El alcalde de Majadahonda concedió obras a una firma que pagó a Correa

ELPAÍS/Madrid* : El alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá (PP), adjudicó como presidente de la empresa de patrimonio municipal (Pammasa) obras por un valor superior a 23 millones de euros a una empresa que pagó comisiones, consideradas ilegales por la policía, al presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, según un informe de la Policía Judicial. Este documento explica el modus operandi de la red en Majadahonda: el Ayuntamiento, encabezado entonces por Guillermo Ortega, imputado en el caso, adjudicaba obras a empresas que facturaban de forma paralela a Correa grandes cantidades de dinero por servicios que no se llegaban a prestar. Para ello las firmas de la trama enviaban facturas falsas. Y Correa destinaba este dinero a financiar los gastos privados de los cargos públicos que le favorecían. En el caso de Majadahonda Guillermo Ortega, pero también sufragó los gastos del gabinete de Majadahonda. Además, según el informe policial, este dinero se utilizó para pagar la publicidad institucional del Consistorio, así como anuncios del PP local.

Esta nueva revelación del sumario pone de manifiesto que Narciso de Foxá, que fue quien en 2005 desplazó a Guillermo Ortega de la alcaldía, adjudicó a Coarsa obras por un valor superior a los 17 millones de euros. Esta cifra subió hasta los 23 millones por los sobrecostes. De forma paralela, Coarsa abonó a Correa facturas por un valor superior a los 225.000 euros. La policía sostiene que este dinero formaba parte de las comisiones ilegales que financiaban los gastos del alcalde y otros cargos públicos de Majadahonda. En total, el Ayuntamiento pagó a Coarsa -y a su matriz Licuas- más de 44 millones entre 2002 y 2008.

Estas adjudicaciones en las que participó De Foxá como presidente de Pammasa fueron, concretamente, las obras de urbanización en 2002 de la zona oeste de un área denominada Oportunidad, por un importe superior a los 10,3 millones. El soterramiento de una línea eléctrica en 2003 por un millón de euros; y la construcción de una vía de acceso desde Pinar al Carralero y el Valle de la Oliva. También en 2003 y por seis millones.

Para que Pammasa pudiera sacar a concurso estos terrenos el entonces alcalde, Guillermo Ortega, tuvo que firmar un convenio en el que el Ayuntamiento cedía los terrenos a Pammasa. El otro firmante del acuerdo junto a Ortega fue Narciso de Foxá, según el expediente municipal.

El informe de la policía concreta la existencia de facturas de Correa con destino a Coarsa / Licuas entre el 14 de diciembre de 2001 y el 21 de noviembre de 2002 por un importe de 135.000 euros. Algo que, en opinión de la policía, "podría responder al pago, por parte de dichas empresas, de una factura ficticia a TCM, ya que el importe de estas facturas pasa a ser destinado a la contabilidad b de Correa".

Entre estas facturas se encuentra una de Coarsa de 21 de noviembre de 2002 por un importe de 60.121,21 euros. Esta cifra coincide con una de las aportaciones que Correa hace a la cuenta que asigna a Ortega en su contabilidad b. De esta forma, el importe íntegro de esta y otras dos facturas, según la policía, pasa a utilizarse para el pago de diversos gastos de viaje y la compra de bienes. La cuenta que Correa destinaba al gabinete de la alcaldía también tuvo un ingreso procedente de Coarsa, según la policía. Fue el 24 de junio de 2002, y por 50.785 euros. Correa cobró este dinero vía TCM, la empresa con la que, según la policía, ejercía de intermediario para dar apariencia de legalidad a las operaciones.

Al margen de las obras a Coarsa, Narciso de Foxá también adjudicó otros servicios a empresas de Correa por un valor superior a los 80.000 euros. Llama la atención que una de estas facturas, del 22 de enero de 2004, por un valor de 1.474,59 euros, tuviera como finalidad la celebración del inicio de la construcción por parte de la empresa Teconsa de 150 viviendas públicas. Al acto acudió el vicepresidente de Teconsa, José Luis Martínez Parra, también imputado en Gürtel. Teconsa trató de cobrar más de dos millones de euros por el encarecimiento del acero, pero al final logró 300.000 euros de más.


