El 15-M defiende las ocupaciones sin 'k'

PÚBLICO* : Todo comenzó como la última y a veces la única respuesta posible a un drama que ha dejado en la calle en los últimos meses a miles de familias desahuciadas de sus casas por no poder hacer frente al alquiler o a una hipoteca firmada en los años de bonanza. O como la "reivindicación legítima" de un lugar desde el que promover un ocio alternativo o unos servicios que no siempre proporciona el Estado.
Las movilizaciones del pasado 15-O dejaron algo más que el rastro de miles de personas en todo el mundo clamando por un "cambio global". La noche de aquel 15 de octubre, indignados de Barcelona ocuparon un edificio en Nou Barris, un barrio obrero del nordeste de la capital catalana, en el que viven desde entonces diez familias sin recursos. A principios de noviembre el juez Miguel Ángel Tabarés decidió archivar la denuncia contra los nuevos ocupantes interpuesta por la propietaria, Cajamar, por un presunto delito de usurpación.
En Madrid, un grupo de personas afines al 15-M ocuparon también esa noche un hotel en el centro de la capital. Hasta su desalojo el pasado 5 de diciembre, el edificio fue utilizado como un espacio de trabajo para las comisiones del movimiento, pero también como un techo bajo el que se cobijaron desahuciados, personas sin hogar e integrantes del movimiento okupa.

Entendidas como "un rescate de la exclusión" o la respuesta a la inaccesibilidad al derecho a una vivienda digna, estas "ocupaciones sin k", reconocen en el movimiento, no levantaron muchas discrepancias en el 15-M. A las tomas del Hotel Madrid y del edificio de Nou Barris siguieron otras en estas dos ciudades, pero también en otras urbes españolas como Sevilla, Santiago, Granada o León.

Las divergencias llegaron cuando grupos de personas, identificadas en algunos casos como afines al 15-M, sin serlo, comenzaron a ocupar edificios "sin control alguno y sin organización", admiten fuentes del movimiento en Madrid. Es el caso de algunas improvisadas ocupaciones de edificios en el centro de Madrid algunos propiedad de particulares durante la última semana, tras una manifestación de protesta por el desalojo del Hotel Madrid y de un antiguo mercado reconvertido en espacio vecinal también en la capital.

A partir de ahí, este asunto empezó a convertirse en sujeto de debate para los indignados, que temen que "una minoría de la minoría" haga que se termine poniendo en duda "el valor de la ocupación organizada con un fin social y político", explica un joven que participa de forma muy activa en varias comisiones y grupos de trabajo del movimiento en Madrid. "Esto es política, no se puede abrir una casa así como así", prosigue.

"Hay que matizar qué ocupamos y qué no. No es un tema sin importancia, estamos cuestionando la propiedad privada, que es la base del sistema capitalista", acota otra joven, que forma parte del grupo de trabajo de Política de la Puerta del Sol.

Chema Ruiz participa en la Oficina de la Vivienda que surgió en el ocupado Hotel Madrid para buscar alternativas habitacionales a desahuciados, pero también para crear conciencia de la importancia de reivindicar el derecho a la vivienda digna. Ruiz asegura que a los integrantes de este grupo les preocupa que los últimos acontecimientos les puedan "salpicar" y "enturbiar" su trabajo. "El objetivo de la oficina es hacer política, difundir nuestro mensaje. Cuando recuperemos edificios abandonados avisaremos a los medios. No nos identificamos con los que ocupan y se tapan la cara cuando les toman fotos", declara. "Nuestra tarea es a la inversa, primero trabajamos con los afectados para que se involucren en el proyecto y luego buscamos los espacios", amplía Ruiz.

De hecho, este grupo trabaja en la elaboración de un censo de edificios abandonados en propiedad de grandes corporaciones financieras o compañías que han especulado con la vivienda al calor de la burbuja inmobiliaria con el objetivo de recuperarlos para familias sin recursos.

"Explicar"
En cualquier caso, entre las personas que participan de forma asidua en el 15-M existe la certeza de que adueñarse de edificios de propiedad privada es algo que "no todo el mundo entiende". Asumen, asimismo, que asociar la imagen del 15-M a la del movimiento okupa, tradicionalmente muy estigmatizado, puede deteriorar su imagen y hacerles perder respaldo social. ¿La fórmula para evitar esto? "Explicarlo muy bien", coinciden todas las fuentes consultadas.

