Operación Bernabeu: Ingeniería especulativa en Concha Espina

MADRILONIA* : Madrileños y madrileñas, asistimos una vez más, como viene siendo habitual en los últimos años, a un nuevo pelotazo del Real Madrid con el permiso y la colaboración especial del Ayuntamiento de Madrid. Si hace 12 años Florentino solucionó los problemas económicos heredados con una recalificación de la Ciudad Deportiva (de dotacional-deportivo a terciario-oficinas) que reportó 64.000 millones de pesetas con su venta, en este caso se trata de algo diferente, y de menor cuantía, pero con el mismo hedor y oscurantismo.
El Ayuntamiento ha publicado la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 para la creación del Área de Planeamiento Específico 00.03 “Bernabéu-Opañel”. Esta Modificación, nacida de un convenio entre el Real Madrid y el Ayuntamiento de Madrid supondrá el cubrimiento del estadio; la desaparición del centro comercial La Esquina del Bernabéu, que pasará a ser zona verde; y lo más importante: la creación de un centro comercial de más de 5.000 metros cuadrados de superficie (12.250 edificables) entre el Bernabéu y el Paseo de la Castellana, que estará integrado en la nueva estructura del estadio cubierto, sin contar con que se le permitirá la explotación privada de un aparcamiento subterráneo para 600 coches.

A cambio, el Consistorio recibirá en dinero líquido un diez por ciento del incremento de edificabilidad que conlleva la modificación del conjunto del ámbito (6,66 millones de euros de un total de 66,6). Además recibirá la parcela de la esquina del Bernabéu y cuatro parcelas de residencial en la calle de Mercedes Arteaga, en el barrio de Opañel (Carabanchel), valoradas en 4,4 millones de euros.
La historia de convenios entre el Consistorio y el club no empiezan aquí ni mucho menos. En 1998, durante el proceso de la Ciudad Deportiva, el Madrid recibió una parcela en Las Tablas como parte del convenio de permuta de terrenos de la antigua ciudad deportiva (parece ser que los 64.000 millones de pesetas no eran suficientes). Esa parcela, está calificada como pública y hace imposible su entrega al Madrid, por lo que el Ayuntamiento y el club valoraron el terreno en 22,78 millones de euros, que en su momento no se entregaron al Real Madrid “por error”. Ahora, este Convenio devuelve por fin al Madrid esa cifra en forma de recalificación delante de su estadio.
Es decir, que al equipo de Florentino Pérez le va a salir una operación urbanística importantísima por algo más de 11 millones de euros, una cifra irrisoria dentro de los 480 millones de su presupuesto para la temporada 2011-2012.
Realmente nos encontramos ante una verdadera operación de ingeniería especulativa donde el club no sólo aprovecha la recalificación del 98 para sanear cuentas, sino que además se guarda un as en la manga para el futuro. Nada nuevo tratándose de dos expertos en grandes operaciones especulativas como son Florentino Pérez y Alberto Ruiz Gallardón.
Y todo ello con el agravante de que en una operación anterior a la de la Ciudad Deportiva el Madrid se comprometía a realizar un espacio público y unos aparcamientos que nunca ha realizado ni se ha planteado hacerlo. Sin embargo, eso no fue ningún obstáculo para seguir con esa provechosa relación entre Ayuntamiento y club que tantos réditos está aportando (¿a quién? Seguramente a más de los que creemos).
¿Y ahora qué? Ahora nos quedaremos con los anuncios a bombo y platillo. Si no fuera suficiente con anunciar que se convertirá en un nuevo hito arquitectónico, que incrementará las zonas verdes y los equipamientos públicos en una justificación imposible de reequipado de los barrios, además viene con la típica promesa de los empleos, 3.000 en este caso (de los que 2.300 están ligados al proceso de construcción). Ay, si estos anuncios de empleo fueran vinculantes cuanto cambiarían los anuncios de nuevos proyectos.
Los ciudadanos asistimos extrañados, como siempre y como quieren, a estos tejemanejes que de tanto repetirse empezamos a asimilar hasta creer que es algo normal cuando no tendría por qué serlo. Por su lado, Esperanza Aguirre, ha asegurado que la Comunidad de Madrid “velará por que la legalidad se cumpla”. No sólo ella. Todos los ciudadanos estaremos atentos a que así sea, y a que así haya sido hasta ahora.