* El País - TONO CALLEJA - Majadahonda - 23/11/2011
Foto: Majadahonda (Madrid), gran vía - Fev. (wikipedia.org)

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Avilés.- El equipo del Niemeyer denuncia que Cultura exige la devolución de las ayudas y pide amparo judicial

LNE/Asturias* : La batalla política en torno al Niemeyer dio ayer un nuevo giro de tuerca tras el paréntesis electoral del 20-N. La fundación gestora del centro cultural denunció que el Gobierno regional ha exigido la devolución de parte de las ayudas concedidas en los últimos cuatro años y los gestores, ante lo que consideran una «agresión continua del Gobierno de Asturias», han solicitado amparo al Fiscal jefe de Asturias, Gerardo Herrero. Está previsto que el complejo cultural avilesino cese su actividad el próximo 15 de diciembre, fecha en la que finaliza la cesión del complejo arquitectónico a la fundación.
El presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, en declaraciones a la Cadena Cope, aseguró no conocer el contenido de la denuncia pero se posicionó: «Me temo que este tipo de actuaciones son huidas hacia adelante de quienes pretenden blindar la opacidad».

Cascos insistió en que «el problema que hay en el patronato de la Fundación del Niemeyer es la opacidad: nadie conoce, fuera de sus miembros, lo que está detrás de la gestión de los recursos públicos (casi el 90 por ciento) de ese patronato». Por eso malicia que la iniciativa «sea una maniobra más de distracción para tratar de blindar la opacidad, un objetivo que no es compatible con la obligada transparencia en el manejo de los fondos públicos por la que tiene que velar cualquier Administración seria y por la que está velando el Gobierno del Principado».

Según el secretario del Niemeyer, José Luis Rebollo, el Principado solicitó ayer «la devolución inmediata» de los 500.000 euros correspondientes a la subvención del año 2007. Según fuentes próximas al Gobierno de Foro, la razón que aduce el informe de Intervención para exigir ese reintegro es que no se gastó en su momento y que por eso tiene que devolverse. Los gestores, con el informe de Intervención ya en su poder, sospechan que el siguiente paso del Principado será reclamar la totalidad de las subvenciones aportadas por la administración regional. Esto es, más de cuatro millones de euros, «al considerar que ningún gasto de la Fundación está justificado por su actividad». De hecho, afirman, el propio informe de Intervención aconseja a la Consejería de Cultura reclamar todas esas cantidades. En medios próximos al Gobierno regional, sin embargo, cifran en algo más de un millón de euros la suma total que el Principado reclamará a la Fundación.

La gestión económica del equipamiento fue uno de los primeros detonantes del conflicto, cuando el Principado denunció facturas mal justificadas por un millón de euros.

El secretario del Niemeyer, José Luis Rebollo, presentó ayer ante el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias un escrito de denuncia contra el Principado en el que pone en su conocimiento todos los hechos acaecidos en relación al Centro Niemeyer desde el pasado mes de septiembre, cuando se desató la polémica, y en el que se hace alusión a presuntos delitos de revelación de secretos, prevaricación y falsedad en documento público. Rebollo hace referencia en ese escrito a «la convocatoria del patronato realizada por el consejero de Cultura», Emilio Marcos Vallaure, «a las acusaciones de graves irregularidades económicas, la exposición pública de la contabilidad de la Fundación de forma interesada o los hechos acaecidos hoy (por ayer)».

Pero ayer hubo más movimientos en torno al Niemeyer y a la guerra política que se cierne sobre él. Rebollo añadió que «el Principado abrió una inspección irregular a la Fundación». Según ha podido saber este periódico, se trata de una inspección tributaria sobre el Centro Niemeyer relacionada con el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). En medios próximos al centro aseguran que la Fundación, como tal y como organización de interés general, está exenta de pagar ese impuesto. «Además, el Principado no tiene competencias para abrir tal inspección. En todo caso, sería competencia del Ayuntamiento».

Según la misma versión, el dictamen de Intervención es «mucho más duro» que el informe provisional que hizo pública la Consejería de Cultura el pasado septiembre. Aunque varios representantes de Foro aseguraron la semana pasada que «en unos días» se conocería el informe en cuestión, el Principado rehusó ayer dar detalle alguno sobre su contenido.

