Ferrol.- La Xunta dio siete millones a empresas de la esposa de un alto cargo del Igape

ELPAÍS* : En apenas un año, las empresas de Josefa Otero Río, esposa de Carlos Silva, el exsubdirector del Igape imputado en la Operación Campeón, logró de este organismo ayudas por casi siete millones de euros. Al amparo del Plan de Reindustrialización de Ferrol, sociedades como Procesoil, Valorización de Residuos Gallegos o Galimed Trata obtuvieron del instituto en el que Silva era responsable de Información Especializada sucesivos créditos al 0%, de los que no tendrá que devolver ni un euro hasta pasados cinco años del ingreso de los fondos.
El entramado empresarial de Josefa Otero está siendo investigado por la juez Estela San José en la Operación Campeón, que destapó una presunta red de corrupción en las ayudas para las empresas del industrial lucense Jorge Dorribo. En el centro de la trama de la esposa de Silva se encuentra la sociedad Vector Digital, SL, de la que Josefa Otero poseía el 40% y otro tanto estaba en manos de Humberto López García. López es colaborador de Carlos Silva, estuvo contratado por el Igape y se asoció con Otero en todas las empresas de esta que fueron subvencionadas por la Xunta.

A través de esa sociedad, ambos poseían el 50% de las participaciones de Procesoil, que en 2010 logró 1,3 millones de préstamo con cargo al Plan Ferrol. No fue la única ayuda que el Igape concedió a esta empresa, que el 7 de julio del pasado año accedió a 250.742 euros más. Otros créditos entonces tramitados siguen cayendo a favor de la sociedad, que el 29 de octubre logró 6.174 euros adicionales para un programa de innovación.Si el Plan de Reindustrialización de Ferrol de 2010 supuso un buen pellizco para las empresas de Josefa Otero, el negocio mejoró sustancialmente este año. El pasado marzo, el Igape hacía públicas las ayudas del plan de 2011 en el que dos de los principales créditos eran para otras tantas empresas participadas por la esposa de Silva y por Humberto López. Se trata de Valorización de Residuos Gallegos, SL, y de Galimed Trata, SL, que lograron ayudas por el 50% del total de sus respectivas inversiones. Los préstamos fueron de 2,65 millones de euros en el primer caso y de 2,7 millones de euros en el segundo.

Carlos Silva y el exdirector del Igape, Joaquín Varela, son los dos altos cargos de este organismo detenidos e imputados en el marco del caso Campeón, en el que también están implicados los exdiputados Pablo Cobián, del PP, Fernando Blanco, del BNG, y el ministro de Fomento en funciones, José Blanco. Varela y Silva fueron apartados temporalmente de sus responsabilidades, pero mientras el primero ha cesado de forma definitiva, el segundo fue premiado por la consellería que dirige Javier Guerra con el cargo de técnico responsable de la Oficina Norte del Igape, con competencias en la gestión en las provincias de A Coruña y Lugo. Se trata de un cargo de confianza de libre designación.

Las ayudas del Plan de Reindustrialización de Ferrol son fruto de un convenio entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Instituto Galego de Promoción Económica de la Xunta. Las ayudas parten del ministerio y de fondos europeos, pero es al Igape al que corresponde la evaluación y la selección de las ayudas, que se conceden sin garantías ni aval de ningún tipo.

Josefa Otero aseguró a este periódico que ya no posee participaciones de ninguna de las empresas subvencionadas, que sostiene que vendió "para pagar al abogado" de su marido tras su imputación en el caso Campeón. La empresaria, cuya única actividad empresarial anterior era una escuela infantil en Cambre, sostiene que no cometió "ninguna ilegalidad" e insiste en señalar que su marido "no participó" en la concesión de los créditos.

Con Carlos Silva al frente de una subdirección del Igape y su esposa como socia de Procesoil, los conselleiros de Presidencia, Alfonso Rueda, y Economía e Industria, Javier Guerra, eligieron esta empresa para escenificar con una visita a su sede en Narón los frutos del Plan Ferrol. Acompañados por el entonces delegado de la Xunta en A Coruña, Diego Calvo, por el director del mismo Plan Ferrol, Alejandro Langtry, y por el presidente del Puerto, Ángel del Real, los conselleiros se fotografiaron el pasado mes de febrero con los responsables de la empresa.

Alfonso Rueda y Javier Guerra alabaron la "creación de empleo" surgida al amparo de los proyectos del plan de reindustrialización.

La trama empresarial de Josefa Otero

- Vector Digital, SL. Josefa Otero Río constituyó la empresa con Humberto López García en 2006. Cada uno de ellos poseía el 40% de las participaciones.

