Aguirre deberá decidir el futuro del parque tecnológico más grande de España

ELPAÍS/Madrid* : La Comunidad de Madrid ha recibido un varapalo judicial por desentenderse en 2009 del desarrollo urbanístico del polígono de La Carpetania (Getafe). El Gobierno regional (PP) creó junto al Ayuntamiento de ese municipio, entonces presidido por el socialista Pedro Castro, un consorcio para supervisar el desarrollo industrial. Tas acometer juntos la primera fase, el Ejecutivo presidido por Esperanza Aguirre optó por devolver las competencias urbanísticas al Ayuntamiento.
La decisión era un regalo envenenado, porque implicaba que el Consistorio tenía que asumir el coste de las expropiaciones previstas: unos 480 millones de euros. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado ahora el acuerdo del Gobierno autonómico por el que se devolvieron las competencias.

Aguirre consideró en su momento que el precio por desarrollar La Carpetania era muy alto. En el Ayuntamiento admitieron que el sistema de expropiación era más costoso, pero también más rápido y eficaz para conseguir los terrenos y poner en marcha cuanto antes el polígono industrial. El proyecto podía generar 25.000 empleos y atraer una inversión de cerca de 1.000 millones de euros. Además, serviría como polo de atracción para otras empresas tecnológicas. Al bloquearse el desarrollo, el gigante aeronáutico EADS-CASA amenazó con retirarse de Getafe y “estudiar otras posibilidades”.

El detonante que trabó el proceso fue el precio de la expropiación, pero en Getafe también ven motivos políticos detrás. Creen que Aguirre ha ahogado a la ciudad para doblegar al exalcalde. [La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño Ortega, aduce en cambio que las complicaciones judiciales elevaron el coste de la expropiación hasta el punto de que tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento decidieron “por unanimidad” cambiar el sistema y optar uno de compensación o cooperación. Según su versión, el Consistorio se volvió atrás tres meses después y llevó ante la justicia esa modificación, recurso que el TSJM rechazó en otra sentencia del 8 de noviembre.

El Gobierno regional ya había decidido que, dado que no se iban a realizar expropiaciones, devolvía al Ayuntamiento todas las competencias urbanísticas. Esa decisión, de abril de 2009, también fue llevada ante la justicia por el exalcalde. Y el pasado 10 de noviembre, el TSJM le dio la razón, declarando nulo el acuerdo adoptado por la Comisión de Urbanismo.

Mariño asegura que el Gobierno regional recurrirá, aduciendo que el tribunal tumba el acuerdo por un defecto de forma: la Comunidad debería haber optado por otra vía administrativa para devolver las competencias.]

El exalcalde de Getafe, Pedro Castro, por su parte, se muestra satisfecho con esta última sentencia. “El proyecto supone más de 25.000 empleos para la región, y cerca de 6.000 serán ingenieros”, señaló ayer. Por ello, pidió a la Comunidad de Madrid que se olvide de cuestiones políticas y haga lo necesario para acelerar el polígono industrial.

Uno de los problemas que tenía el Ayuntamiento de Getafe era que no lograba conseguir el dinero para pagar su parte de la expropiación. Hace seis meses consiguió que el ICO aprobara un crédito de 200 millones. Castro considera que “el retraso del parque de La Carpetania pone de manifiesto la desidia de una presidenta regional que no entiende que crear empleo es una de las competencias que tiene la Comunidad. En los ocho años que lleva en el Gobierno ha sido incapaz de reunirse con los agentes sociales para hacer un plan con el que crear empleo”. Y concluye: “La percha sobre la que debería colgar dicho plan es La Carpetania”.

[Según Mariño, el actual alcalde de Getafe, Juan Soler (PP), no ha transmitido a la Comunidad su opinión sobre el asunto.]


