Valencia.- Colosal saqueo de dinero público

ELPAÍS* : Bajo las anodinas siglas de Emarsa (Entidad Metropolitana de Aguas Residuales SA) se esconde la historia de un colosal saqueo de dinero público. Emarsa, empresa instrumental creada por el Ayuntamiento de Valencia y otros 17 municipios cercanos, se dedicaba a depurar el caudal de las cloacas antes de liberarlo al mar, destinarlo al riego o a alimentar el parque natural de L’Albufera. Gestionaba la planta de Pinedo, la mayor de la Comunidad Valenciana y una de las más grandes de España. Y se financiaba con el canon de saneamiento que los vecinos de Valencia y su área metropolitana pagan con la factura del agua.
En julio de 2010, el PP, que controlaba la sociedad desde los años noventa, decidió liquidarla al encontrarse en situación de quiebra. La disolución reveló la existencia de un agujero de 17 millones de euros. La investigación judicial, que abarca el periodo de 2004 a 2010 y cuenta ya con 16 imputados por malversación, estafa continuada y delitos societarios, ha destapado que los gestores de Emarsa pagaron cantidades millonarias por servicios y suministros inexistentes. El fraude total podría superar los 30 millones. Mientras, los directivos disfrutaban a su costa de toda clase de extravagancias.

Compraban, con fondos de la sociedad, joyas, bolsos de Loewe, relojes, bolígrafos Montblanc, prendas de vestir en Armani, dispositivos electrónicos (ipods, libros electrónicos, ordenadores portátiles), accesorios de automóvil, mil euros de lotería cada año. Cargaban el alquiler de vehículos de lujo y circuitos de spa. Hacían viajes de placer con sus familias, a París, Nueva York, Johannesburgo y más destinos alojándose con gastos pagados en hoteles de cuatro y cinco estrellas. Se hospedaban en establecimientos de similar categoría, en la misma Comunidad Valenciana, acompañados de teóricas traductoras rumanas. Siempre por cuenta de Emarsa.

Fueron capaces de gastarse 92.443 euros en un año en asadores, marisquerías y restaurantes con estrellas michelín. Y aún así, en los 23.000 folios del sumario pueden encontrarse facturas de 7,5 euros de tabaco o de compras en el supermercado.

En un momento de las más de 50 horas que lleva declaradas ante el juez, el exgerente Esteban Cuesta contó cómo funcionaban las cosas. El entonces presidente de Emarsa y hoy todavía vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises con el PP, Enrique Crespo, también imputado, iba a su despacho, le entregaba unas facturas de Loewe y le daba la orden de acercarse al establecimiento a pagarlas. Entre compras, viajes y banquetes, los responsables de Emarsa se gastaron en seis años casi un millón de euros, según la abundante documentación de que dispone el juez Vicente Ríos.

El instructor cuenta con multitud de indicios de que el auténtico pillaje se produjo, sin embargo, mediante el pago de suministros y servicios falsos. Algunos, inverosímiles: Emarsa pagó, por ejemplo, por reparaciones en los digestores (tanques para depurar el agua) número cuatro, cinco y seis, cuando en la planta solo había dos. Y lo hizo a empresas administradas por tres hermanos, María Paz, Víctor Manuel y Sebastián García Martínez, este último a su vez jefe de departamento de la depuradora. Contrató cursos de formación por 188.000 euros, la mayoría por Internet y sin control de asistencia.

Adquirió teóricamente, en poco más de seis meses, 164 teclados; 149 ratones; 155 fuentes de alimentación; 141 licencias antivirus y 79 monitores, aunque en Emarsa solo había 32 puestos de trabajo informatizados. El proveedor, el propio Sebastián García Martínez, actuaba, de hecho, como director de informática en la planta y a veces firmaba en su nombre como recibido y conforme las partidas que él mismo vendía... Así hasta 35 empresas ahora investigadas que facturaron a Emarsa 40,3 millones de euros.

La sociedad estaba controlada por una asamblea metropolitana en la que el Ayuntamiento de Valencia tiene el 45% de los votos y el PP goza de amplia mayoría. Trabajar en Emarsa era una canonjía (nueve empleados ganaban más que el presidente del Gobierno) y la empresa fue llenándose de cargos de segunda y tercera fila del partido y de sus socios de Unión Valenciana. El propio Cuesta, a quien Rita Barberá nombró alcalde pedáneo, se mantuvo como dirigente local del PP de Valencia hasta pocos días antes del 20-N.