- Procesoil, SL. Creada el 29 de junio de 2009. Josefa Otero y Humberto López participaban con el 50%, a través de Vector Digital, cuando Procesoil logró 1,3 millones de euros del Igape.

- Valorización de Residuos Gallegos, SL. Josefa Otero y Humberto López poseían el 24,4% y el 15,2% de las participaciones, respectivamente. Obtuvo 2,65 millones de euros del Plan Ferrol 2011.

- Galimed Trata, SL. La participación de Josefa Otero era del 22% y la de Humberto López, del 13,7%. En ese momento, logró 2,7 millones de euros del Plan Ferrol 2011.

- Vórtice Estudios, SL. Creada por Humberto López. En 2010 consigue contratos directamente asignados por Carlos Silva, marido de su socia Josefa Otero, por 200.000 euros


* El País - PABLO LÓPEZ - 04/12/2011
Foto: Santiago, edificio Xunta - turismo

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Los expertos llaman a evitar una ocupación indiscriminada del suelo

ELCORREO/Vitoria* : El Conama tomó ayer el tranvía en su despedida de Vitoria. Autoridades y expertos optaron por el transporte verde para trasladarse del Palacio Europa, que ha acogido a los 100 ponentes y 700 participantes inscritos, al Ayuntamiento, donde se clausuró la quinta edición local del Congreso Nacional de Medio Ambiente.
El certamen deja tras de sí tres exitosas jornadas con las que se ha levantado el telón de la Green Capital y unas conclusiones muy claras. Entre ellas destacan un claro compromiso contra la «ocupación indiscriminada del suelo», «la recuperación de un tejido urbano cohesionado y diverso» y «el destierro de las prácticas especulativas con relación al suelo y los bienes ambientales asociados». Todo ello apoyado en una apuesta por «impulsar el sector de la edificación a través de la incorporación de criterios bioclimáticos, respaldado en la rehabilitación de edificios existentes y la revitalización de los barrios».

La posición de los expertos respecto al futuro de las ciudades es claramente contraria a la expansión urbanística y opta por la redensificación si no queda más remedio. Una postura ya conocida por los políticos vitorianos, que días antes de la elección de la Green Capital, en Estocolmo, ya escucharon por parte del jurado críticas por el sobredimensionamiento de la ciudad con los nuevos barrios de Salburua y Zabalgana. Desde entonces, los grupos municipales vienen trabajando en la mejor forma de aplicar las recomendaciones al nuevo Plan General de Ordenación Urbana, sin que, por el momento, haya un acuerdo concreto.
Los expertos reunidos en el Conama realizan además un llamamiento a las comunidades autónomas, el nuevo Gobierno de España y la Unión Europea para que den «cabida en la toma de decisiones supranacionales a los planteamientos y demandas de las autoridades locales». De forma paralela, recuerdan a los ayuntamientos su responsabilidad para que «den un paso adelante y asuman los retos de la sostenibilidad con compromisos concretos a medio y largo plazo».
Una vez en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial, se procedió a la clausura del congreso. En ella participaron la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Rivera, el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, el presidente de la Fundación Conama, Gonzalo Echagüe, la diputada foral de Medio Ambiente, Marta Alaña, y la embajadora de Dinamarca en España, Lone Wisborg, entre otras autoridades.
Durante el acto, Echagüe pidió «más liderazgo» en las políticas medioambientales y visiones ambiciosas que no se queden en el corto plazo, sino que vayan más allá para preservar los bienes comunes del planeta.
Ámbito decisivo
En el mismo sentido se manifestó Teresa Rivera, quien recordó que en 2050 el 70% de los 9.000 millones de habitantes del mundo vivirán en ciudades, que generan el 75% de emisiones de gases de efecto invernadero y representan el 70%. Por esas razones y como han repetido en estos días los expertos, «la ciudad va a ser el ámbito decisivo en la lucha contra el cambio climático».
Los congresistas pusieron a Vitoria como «ejemplo de gestión sostenible» y prometieron que contarán en sus países que la capital europeas «ha hecho del medio ambiente su bandera». Ya solo queda demostrarlo.