* El País - JESÚS SÉRVULO GONZÁLEZ Madrid 14 DIC 2011
Foto: Fábrica de Airbus, en el polígono de La Carpetania, en Getafe - elpais

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Benidorm.- Un perito confirma que Terra Mítica defraudó a Hacienda 1,5 millones

LASPROVINCIAS/Alicante* : Un perito mantuvo ayer en una comparecencia judicial que la Sociedad Proyectos Temáticos de Alicante (SPTA) defraudó 1,5 millones a Hacienda al percibir una devolución del IVA del ejercicio 2001 por dos obras inexistentes. Esa vista se enmarca en la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción 9 de la capital de la provincia en enero de 2007, en la que están imputados el ex director técnico de esta empresa pública José María Arraiz y su sucesor en el cargo, Javier de Diego, junto al expresidente de Terra Mítica Luis Esteban y el constructor Luis Batalla.
La próxima en ser citada bajo esa condición podría ser Gema Amor, directora de SPTA -actualmente denominada Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV)- durante el periodo investigado. De hecho, el nombre de la también exconsellera y ahora concejal de Benidorm, figura en la querella que presentó en su día la Fiscalía de Alicante.

El perito, inspector jefe del Equipo Regional de la Agencia Estatal Tributaria (AET) en la Comunitat, defendió ayer ante los abogados de la defensa y el fiscal anticorrupción, Felipe Briones, un informe demoledor donde se detallan todas las irregularidades que jalonaron los proyectos PT/55/00 y PT/62/00.
Por el primero, consistente en la ampliación de unas obras para la recogida de aguas pluviales en la zona G-3, la empresa pagó al contratista 5.183.159 euros, más 829.305 euros de IVA. El técnico coincide con otro inspector en que existen «indicios más que razonables de que Moncobra no realizó dichas obras».
Esos indicios son numerosos. Así, SPTA comunicó reiteradamente a Hacienda que no había localizado el expediente, donde debían figurar las ofertas presentadas al concurso, un procedimiento negociado y sin publicidad, el acuerdo de la mesa de contratación, el libro de órdenes o la relación de los trabajadores que estuvieron en el tajo.
Tampoco han aparecido documentos relativos a la solicitud de permisos o comunicaciones, ni el proyecto fue visado por ningún colegio profesional con el argumento de que «elevaba los costes».
Respecto a la licencia o los permisos administrativos, Arraiz se escudó en que el departamento jurídico de la mercantil pública no los veía necesarios al estar «amparados por una licencia genérica de la obra de urbanización».
También llama la atención el hecho de que la sustitución de una tubería por otra de mayor diámetro coincidiera en el tiempo con la inauguración del parque, el 27 de julio de 2000, por el Príncipe de Asturias. «Recordar que se emitieron certificaciones de junio a septiembre de 2000, y en este caso estamos hablando de una zanja atravesando la glorieta G-3, que es la que da acceso a la puerta de entrada», señala el perito.
Por si fuera poco, esos trabajos, que supusieron un gran sobrecoste, podrían «entrar en colisión» con los del proyecto PT/027/99 sobre movimientos de tierras y arbolado en la misma zona «pues no es posible al mismo tiempo plantar un árbol y hacer una zanja».
Las misma conclusión alcanza el inspector que compareció ayer en el juzgado respecto a la actuación PT 62/00, consistente en la limpieza y regeneración de Sierra Cortina y los bordes de los viales, por la que SPTA abonó 4,6 millones y otros 737.320 euros de IVA que luego se dedujo. Todo hace pensar que nunca se ejecutó.
Proyecto redundante
El objetivo final del proyecto ya era de por sí redundante con respecto a otros cinco. Y como en el caso anterior, no se ha localizado el expediente, ni documentos sobre permisos o comunicaciones, ni hay visado de colegio profesional, ni licencia de obra, nada.
Las irregularidades, de las que ya avisó en ambos casos la Sindicatura de Comptes, no acaban aquí. La empresa adjudicataria, Lubasa, facturó a la sociedad pública 83.800 metros lineales de riego por goteo cuando realmente no habrían hecho falta más de 26.000.
Además, el proyecto solo llevaba la firma de Arraiz, cuando otros similares habían sido rubricados por «nada menos que cinco ingenieros de montes», y la misma empresa, C3 Ingeniería, dirigía las obras y facturaba al mismo tiempo por controlar la calidad de las mismas.