El secretario del Niemeyer, José Luis Rebollo, también reclama al fiscal una investigación sobre los gestores, los patronos y los auditores del centro cultural. «Si existen graves irregularidades en la gestión de la Fundación, que se investigue a las personas que han gestionado, aprobado o auditado sus cuentas. Esto implicará una investigación independiente e imparcial», señaló. Rebollo, que anunció que en el próximo patronato presentará su renuncia, también aclaró que no llevó el caso ante la Fiscalía con anterioridad por respeto a la cita electoral del pasado domingo. «Era una cuestión de respeto democrático no alterar los tiempos electorales. Con ella (la denuncia) no se pretende ni acusar a nadie ni pelear por nada, sino simplemente posibilitar una investigación completa, exhaustiva e imparcial tanto de la actuación del Gobierno del Principado como de las cuentas y la gestión de la Fundación del Niemeyer».



* LNE - 23.11.11
Foto: Avilés (Asturias), centro Niemeyer - lne.es

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El fiscal pide dos años de cárcel para el ex-primer teniente alcalde de Redován por falsear permisos de acometidas eléctricas

LAVERDAD/Alicante* : El exedil de Urbanismo con la socialista Leticia Bas, Joaquín Pozuelo, da un paso más para sentarse en el banquillo de los acusados.
El fiscal ha pedido al juzgado 4 de Orihuela que abra juicio oral contra el que fuera primer teniente de alcalde de la pasada legislatura por falsear permisos para la acometida de luz a diversas casas de la huerta redovanense fuera de planeamiento urbanístico. El Ministerio Fiscal solicita una pena de dos años de cárcel para Pozuelo, que vendrá acompañada en caso de ser condenado de inhabilitación para votar y otras consecuencias, como que le pide también otra de doce meses de multa con una cuota diaria que fija en doce euros, 4.380 euros en total, y le carga las costas procesales al imputado. Asimismo la Fiscalía, le pide a la juez que le imponga una inhabilitación de ocho años para ejercer cargo o empleo público por el delito de prevaricación.

Los hechos se remontan al 2009, como bien se encarga de recordar el escrito de la acusación, y dice que valiéndose de la condición de su cargo, «elaboró un documento, en el mismo formato que se empleaba para los documentos oficiales del Consistorio en el que acordó conceder suministro eléctrico a una vecina, Josefa Carrillo» en una vivienda ubicada en el Camino de la Sierra, en suelo redovanense, con fecha de 5 de septiembre del 2007.

Sostiene el fiscal en su relato de los hechos que la autorización «fue dada a sabiendas de la injusticia que este acto entrañaba y ello dado que el acusado carecía de cualquier competencia para ello». Recuerda la acusación que el domicilio al que debía abastecerse de energía eléctrica «carece de cédula de habitabilidad o licencia de primera ocupación, resoluciones que solo podían darse por decreto de Alcaldía, previo de los informes técnicos», especifica.
Prosigue el escrito recordando que el escrito suscrito por el acusado fue elaborado íntegramente por el mismo «y no respondía a acto jurídico alguno, dado que ningún órgano municipal concedió la autorización a la señora Carrillo».
Asimismo deja nítida constancia de que no existió nunca expediente administrativo en la secretaría municipal sobre el otorgamiento de la autorización a su favor para extender las redes eléctricas y el contrato de suministro eléctrico y destaca que para salvar esta circunstancia «el acusado lo redactó similar a los documentos oficiales y estampó en el mismo el sello oficial del Ayuntamiento, si bien no se reflejó en el Libro Registro municipal», lo que le vale el cargo de falsedad de documento público.
Una vez hecho este paso en cuanto a los trámites preceptivos y previos, el acusado, recuerda el fiscal, hizo llegar el documento a la interesada «y ésta lo utilizó para suscribir con Iberdrola el suministro de energía eléctrica para la vivienda ilegal».


* La Verdad - 23.11.11
Foto: Redován (Alicante) - convega.com

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Invaden temporalmente el Ayuntamiento de Torrejón tras el desahucio de una mujer

20MINUTOS/Madrid* : Alrededor de treinta personas ocuparon este miércoles el vestíbulo del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz después de intentar impedir sin éxito el desahucio de una vecina del municipio, que media hora antes había perdido su vivienda por no poder hacer frente a los pagos de su hipoteca.
Los manifestantes habían sido convocados a primera hora de la mañana por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid y la Asamblea Popular del 15-M en Torrejón. Estos querían para detener el desahucio de Consuelo, que vivía en la calle de Soria y cuyo desahucio ya fue frenado por los activistas el pasado 7 de octubre.
Un centenar de ellos se personaron ante el inmueble, que lucía una pancarta de protesta en el balcón del segundo piso, para exigir una solución para la afectada, cuyos únicos ingresos son los 370 euros mensuales que le proporcionan su trabajo a media jornada en una empresa de limpieza.

