Madrid.- El 15-M okupa un edificio en Carabanchel y otro en Galapagar para convertirlos en centros socioculturales

ELPAÍS* : Los indignados de Carabanchel han okupado esta mañana un economato que llevaba más de una década abandonado, según ha informado la asamblea popular del barrio a través de la red social Twitter. En Galapagar integrantes de la asamblea popular también han okupado un antiguo centro de salud "para la ciudadanía" y ya han elaborado un calendario de actos que incluyen debates, mercadillos de trueque o encuentros de la marea verde (nombre que recibe el movimiento en favor de la educación pública).
Después de celebrar una asamblea en la plaza de Oporto este mediodía, una veintena de los asistentes han entrado en el inmueble de la calle Algorta, donde ya se encontraban media docena de personas y han colgado una pancarta anunciando la "apertura del nuevo espacio socioculutural liberado El Eko". El objetivo es dotar a este espacio de contenidos socioculturales para el barrio, según aseguran los okupas. Aunque la Policía Nacional ha acudido hasta el lugar, se han retirado sin que se produjeran incidentes.

Los okupas de Carabanchel han explicado que rehabilitarán el inmueble para convertirlo en un centro social, aunque no han concretado ninguna fecha de apertura o de inicio de las actividades socioculturales.

Estas son la cuarta y quinta okupaciones en Madrid en los últimos meses tras las de Corredera Baja de San Pablo, Concepción Jerónima y el Hotel Madrid, en la calle Carretas.


* El País - AGENCIAS - Madrid - 27/11/2011
Foto: Madrid, okupación 15M en Carabanchel - fotograccion

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Barcelona.- La Rotonda. La degradación de un edificio histórico

E-NOTICIES* : El edificio la Rotonda, de estilo modernista, que está en desuso desde hace 5 años se encuentra en un estado ruinoso -grietas y humedades por toda la fachada, mosaicos en mal estado, palomas dentro del edificio y puertas y escaleras oxidadas-como se puede ver en las imágenes que ha cedido la plataforma cívica Salvem La Rotonda, que quiere detener la reforma que debe llevar a cabo la inmobiliaria Núñez y Navarro.
La plataforma viene denunciando que "Núñez y Navarro, propietario desde 1999, se ha distinguido por no cuidarse en absoluto de hacer el más mínimo mantenimiento ni limpieza y es el principal responsable del lamentable estado del edificio, junto con el anterior ayuntamiento, que nunca le obligó a cumplir sus responsabilidades legales para con un edificio protegido".

La empresa logró que el anterior Ayuntamiento le aprobara un Plan urbanístico especial, con el informe en contra de los propios servicios técnicos de Sarrià Sant Gervasi en que "le permiten edificar más m2 de los que le corresponden, alterando la forma del edificio en altura y profundidad".

La plataforma denuncia que la constructora Núñez y Navarro pretende derribar una parte del edificio La Rotonda de Barcelona, ​​"sin respetar la normativa que protege el edificio modernista, y con el objetivo de hacer 5 plantas de aparcamiento subterráneas".

La empresa "prevé también el derribo de una tercera parte del edificio protegido. La parte no protegida, de Enric Sagnier -arquitecto diseñador del edificio-, se derriba totalmente".

El edificio modernista está catalogado por el Ayuntamiento de Barcelona y fue construido a principios del siglo XX para ser un hotel. De hecho, fue hotel -primero el Metropolitan y luego el Hotel La Rotonda- hasta los años setenta.