* Las Provincias - 13.12.11 - MANRIQUE C. SÁNCHEZ
Foto: Benidorm (Alicante), Terra Mítica - mediterranea.org

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Jerez.- La Ciudad del Flamenco sale a más de 200 euros por habitante

ANDALUCÍAINFO* : Lejos de los algo más de 20 millones de euros que en su día se citaron. Muy lejos. Ver hecha realiad la Ciudad del Flamenco costará alrededor de 45 millones de euros, según ha confirmado el delegado municipal de Urbanismo, Antonio Saldaña.Tal cantidad supone una inversión de 211,63 euros por cada una de las 121.629 personas censadas en el municipio de Jerez a 1 de enero de 2011, según datos del propio Ayuntamiento.Ese ‘desembolso’ sin embargo no saldrá del bolsillo de los contribuyentes. Al menos no todo. Y es que desde el Gobierno local se dice que las arcas municipales no pueden soportan una inversión de tal calibre. Por este motivo, se recurrirá a “soluciones innovadoras, porque tenemos claro que el dinero no saldrá del Presupuesto municipal”, reseña Saldaña.¿Qué va a hacerse entonces para sacar adelante este “proyecto singular”?

La propuesta que los responsables municipales han puesto sobre la mesa es que la financiación de la construcción de la infraestructura se compensa cediendo la gestión a la empresa que lleve a cabo los trabajos. Es decir, el trato consistiría en ceder la explotación -o parte- a la firma en cuestión, a través de un concesión administrativa. En el pliego de condiciones correspondiente quedarían recogidas las posibles compensaciones que el Ayuntamiento está dispuesto a realizar. Entre éstas, tal y como ha reconocido el propio delegado municipal de Urbanismo se encuentra la de “dar garantías” a la firma constructora “por el dinero puesto” por medio de suelo, “para que puedan obtener ingresos”.

En este sentido, desde el Ayuntamiento se va a proponer a los inversores que cobren “desde 2013 vía Diputación, para que puedan tener líquido y hagan la obra”.Sin embargo, y previendo ya que el hecho de que la iniciativa privada no sea suficiente para sacar adelante una infraestructura que será “única en el mundo”, desde la calle Consistorio ya se avisa de que se recurrirá a “aportaciones de la administración”. sin respuestaEl plazo dado por el Ministerio de Cultura al Ayuntamiento para corregir el uso inapropiado que si hizo de los fondos concedidos para la Ciudad del Flamenco expira.

El Ayuntamiento ha dicho que no podrá satisfacer la petición ministerial. Vamos, que no hay tiempo ni dinero para hacerlo, reconoce. No obstante, cabe destacar que ya en su día se hizo público que Cultura estudiaba una fórmula legal para evitar que el Ayuntamiento de Jerez se viese obligado a devolver los 2,4 millones de euros que en su momento aportó para las obras de la Ciudad del Flamenco y que el anterior equipo de Gobierno (PSOE) destinó al pago de nóminas de los trabajadores municipales.

El portavoz del Gobierno municipal destaca que la prioridad ahora está en “desbloquear” la paralización de las obras. “Luego ya pelearemos por no devolver los fondos y que nos reintegren el 15%”.Esta misma semana, la alcaldesa, Mª José García-Pelayo, ha recibido una carta del Ministerio de Cultura exigiendo “la justificación de los fondos y una foto” antes del 30 de diciembre.Cumplir esa exigencia es inviable. Los plazos que esperan cumplirse están a unos tres años vista. “Si conseguimos desbloquear el asunto en unos seis meses, y teniendo en cuenta que la obra durará de dos a dos años y medio, en unos tres años” podría ser una realidad la esperada Ciudad del Flamenco. Porque hasta entonces, Jerez podrá presumir de ser la cuna del flamenco, pero nada más.
Los arquitectos Herzog y De Meuron tienen seis millones de euros pendiente de cobro

En el año 2003, la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez convocó un concurso internacional de arquitectura para la construcción de la Ciudad del Flamenco. El 10 de enero de 2004, el jurado calificador eligió, por unanimidad, la propuesta de los suizos Herzog y De Meuron.