* El Correo - 2.12.11
Foto: Vitoria, tranvia - google

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Tenerife.- La Plataforma contra el PGO denuncia otro 'caso Teresitas'

CANARIASAHORA* : La Plataforma contra el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife anunció este viernes su intención de convocar una movilización ciudadana para exigir el cese de Víctor Reyes de su puesto de funcionario en el Ayuntamiento al estar supuestamente inmerso, según afirman, en un caso “similar al de Las Teresitas”, que no es otro que el del pago “irregular” por la Casa Siliuto.
También denuncian supuestas obras “irregulares” permitidas por parte del Ayuntamiento, que podría haber concedido una licencia “ilegal” en un solar ubicado cerca de La Salle.
Según denunció el abogado, Felipe Campos, en un encuentro con los medios, la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz ha concedido una licencia “manifiestamente ilegal” en una parcela de equipamiento publico docente, en la calle José Rodríguez Ramírez, en la que se levanta un edificio, según reitera, “ilegal“ no solo por su uso, sino porque, según el letrado, elimina los retranqueos, el estudio de detalle y obligó a que el uso de equipamiento publico docente del solar se cambiara a comercial.

“Es un escándalo y uso torticero del PGO“, reitera Campos, quien confía en el compromiso manifestado por alcalde, José Manuel Bermúdez, y el teniente de alcalde, Julio Pérez, para “arreglar los fuera de ordenación” además evitar que el mismo “recoja estas ilegalidades y premie al infractor“.

Desde su punto de vista, este es uno más de los casos que representan la gestión de Miguel Zerolo al frente del ayuntamiento de Santa Cruz, “donde se podían conceder licencias para obras absolutamente ilegales porque el PGO que querían aprobar a toda costa las ponía al orden”, apostilla.

Felipe Campos calificó este caso de “auténtico escándalo”, razón por la que exigió al Ayuntamiento de Santa Cruz que “restablezca la legalidad” y ponga “fin” al “zerolismo”, un comportamiento que, según afirmó, mantiene, tras la marcha del anterior alcalde, Víctor Reyes, un funcionario antes director técnico jurídico de la Gerencia, a quien “le tuvieron que crear una nueva plaza” pero que es un “ejemplo de lo que nunca puede ser un funcionario público”.

Afirma que, en el caso de la Casa Siliuto, dio licencia municipal a una obra “completamente ilegal”, una compraventa en la que Víctor Reyes decidió pagar “un precio excesivo” y aceptar un informe externo “irregular y erróneo” relativo a esta edificación protegida en calle San Antonio, El Toscal.

Campos asegura que en este caso “no hacia falta comprar y bastaba con modificar el PGO“. Sin embargo, denuncia que se pagó un dinero excesivo “como en Las Teresitas“. De hecho, recuerda que, mientras el informe de la arquitecta municipal decía que el edificio valía 300.000 euros, supuestamente aceptó pagar 300.000 euros más de su valor real, “olvidando la valoración técnica y aceptando una externa”.

“Es un nuevo escándalo en el que Víctor Reyes decide saltarse la legalidad”, reitera Campos, quien insiste en que “es muy grave lo que ha hecho”, a la vez de criticar que ningún partido político pida la dimisión de Reyes.

El consistorio adquirió este inmueble para destinarlo a sede de la Casa Insular de la Juventud, si bien hasta ahora no se ha invertido nada en ese proyecto, aunque el nuevo gobierno local anuncia partidas para el próximo año. De momento, la casa, situada en El Toscal, presenta un avanzado estado de deterioro.


* Canarias Ahora - 2.12.11
Foto: Sta Cruz Tenerife, casa Siliuto - laopinion

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Xúquer Viu se opone a un nuevo trazado del trasvase Júcar-Vinalopó

ELPAÍS/Valencia* : "Ni en Antella ni en Cortes de Pallás: Xúquer Viu se opondrá a cualquier intento de proyectar un nuevo trasvase del Júcar al Vinalopó" más allá del ya existente desde el azud de la Marquesa, en el término de Cullera. Con esta contundencia se expresaron ayer los miembros de la asociación de la Ribera reunidos en la asamblea anual celebrada en Sueca. El colectivo responde así a las pretensiones de habilitar una segunda toma de agua en el río con destino a las comarcas del sur por parte de lo que denominan lobby alicantino. Anunciaron que mostrarán su "oposición frontal" a través de la negociación, movilizaciones, desde las instituciones y en el terreno judicial, aseguraron.
"Somos conscientes de que los valores ambientales y ecológicos van a pasar a un segundo plano tras el nuevo escenario político salido de las pasadas elecciones", afirmó el portavoz del colectivo, Paco Sanz. "Mantenemos el discurso de la defensa del río y nos reafirmamos en la necesidad de una nueva cultura del agua que racionalice su uso sostenible", añadió.