Después de estar unos años abandonado, el inmueble fue ocupado por el Hospital Sant Gervasi, especializado en salud mental y geriatría, que en el mes de agosto del 2007 se trasladó -porque se le acabó el contrato- en las dependencias del Hospital Duran y Reynalds de L'Hospitalet de Llobregat. Desde entonces el edificio está completamente vacío. "Las farmacias estamos con el agua al cuello"


* E-Notícies - 11.11.11
foto: Barcelona, edificio la Rotonda en peligro - e-noticies

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Lugo.- Cultura vuelve a vetar el proyecto de O Garañón por ''desproporcionado''

ELPROGRESO* : La urbanización de O Garañón acaba de recibir un nuevo varapalo, el enésimo. La Consellería de Cultura desestimó el recurso presentado por el Concello al informe negativo sobre el proyecto de urbanización y lo hace con los mismos argumentos y, si cabe, más contundencia.
La Xunta ve «desproporcionado» el proyecto de edificación y dice que el hecho de que el entorno de O Garañón ya esté degradado por acciones urbanísticas previas no justifica que se estropee todavía más. «La cuestión ahora debatida es que no se degrade todavía más su entorno», afirma.
El Concello considera que la urbanización no está dentro del ámbito de las termas (Bien de Interés Cultural) ni del sanatorio Portela (incluido en el inventario de patrimonio cultural de Galicia). Defiende que entre las torres proyectadas y el antiguo hospital hay una parcela para la que el plan general vigente prevé siete plantas de altura y entre los edificios y las termas se interpone la Avenida República Arxentina, la Costa da Viña y la N-VI.

Sin embargo, Cultura mantiene que al no estar delimitado el contorno de esos bienes ni por la Xunta ni por el Concello, rigen las Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento de las provincias gallegas. El Concello siempre discutió esta aplicación, ya que considera que rigen solo para suelo rústico, pero la consellería mantiene que se deben guardar 100 metros de distancia a elementos de arquitectura civil protegidos (el sanatorio) y 200, a restos arqueológicos (las termas).

Cultura tampoco acepta el argumento del Concello de que no hay afectación negativa al parque Rosalía de Castro porque este no es un bien protegido -pregunta por qué entonces se protege en el nuevo plan general de urbanismo- y que no se produce anulación de la visibilidad en el contorno.

La Xunta sostiene que la incidencia paisajística de las seis torres proyectadas en O Garañón sobre el Parque es indiscutible y, en base a los planos del proyecto de urbanización, Cultura calcula el impacto de los edificios. «Parece claro que uns bloques de máis de 82 metros lineais cunha altura de 30 metros cara á rúa proxectada e de 40 metros cara a Avenida da República Arxentina producen unhas pantallas artificiais que anulan a visibilidade e contemplación dos bens protexidos e dos seus contornos», señala la consellería en su respuesta al recurso municipal.

Una de las alegaciones del Concello se refería, precisamente, a que la Xunta se extralimitaba en su informe porque además de referirse al proyecto de urbanización se pronunciaba también sobre la edificación. «Non pode pretenderse que se realice unha avaliación técnica que ignore o que resulta evidente do propio contido (descrición, grafado e planos) do proxecto de urbanización. Todo isto permite avaliar o desproporcionado das edificacións futuras en relación cos bens do patrimonio cultural e os seus contornos, o que ademais pode constatarse na realidade construída na actualidade», responde Cultura, en alusión a las dos torres levantadas ya y cuya construcción fue paralizada por el juzgado hace un año.

La Xunta tampoco ve incongruencias en los informes de sus arqueólogos y arquitectos. Los primeros afirman que O Garañón no es una zona propicia para hallazgos, pero eso no supone que no exista impacto negativo, dice Cultura. Los arquitectos señalan que el sanatorio Portela ya fue objeto de actuaciones que perjudicaron su valor y que la nueva urbanización no menoscaba las termas, pero el Gobierno gallego insiste en que el proyecto rompe la armonía de la zona y recalca que no se puede degradar más.

El Concello tiene dos meses para recurrir al juzgado la decisión de la Xunta, pero acaba de conocerla y aún no ha tomado una decisión.

ALTERNATIVAS
Hacer otro proyecto o pagar indemnizaciones

El edil de urbanismo, Luis Álvarez, explicó que los servicios jurídico y de arquitectura del Concello analizarán en las próximas semanas la respuesta de Cultura para decidir si se recurre o no al juzgado y analizar alternativas.