Pedro Herreros, portavoz de Democracia Real Ya (DRY), una de las plataformas que integra el 15-M, admite también que el tema de la ocupación genera "división de opiniones". "En DRY estamos de acuerdo en que debería primar el derecho a la vivienda y entendemos que se ocupen viviendas para personas desahuciadas. Lo controvertido es saber dónde se ponen los límites", señala.

Integrantes de varios grupos de trabajo, así como portavoces de la Oficina de Vivienda o DRY aseguran que el 15-M mantiene "el mismo trasfondo político" y no está avanzando hacia posturas más radicales. "Si radical es ir a la raíz de los problemas, sí, entonces nos estamos radicalizando", ironiza Herreros. "El movimiento se está haciendo más lógico. Antes del 15-M era impensable que una persona con corbata participara en una asamblea en un edificio ocupado", concluye otro joven indignado.


* Público - ELENA HERRERA MADRID 11/12/2011
Foto: Un grupo de vecinos protesta por el desalojo del centro Montamarta, en San Blas (Madrid).- elpais

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Murcia.- Atropello a la huerta

LAVERDAD* : En 2011 se han cumplido 10 años de vigencia del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia (PGOU), concebido como la 'Carta Magna' del urbanismo del municipio, el documento maestro donde figuran las claves del presente y del futuro de Murcia con dos compromisos claros: el desarrollo ordenado de barrios y pedanías y el respeto a los espacios naturales. Objetivos más que posibles sobre el papel, pero imposibles en la realidad, a tenor de las conclusiones provisionales del proyecto europeo Naturba, que estudia la integración de la huerta en la ciudad, y que coordina la Consejería de Ordenación del Territorio con la participación de los ayuntamientos de Murcia, Alcantarilla, Beniel y Santomera, así como la Junta de Hacendados, colegios profesionales y asociaciones. La imparable destrucción de huerta productiva y el cerco a las zonas de protección son dos de los aspectos en los que reparan los equipos de trabajo de Naturba, que recomiendan una revisión del Plan General a fin de plantear un urbanismo menos agresivo que anteponga los criterios ambientales en las decisiones sobre infraestructuras y planeamiento.