Xúquer Viu anunció que van a mantener la unidad de todos los sectores a los que afecta el Júcar, "más allá de las ideologías políticas". Sanz avanzó que van a ponerse en contacto con el PP de la comarca "porque pensamos que han de estar de acuerdo, y la propuesta alicantina, y de Federico Trillo, de llevar a cabo un segundo trasvase resulta incómoda para muchos de sus militantes". La asociación seguirá reivindicando el uso ciudadano del río más allá de los regantes y las eléctricas, "de quienes quieren nadar, pescar o pasear", dijo el portavoz. "Sin un río vivo, sin agua, o con ésta contaminada, los usos productivos de la comarca también van a verse afectados de manera negativa", aseguró.

En la asamblea también se reivindicó la necesidad de que sea negociado, y aprobado, el nuevo plan hidrológico de la cuenca del Júcar, que debería estar finalizado en diciembre de 2009. "La Unión Europea ha abierto un procedimiento sancionador al reino de España por el incumplimiento de los plazos marcados por la Directiva Marco del Agua (DMA) europea", manifestó Sanz. El nuevo plan de usos del río deberá cumplir la DMA, estableciendo un caudal ecológico y deteniendo la sobreexplotación del acuífero de La Mancha Oriental", dijo.

En la asamblea se dieron cita un centenar de socios, representantes institucionales, alcaldes de la zona, responsables de partidos políticos, regantes y otros colectivos. También participó José-Pascual Fortea, presidente de la Comunidad de Regantes de Sueca y portavoz de la Unión Sindical de Usuarios del Júcar. Joan Baldoví (Compromís-Equo), diputado recientemente elegido para las Cortes Generales se comprometió a trasladar a la cámara los postulados de Xúquer Viu.


* El País - JOSEP BLAY - 04/12/2011
Foto: Cullera (Valencia) - google

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El espejismo de la desregulación urbanística (y II)

JOAQUÍN CASARIEGO/Canarias* : Hablar de desregulación en Canarias casi produce sonrojo, ya que hasta hace no muchos años la mayor parte del territorio regional se desarrollaba "de aquella manera" y en la periferia de las dos grandes ciudades, se construían cientos de viviendas sin el más mínimo respeto a los planes municipales. Y no solo las "urbanizaciones marginales", que se podía entender, sino los múltiples polígonos de viviendas construidos por el Estado, que estaban, paradójicamente, exentos de su cumplimiento. Una Ley de la Selva de la que se comenzó a salir solo cuando se inició la descentralización administrativa y comenzaron a promulgarse las primeras leyes canarias y los primeros planes generales redactados y aprobados por los canarios.
Autorregularnos. Lo que algunas décadas antes podía parecer una quimera, comenzaba a hacerse realidad. Autorregularnos, en términos urbanísticos significaba poder desarrollar leyes en atención a nuestra idiosincrasia, nuestra cultura territorial y nuestro paisaje. Algo que las leyes urbanísticas anteriores, entendidas siempre en términos estatales, habían lógicamente desatendido. Una nueva condición de la que surgieron tres campos de batalla, que, en materia urbanística, han estado en la base del sistema normativo canario: a) una ley del territorio propia, b) normas para proteger nuestros espacios naturales, y c) fórmulas legales para regular la urbanización de la principal fuente de riqueza de la región, es decir, la industria turística.

Un proceso de desarrollo institucional que abordaron con mayor o menor urgencia y celeridad el resto de las comunidades autónomas del Estado; más complejas y pormenorizadas, cuanto más recursos han poseído para llevarlas a cabo, con Cataluña y las regiones más prósperas del norte de España como constante referencia. Un proceso que ha exigido el montaje de una estructura burocrática y administrativa propia para poder desplegar toda sus potencialidades y que, no debería olvidarse, ha permitido el periodo de desarrollo urbanístico más rico y riguroso de la historia de esta región, en el que, curiosamente más se ha crecido y más nos hemos parecido a una comunidad del primer mundo.

Pero ahora pintan bastos. Asistimos atónitos a una depresión económica de caballo de la que somos solo parcialmente responsables. Canarias, una región con un bajo índice de productividad, debido no solo a la escasez de recursos propios, sino a su aislamiento geográfico y a un subdesarrollo cultural endémico, por tanto, una región dependiente, observa paralizada el resquebrajamiento de ese sistema del que depende. Una situación que genera desorientación, incertidumbre y desconfianza en el futuro. Y por tanto más dificultades para materializar la inversión, que en el caso del turismo se sitúa en el colmo de la dependencia. En resumen, un contexto de creciente pesimismo, idóneo para ser vampirizados por los engañosos atractivos de la desregulación.