* Luis Veracruz y Cristina Fernández (Comisión de Ordenación del Territorio de Ecologistas en Acción-Madrid)


* Madrilonia - Opinión - 6.12.11
Foto: Madrid, proyecto estadio Bernabeu reformado - madrilonia

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Pamplona.- El Ayuntamiento es dueño de 812 pisos

DIARIODENAVARRA* : El Ayuntamiento de Pamplona es propietario de 812 viviendas de las que una cuarta parte (202) están libres. Pese a que el parque inmobiliario se encuentra repartido por toda la ciudad, unas veces en edificios completos como el de la antigua estación de autobuses, y otras en pisos diseminados, la mayor concentración se sitúa en el barrio de la Rochapea, en las conocidas como viviendas de San Pedro, donde el consistorio tiene 234 pisos de su propiedad, de los que casi 80 están en estos momentos vacíos.
En la última sesión plenaria celebrada en Pamplona la concejal de I-E presentó con poco éxito una moción en la que, haciendo alusión al difícil momento económico que se atraviesa, recordaba al consistorio su deber de contribuir "con la puesta en servicio de sus propios bienes inmuebles" a quienes necesitan "una vivienda asequible". Edurne Eguino pidió además que a lo largo de esta legislatura se destine "el dinero suficiente para rehabilitar y poner en uso todas las viviendas que son propiedad del Ayuntamiento".

El concejal delegado de Urbanismo, Juan José Echeverría, no tardó en responderle que el Ayuntamiento mantiene en buen estado este patrimonio y que siempre se atienden las demandas de viviendas que llegan desde los servicios sociales.

"Salvo algunos casos muy concretos, como las casas de Gridillas en San Jorge, que no cumplen las condiciones de habitabilidad y que serán demolidas, el resto de los pisos municipales libres están en buen estado", comenta Echeverría. "Además, el Ayuntamiento es propietario de un total de 178 viviendas destinadas para realojos de operaciones urbanísticas y únicamente 46 están libres a la espera de las necesidades que puedan surgir por ejemplo, con el Tren de Alta Velocidad en Echavacoiz", asegura.

El caso de San Pedro

Pero el Ayuntamiento de Pamplona arrastra desde comienzos de este siglo un problema que no ha logrado resolver y que tiene como protagonistas a casi un centenar de viviendas libres en el grupo San Pedro, en el barrio de la Rochapea. En el año 2000 el consistorio intentó subastar las 20 viviendas que en esos momentos estaban libres, pero finalmente no lo pudo hacer. Poco después se rehabilitaron varios de estos pisos con el objetivo de destinarlos a alquiler joven, pero problemas administrativos impidieron esta solución. El hecho es que en estos momentos, de los 234 pisos municipales ya son 79 los que están vacíos. "De momento no tenemos en mente ninguna actuación en San Pedro, pero lo que sí está claro es que estas viviendas requieren una iniciativa global", explica Juan José Echeverría.

Autobuses

Menos quebraderos provocan al consistorio las 66 viviendas que posee en el edificio de la antigua estación de autobuses, en Conde Oliveto, de las que una tercera parte (22) están libres, algunas desde hace años. "Es un inmueble que tarde o temprano va a desaparecer porque así está previsto, y de momento poco más se puede hacer", recuerda el concejal de Urbanismo.

Ensanche

También en el Ensanche el Ayuntamiento posee otro edificio completo, el del mercado municipal, con 71 viviendas, 13 de ellas vacías. Además es dueño de otra vivienda más, la del conserje del colegio Vázquez de Mella, y otra en la avenida Carlos III que utiliza la Fundación Gayarre como sede.

Casco Antiguo

En el Casco Antiguo el consistorio pamplonés posee 80 viviendas, aunque 5 de ellas no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad y se encuentran vacías desde hace años. Entre las primeras está contabilizada también la vivienda comunitaria del Paseo de Sarasate. Buena parte de estos pisos del Casco Antiguo son adquisiciones que ha realizado la Oficina de Rehabilitación municipal con el objetivo de diseñar actuaciones urbanísticas. Aquí figuran, por ejemplo, edificios adquiridos en las calles Mayor y Jarauta para la operación prevista en la denominada manzana piloto, o un edificio completo adquirido en la calle Descalzos.

Apartamentos tutelados

El listado incluye también los 110 pisos ubicados en edificios de apartamentos tutelados: los de San Juan (Txoko Berri), Rochapea (Arga), Iturrama. Y también se contabilizan las 11 viviendas de los conserjes de los colegios públicos, aunque muchas han dejado ya de utilizarse como tales.

