El exalcalde de Llíber autorizó un tendido eléctrico por un Mercedes

ELPAÍS/Alicante* : El exalcalde de Llíber, José Mas, del PP, primer imputado de la trama urbanística destapada en esta localidad de La Marina Alta, recibió un coche de la marca Mercedes a cambio de autorizar un tendido eléctrico en la zona en la que se levantaron 293 construcciones ilegales, todas en suelo no urbanizable. La dádiva, según consta en el sumario, la realizó otro de los cabecillas de la trama, el promotor Miguel Muntaner.
El exregidor, siempre según el sumario, se habría embolsado, además, 3.000 euros por cada de una de las 293 licencias de obras que autorizó de manera fraudulenta entre 1999 y 2003. Las casas eran vendidas a una media de 150.000 euros y preferentemente a clientes extranjeros.
El exregidor Mas y el promotor Muntaner fueron arrestados y encarcelados por estos hechos y en la actualidad están en libertad bajo fianza.

La magistrada que instruye este sumario, la titular del Juzgado número 4 de Dénia, ha dictado ya el auto de procesamiento que inicialmente afecta a nueve personas. No obstante, la resolución de la magistrada ha sido recurrida en apelación por las partes a la Audiencia de Alicante. El alto tribunal todavía no se ha pronunciado. El fiscal del caso también ha presentado un escrito de impugnación a los recursos de apelación.

El sumario se abrió por los supuestos delitos de cohecho, estafa, prevaricación y contra la ordenación del territorio.

La magistrada ha inculpado al exalcalde del PP José Mas por los supuestos delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del Territorio. Junto al exregidor, la juez también ha procesado a otros tres concejales de la junta de gobierno del Ayuntamiento que votaron a favor de conceder las licencias. Uno de esos concejales ya ha fallecido. Y por lo que toca a la Corporación, la magistrada también inculpa al aparejador municipal y la secretaria. El primero está considerado por la investigación como uno de los puentes de los que se valió la trama para cristalizar la estafa. Este funcionario daba luz verde a proyectos que supuestamente pretendían la rehabilitación de almacenes de casas agrícolas, cuando en realidad se trataba de construcciones de nueva planta. Por cada uno de esos informes el funcionario recibía supuestamente unos 25.000 euros de los promotores.

El aparejador desvió el dinero que obtuvo de las licencias para las casas ilegales a Andorra. La Guardia Civil intervino un total de 2,4 millones de euros en las cuentas bancarias que el funcionario tenía en este pequeño país, fondos que procedían de las operaciones ilegales.

El procesamiento de la secretaria municipal, según fuentes del caso, tiene su origen en el hecho de que validara los acuerdos de la junta de gobierno autorizando las edificaciones, pese a que el suelo estaba calificado como no urbanizable.

Además de los políticos del PP y los dos altos funcionarios de la Corporación, la magistrada también ha acordado el procesamiento de cuatro promotores, el mencionado Miguel Muntaner, un segundo de nacionalidad inglesa y dos alemanes (un padre y su hijo).

En su recurso de apelación, una de las acusaciones particulares pide que se amplíe el procesamiento a otros tres constructores. El fiscal respalda esta petición. Mientras, otras de las acusaciones pide el procesamiento para otras cuatro personas más (tres abogados y un notario). El ministerio público no se adhiere a esta segunda propuesta por entender que no hay indicios de delitos en esas cuatro personas que inicialmente fueron imputadas en el sumario.


* El País - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 08/12/2011
Foto: LlÍber (Alicante) - auln

.................................... Leer más...

"Urbanismo dio la licencia de ocupación, así que ya no nos inspira confianza"

FARODEVIGO/Lalín* : Francisco Sesto se mudó a la urbanización de Penacoba (en la salida de Lalín a Rodeiro) hace dos años y, desde el inicio de las protestas vecinales por la falta de conexión a la red eléctrica, ejerce de portavoz de la decena de familias residentes. Los afectados presentaron una reclamación ante el Concello de Lalín en agosto. El ejecutivo local termina la próxima semana la revisión de cada vivienda, pero demorará su resolución hasta febrero.
–Ustedes dieron un mes de plazo para que el gobierno lalinense intentase buscar una solución a la situación de sus viviendas. ¿Suspenderán las protestas del próximo miércoles, día 14, debido que la decisión del gobierno no se conocerá hasta dentro de dos meses?
–Vamos a decidirlo entre todos los vecinos este fin de semana, pero nos parece una burla que el Concello de Lalín nos pida casi otros tres meses de espera cuando tuvo siete años para ´ponerse las pilas´ y arreglar estas deficiencias. Es más, desde el inicio de nuestras protestas, en septiembre del año pasado, el ejecutivo local y, cómo no, la promotora (Fertaga), saben muy bien cuál es la situación de la urbanización.

