 hubo 244 sentencias absolutorias en la materia, que se elevaron a 282 en 2010.

Por comunidades autónomas, el fiscal ha indicado que Cantabria los delitos urbanísticos "siguen siendo mayoritarios", aunque otros temas relacionados con el medio ambiente "van ganando terreno".

En cualquier caso, los problemas relacionados con el urbanismo que han surgido en los últimos años en toda España es una de las razones que llevó a reformar el Código Penal, y todavía es un tema que "sigue preocupando" a la justicia.

LA DEMOLICIÓN ES UNA FORMA DE INDEMNIZACIÓN

Vercher se ha referido también, a preguntas de los asistentes, a las demoliciones que, según ha recordado, son "una forma de indemnización" que no impide afrontar otros aspectos que merezcan ser indemnizados.

Así, ha explicado que la demolición es una forma de restablecer el orden jurídico alterado, mientras que la responsabilidad civil y la indemnización son conceptos "más amplios". Son como "círculos concéntricos", ha comparado.

El fiscal también se ha referido a la prevaricación urbanística, y ha subrayado al respecto que antes de la reforma del Código Penal de 2010 se imponían penas de cárcel "o" multas, mientras que en la actualidad estos delitos están penados con prisión "y" multas.

Con todo ello, ha opinado que se ha conseguido una perspectiva "más amplia" y "realista" de los delitos relacionados con el urbanismo en general, hasta el punto de que la "simple obra" de un edificio o una urbanización se considera ya "un delito consumado", es decir, que no hay que esperar a que la construcción esté finalizada.

LA REFORMA NO ES UN COLOFÓN

Tras señalar que todavía no ha sido posible "hincar el diente" a muchos aspectos de la reforma del Código Penal, el fiscal ha destacado que si bien "nos podemos dar un poco por satisfechos" con ella, no supone sin embargo "el colofón de nada", ya que como ha vaticinado "en breve" aparecerá una nueva directiva europea, relacionada esta vez con los vertidos que desde la costa se hacen al mar.

En este sentido, el titular de la Fiscalía Coordinadora del Medio Ambiente y Urbanismo ha explicado que a finales de octubre "se filtró" que la Comisión Europea está abordando un nuevo documento relacionado con este asunto, que se sumaría a otros dos (sobre la protección penal del medio ambiente y el vertido de residuos desde los buques al mar) y que afectaría a la protección de unos 370 kilómetros de costa.

DE LA NADA A LA REVOLUCIÓN

Finalmente, Antonio Vercher ha reflexionado que en "algo más de medio siglo" se ha asistido a un proceso "extraordinario" en materia de legislación medioambiental, ya que se ha pasado "prácticamente de la nada" a la "revolución" que existe hoy en día.

Frente a ello, y aunque cada vez se de más importancia a los temas ambientales, la conciencia de los españoles sobre los mismos "no pasa de lo políticamente correcto" y el tratamiento que se hace de ellos está "un poco en las antípodas" de lo que debería ser.


* Europa Press - 15.11.11
Foto: Viñeta de Quesada - farovigo

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Málaga.- Denuncian que la Junta ha destruido un bosque al actuar en un arroyo

MÁLAGAHOY* : Hace apenas unas semanas era un diverso y rico bosque de ribera que lindaba con un arroyo del que hoy en día no queda apenas nada tras una actuación de limpieza de cauces llevada a cabo por la propia Agencia Andaluza del Agua, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente. Lo denunció ayer el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía GENA-Ecologistas en Acción y ha ocurrido en el entorno del cauce del arroyo Cerezo en Villanueva del Rosario, a tan sólo 50 metros del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Sierra de Camarolos y donde se sabe que existe una variada vegetación y fauna asociada a este hábitat.
Fresnos, olmos y sauces formaban este bosque de ribera que, al parecer, ha sido aniquilado como consecuencia de una actuación llevada a cabo dentro del programa de prevención de inundaciones que cada año lleva a cabo la Junta de Andalucía en los puntos con más riesgo de sufrir una riada.