Cesiones

En ocasiones los pisos municipales se ceden a entidades sin ánimo de lucro: Cruz Roja, Asociación de sordos, albergue de peregrinos en el antiguo chalet de Iráizoz, delegación saharaui, etc. Además, algunas otras están ocupadas por oficinas municipales: Servicio de Atención a la Mujer, Escuelas Infantiles, (varios pisos en la estación de autobuses), ASIMEC (3 pisos en el edificio del mercado del Ensanche).


* Diario de Navarra - 8.12.11
Foto: La estación de autobuses (66 pisos de propiedad municipal).- diarionavarra

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Cádiz.- La Fiscalía lleva al Supremo su batalla por la demolición de casas ilegales

LAVOZDIGITAL* : La Fiscalía de Cádiz no ha dado la guerra por perdida en su lucha contra el urbanismo ilegal. El anterior fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, y ahora su sucesora, Patricia Navarro, llevan años defendiendo que los dueños condenados por construir una vivienda ilegal, además de la pena de prisión deben demoler la construcción. El Ministerio Público sabe que estas causas se resuelven con penas mínimas de cárcel, que nunca se cumplen, y sanciones económicas que no disuaden a otros promotores a seguir edificando fuera de la legalidad. La clave está en las demoliciones, pero la disparidad de criterio de los jueces está provocando auténticas contradicciones que se resumen en que hay dueños con una orden de derribo bajo el brazo y otros que logran salvar su propiedad, aunque estén igualmente condenados.
Ante este panorama, la Fiscalía de Cádiz busca que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la ejecución de esta medida como parte de la condena, instaurando una suerte de jurisprudencia que obligue a los jueces de primera instancia y a los magistrados de la Audiencia a seguir el camino que marque el Alto Tribunal. Con esta fórmula pretenden acabar con la disparidad de criterios que por regla general están dejando sin efecto las órdenes de derribo.

De aceptarse el recurso pionero planteado por la Fiscalía de Cádiz sería la primera vez que la sala de lo Penal se pronuncia sobre esta controversia, ya que hasta la fecha los únicos pronunciamientos que ha habido procedían de la sala de lo Contencioso (la que resuelve los pleitos entre ciudadanos y administraciones). Fuentes jurídicas explicaron a este medio que la posición de esta sala es semejante a la que mantienen los fiscales gaditanos. Una baza que pretende explotar la Fiscalía.
El mecanismo para llegar hasta el Supremo ha sido aprovechar una de las pocas causas contra el urbanismo ilegal que se ha visto en primera instancia en la Audiencia. Esto ha sido posible porque en ese asunto se juzgaban, además del delito contra la ordenación del territorio, otros en curso como la estafa.
La procesada y ahora condenada a 18 meses de prisión fue la promotora de una vivienda unifamiliar que levantó en una parcela no urbanizable situada en la carretera de Sanlúcar, dentro del término municipal de El Puerto, junto a una conocida venta de nombre El Pájaro. Esta mujer vendió la propiedad a un tercero sin informarle que estaba adquiriendo una casa ilegal y que además tenía un expediente abierto por el Ayuntamiento que ordenaba la paralización de la obra y la demolición de lo construido. Sin embargo, como recoge la sentencia de la Audiencia que la condena, violó esa orden municipal y prosiguió con los trabajos, dejando sin efecto el precinto que pesaba sobre la parcela. Corría el año 2005, en plena efervescencia del negocio del ladrillo.
Pese a la sentencia condenatoria, los magistrados acordaron que no se debía tirar la vivienda como solicitaba la Fiscalía. La Sección Cuarta, que fue el tribunal que enjuició este asunto, apeló a un argumento ya repetido en otras sentencias: el principio de proporcionalidad. Los magistrados entienden que la zona donde se enclava la vivienda ya está afectada por otros inmuebles, levantados también fuera de la legalidad, y que por tanto condenar a la procesada a demoler el unifamiliar sería una «medida desproporcionada».
La Fiscalía entiende que estos razonamientos no ayudan a frenar este fenómeno, sino todo lo contrario, ya que los promotores ven que las viviendas no corren peligro aunque sean condenados. Por eso, ha recurrido en casación esta sentencia ante el Supremo para que éste siente jurisprudencia. De aceptar los planteamientos del Ministerio Público, se podría hablar a partir de entonces de un antes y un después en la lucha contra el urbanismo ilegal.