–¿Hubo algún tipo de mejora en todo este tiempo?

–En absoluto. En la memoria de calidades se indicaba que las viviendas tenían luz y teléfono pero, a la hora de escriturar, la promotora omitió hablar de cómo estaba la red de telefonía y aseguró que la luz era de obra, pero que correría la empresa con los gastos hasta que la instalación fuese la definitiva. Yo y mi familia nos instalamos en Penacoba el 28 de diciembre de 2009, y por entonces ya había otras tres familias en la urbanización. Pasan los meses y, en septiembre de 2010, nos reunimos con el representante de Fertaga, Antonio Ferradás, para saber por qué no se efectuaba el enganche a la red eléctrica. La promotora remite toda la documentación a Fenosa y resulta que ésta indica que Fertaga tiene una deuda sin pagar. Así que Ferradás propone un encuentro a tres, con el edil de Urbanismo (Román Rodríguez) y el arquitecto técnico municipal, en la que se nos indica que la solución más rápida es que paguemos los propios vecinos el gasto de dar el alta la luz, que supone unos 12.000 euros por familia, a los que hay que añadir la instalación del transformación y la canalización. Así que presentamos la reclamación en agosto de este año y, si el concello no desatasca la polémica, abriremos un proceso contencioso.

–En más de una ocasión, el edil de Urbanismo, Román Rodríguez, insistió en que la situación de las viviendas no era competencia del concello y que la opción más rápida para solventar el problema era el desalojo. ¿Cree que, tras la revisión de cada vivienda, el ejecutivo local puede ayudarles?

–Personalmente, ya pongo en duda los documentos del concello. Y es que el departamento de Urbanismo ya no nos ofrece confianza, puesto que fue el propio concello quien expidió la licencia de primera ocupación. Y también debo criticar a la empresa que, pese a la deuda con Fenosa y al modo en que nos hizo entrega de nuestros hogares, sigue construyendo.

–¿Cómo es el día a día en una vivienda de Penacoba, con luz de obra y sin red de teléfono?

–Pues de momento tenemos suerte, porque no hace mucho frío y podemos prescindir de la calefacción. Pero claro, como no disponemos de la potencia eléctrica suficiente, hay ocasiones en que no funciona la cocina eléctrica, ni el portal, ni la puerta del garaje... Ahora vivimos una decena de familias, pero hay otras dos que residen fuera y que tendrían problemas para, por ejemplo, alquilar sus viviendas, debido a estas carencias.

–Han organizado dos protestas por las calles de Lalín, además de acudir a un pleno y a un mitin del PP para dar a conocer su situación. ¿Cómo ha sido el respaldo de los lalinenses?

–A nivel de calle todo el mundo está con nosotros y entiende que la situación se demora demasiado, pero en las concentraciones siempre acude menos gente. Lo entiendo, porque es un pueblo muy pequeño en el que, quien más y quien menos, tiene familiares que trabajan en el concello. Eso sí, tengo que decir que estamos muy arropados, en nuestras protestas, por los vecinos de Lalín de Arriba.


* Faro de Vigo - 9.12.11
Foto: Lalín (Pontevedra) - turismo

.................................... Leer más...

Zaragoza.- Los vecinos de Rosales del Canal acamparán para pedir más servicios

HERALDO* : La Asociación de Vecinos Entrelagos de Rosales del Canal ha convocado a sus vecinos este viernes, 9 de diciembre, para acampar para protestar por la "pasividad" del Ayuntamiento de Zaragoza ante los problemas del barrio.
En un comunicado, esta asociación explica que "han pasado ya más de 40 días desde que se aprobara la segunda moción unánime en la que se decidía ofrecer alternativas a Remar para una reubicación, en el plazo de un mes, de manera que se devolvería la parcela al barrio para la instalación de los servicios que tanto se vienen demandando".
Sin embargo, "no ha habido ni el más mínimo gesto por parte de Urbanismo" ya que "ni se ha recibido a los vecinos, ni se han ofrecido alternativas a Remar, por lo que la situación, muchos meses después sigue siendo la misma", lamentan los vecinos.