Otra propuesta

El Concello anunció en su día que, si el proyecto no es legalizable, se pediría otro al promotor, pero este podría optar por pedir indemnizaciones.


* El Progreso - 24/11/2011 - Carmen Uz
Foto: Lugo, polémicas torres O Garañón - lavozdegalicia

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Andratx.- Massot, Gibert y Mir vuelven al banquillo por permitir la ampliación de un chalet en zona protegida

ÚLTIMAHORA/Mallorca* : El exjefe del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx, Jaume Massot, el excelador municipal Jaume Gibert y el exasesor jurídico del Consistorio José Ignacio Mir, volverán a sentarse el próximo miércoles en el banquillo de los acusados en el marco de la pieza 55 del caso Andratx, por haber permitido la ampliación de una vivienda unifamiliar de 134 metros cuadrados que había sido construida en los años noventa y que estaba ubicada en terreno protegido. Se trata de la decimoquinta pieza del caso que será enjuiciada -todas las anteriores se han saldado con condena-.
La Audiencia acordó suspender esta vista el pasado día 10 después de que la defensa de Mir pusiera en conocimiento del tribunal de la Sección Segunda que su patrocinado se encontraba enfermo. En concreto, la Fiscalía solicita seis meses de cárcel y ocho años de inhabilitación para Massot por un presunto delito de prevaricación, las mismas penas para Gibert por la misma infracción penal y 9.000 euros de multa por falsedad en documento oficial para Mir, quien ya fue condenado en firme a un año de prisión por la construcción de la vivienda del exalcalde Eugenio Hidalgo con licencia de nave agrícola.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por los abogados Josep de Luis e Isabel FluxÃñ en representación del Ayuntamiento 'andritxol', pide en su escrito de calificación, al que ha tenido acceso Europa Press, dos años de prisión para Massot -quien cumple condena en el centro penitenciario de Palma por otros dos flecos de la causa-, un año y ocho meses para Gibert y un año de cárcel para Mir.
En su escrito de acusación, el Ministerio relata cómo el propietario del terreno obtuvo en 1992 licencia para levantar un chalet a pesar de que sólo había unas ruinas que no podían rehabilitarse por haber perdido el uso de vivienda, mientras que cinco años después le fue concedido otro permiso para construir una piscina. Sin embargo, fue en 2001 cuando los tres acusados entraron en escena al ser solicitada licencia para ampliar el chalet.
Así, Massot emitió en junio de 2002 un informe favorable a la concesión pese a indicar en el mismo que se trataba de suelo catalogado como Area Natural de Especial Interés (Anei) y Area Rural de Interés Paisajístico (Arip). Y ello a pesar de conocer «perfectamente» la normativa urbanística, los trámites a seguir si era terreno protegido y saber que se estaba solicitando una ampliación que suponía rebasar en dos veces y media el volumen máximo autorizable por las Normas Subsidiarias (NNSS) de Andratx, según el escrito.
Por su parte, prosigue la Fiscalía, Gibert emitió un informe oficial en el que de forma inveraz afirmaba que en la parcela existía una vivienda cuya antigüedad era anterior a 1950, debido a que «parte de la construcción era una buena imitación de las técnicas constructivas de las edificaciones rurales de Mallorca». Del mismo modo, Mir emitió su informe jurídico el 26 de junio de ese año, también favorable y con un «incumplimiento claro de la legalidad», según la acusación pública. Los informes de los acusados posibilitaron de esta forma que la licencia fuese concedida el 5 de julio.
Se da la circunstancia de que la Audiencia desestimó, en el marco de esta pieza, el recurso de apelación que interpuso Mir contra el auto dictado por el anterior juez del caso Andratx, Francisco José Pérez, que ponía fin a la instrucción del fleco. El imputado alegaba que actuó de este modo debido a que ya había sido otorgada una licencia en 1992 por nadie impugnada y su abogado apuntaba además a la carencia de conocimientos técnicos suficientes por parte de su patrocinado. Unas alegaciones que fueron rechazadas de plano por el órganio judicial, que confirmó de este modo el auto recurrido.