* La Voz Digital - SILVIA TUBIO - 7.12.11
Foto: Imagen de archivo del precinto de una vivienda de El Puerto levantada en zona no urbanizable - LA VOZ

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Sta Cruz.- La arquitecta Oramas fue presionada para que sobrevalorara Las Teresitas

LAPROVINCIA/Tenerife* : El Ayuntamiento de Miguel Zerolo conocía que el suelo de Las Teresitas que iba a comprar la corporación estaba sobrevalorado. Se lo había indicado expresamente la arquitecta municipal, Pía Oramas, quien informó al concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, de que los solares a adquirir no sobrepasaban los 3.200 millones de las antiguas pesetas. El Ayuntamiento pagó finalmente 8.750 millones de pesetas. La arquitecta acabó abandonando la corporación tras ser presionada para que incrementara al alza la tasación.
Según relató a los investigadores José Ángel Bethencourt, hoy concejal socialista de Urbanismo de la capital tinerfeña y entonces uno de los firmantes de la denuncia, la sobrevaloración fue "astronómica" y los funcionarios que la decidieron lo hicieron aun a sabiendas de que iba en contra de toda lógica legal y urbanística. Los terrenos de la playa de Las Teresitas que la sociedad ILT vendería al Ayuntamiento costaron a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia 5.500 millones de pesetas tres años antes.

La arquitecta Pía Oramas había informado a sus responsables de que el precio de las parcelas era a lo sumo de 3.200 millones de pesetas porque parte de los terrenos eran de dominio público -y por tanto pertenecían de por sí al Ayuntamiento- y porque la moratoria turística los devaluaba.

En su declaración ante la juez, Oramas admite que recibió presiones sistemáticas de sus jefes para avalar la tasación que ellos impusieron, de 8.750 millones de pesetas (52 millones de euros), sin que ninguno le hubiera explicado por qué obviaron su informe, que permitía a las arcas municipales ahorrarse en la operación 5.550 millones de pesetas. Pía Oramas reconoce ante la juez Bellini que jamás había visto antes que el Ayuntamiento pidiera dos informes externos más para que se elevara el valor del suelo, cuando otros dos anteriores coincidían con el de ella sobre que los solares no costaban más de 3.200 millones de pesetas.

Este es un punto esencial para los investigadores del caso porque fue en esa compra del Consistorio a ILT, con la justificación de que así se evitaba urbanizar la playa chicharrera, donde consideran que se produjo el pelotazo. La funcionaria comentó a la juez que el 29 de junio de 2001 la convocaron a una reunión en la que estuvo el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo. Reveló que le pidieron que suscribiera la valoración final de 8.750 millones de pesetas. Ella se negó y dijo que no iba a firmar "nada al dictado". Le volvieron a insistir el 25 de julio y eludió la cita.


* La Provincia - 6.12.11
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto las Teresitas - eldia

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Entre el alquiler y la propiedad: el modelo escandinavo de vivienda

20MINUTOS* : La crisis económica ha descubierto las debilidades de una sociedad como la española obsesionada por la propiedad de la vivienda. Tal vez sea hora de aprender la lección y apostar por otras opciones.
Por ejemplo, el modelo escandinavo de alquiler, conocido como 'andel', con las cooperativas de régimen de cesión de uso. Se trata de un procedimiento que queda a medio camino entre la propiedad y el arrendamiento.
Utilizado en países como Dinamarca, Noruega y Suecia, consiste en un modelo cooperativo según el cual la propiedad de las viviendas reside en manos de una cooperativa y en el que los socios disfrutan de un derecho de uso indefinido con un alquiler de precio reducido.

En este modelo las viviendas no pueden ser ni vendidas ni alquiladas, tan sólo se puede transmitir el derecho a uso. Una de sus ventajas es que se paga un derecho de uso cuyo importe es muy inferior a un alquiler o a una hipoteca.

Además, en las cooperativas de régimen de cesión de uso se dispone de un fondo monetario que puede ser utilizado para reformas de las viviendas o del edificio. Los edificios suelen tener espacios comunes para todos los miembros.

Una apuesta del Gobierno vasco

Ya hay algún ejemplo en España, pero la mayor apuesta viene del Gobierno vasco que acaba de incorporar a su anteproyecto de ley de vivienda la figura de las cooperativas de régimen de cesión de uso, con el fin de promover este modelo, a medio camino entre la propiedad y el arrendamiento.

La inclusión de esta figura en la nueva ley que prepara el Ejecutivo forma parte de las aportaciones presentadas al mismo por el Consejo Económico y Social (CES) y las cooperativas del sector.

El anteproyecto de ley ha entrado en su última fase de tramitación interna antes de ser aprobado por el Consejo de Gobierno y de ser enviado al Parlamento vasco para su aprobación definitiva como Ley de Vivienda.


* 20 Minutos - 7.12.11
Foto: Viviendas recientes - 20minutos

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