Por ello, este viernes a partir de las 17.30 se procederá al montaje del campamento, "que cuenta ya con gran cantidad de apoyos entre los vecinos y los comercios y se han recibido todo tipo de ayudas: tiendas de campaña, material de acampada, iluminación, comida, bebida".

A las 21.00 tendrá lugar una reunión donde se informará a todos los asistentes de la situación actual "que vive el problema provocado por la dejadez del equipo de Urbanismo del Ayuntamiento".

Además, este sábado, a las 11.00, se preparará una chocolatada para todos los vecinos en la zona de acampada, "para vivir una jornada de convivencia y protestar por la indiscriminada cesión de parcelas en nuestro barrio a entidades privadas".

Por último, a las 12.00 comenzará una gymkhana que servirá para escenificar los servicios que aún no existen en el barrio "y que todo ciudadano debería de tener".

"Guardería pública, ludoteca, centro cívico, farmacia, instalaciones deportivas, serán algunos de los peajes en los que los niños tendrán que realizar alguna actividad para completar su "hoja de ruta" en esta gymkhana. De este modo todos los pequeños podrán entender todo lo que falta en el barrio y por lo que estamos luchando", concluye la asociación.


* Heraldo - EP. - 8.12.11
Foto: Zaragoza, protesta vecinos Rosales del Canal- heraldo

.................................... Leer más...

C.Valenciana.- Edificios públicos sin aprovechar

LEVANTE* : La crisis ha dejado en ridículo a muchos gobernantes por no haber sabido aprovechar los recursos que aportaron las diferentes administraciones para generar empleo y potenciar la economía local. Unos usaron los fondos del Estado del denominado Plan E. Otros hicieron lo propio con el Plan Confianza de la Generalitat o con dinero de Europa. Un puñado de consistorios ha sepultado su dinero en construcciones imposibles y proyectos sin futuro. Cada día que pasa son más los ayuntamientos que se preguntan cómo aprovechar los edificios sin disparar el gasto.
Tres millones y medio de euros costó el edificio del Instituto Tecnológico de Viticultura y Enología de Requena. En octubre de 2010 el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps visitó sus instalaciones y avanzó que estaría abierto para principios de este año y se refirió a este proyecto como «una referencia de investigación enológica del siglo XXI». Cuando queda poco para finalizar el año, las instalaciones continuan cerradas. Según manifestó el alcalde de Requena el pasado mes de octubre, la licencia de actividad ya está aprobada, pero el edificio sigue sin contenido, a pesar que desde el consistorio se le ha pedido a la Conselleria de Agricultura, que dote alguna partida económica para que se abra.

En noviembre de 2008 se demolió el convento de Santo Domingo de Ayora para construir un edificio que albergaría una moderna residencia para la tercera edad con 60 plazas. Esta actuación que ha costado casi 3 millones de euros está finalizada desde principios de 2011, aunque no puede abrirse porque carece de presupuesto para dotarla de mobiliario. Bienestar Social no ha tenido para 2011 una partida económica destinada para la compra del mobiliario de la residencia para que pueda abrir sus puertas.


Doce millones en Xàtiva
La plaza de toros de Xàtiva es el símbolo de una obra concebida en otros tiempos… no tan lejanos. Pese a que viene siendo utilizada desde 2007, está inacabada y no puede cumplir la función básica para la que fue alumbrada: ser un coso cubierto y albergar todo tipo de espectáculos.

La plaza (data de 1919) es un pozo sin fondo. Tras la feria taurina de 2004, el alcalde, Alfonso Rus, sustituyó la vieja promesa de remodelarla por la de renovarla por completo y hacerla cubierta. La operación lleva ya invertidos 12 millones de euros (la oposición asegura que son 14). Pero tras haber finalizado con éxito la renovación de los tendidos y la cubierta de los mismos con un gran aro circular sujetado por una compleja estructura de hierro, el ruedo sigue al descubierto. Terminar el sombrero central cuesta alrededor de dos millones de euros que la Generalitat, en la situación actual, es imposible que subvencione. Ello impide realizar acto alguno en invierno o si llueve. Otra de las críticas hacia semejante inversión es que tras el reestreno de la plaza y con excepciones como un mitin de Rajoy y un concierto de Elton John (ambos en 2007) o espectáculos muy esporádicos, sigue albergando la misma actividad que dos mil millones de pesetas antes: dos corridas de toros al año y en verano.