* Ültima Hora - EP. - 26.11.11
Foto: Andratx (Mallorca) - diario de mallorca

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C.Valenciana.- Mociones municipales contra la cesión de suelo público para colegios concertados

ELPAÍS* : La oposición frontal de todos, padres, alumnos, profesores, inspectores y sindicatos, a la cesión de suelo público para construir colegios concertados ha llevado a la Plataforma per l'Ensenyament Públic a iniciar una campaña de mociones en todos los Ayuntamientos para "frenar la privatización" del sistema educativo valenciano. Se trata del segundo sistema en el nivel nacional en el que más ha crecido la enseñanza privada concertada.
La Plataforma ha convocado también reuniones en las Cortes Valencianas con todos los partidos para retirar el artículo de los Presupuestos de 2012 que regula la cesión de infraestructuras públicas, y concentraciones en las tres capitales y municipios de mediano tamaño. La campaña concluirá el 21 de enero con un manifestación en Valencia.

"La Plataforma continúa con estas acciones y la campaña iniciada el curso pasado de oposición a esta iniciativa, porque considera que la construcción de este tipo de centros, los llamados Centros de Iniciativa Social (CIS), suponen un freno a la construcción de centros públicos", afirma en un comunicado. Esta estrategia de privatización de la enseñanza pública supondrá "una reducción de unidades y de profesorado por culpa del trasvase de alumnos de la escuela pública a los nuevos centros".

La Plataforma está integrada por la federación de padres de alumnos FAPA-Valencia, los sindicatos CC OO, STEPV y UGT, la confederación de asociaciones de vecinos de la Comunidad Valenciana (Cavecova), las federación de alumnos Faavem, las asociaciones de directores de Primaria y de Secundaria, la de inspectores Adide, los movimientos de renovación pedagógica MPRs y los sindicatos universitarios BEA, Campus Jove y SEPC.


* El País - NEUS CABALLER - Valencia - 25/11/2011
Foto: Valencia, protesta por una enseñanza pública de calidad (archivo) -- ccoo

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“Pagamos ahora los efectos de la fiesta inmobiliaria”

ENRIC LLOPIS* : Se informa de la crisis como fruto del azar, sin causas ni responsables, y con una sola receta para salir de la misma: planes de austeridad, ajustes y recortes. Para el reputado economista y estadístico, José Manuel Naredo, sí que hay un origen claro de la actual recesión en el estado español: “ahora estamos pagando las consecuencias del festín inmobiliario de los últimos años, impulsado por la coalición de un neocaciquismo disfrazado de democracia y el binomio formado por el poder financiero y las grandes constructoras”.
Naredo, que incluida la última ha estudiado con detalle tres burbujas inmobiliarias, ha realizado estas reflexiones en el segundo taller de la Academia de Pensamiento Crítico de Socialismo 21 y El Viejo Topo, titulado “¿Es España diferente? El modelo inmobiliario español y sus consecuencias económicas, ecológicas y sociales”.
En Europa se distinguen dos modelos inmobiliarios. El primero, por el que han apostado Alemania o Suiza, se basa en la regulación de la propiedad y la actividad inmobiliaria, el alquiler, la vivienda social y la conservación del patrimonio. “Los países que se han movido dentro de este paradigma se han visto menos afectados por la crisis”, subraya Naredo. Pero el estado español, y muy singularmente el País Valenciano, se han apuntado al segundo modelo, que les ha hundido en la recesión; reclasificaciones de suelo y plusvalías a mansalva, y vivienda libre y en propiedad (con absoluta independencia de las necesidades demográficas) son los rasgos de esta alternativa.