La seguridad de que nadie les controlaba llevó a los directivos a ser muy poco cuidadosos. Entre las facturas pagadas a las empresas investigadas algunas tienen por detrás “impreso nada menos que una previsión de tesorería” de la propia Emarsa, ha destacado el juez. Otras, de distintos proveedores sospechosos, están escritas al principio en letras negras, que cambian a mitad a color verde, naranja o rosa. Como si al taller de fabricación de falsas facturas se le hubiera acabado la tinta.

Corruptelas de Emarsa: detalles de un pillaje

1. Gastos a costa de la sociedad pública. Los directivos cargaron a Emarsa decenas de miles de euros por la compra de joyas, bolsos de Loewe, bolígrafos Montblanc, accesorios de automóvil, décimos de lotería (mil euros al año), ipods, ropa, cestos de bebé, circuitos de spa, alquiler vehículos de lujo...
2. Viajes pagados. Dirigentes de la sociedad viajaron a París, Nueva York, Johannesburgo, Marrakech, Estocolmo, Andorra... En varios casos, los directivos se desplazaban con sus familias y Emarsa también pagaba los hoteles.
3. Comidas. Los directivos cargaron 300.000 euros en comidas a Emarsa entre 2005 y 2010. Sólo en 2009, ya en plena crisis, las facturas por comidas en marisquerías y restaurantes de alto nivel ascendieron a 92.443 euros.
4. Lodos (toneladas). Las empresas de tratamiento y transporte de lodos facturaron más toneladas de las que generaba la planta. Por este concepto, Emarsa pagó más de 20 millones de euros entre 2004 y 2010.
5. Camiones ultrarrápidos. Los camiones de transporte de lodo iban y volvían a la planta en tiempos imposibles. Supuestamente un camión salía de la planta de Valencia, llegaba a Requena (a 68 kilómetros), descargaba, volvía a la planta, cargaba y volvía a estar listo para partir en menos de 15 minutos.
6. Obras. Emarsa pagó 4,2 millones de euros a dos empresas que administraba la misma persona, tenía la sede en su casa y apenas tenía trabajadores. Las empresas facturaron, por ejemplo, por reparaciones en maquinaria que no existía o por pintar fachadas de edificios que, por sus características, no se podían pintar.
7. Partidas informáticas. Emarsa compró en menos de un año 164 teclados, 149 ratones o 141 licencias antivirus cuando solo tenía 32 puestos de trabajo informatizados. El proveedor, hermano de la empresaria que hacía las obras y reparaciones, que facturó 4,5 millones mediante dos empresas, actuaba a la vez como jefe de informática de Emarsa. En algunos casos firmaba en representación de la sociedad como recibido y conforme los suministros que él mismo vendía.
8. Violación de las normas de contratación. La mayor parte de los contratos investigados incumplían los principios de publicidad y concurrencia. El caso más sangrante es el del proveedor informático que admitió al juez que una de sus dos empresas facturó 1,8 millones a Emarsa sin contrato, “con un acuerdo verbal”.
9. Oídos sordos a los auditores. Las auditorías de la firma Mazars advirtieron seis años seguidos (2004-2010) sobre las irregularidades en las formas de contratación. El presidente de Emarsa, Enrique Crespo, hizo caso omiso y afirmó ante el consejo que no detectaban problemas importantes. Crespo también rechazó la propuesta de que para acordar contratos y disposición de fondos hiciera falta al menos la intervención de dos responsables con firma mancomunada.
10. Empleados que solo iban a cobrar. El exgerente Esteban Cuesta ha admitido al juez que contrató por indicación de Crespo a cuatro personas que solo iban por la planta a cobrar. Uno (Luis Botella) es el concejal de Urbanismo del PP de Moncada; otra (Marisol Giner) era la exportavoz del PP de Benetússer.
11. La Generalitat inyectó el triple de fondos. Durante el periodo investigado (2004-2010), el Gobierno valenciano casi triplicó los fondos destinados a Emarsa (de 6,4 millones de euros en 2004 a 18,4 millones en 2009), mientras la cantidad de agua depurada sólo aumentaba un 6,5%.
12. Ingresos en metálico. El gerente Esteban Cuesta ingresó en sus cuentas 251.000 euros en efectivo entre 2005 y 2009.