En Chella, el consistorio mantiene cerrado a cal y canto el centro de día para personas mayores –de titularidad municipal–. La falta de fondos para contratar a empleados y dotar de equipamiento a las instalaciones hace imposible su apertura, tres meses después de que finalizaran las obras de construcción, con cargo a los fondos estatales de promoción de empleo (plan E). Según fuentes municipales, el presupuesto de la población para 2012 no incluye ninguna partida relativa a gastos de personal ni mantenimiento, si bien el ayuntamiento habría requerido currículums para la contratación de varios empleados. Aunque la dotación de material debía pagarla inicialmente la empresa constructora, los sobrecostes generados en la obra habrían retrasado el pago del equipamiento al centro. El centro fue adjudicado en mayo de 2009 por 477.624 euros.


Puro teatro en Dénia
Más de un ayuntamiento de la Marina Alta ha actuado con el Plan E como esos niños que se gastan la paga semanal en bagatelas. El «dinero gratis» ha alumbrado proyectos inútiles, como el del carril bici de Dénia a la Xara y al hospital, que costó 295.800 euros y del que los ciclistas huyen porque es tortuoso y peligroso. Incluso ha habido consistorios que han gestionado tan mal las obras que al final han visto cómo volaba la subvención. Le ha pasado a Dénia con el proyecto de Ecointegración Social. Sus 300.000 euros los iba a destinar primero a un ascensor en el castillo, que la dirección de Patrimonio tumbó. Luego, para el nuevo proyecto de Ecointegració Social la documentación, según el Ministerio de Administraciones Públicas, ya se presentó fuera del plazo previsto.

Y otro tanto le ha ocurrido a Calp. El capricho del anterior alcalde, Joaquim Tur, de hacer un trinquet en el «tossal» del parque de l'Ermita (los vecinos forzaron que se cambiara la ubicación) también le ha hecho perder al ayuntamiento otros 300.000 euros.

Pero el mayor fiasco de obra pública sin uso no forma parte de este plan. Es el nuevo ayuntamiento fallido de Xàbia. Construir la nueva casa consistorial costó 6,6 millones (todos ellos salieron de las arcas municipales), sin contar la expropiación de los terrenos. Ecisa hizo estas obras junto a las de los aparcamientos subterráneos y la reurbanización de las rondas del centro histórico. Ahora, el equipo de gobierno (PSPV, Xàbia Democrática y CpJ) ha devuelto el préstamo ICO de 2,5 millones que tenía concedido para equipar y poner en marcha este edificio de tres plantas y 4.000 m2. El gobierno local no quiere endeudar más a un ayuntamiento que, con 41 millones de deuda viva, es el más apremiado por los bancos en la comarca. Y ya que Xàbia no estrenará nuevo ayuntamiento, el equipo de gobierno, para sacar algo de provecho del edificio, lo ha ofrecido en alquiler. Aspira a que un hotel de cuatro estrellas, una clínica o una universidad se interesen.

El Plan Confianza también puede tener un hueco en esta historia de fiascos. El PP de Dénia ha decidido gastar todo lo que le toca en el teatro auditorio la Nau. Construirlo costará 9 millones de euros. Todavía ni se sabe cuándo se pondrá la primera piedra. Puro teatro.

* Información elaborada por:
José Ferrer, Sergio Gómez, Agustí Garzó, Alfons Padilla y Vicent X. Contrí

* Levante - 8.12.11
Foto: El Instituto Tecnológico de Viticultura y Enología de Requena (3,5 millones) tenía que abrir a principios de 2011. El consistorio pide ayuda a la Conselleria de Agricultura para que funcione - levante

.................................... Leer más...