El economista, autor de “Luces en el laberinto” (2009) y “Raíces económicas del deterioro ecológico y social. Más allá de los dogmas” (2010), explica en su último libro algo en lo que se insiste poco: las raíces franquistas del modelo inmobiliario español. “La especulación de unos pocos se impuso durante el franquismo a la planificación urbana y la ordenación del territorio al servicio de la mayoría”, explica Naredo, quien añade que Madrid se convirtió en uno de los ejemplos más logrados de este fenómeno. Además, la vivienda libre y en propiedad fue desplazando –en un proceso que culminaría en la democracia- a la vivienda social y el alquiler (antes de esta transformación, en Barcelona, Valencia o Bilbao se daba un predominio absoluto del arrendamiento). Para rematar, salta a la vista la raigambre franquista de las grandes constructoras españolas.

Por ejemplo, Naredo sitúa en “los años del desarrollismo” franquista la primera ola de “urbanismo salvaje” en el litoral, un proceso de urbanización sin precedentes (el parque de viviendas aumenta en esos años un 40%) y la demolición o reedificación de los edificios de los cascos históricos. Fenómenos, todos ellos, que se consolidarían en décadas posteriores.

Éste es el origen del disparatado paradigma inmobiliario. ¿Y los efectos? Devastadores. En plena burbuja, España consumía casi 60 millones de toneladas de cemento anuales y más de una tonelada de cemento por hectárea de media. Lo que está detrás de estas cifras –explica el profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid- es “la masiva destrucción de suelo y de sistemas agrarios, reclasificados de manera casi sistemática, para la obtención de plusvalías”.

Se padece actualmente la resaca del boom en forma de recortes, paro y exclusión. Pero entonces, entre 2001 y 2007, la orgía se celebraba sin freno. El estado español construía más viviendas que Francia y Alemania juntas, aunque la población de estos países fuera el triple que la española y la superficie territorial, el doble. “La burbuja, concluye José Manuel Naredo, no guarda relación con la demografía ni con las necesidades básicas de la población; a medida que crece la construcción de viviendas, lo hacen también los precios, en función de las expectativas de negocio”.

La denominada crisis de las deudas soberanas también se explica -en el caso español, donde el endeudamiento privado supera ampliamente al público- por el monocultivo del ladrillo. Si en 1995 (antes de la burbuja), la deuda hipotecaria de las familias españolas en relación con su renta disponible era inferior a la de franceses, alemanes, japoneses, británicos, estadounidenses y canadienses, en 2006 (en pleno boom) superaba a estos. Los ciudadanos españoles habían hipotecado irremediablemente su futuro, en un país salpicado de “operaciones” urbanísticas y “megraproyectos”, y que ocupaba una posición de vanguardia en kilómetros de autovía, líneas de tren de alta velocidad y ruinosos aeropuertos provinciales.

Sin embargo, a juicio de Naredo, peor que los daños económicos, sociales y ambientales del modelo, es “el estrés psicológico y la bancarrota moral, individual y colectiva provocada”; una corrosión de los principios que conducía al agio generalizado y alcanzaba cotas de corrupción como las registradas en el Ayuntamiento de Marbella. Ahora, “con un modelo inmobiliario agotado –subraya Naredo-, en lugar de reformarlo para volver a la vivienda social (de la que carece el país) y regular el stock de pisos vacíos, se opta inexplicablemente por la reforma del mercado de trabajo o de las pensiones”.

Actualmente, recuerda el autor de “El modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano” (2011), “el gran patrimonio inmobiliario está en manos del sector financiero, que está en peligro de padecer una crisis de solvencia; Ésta se hará evidente cuando los balances contables vayan recogiendo el desplome del sector del ladrillo, es decir, la desvalorización de promociones, viviendas y solares”; “una de las salidas será, a buen seguro, la creación de bancos malos, en los que las entidades financieras podrán hacer sus enjuagues, provisiones, maquillajes y guardar sus pasivos; ya están subastando a la baja su patrimonio inmobiliario y, presumiblemente, acabarán saldándolo como sucedió en Japón”. Esto, bancos y cajas de ahorros. Los ciudadanos, mientras, continuarán soportando desahucios al no poder afrontar sus hipotecas.

* Rebelión - Opinión - 26.11.11

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