* El País - IGNACIO ZAFRA - 27 NOV 2011
Foto: Manises (Valencia), alcalde E.Crespo - elpais

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Vigo.- El Superior manda tirar un restaurante de lujo en la marina de A Lagoa

ELPAÍS* : El puerto deportivo de A Lagoa, en la falda del monte vigués de A Guía, se ha convertido en un calvario judicial para su promotor, el empresario Manuel Fernández de Sousa. Una tras otra, todas las construcciones levantadas en el dominio público han ido sumando sentencias en contra en primera instancia, después confirmadas por el Tribunal de Xustiza de Galicia (TSXG). En esta ocasión llegan de dos en dos, que afectan a la nave que levantó sobre una pequeña caseta de madera desmontable, que fue engullida por una construcción fija cinco veces mayor, en la que la concesionaria abrió un lujoso restaurante. Una ordena el cese definitivo de actividad. La otra, su derribo.

Las dos sentencias del tribunal gallego desestiman sendos recursos presentados por la empresa Astilleros y Construcciones A Lagoa, propiedad del presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, contra dos fallos de distintos juzgados de lo contencioso administrativo de Vigo, el 1 y el 2. El Tribunal de Xustiza confirma las sentencias iniciales en todos sus extremos, condena a costas al recurrente y cierra la vía judicial a los intentos de la promotora de la marina para legalizar sus construcciones.

Tras hacerse con los derechos de la concesión de la Autoridad Portuaria para construir el puerto deportivo, Fernández de Sousa lo dotó de tres grandes naves y una construcción para restaurante sin solicitar licencia al Ayuntamiento. Esta última motivó un acuerdo de reposición de la legalidad aprobado por la Gerencia de Urbanismo de Vigo en mayo de 2007 y ratificado en octubre de 2008. A Lagoa recurrió entonces a la vía judicial, en la que ha cosechado sendas derrotas.

El TSXG tumba los argumentos de la promotora del puerto deportivo vigués. Esta alegaba que el expediente de restauración de la legalidad no identificaba correctamente la superficie y características de la instalación prefabricada inicial, para la que disponía de una licencia de caseta desmontable. La sala de lo contencioso-administrativo del TSXG sostiene que en efecto la construcción que se ordena demoler no coincide con la garita de 30 metros cuadrados para la que tenía permiso, pero que esto se debe a que fue sustituida mediante una ampliación que absorbió la anterior. "Toda ella es ilegal", sostiene el fallo.

A Lagoa también intentó demostrar que, al ser el de Vigo un puerto de interés general, la competencia exclusiva para actuar sería de la Autoridad Portuaria, a lo que replica la sentencia que el Ayuntamiento de Vigo tenía "competencias para pronunciarse sobre la legalidad o no" de la obra. El promotor alegó, igualmente sin éxito, que el Plan Especial del Puerto no podía supeditarse al planeamiento urbanístico municipal. Por último, denunció que en la tramitación del expediente no se dio audiencia a la Autoridad Portuaria, lo que se le deniega por no haber tenido ese organismo "participación alguna en la realización de la obra".

"Ningún defecto se observa en el procedimiento tramitado, ni en su contenido ni en la resolución dictada", falla el TSXG, que recuerda que la misma sala de lo contencioso administrativo se ha pronunciado sobre asuntos análogos en sentencias de 2009 y 2010, en las que ya se analizaron "los mismos argumentos". En todos los casos, el tribunal con sede en A Coruña dictaminó la ilegalidad de las naves anexas.

La otra sentencia del Superior ratifica el cese definitivo de la actividad del restaurante cafetería que alberga la nave, con un razonamiento similar al del fallo que ordena el derribo. Los dueños del puerto perdieron en primera instancia y el TSXG ratifica aquel fallo, al compartir "plenamente" los argumentos del juez de instancia.

A la espera de la piqueta
Las sentencias se suceden, pero los vecinos de Teis, el barrio costero vigués en el que está enclavado el puerto deportivo, siguen a la espera de que se concreten en forma de derribo. La primera de las dictadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de forma irrevocable data de diciembre de 2010, y afecta a dos de las tres naves, las de mayor tamaño, que, junto a la que alberga el restaurante, se levantan en terrenos de la marina de A Lagoa. Todavía no se ha ejecutado.

Ante la resistencia de A Lagoa a derribar las naves, el concejal de Urbanismo de Vigo, José Mariño, firmó el pasado 11 de marzo un requerimiento al propietario para que ejecute las demoliciones, bajo la advertencia de que, de no hacerlo, será el Ayuntamiento de Vigo el que efectuará los trabajos, para después pasarle la factura a la empresa. Mariño afirmó entonces que la sentencia se cumpliría "en uno o dos meses" pero, transcurrido ese plazo, las construcciones siguen en pie.