Muchos especuladores creyeron haber encontrado un maná en Murcia con la aprobación de las nuevas normas urbanísticas y su posterior adaptación en 2006 a la Ley del Suelo regional, que permitió lo que diversos especialistas califican como el «teletransporte de edificabilidad», esto es, la adscripción de suelos no urbanizables protegidos por ser zonas de protección de la naturaleza y usos forestales a planes parciales a cambio de compensaciones para los promotores en otras actuaciones. Así, se explica, por ejemplo, la aparición de resorts con miles de viviendas colindantes a parques naturales como El Valle-Carrascoy o la sierra de Escalona y Altaona, zonas de especial protección para las aves. Pero no son casos aislados. Muchos de los suelos protegidos o inadecuados para el desarrollo urbano según el Plan General han acabado sucumbiendo a la fiebre del ladrillo en esta década, como demuestra el elevado consumo de huerta tradicional. El Observatorio de la Sostenibilidad en la Región -adscrito a la Universidad de Murcia (UMU)- calcula que 3.400 hectáreas de regadíos fértiles han sido destruidas en los años de apogeo inmobiliario. Hoy, según la Confederación Hidrográfica del Segura, 7.000 son las hectáreas de huerta que se conservan. En 1995 había 13.026.
El PGOU, gestado en la primera legislatura de Miguel Ángel Cámara como alcalde, entró en vigor en 2001 con una vigencia «indefinida». No obstante, los redactores pusieron una fecha en el horizonte: 2025. Consideraron entonces que para ese año se habría duplicado la superficie edificada respecto a la de 2001 y que se habrían desarrollado 120.000 viviendas nuevas, de ellas 30.000 en pedanías del Campo de Murcia, donde se ubicarán 14 campos de golf. En general, según sus defensores, el PGOU garantiza una «altísima» calidad de vida a los ciudadanos por el cuidado diseño de las ordenaciones, el incremento de equipamientos y espacios comunitarios, la apertura de nuevos viales y la baja densidad de las promociones. Un mundo idílico que, de nuevo, solo parece existir en planos y maquetas después de las incontables heridas que ha dejado en el paisaje local el boom de la construcción.
Desequilibrios territoriales
La realidad que hoy encuentran los partidos de la oposición -PSOE, IU-V y UPyD- no es nada animosa. El portavoz socialista, Pedro López, cree que el actual PGOU debería revisarse urgentemente para frenar los desequilibrios territoriales en el municipio. Un ejemplo, según López, es el «desarrollo insostenible» proyectado en la zona norte de Murcia, «fruto del abuso en la firma de convenios urbanísticos, una figura que debería ser excepcional y que durante una época fue lo habitual porque alegraba la caja de ingresos municipales».
Esther Herguedas, portavoz de IU-V, cree que se puede crecer de otra manera y sin agotar recursos naturales. «El PGOU lo ha convertido casi todo en urbanizable y eso es insostenible. Y se siguen aprobando planes, como el último de El Esparragal para 30.000 personas, que es una barbaridad, o el de La Fuensanta». Herguedas también está a favor de la revisión, y cree que si el Gobierno municipal no accede acabará entrando en vereda obligado por sentencias judiciales. Por su parte, Rubén Serna, portavoz de UPyD, cree que el PGOU es un instrumento orientado a la especulación en lugar de favorecer una ordenación del territorio para satisfacer las necesidades de vivienda, de transporte y de servicios. Serna considera que la edificabilidad actual es excesiva y las dotaciones escasas y que no se ha actuado con suficiente contundencia para salvar la huerta.
120 modificaciones puntuales
En el último Pleno, el Ayuntamiento dio el visto bueno a la modificación número 120 del Plan General, relacionada con el 'by-pass' de El Palmar. Según el concejal de Urbanismo, Juan Antonio Bernabé, una gran mayoría han sido correcciones de «errores materiales». «El Plan General no es perfecto y habrá que hacer modificaciones para adaptarlo a la realidad. Los propietarios tienen sus derechos asegurados y el desarrollo de muchos planes ha quedado paralizado por la crisis, pero hay que prepararnos para el futuro, no podemos detener el desarrollo de Murcia. Es cuestión de lograr el equilibrio», razona. El edil expone que el PP está abierto a revisar «casos concretos».


* La Verdad - 11.12.11
Foto: Dos trabajadores recolectando cítricos en un huerto de Beniaján - laverdad

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Valencia.- Macrojuicio a las costuras de Camps

LEVANTE* : El futuro político de Francisco Camps ya no depende de tres millones y medio de electores. Su horizonte lo pintarán 9 ciudadanos anónimos, que juzgarán si el expresidente y el exnúmero dos del PP, Ricardo Costa, que se sentarán con sus abogados, cometieron cohecho por recibir regalos de la red Gürtel. Trajes o zapatos, objetos tan pedestres como elevadas son las cifras del proceso que empieza mañana.
El 9 de octubre de 1238, el 25 de abril de 1707, el 1 de julio de 1982 —aprobación del Estatut— o el 28 de mayo de 1995, cuando Zaplana destronó a Lerma. Son fechas señaladas en la historia del pueblo valenciano. Como el lunes 12 de diciembre de 2011. Día en el que Francisco Camps Ortiz se convertirá en el primer político procesado por una causa de corrupción derivada de su actuación como presidente.
Quien durante dos años y medio tuvo que responder en las Corts del presunto saqueo de la red Gürtel a la Generalitat —de la que pescó 8 millones en diez «conselleries» y Canal 9—, quien lleva tres años en un permanente intento de escapar de un fantasma que lo persigue pegado a la epidermis, se encomendará desde mañana, a las diez, a un tribunal del jurado. A 9 ciudadanos que dilucidarán si las empresas de Francisco Correa y Álvaro Pérez «El Bigotes» le llenaron el ropero por ser quien era, para abonar el negocio.

El jurado deberá dilucidar si Camps y el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa, también procesado, tropezaron con el artículo 426 del Código Penal, que regula el cohecho impropio pasivo; si uno y otro, en tanto que autoridad, aceptaron regalos que les hicieron «en consideración a su función», entendida como poder de influencia, según decidieron los 5 magistrados del Supremo que, en 2010, levantaron el archivo de la causa de los trajes.