La Delegación Provincial de Medio Ambiente confirmó ayer a este periódico que se había actuado en un tramo de 1.500 metros en este arroyo, pero negó que tuviera tales consecuencias.

Sí reconoció que se ha llevado a cabo el desbroce en toda su longitud, que se ha retirado vegetación muerta en el cauce y las márgenes y que incluso se ha recuperado la sección de cauce que se había desviado.

Pero el colectivo ecologista insistió en que los trabajos que se han realizado en este arroyo han ido mucho más allá y que "se han metido máquinas sin respetar ni la vegetación ni la fauna de la zona". La existencia en este cauce de especies tan poco frecuente y casi única en esta zona como el musgaño de cabrera, un micromamífero similar a un ratón acuático, "exigía haber actuado con precaución", criticó el presidente del colectivo, Rafael Yus.

La intervención de la Consejería de Medio Ambiente en esta zona, dijo, "se ha planificado únicamente como si el río fuera un simple canal de desagüe y sólo primando el interés de los ingenieros".

La crítica y denuncia realizada ayer por el colectivo ecologista fue corroborada también por el profesor del departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Málaga, Andrés Vicente Pérez, que confirmó que el bosque de ribera que existía en esta zona era de "gran valor" y que "en ningún caso" se puede decir que había árboles muertos salvo algún olmo que estaba afectado por un hongo.

Pero además de la vegetación afectada, el experto señaló que "se ha destruido por completo" el perfil del arroyo al haber sido canalizado con los trabajos que se habían diseñado para supuestamente prevenir inundaciones en la zona.

Lo que los ecologistas temen ahora es que la actuación prevista por la Agencia Andaluza del Agua para construir escolleras en otros tramos de este arroyo terminen por destruir el hábitat asociado a este entorno que linda con una zona protegida.


* Málaga Hoy - RAQUEL GARRIDO - 15.11.11
Foto: villanueva del rosario - ecologistas en acción

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El TSJCV anula el PAI Nou Mileni de Catarroja aprobado por la Generalitat

EFE/Valencia* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado el acuerdo de la Comisión territorial de urbanismo de Valencia que aprobaba la homologación y plan parcial del sector Nou Mil·leni para la construcción de 12.000 viviendas en la localidad valenciana de Catarroja.
La resolución, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ valenciano, con un voto particular en contra, basa su fallo en la "falta de disponibilidad de recursos hídricos" para llevar a cabo el proyecto, dado que "no existe título concesional suficiente".
La sentencia de la Sección Primera, facilitada hoy, estima así el recurso planteado por la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana contra la decisión administrativa del 20 de febrero de 2008 que aprobaba el PAI, que ahora queda anulada.

Contra esta decisión judicial cabe, en su caso, recurso de casación, que deberá presentarse ante este tribunal en el plazo de los dos días siguientes al de su notificación.

El proyecto, impulsado por la promotora Llanera y el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), contempla la construcción de cerca de 12.000 viviendas y un centro comercial en este término municipal.

La Delegación del Gobierno basaba su recurso en la infracción del ordenamiento jurídico por parte de la Comisión territorial de urbanismo, de la Conselleria de la Vivienda, al "aprobar el acuerdo sin acreditar la disponibilidad de recursos hídricos".

Apoyaba además sus argumentos con diferentes informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) desfavorables a esta actuación urbanística en Catarroja.

Por contra, la representaciones procesales de la Generalitat, Ayuntamiento de la localidad y codemandada defendían la existencia de tales recursos para llevar a cabo la actuación urbanística aprobada.

Según el tribunal, se pone de manifiesto "en principio" la suficiencia de los recursos hídricos pero "no así la disponibilidad de los mismos", por cuanto "no existe título concesional suficiente" ni por parte del Ayuntamiento demandado ni por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi).

Destaca la importancia de distinguir entre suficiencia y disponibilidad de recursos hídricos, en tanto en cuanto, se trata de conceptos que se ubican en "dos planos distintos".