Confirmada la negativa de A Lagoa, la gerencia de Urbanismo de Vigo aprobó el pasado 18 de noviembre la contratación del derribo de dos de las naves ilegales, presupuestado en 84.767,76 euros. De momento, la instalación que alberga el restaurante debe esperar.


* El País - PABLO LÓPEZ - 28/11/2011
Foto: Vigo, puerto deportivo A Lagoa - google

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'Malaya'.- Roca admite que pagó a un funcionario judicial de Marbella

SUR/Málaga* : Juan Antonio Roca sigue dando detalles sobre la trama de pagos bajo cuerda que impulsó en Marbella, según él "por orden de Gil". El principal imputado en el juicio por el 'caso Malaya' sigue intentado justificar ante el juez todos los pagos en metálico que repartió entre los concejales del equipo de gobierno como "gratificación" para que no rompieran el tripartito. Pero estos sobres con dinero no solo llegaban a los ediles, como mantiene la Fiscalía Anticorrupción.
Roca también tuvo negocios o tratos con funcionarios del Ayuntamiento o cargos que podían ayudarle en su control del gobierno municipal. Roca habló hoy de los supuestos pagos que efectuó a Leopoldo Barrantes, que fuera secretario municipal del Ayuntamiento de Marbella, Rafael del Pozo, jefe de la Policía Local o Francisco Ramírez, funcionario de los juzgados de Marbella.

Este último caso es quizás uno de los más llamativos, ya que la Fiscalía sostiene que Ramírez era una especie de 'topo' de Roca en los juzgados, al que mantenía informado de los distintos procesos judiciales en los que estuviesen implicados miembros del Ayuntamiento. El considerado cerebro de la trama admitió esta mañana en el juicio que pagó 6.000 euros y regaló un reloj a este funcionario judicial, aunque niega que fuese un soborno. "Me hizo una gestión para la venta de unos terrenos en el Puerto de Santa María", dijo Roca, que vinculó este favor con el pago de los 6.000 euros.
Ante las preguntas del fiscal, Roca aseguró que Francisco Ramírez "no me tenía al tanto. Alguna vez le he preguntado por algún tema que estaba en su juzgado, en algún momento me ha dado información de una citación de los concejales, pero sin mayor importancia, No era una persona que me contara lo que pasaba en los juzgados", declaró Roca.
Los estudios de Derecho de Rafael del Pozo
Respecto a las entregas de dinero que se reflejan en su contabilidad relacionadas con Rafael del Pozo, exjefe de la Policía, Roca también los desvinculó con sobornos para que lo informara de posibles investigaciones. Roca explicó que unos pagos de 120.000 estuvieron relacionados con la compra de una vivienda por parte de Del Pozo, que le pidió ayuda para gestionar una hipoteca. "Acordé con Del Pozo dar yo la entrada de la vivienda y que si él finalmente no podía hacer frente a la hipoteca, yo me quedaría con ella". Según su testimonio, finalmente Del Pozo no consiguió la hipoteca y Roca se quedó con la casa y la seguió pagando. Otro de los pagos a Rafael del Pozo, Roca dijo que era un adelanto para que se matriculara en la carrera de Derecho en una universidad privada, pero que finalmente no le llegó a hacer.
Respecto a Leopoldo Barrantes, Roca también argumentó que los pagos tenían que ver con negocios privados suyos y no con el papel del secretario municipal en el Consistorio. Roca aseguró que Barrantes le presentó e un promotor de Extremadura que estaba interesado en vender una parcela, por lo que le pidió a Roca asesoramiento. Al conseguir vender Roca la parcela recibió una comisión que quiso compartir con Barrantes, que era el que le había facilitado el contacto. "Como me dice que no quiere comisión, que él solo quería hacerle un favor a su amigo, le doy un sobre a su hija, un regalo de 18.000 euros". La Fiscalía mantiene que este dinero tiene que ver con que el secretario municipal hacía la vista gorda ante las irregularidades que se cometían en el Ayuntamiento.