En total, la mujer aún debía 180.000 de los 260.000 euros por los que compró la vivienda a través de una hipoteca con el Deutsche Bank. Ante la previsión de quedarse sin hogar, su marido y sus hijos ya habían partido de regreso a Ecuador para que la familia comenzase a rehacer su vida.

Recibida por un concejal

Sobre las 09.00 horas, varias unidades de agentes de la Policía Nacional con equipo antidisturbios se desplegaron en la zona y cortaron la vía. A las 11.00 horas hizo acto de presencia la comisión judicial, que entregó a Consuelo el acta correspondiente.

Consumada la tarea judicial, unos treinta manifestantes acompañaron a Consuelo hasta el Ayuntamiento y tomaron el vestíbulo, al tiempo que exigían que el alcalde del municipio, el popular Pedro Rollán, les recibiese y se ocupase del caso.

Según confirmaron fuentes municipales a 20minutos.es, fue el concejal de Bienestar Social e Inmigración, Rubén Martínez, el que se prestó finalmente a recibir a Consuelo, a la que el Ayuntamiento ha ofrecido un lugar donde pernoctar esta noche y los recursos municipales disponibles en estos casos.

"Este caso no se corresponde con una competencia municipal, pero hemos puesto a disposición de esta persona nuestros recursos, consistentes en la posibilidad de una fianza para el alquiler de un piso o habitación y la tramitación inmediata de la Renta Mínima de Inserción (hasta 532 euros mensuales para personas sin ningún recurso) que ofrece la Comunidad de Madrid", explicó un portavoz del Consistorio.

Este jueves, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Asamblea Popular del 15-M volverán a intentar impedir un desahucio, precisamente en la misma calle donde Consuelo perdía su casa este miércoles. En esta ocasión el afectado es Luis Méndez, senegalés y que vive en el número 7.


* 20 Minutos - ÁNGEL CALLEJA 23.11.2011
Foto: Torrejón, activistas contra desahucio - 20minutos

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C.Valenciana.- Los casos de corrupción, ´agobiantes´ para la Justicia

LEVANTE* : El fiscal superior de la Comunitat, Ricard Cabedo, ha dicho hoy que los aforados "tendrían que empezar a considerar si les conviene" serlo, ya que una persona juzgada por un jurado puede recurrir al Tribunal Superior de Justicia y al Supremo, pero a quien le juzga el Supremo no le caben más recursos.
Cabedo, que ha comparecido en comisión en Les Corts Valencianes para exponer por segundo año consecutivo la memoria anual de la Fiscalía, ha explicado además que este año no vendrán a la Comunitat Valenciana los tres fiscales que había pedido para Vinaròs, Alcoy y Alicante -al que posiblemente habría que sumar otro para Orihuela-, porque "no hay dinero".
Sobre los casos de corrupción en la Comunitat, ha destacado que Brugal "es el más combativo" y ha conllevado que en Alicante, donde había un fiscal anticorrupción, se haya nombrado otro de manera temporal para auxiliar en tres asuntos concretos del caso, dos en Orihuela y otro en Alicante.

Cabedo ha considerado que los medios son "suficientes", ya que la situación es "muy cambiante", de forma que en las actuaciones "normales" la dotación de la Fiscalía es "adecuada", pero no tienen "número suficiente cuando de repente aparece esta invasión" de asuntos "agobiantes", por lo que hay que acudir a nombramientos temporales.

También se ha referido, aunque sin citarlo expresamente, al caso Emarsa, y ha dicho que ante el aumento del número de imputados se ha mandado un juez de refuerzo al de instrucción, y se está intentando que la fiscal que se encarga del caso se le libere de "otros menesteres para que pueda cumplir adecuadamente".


* Levante - 23.11.11
Foto: Justicia lenta favorece corrupción - publico

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