De este modo, mientras que la suficiencia hace referencia a la existencia de recursos hídricos bastantes, la disponibilidad se concreta en la posibilidad de aplicar los recursos hídricos existentes a la actuación urbanística en cuestión, lo cual requiere del correspondiente título administrativo concesional.

"La existencia de recursos hídricos es condición necesaria para que pueda disponerse sobre éstos pero no es condición suficiente, en tanto que la disponibilidad requiere de un título concesional para la utilización del recurso", explica.

Por ello, estima que, si bien puede concluirse que hay recursos hídricos suficientes, lo cierto es que "no hay disponibilidad sobre los mismos ni se pueden satisfacer las demandas requeridas por la actuación aprobada", lo cual es "especialmente exigible en este caso" desde el momento en que tiene que recurrirse a recursos comunes de la ciudad de Valencia y área metropolitana".


* ABC - EFE - 14.11.11
Foto: Catarroja (Valencia), proyecto Nou Mileni - levante-emv.com

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El Juzgado de lo Contencioso se hará cargo de la urbanización de Huertos de San Roque en Linares

IDEAL/Jaén* : Ocho años después de iniciarse los trámites legales para exigir la ejecución de los trabajos de urbanización del residencial Huertos de San Roque de Linares, la veintena de propietarios que hace dos décadas adquirieron una finca en la zona podrán disfrutar finalmente de una vivienda en una zona urbanizable, tal y cómo se refleja en sus contratos de compra.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Jaén se hará cargo directamente de la terminación de la ejecución, con cargo a las arcas municipales, habiéndose incluso designado ya al perito que determinará y dirigirá las partes que restan por terminar para que los propietarios dispongan de agua potable, transportes públicos, recogida de residuos y los mismos servicios con que cuentan en el centro de la localidad.
Una medida que, como señalan desde despacho sevillano Llocan Abogados -que sustituye por enfermedad a la anterior letrada rectora del procedimiento-, será testimoniada y pasarán al Ministerio Fiscal a fin de que determine «si la desidia y los hechos cometidos por el Ilustre Ayuntamiento de Linares constituyen un delito grave de desobediencia u otros».

En concreto, el juez dictaminaba hace dos años una sentencia favorable a los propietarios de las parcelas y en la que se daba un plazo máximo de un año (hasta septiembre de 2010) para finalizar el proyecto, sin que se haya ejecutado hasta el momento.
Entonces, desde la Concejalía de Ordenación Territorial y Urbanismo del Consistorio linarense se aseguraba, tras conocerse la sentencia de ejecución forzosa dictaminada por el juez, que se realizarían las obras por vía ejecutiva con la intención de ofrecer los servicios a estos vecinos, «y posteriormente se pedirá responsabilidades a la promotora», hasta la fecha no ha explicado el desarrollo de las mejoras a los afectados ni las previsiones existentes para su puesta en marcha según señalan desde el despacho de abogados.
«Después de casi cinco años de procedimientos judiciales, los 20 vecinos que reclamaban la terminación de las obras de la Urbanización Huertos de San Roque de Linares las verán terminarse pronto, convirtiéndose la Urbanización en una de las mejores dotadas de la provincia, viendo cómo el valor de sus propiedades y el dinero que en ellas han invertido se triplica o cuadriplicado. La duda que se nos plantea es si el resto de los propietarios de la Urbanización al verse tan beneficiados, reconocerán el esfuerzo llevado a cabo por sus vecinos o seguirán menospreciándolos y culpándolos de los errores y negligencia ajenos», sostienen los representantes legales.
Años de lucha
El residencial Huertos de San Roque comenzó a construirse en 1991 al margen de la normativa urbanística pero con el compromiso municipal «del desarrollo urbanístico de la zona». En este periodo, parte de las obras fueron recepcionadas durante el tiempo estipulado para ello -hasta finales de 2005- pero no así para el resto de propietarios que, pese a rechazar las indemnizaciones a cambio de que se les presten los servicios a favor de la terminación de la urbanización.
En 2006, un año después de la fecha prevista para el fin de las obras de urbanización de unas parcelas vendidas «como suelo urbano con todos los servicios», los vecinos solicitaron ante el Ayuntamiento que se instará de manera oficial a la promotora la recepción de las parcelas afectadas. La «inactividad» por parte del Consistorio linarense que motivó la presentación de una demanda contencioso-administrativa en cuya sentencia se reconoció la falta de actuación por parte del Ayuntamiento de Linares, a la vez que se establecía un plazo de 12 meses para que los afectados recibieran los servicios básicos.
Sin embargo, lo que parecía que podía ser el primer paso para solucionar el problema de estas familias, no ha tenido hasta ahora ningún tipo de respuesta ni por parte de la Concejalía de Urbanismo ni de la promotora, a excepción de la retirada del cartel en el que se anunciaba la venta de parcelas en suelo urbanizable.
En este sentido, se calcula que las 20 familias demandantes han invertido a lo largo de estos años miles de euros en infraestructuras privadas que les permitiera contar con los servicios básicos que no han recibido hasta el momento, «y todo ello pese a pagar los impuestos correspondientes». Unos gastos que, sin embargo, se sitúan en un segundo plano ante los problemas de insalubridad a los que aseguran enfrentarse desde hace años, pues los afectados aseguran recibir un suministro de agua que «es solo apta para riego porque está contaminada con heces diluidas y altos niveles de plomo» como se demostró a través de varias analíticas realizadas en la zona.