En los próximos once días, Camps y Costa deberán acudir al Palacio de Justicia. La puesta en escena de la vista les ha sido propicia. Los dos se sentarán junto a sus letrados, en el banco de las defensas y acusaciones, y no en el banquillo, según fuentes del caso. En tanto que letrado, aunque no ejerciente, Camps goza de este privilegio, que ha sido ampliado a Costa. Son los protagonistas de una gigantesca causa en la que 90 testigos, 13 peritos, 19.000 páginas, 56 tomos de sumario, dos acusaciones (Fiscalía y PSPV) y dos defensas intentarán casar fechas, albaranes, facturas, encargos y recibos de doce trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y 4 cinturones, valorados en 14.021 euros, supuestamente regalados al ex presidente. Y cuatro trajes y seis pantalones, por 7.325 euros, presuntamente pagados por Orange Market y sus filiales a Costa. Fiscalía pide sendas multas de 41.250 euros. El actual Código Penal prevé penas de entre seis meses y un año de cárcel para el cohecho impropio, pero el magistrado Juan Climent, que presidirá el jurado, dictaminará en función del Código Penal vigente cuando sucedieron los hechos y en aplicación del principio de favorecer al reo.

Al contrario que su valedor Eduardo Zaplana, en la hoja de servicios con la que Camps llegó al Palau no constaba petición de «comisiocinta» como la que quedó grabada un 10 de febrero de 1990, a las 13,22 horas, en una de las cintas del caso Naseiro, invalidadas por el Supremo. En el juicio que arranca mañana Camps se juega mantener limpio un expediente judicial que, políticamente, ha sido emborronado por haber colaborado o permitido, por acción u omisión, que la trama Gürtel acampara en la cocina de la Generalitat.

Campos y Betoret, un problema
El exvicepresidente Víctor Campos y el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret, serán, el martes, los primeros en testificar. Los dos firmaron, el pasado 20 de julio, la sentencia de conformidad por la que se autoinculpaban para evitar el espectáculo político y mediático que mañana levanta el telón y se representará, según los planes de Climent, hasta la víspera de Nochebuena. Varias fuentes coinciden en que para cumplir el calendario, no habrá más remedio que ampliar las representaciones de esta tragicomedia a sesiones vespertinas. 90 testigos, 13 peritos, dos defensas y dos acusaciones dan para muchas más preguntas y respuestas de las que caben en seis mañanas.

Aquel 20 de julio expiró el crédito de Génova a Camps. El entonces jefe del Consell elucubró durante varias horas, a bordo del coche oficial por las inmediaciones del Palacio de Justicia, en torno al dilema de si prefería culpa—aceptación de la condena— o muerte política. Finalmente optó por no autoinculparse y, esa misma tarde, a las 17,15 horas, anunció su dimisión.

El TSJ condenó a Campos y a Betoret a pagar 9.600 euros y a devolver la ropa o abonar su valor. En un homenaje al teatro del absurdo, Betoret entregó las prendas, valoradas en 13.499 euros. Estas condenas complican la situación de Camps y Costa. Porque consolidan como verdad judicial que la trama tiró de sobornos para «ganarse el favor» de cargos públicos y porque tienen, como testigos, la obligación de decir la verdad para no incurrir en perjurio. Con todo, fuentes próximas a los condenados indicaron que estos subrayarán que firmar la conformidad fue una decisión formal y pragmática para evitar el banquillo, pero que no asumen los hechos.

Si en contra de los procesados actúa esa condena, a su favor juega la necesidad de una mayoría de 7 de los 9 jurados para conformar un veredicto de culpabilidad, según la Ley 5/1995 del Tribunal del Jurado.