Contra la especulación

GERARDO ROGER* : Los poderes públicos regularán "la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación". Con esta rotundidad se manifiesta la Constitución en su artículo 47, prohibiendo como única especulación de manera expresa la del suelo.
Por fin un tema tan controvertido y especulable como resulta ser la valoración del suelo y demás activos inmobiliarios a efectos expropiatorios, ha terminado su largo peregrinar tras haberse aprobado recientemente (a finales del pasado octubre). Al fin, los criterios básicos de la valoración ya establecidos en la Ley de Suelo del 2007 y su texto refundido 2/2008 vienen a desarrollarse mediante la disposición de técnicas e instrumentos jurídico-urbanísticos formulados con la finalidad de objetivar la discrecionalidad que insoslayablemente conlleva la determinación de los justiprecios expropiatorios, aportando rigor científico mediante la disposición de fórmulas matemáticas y procedimientos econométricos, lo que adicionalmente incorpora seguridad jurídica a un proceso siempre propiciador de todo tipo de demagogias.
De hecho, el objetivo final del desarrollo reglamentario es hacer efectivo el criterio básico de valorar el suelo por su realidad fáctica, es decir, "por lo que hay" y no por "lo que pueda haber" en un futuro incierto; de tasar los bienes inmuebles en función de la inversión que fehacientemente haya realizado su propietario y no por las meras expectativas públicas que hubiera apuntado un plan, siempre contingente.

Pero ello no conlleva que la regulación aplicable tenga que valorar los suelos de manera cicatera y restrictiva sino más bien al contrario. Partiendo de la premisa que la expropiación no es "plato de gusto" para nadie, el reglamento viene a aplicar instrumentos que permiten cuantificar los justiprecios por el "valor máximo objetivo posible" pero sin considerar, en ningún caso, expectativas urbanísticas que no se deriven del esfuerzo inversor que hubiera realizado (al menos de manera "confesable") su propietario.

En concreto, un suelo rústico se valorará no solo por la rentabilidad de los usos efectivamente implantados en el momento de la tasación (renta real), sino también por la rentabilidad del uso o actividad análoga a la existente de mayor valor que razonablemente pudiera implantarse en dicho suelo (renta potencial) y, además, su resultado se multiplicará por un factor de localización que puede alcanzar hasta el doble de la potencial, lo que permitirá incrementar sustancialmente su "valor real" pero sin consideración de expectativas especulativas no patrimonializadas por el titular del suelo.

Igualmente, la valoración de aquellos suelos rústicos a los que el planeamiento municipal hubiera previsto su incorporación futura al proceso de desarrollo urbano (suelos urbanizables) y se hubiera establecido su obtención administrativa mediante expropiación, a la tasación anterior se le adicionará una indemnización en razón a la pérdida de la facultad de participar que legalmente tiene atribuida el propietario y que se le suprime en función de la causa expropiatoria, indemnización cuyo valor económico se determina de manera análoga al valor que recibe la Administración como participación pública en las plusvalías cuando es la iniciativa privada la que desarrolla los suelos, lo que comporta un inteligente equilibrio entre la iniciativa pública y la privada.

Finalmente, cuando el suelo se encuentre urbanizado, su valor se determinará por el valor de sustitución del inmueble mediante la comparación con muestras de características análogas justificadas en un estudio de mercado.

En resumen, un sistema de valoración inmobiliaria que viene a tasar el suelo de manera objetiva pero "generosa" con el sujeto expropiado, que comporta una respuesta acorde con el mandato constitucional a impedir la especulación y que viene a homologarnos con los sistemas imperantes en la mayoría de los países más avanzados de nuestro entorno.

Finalmente, conviene aclarar una cierta confusión que viene manifestándose esporádicamente: esta valoración solo es aplicable a las actuaciones de expropiación pública por razones de interés general (carreteras, hospitales...) y no a la valoración de los activos resultantes de las actuaciones ni transacciones realizadas por la iniciativa privada ni a las tasaciones hipotecarias de las entidades financieras. De hecho, así lo aclara la disposición adicional 7ª de la orden que regula las transacciones financieras. En estas opera el mercado y será la "mano invisible" de Adam Smith (hoy un tanto parkinsoniana) la que debe intervenir en su eventual regulación.

No obstante, la experiencia producida tras la explosión de la burbuja inmobiliaria que estamos sufriendo, permitiría considerar que la disposición de una valoración objetiva y antiespeculativa que la Administración aplique al desarrollo de sus actuaciones, pudiera ser un adecuado referente para los mercados privados y que contribuyera a dificultar la repetición de una crisis como la actual, o al menos no con la misma y letal virulencia.

* Gerardo Roger Fernández es arquitecto y profesor de Urbanismo del Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III.


* El País - Opinión - 8.12.11

.................................... Leer más...