* SUR - 28.11.11 - ENRIQUE MIRANDA
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es

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Torrevieja dio licencia a la planta de basura con cinco informes en contra

ELPAÍS/Alicante* : La planta de transferencia de basura de Torrevieja ha devenido en un foco de problemas para el Gobierno local, del PP. La concejal del PSPV Fanny Serrano desveló ayer en un pleno que el concejal de Urbanismo, Francisco Moreno, le concedió por decreto a la UTE que se encarga de la recogida de los residuos, formada por La Generala y Acciona, una licencia de obras para construir la planta el 12 de noviembre de 2010, desatendiendo hasta cinco informes en contra de la arquitecta municipal, del jefe del servicio de Urbanismo y de dos arquitectos técnicos, también municipales. El concejal Moreno avaló el permiso con un informe externo.
La empresa solicitó el permiso en marzo de 2005, tras serle adjudicado el contrato de recogida de residuos durante una década, pero se le concedió cinco años y medio más tarde. Para colmo, esa misma licencia fue declarada caducada el 21 de septiembre de este año por inactividad.

Moreno reconoció que le han pedido al promotor que inicie un nuevo trámite para obtener otra licencia. Pero, ahora mismo, la planta sigue funcionando sin licencia de obra, actividad o apertura porque nunca ha dispuesto del estudio de impacto ambiental y de ningún informe favorable que no fuera externo. Sin embargo, el Gobierno se niega a cerrarla. El portavoz de Los Verdes, José Manuel Dolón, vio en esta actitud una estrategia dilatoria para que "el tema siga muerto" y legalizar la planta en una actuación urbanística más amplia, movimiento que calificó como "un pelotazo".

Por la adjudicación de este contrato en 2004 ya está imputado el exalcalde y actual diputado autonómico Pedro Ángel Hernández Mateo. La juez vio indicios de la comisión de los delitos de prevaricación y falsedad documental y remitió la causa al TSJ valenciano por su condición de aforado. El arquitecto municipal y la secretaria del Consistorio abogaron por dejar desierto el concurso. Hernández Mateo encargó un informe jurídico externo a un despacho que trabajaba con asiduidad para la empresa que resultó adjudicataria.


* El País - 26.11.11
Foto: torrevieja.es

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El Puerto.- La Fiscalía de Cádiz ha interpuesto denuncia contra el alcalde por “trato discriminatorio” a los diseminados

BAHÍADECÁDIZ* : La Fiscalía de Cádiz ha procedido a interponer denuncia ante el Juzgado Decano de El Puerto de Santa María, contra el alcalde, Enrique Moresco y la teniente de alcalde, anterior delegada de Urbanismo, Patricia Ybarra. Así lo aseguran desde Fevema (federación de vecinos de diseminados, de asociaciones de vecinos de núcleos ilegales en la ciudad).
“Según hemos podido conocer, esta denuncia de Fiscalía parte de varias diligencias instadas por determinados colectivos a la que se han acumulado otras tantas provenientes de asociaciones federadas a Fevema, que consideran que han recibido un trato discriminatorio por parte del equipo de Gobierno”, indica este colectivo en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.

Y es que, como han indicado los representantes de dichas asociaciones, “estando todos en las mismas circunstancias ante un documento como el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en la actuación del Gobierno municipal con los diferentes diseminados no ha primado la igualdad de trato”. Con todo, “consideramos que ésta es una buena oportunidad para que los responsables políticos del equipo de Gobierno demuestren su tan llevado discurso de la anterior legislatura de que nunca incumplirían la ley”.

PETICIÓN DE REUNIÓN, SIN RESPUESTA

Por otra parte, Fevema aprovecha para recordar al actual concejal de Urbanismo, Diego Muñoz, su “obligación de cumplir con los ciudadanos”, indicando que “ya han transcurrido seis meses desde que tomara las riendas del área, y “aún no se ha dignado a responder a ni una sola de nuestras peticiones de reunión, que le hemos remitido tanto a través del Registro General como personalmente a través de su asesor o coordinador de área José Galán”.

“Esperamos que Diego Muñoz sea más receptivo que la anterior concejala de Urbanismo y tenga a bien oír y escuchar sin sectarismo nuestras demandas, para evitar que en el futuro se nos tache como hizo su antecesora, de grupo de presión, cuando desde esta federación estamos demostrando sobradamente que tenemos talante conciliador y paciencia a pesar de la indiferencia del equipo de Gobierno ante las necesidades de las familias portuenses”, se remarca.


* Diario Bahía de Cádiz - 27.11.11
Foto: El Puerto (Cádiz), diseminados - bahiadecadiz

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