* Levante - 11.12.11
Foto: Valencia, expresident comunidad F.Camps - EFE

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Jerez.- Pacheco, citado el martes a declarar como imputado por el caso Jerecom

LAVOZDIGITAL* : Será el próximo martes 13 cuando el líder de Foro Ciudadano, Pedro Pacheco, tenga que declarar finalmente como imputado por el caso de las presuntas facturas falsas de Jerecom, la constructora que quebró en septiembre del año 2007 y dejó a decenas de proveedores sin cobrar. Como se recordará, el exalcalde estaba citado el pasado día 21 de octubre , aunque no lo hizo al no constarle ninguna notificación al respecto, según fuentes del caso.
No obstante, este medio ha podido saber que la próxima cita en el Juzgado de Instrucción número 4 está prevista para el martes, concretamente a las 10.45 horas de la mañana. El líder de Foro Ciudadano ha sido citado en relación a las supuestas irregularidades relacionadas con la constructora que quebró en el año 2007 atribuidas a su gestión al frente de Urbanismo, a raíz de la investigación que inició la Fiscalía por iniciativa del Ayuntamiento jerezano en 2009, cuando estaba al frente la exalcaldesa Pilar Sánchez.

De hecho, el caso tiene su origen en el extenso informe que en su día Pilar Sánchez hizo llegar a la Fiscalía. La información consistía en un paquete de facturas que apuntaban a supuestas irregularidades: pagos de la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo por duplicado y por una misma obra, desvío de fondos públicos para costear unos trabajos que nunca se habían ejecutado u operaciones extrañas en la forma de adjudicar esos contratos.
Las obras superan el medio centenar y son de una cuantía inferior a 30.000 euros cada una. Este matiz es importante porque se trata de trabajos que al tener ese importe como contraprestación, se libraban de ser adjudicadas mediante un concurso público.
Los supuestos beneficiarios serían varias constructoras jerezanas que se declararon en quiebra: Jerecom y varias firmas de las que se sospecha que fueron sucedáneas camufladas de la primera, es decir, sociedades satélite.
Esas sospechas ya las tenían mucho de los trabajadores afectados por el cierre de Jerecom en su día. En el año 2008 centenares de ellos se echaron a la calle para denunciar las extrañas maniobras de una constructora que había cerrado y proseguía su actividad bajo otras denominaciones sociales.
Por este caso ya han declarado varios imputados en los juzgados, entre ellos el expropietario de Jerecom, José Grimaldi, quien acusó ante la jueza a más un responsable político por las supuestas irregularidades que se investigan.
Como es sabido, Pedro Pacheco y Pilar Sánchez han mantenido otra guerra judicial que llegó a consumir buena parte de la pasada legislatura: la de los asesores contratados por uno y otro en el Ayuntamiento jerezano.
Tanto el caso Jerecom como el de los asesores, precisamente, tienen su origen en el citado informe que la exalcaldesa envió en su día a la Fiscalía. A raíz de la denuncia, el exalcalde decidió acometer un contraataque que se ha traducido en un importante desfile de asesores y altos cargos de Pilar Sánchez durante la pasada legislatura.
Sin embargo, la respuesta del fiscal ha sido desigual: mientras que para Pacheco ha solicitado más de 17 años de prisión, para Sánchez ha recomendado el archivo de las actuaciones contra los imputados en el caso. No obstante la actual alcaldesa, María José García-Pelayo, ha señalado que también es importante responder por el «daño económico» al Ayuntamiento.


* La Voz Digital - 09.12.11 - ENRIQUE ESTEBAN
Foto: Pacheco ha sido llamado a declarar por el caso de las supuestas facturas falsas de la constructora que quebró en 2007.- lavoz

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Las Teresitas.- Una investigación titánica

LAOPINIÓN/Tenerife* : Seis años, más de 70.000 folios, centenares de testigos, los pinchazos a más de una treintena de teléfonos, el análisis de más de 300 cuentas bancarias y el estudio de los movimientos de capital hacia 21 países no han servido para demostrar que en el caso Las Teresitas se pagaron comisiones para influir en las decisiones políticas.
La propia fiscal anticorrupción, María Farnés, admite en sus conclusiones que la magnitud del caso y el tardío inicio de las investigaciones policiales –cinco años después de que el Ayuntamiento comprara a Inversiones Las Teresitas los terrenos– impidieron demostrar cualquier indicio de cohecho en los imputados.
La denuncia final del ministerio público que llegará al Supremo es la misma que cuando se levantó parte del secreto de sumario, el 19 de enero del año 2008. Los agentes policiales llegaron a rastrear casi 400.000 movimientos bancarios solo en el entorno del empresario Ignacio González Martín y que hasta tomaron declaración a los trabajadores de los concesionarios que vendieron vehículos a algunos de los implicados en los años posteriores al presunto pelotazo de Las Teresitas.