* Ideal - 15.11.11
Foto: El residencial comenzó a construirse en 1991 con el compromiso de su desarrollo urbanístico - ideal

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El lastre del dispendio

ELPAÍS/Editorial* : La crisis económica ha dejado al descubierto no solo la imposibilidad de sostener algunas infraestructuras autonómicas y municipales realizadas durante los años de euforia, sino también su rigurosa inutilidad. Obras como los aeropuertos de Castellón o Ciudad Real, el Estadio Olímpico de Sevilla o la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, además de buena parte de los canales de televisión autonómicos, entre otras muchas, se han convertido en un lastre para los presupuestos de las diversas Administraciones de las que dependen. Los volúmenes de inversión han sido tan elevados que en circunstancias normales desaconsejarían un brusco abandono, a la espera de que se reactive la economía y algo pueda ser recuperado. Pero su más que dudosa utilidad hace inviable hipotecar al simple mantenimiento unos recursos cada vez más escasos.
Buen número de las infraestructuras sobre las que hoy planea la sombra del abandono y la ruina no eran viables desde su concepción y, sin embargo, se aprobaron, financiaron y ejecutaron con el apoyo de Gobiernos autónomos y municipales. Detrás de esta cadena de errores se encuentra uno de los equívocos que mejor resume la ligereza desde la que actuaron las Administraciones, y también los agentes económicos privados, durante los años previos a la crisis, y cuyas consecuencias se pagarán durante mucho tiempo. El espíritu emprendedor se confundió con el voluntarismo, con el agravante de que no fue desinteresado. Detrás de cada proyecto faraónico hubo beneficios en proporción, cuyos destinatarios fueron bolsillos privados.

La proliferación de infraestructuras de dudosa o nula utilidad deja constancia del aberrante modelo económico por el que se optó en España, quizá sin plena conciencia de estar haciéndolo. Más que inversiones capaces de modernizar la economía, estas infraestructuras que hoy parecen ballenas varadas fueron una extensión apenas disimulada de la cultura del ladrillo. Materializaron además una concepción del sistema autonómico y municipal que proliferó al amparo de la euforia que cebó la burbuja inmobiliaria: cada región, incluso cada provincia, debía disponer de todos los servicios por razones de prestigio, no en función de su utilidad. El caso más ilustrativo es el de los aeropuertos o las televisiones autonómicas, pero lo mismo podría decirse de polideportivos, centros de ocio e infraestructuras de naturaleza parecida, diseminados de punta a punta del país.

* El País - Editorial - 15.11.11

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