Tal elección daba una proyección sin igual a un proyecto singular, que buscaba hacer de Jerez aún más la ciudad del flamenco. Sin embargo, y después de que multitud de trabas por la falta de financiación hayan paralizado desde entonces el proyecto, el Ayuntamiento todavía debe unos seis millones de euros, de los nueve a los que finalmente han ascendido la intervención de los arquitectos, según ha confirmado el portavoz del Gobierno local (PP), Antonio Saldaña.

Desde el Consistorio se apunta que se irá saldando esa deuda con las aportaciones que vayan realizándose desde el Ministerio de Cultura, por ejemplo, al que se ha instado directamente y a través de los medios de comunicación a establecer una inversión concreta y estable, que permita acometer las fases restantes de la obra sin tener que depender de si las partidas presupuestarias asignadas en cada presupuesto anual se confirman cada año. el proyectoEl proyecto inicial presumía de que en la plaza Belén, en pleno corazón de Jerez, se iba a levantar la Ciudad del Flamenco, “un complejo cultural para la promoción y divulgación del arte flamenco que contará con Auditorio Nacional del Flamenco, Escuela Superior de Arte Flamenco, Centro de Investigación y Documentación del Arte Flamenco, y Museo Flamenco”.

El Consistorio perseguía cuatro objetivos básicos: la difusión de del arte flamenco en todas sus facetas; la prestación de servicios de formación; la promoción de la investigación sobre el Flamenco, mediante programas directos y acordados con universidades y centros de investigación musical; la prestación de un servicio estable de documentación, y la exhibición pública de la historia del Flamenco. La cuna del flamenco todavía está esperando.


* Andalucía Información - 18/12 · Carlos A. Cabrera
Foto: Desolador estado del solar.- ai

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La Fiscalía de Urbanismo «caza» infracciones a través de Google Earth

LAVOZDEGALICIA* : El programa de vistas áreas por satélite Google Earth Histórico se ha convertido en un aliado de la Fiscalía especial de Ordenación del Territorio de Vigo. Los fiscales lo usan para detectar posibles infracciones a lo largo del tiempo. La representante del Ministerio Público descargó recientemente el programa y usó una aplicación que permite ver la evolución de un terreno.
El resultado de esta aplicación pudo verse ayer en un juicio que se celebró en el juzgado de lo Penal nº2 de Vigo contra el constructor José Luis Barros por una supuesta ampliación sin licencia en el 2003 de una fábrica de vigas de hormigón de Nigrán, obra que fue denunciada por unos vecinos a los que presuntamente afectó un depósito de arenas y gravilla.

La Fiscalía pide un año y 9 meses de cárcel -sin ingreso en prisión- para el empresario por un delito contra la ordenación del territorio, dos años de prohibición para ejercer su oficio de constructor, una multa de 2.880 euros y la demolición de la obra en la finca afectada. Además, la fiscal pide otros 10 meses de cárcel por un delito de desobediencia por haber retirado, presuntamente, los precintos policiales de la obra parada.

La fiscala imprimió tres imágenes aéreas del barrio de Paradellas y Telleira relativas a los años 2001, 2003 y 2009, capturadas del Google Earth Histórico, y las llevó al juicio. La acusación pública, en su interrogatorio, mostró dichas panorámicas a vecinos y policías para ver si reconocían la zona pero la reacción fue dispar. Una vecina, a la que la jueza reprendió por su memoria selectiva y sus evasivas, dijo directamente que no entendía «de esas cosas» y rehusó ver las imágenes. Y un policía local, al que la jueza le reprochó su falta de memoria y no haberse leído el atestado, se excusó porque «nunca» había visto una foto aérea. «¿Y si yo le enseño una vista de playa América la reconocería?», replicó la fiscal. El agente aclaró que él, en el 2003, se había limitado a poner los precintos a la obra.

La defensa alegó en su informe que las obras realizadas sin licencia eran legalizables y que los precintos pudo haberlos tirado el viento o caerse solos.


* La Voz de Galicia - 16.12.11
Foto: Vistas aéreas que reflejan la evolución del barrio nigranense - lavoz

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