Y eso que en los informes de las diligencias previas, los policías dicen haber encontrado pruebas del supuesto enriquecimiento irregular de los principales actores, como que el exalcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, adquiriese en solo 15 días 145 décimos de lotería que resultaron premiados en los sorteos del Navidad y El Niño de 2001.
La causa principal llega al Supremo con un total de 13 imputados por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Estos son los principales argumentos de la Fiscalía contra ellos.

E Miguel Zerolo
Zerolo, como responsable último del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, decidió y puso en marcha, según María Farnés, los mecanismos administrativos cuya única finalidad eran la compra por parte del Consistorio de las 11 parcelas del frente de playa de Las Teresitas, "a un precio desorbitado y mediante la firma de un convenio que suponía un beneficio para la parte privada y un grave perjuicio al erario".
Anticorrupción denuncia la absoluta falta de motivación del que era alcalde para llevar a cabo la expropiación, solución que habría evitado un gasto de dinero público desmesurado de 8.750 millones de pesetas. Además, lo hizo aún a sabiendas de que había tres informes que reducían ese valor a menos de 3.000 millones y de que más de 9.000 metros cuadrados eran de dominio público, tal y como había confirmado la demarcación de Costas.
E Manuel Parejo
"Contribuye de una manera decisiva a la resolución que posteriormente se adopta" de comprar el frente de playa a un precio desorbitado al ser el consejero delegado de la Gerencia de Urbanismo en la fecha en que ocurrieron los hechos y al dar todas las directrices a los funcionarios para que realizaran los informes para amparar el precio pactado con los empresarios. Es conocedor de la contradicción de las valoraciones económicas de las parcelas.
E Juan Víctor Reyes
"Colabora con el hecho delictivo pese a no dictar la resolución, pero siendo consciente de que mediante su aportación presta la ayuda necesaria", señala Anticorrupción. Era secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo cuando realiza un informe que niega la posibilidad de expropiación, con apreciaciones equivocadas, y firma el informe de valoración que le interesa a los empresarios pese a no ser arquitecto municipal.

E Antonio Messía
Era interventor general del Ayuntamiento en el momento de los hechos delictivos. Emite un informe para justificar el precio pagado a los empresarios y está presente en el pleno en el que se aprueba la compra de las parcelas.

E José Eugenio de Zárate
Colaboró en los hechos delictivos siendo secretario general del Ayuntamiento. Las partes firman ante él un convenio que en esa fecha no existía en el Consistorio.

E José Tomás Martín
Era el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento. Sabía que 9.000 metros cuadrados de las parcelas eran de dominio público y solicitó una tasación a CajaCanarias siendo conocedor de que la entidad era parte interesada en la operación.

E José Luis Roca
Era el interventor delegado de Urbanismo. Omite su obligación legal de incoar un expediente debidamente justificado que diera lugar a una propuesta de gasto y de pago a Inversiones Las Teresitas.

E Ignacio González y Antonio Plasencia
Colaboran de una forma decisiva, como socios de Inversiones Las Teresitas, en la resolución del Ayuntamiento y son los grandes beneficiados al lograr 8.750 millones de pesetas por una parte de los terrenos que habían comprado tres años antes por 5.500 millones. Todas las decisiones del convenio fueron tomadas por ellos aunque no firman ni este documento ni la escritura de compraventa. Participan personalmente en diversas reuniones llevadas a cabo con autoridades y funcionarios para acordar el precio de la compra y son conocedores de los informes que rebajan a menos de la mitad el verdadero valor de los terrenos. Mostraron sumo interés porque la operación se llevara a cabo por el precio fijado por ellos unilateralmente.

E Pedro González y Carlos Plasencia
Actúan de una forma decisiva en la resolución del convenio al ser los apoderados de Inversiones Las Teresitas y al mismo tiempo hijos de los también imputados Ignacio González y Antonio Plasencia.

E Emilio Fresco y José Emilio García Gómez
Estuvieron presentes en varias reuniones donde se llega a un acuerdo con la parte privada de la negociación. Están presentes y votan a favor en la sesión plenaria de julio de 2001 en la que se aprueba la compra de los terrenos del frente de playa a Inversiones Las Teresitas.


* La Opinión Tenerife - 11-12-11
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto de Las Teresitas - laopinion.es

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