Y puede que no sea difícil encontrar argumentos a su favor, puesto que la modernización urbanística de la administración regional, insular y municipal de Canarias, ha exigido un enorme esfuerzo, no solo legislativo, sino también infraestructural. Partiendo del Paleolítico, treinta años para contar con una cobertura urbanística homologable al resto de las regiones europeas, no pasan sin tener que superar alambradas, saltos sin paracaídas y disparos cruzados desde todos los ángulos. Y por tanto, cometiendo errores de crecimiento, así como desajustes de todo tipo: departamentos mal dimensionados, comisiones con una composición defectuosa, planeamiento de tramitación indefinida, encargos mal calculados,... Errores y desajustes que, efectivamente, retrasan, y retrasarán, las expectativas de inversión.

Aunque lo justo sería plantearse también el número de ventajas que este proceso ha supuesto para acercarnos a las comunidades desarrolladas en aspectos como el control de las densidades de edificación, la protección de la naturaleza, la rehabilitación del patrimonio, así como la obtención gratuita de suelo para la construcción de hospitales, colegios, calles, parques, plazas públicas,... ¿o es que no fue necesario echar mano del urbanismo para llevarlos a cabo? ¿Alguien piensa que esto último se ha podido realizar sin errores materiales o retrasos en los trámites? ¿De qué urbanismo nos queremos desembarazar?

Hoy en Canarias existen no solo declaraciones explícitas, sino sobrados síntomas materiales que nos advierten de que se está promoviendo un proceso de desregulación urbanística, del que sabemos su comienzo, porque lo estamos observando, pero difícilmente su final. Después de haber sufrido en carne propia los efectos nocivos de un periodo largo de expansión urbana desmesurada y consumo irracional de suelo, con la paralización, por su abuso, de un sector económico completo, el sector de la construcción, ¿qué es lo que se pretende obtener con una nueva desregulación, ahora "a la canaria"? ¿O es que no se ha calculado el costo (social y paisajístico) de modelos territorialmente insostenibles, como es el caso de la "urbanización dispersa"?

La desregulación, en contra de lo que se pueda suponer, no es ni de izquierdas ni de derechas, pero es profundamente antidemocrática, porque ataca los tres principios básicos, más arriba enunciados: la igualdad de oportunidades, la transparencia administrativa y la participación pública. Desregular en urbanismo es, por tanto, renunciar al control por parte de los ciudadanos de las iniciativas y los proyectos de transformación del territorio. Territorio, que es, como es fácil de entender, "nuestro".

Porque si lo que se pretende es simplemente mejorar los procedimientos ligados al control público de las acciones sobre el territorio, es decir, hacerlos más eficaces y expeditivos, y, por tanto, obstaculizar lo menos posible las propuestas de inversión, entonces perfeccionemos la máquina. La alternativa no tiene por qué ser necesariamente suprimir aquellos eslabones de la cadena donde el proceso se atasca, porque eso podría debilitar su fuerza y anular sus objetivos sociales. Y entones estaremos retrocediendo. Existe otra alternativa, por supuesto más compleja, costosa y lenta. Pero más coherente con el espíritu que alumbró el despegue del urbanismo canario, treinta años atrás. Y es invertir más en urbanismo, que no significa legislar más, sino legislar mejor. Poner mayor atención a las consecuencias territoriales, económicas y judiciales de las normas que redactamos y aprobamos. En resumen mejorar nuestro urbanismo.

Porque ¿estamos seguros de que el bloqueo de todos los proyectos de inversión de los que nos estamos quejando es producto de la maraña legislativa en materia urbanística existente en Canarias? ¿O en innumerables casos, la maraña administrativa no es sino un pretexto más en la guerra de intereses, sean éstos de raíz territorial, partidista o económica?

Yo diría que Canarias, producto de su subdesarrollo y su falta de visión a largo plazo, se ha encontrado siempre con problemas para llevar a cabo todos aquellos proyectos que exigen una escala grande, un calendario dilatado y una gestión compleja. Sean estos públicos o privados. Con más facilidad en aquellas administraciones en que el color político se repite durante varios mandatos consecutivos y con menos, en las que cambian cada cuatro años.

La fijación, en mi opinión desmesurada e interesada, que estamos sufriendo en la actualidad con el urbanismo, ataca a la inteligencia del ciudadano medio y descuida los efectos nocivos (y a veces dramáticos) de la desregulación, sin pararse a reflexionar ni sus causas, ni su problemática interna.

Sigamos jugando con fuego y seguiremos viendo los volcanes amenazantes burbujeando

* La Provincia - Opinión - 4.12.11

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