La mitad de los delitos que persigue la Fiscalía son contra el medio ambiente y urbanísticos

LAOPINIÓN/Murcia* : Los delitos de urbanismo y contra el medio ambiente llenan las carpetas de la Fiscalía de Murcia. Son los más numerosos, según se aprecia en el balance elaborado por el fiscal delegado de la materia, José Luis Díaz Manzanera, que recoge que en 2010, de las 348 diligencias penales incoadas en total en la Fiscalía, 168 son de medio ambiente y urbanismo, lo que supone un 50% del total.
«Si tenemos en cuenta que en 2009 las diligencias incoadas por esta sección fueron 110, un 20% del total de la Fiscalía, el porcentaje de 2010 demuestra que el volumen ha aumentado considerablemente», indica Díaz Manzanera en su balance.
De las materias que forman esta sección de la Fiscalía (medio ambiente, ordenación del territorio, patrimonio histórico, flora y fauna, maltrato de animales e incendios forestales), la que más número de delitos acumula es la de ordenación del territorio. En 2010 se registraron 77 diligencias por delitos contra la ordenación del territorio, mientras que en 2009 se abordaron 54 casos. «La mayoría de estas diligencias se refieren a construcciones ilegales y en menor medida a posibles prevaricaciones de funcionarios por irregularidades urbanísticas», señala Manzanera.


«Son muchos los asuntos que se presentan, sobre todo por la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia, la cual es curiosamente la que más remite periódicamente los expedientes de construcciones ilegales, a los que hay que sumar en el año 2010 los remitidos por los ayuntamientos de Águilas y Lorca, así como Librilla y Puerto Lumbreras», explica el fiscal delegado en su memoria.

En el apartado de medio ambiente, se aprecia un repunte de delitos, puesto que si en 2010 entraron 62 asuntos, en 2009 la mitad, 32 diligencias. De este tipo de delitos, el más numeroso es el de robo de agua, «que afecta casi en exclusiva a la Región de Murcia», reconoce el representante de la Fiscalía. Los vertidos ilegales, los ruidos excesivos y las extracciones ilícitas en canteras siguen incluyéndose en la lista de delitos aunque las cifras no son destacables.

Los incendios forestales se incrementaron en 2010 hasta alcanzar la cifra de 18, y además, se produjeron más detenciones que otros años. Entre ellos, el incendio de Calasparra el 7 de septiembre fue muy destacado por el elevado número de hectáreas que arrasó.

Los delitos contra el patrimonio histórico registrados en la Fiscalía bajaron de los 5 de 2009, a sólo uno el pasado año. Al contrario, los delitos contra la fauna y la flora en la Región de Murcia se han duplicado, pasando de 5 a 9 en 2010. En el apartado de maltrato de animales domésticos se registró un solo caso, aunque en 2009 la Fiscalía no abrió ninguna diligencia por este motivo. La carga de trabajo de la Fiscalía ha llevado a reforzar la sección con otros fiscales colaboradores, como Miguel de Mata.



* La Opinión de Murcia - OLGA LÓPEZ TORRES - 31.12.11
Foto: Murcia nosevende manifa 5m (archivo) - vegamediapress

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Greenpeace afirma que el cementerio nuclear supone "un riesgo innecesario"

LAINFORMACIÓN* : Greenpeace rechazó este viernes la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca), por entender que supone "un derroche económico" y un "riesgo innecesario".
Según explicó la organización ecologista, se opone al Almacén Temporal Centralizado (ATC), comúnmente conocido como cementerio nuclear, porque su coste económico es mucho mayor al de otras opciones, como la del Almacén Temporal Individualizado (ATI).
"Cuesta 20 veces más construir un cementerio nuclear que almacenes temporales en las propias centrales", afirmó Raquel Montón, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace, quien señaló, en la misma línea, que el ATC solo supone un beneficio para los dueños de las nucleares, "que se ahorrarán con el derroche de dinero público parte de la gestión de los residuos nucleares".

Según la ONG verde, el coste estimado del Almacén Temporal Centralizado es de unos 2.000 millones de euros, en los que se incluyen la construcción, el mantenimiento y el transporte de los residuos nucleares.
Por el contrario, prosiguió, el coste de los Almacenes Temporales Individualizados (ATI) es "mucho menor" y en España sólo sería necesaria su construcción en las centrales de Garoña (Burgos), Cofrentes (Valencia), Almaraz (Badajoz) y Vandellós (Tarragona), porque en el resto de centrales nucleares ya existen.
Teniendo en cuenta que el coste de cada uno de ellos es únicamente de unos 25 millones de euros, "debido a que el mantenimiento es mínimo y el transporte innecesario, la diferencia de costes hace inexplicable que se escoja esta opción en momentos de recortes económicos severos", consideró Greenpeace.
Finalmente, la organización pidió al nuevo Gobierno que establezca un calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares españolas, comenzando por las más antiguas e inseguras, tal y como ya están haciendo en Alemania, Suiza, Bélgica, Italia, etc, y que revise la seguridad "con rigor" de las que están en funcionamiento.


* La Información - servimedia - 31.12.11
Foto: Villar de Cañas (Cuenca), vista - guiarte

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Madrid.- La Comunidad recurre por tercera vez la Ley del Suelo

MADRIDIARIO* : La Comunidad de Madrid va a recurrir ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo el reglamento que desarrolla la Ley del Suelo estatal, aprobada por el Gobierno socialista. El Ejecutivo regional considera que invade competencias exclusivas del Gobierno regional en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
Es la tercera vez que el Gobierno regional recurre la norma. Fue aprobada el 10 de mayo de 2007, modificada luego en 2008 y matizada con la Ley de Economía Sostenible. Sus principales cambios fueron: la protección de los propietarios frente a los promotores de una actuación urbanística, valorar los terrenos de expropiación en función del coste actual del terreno y no de sus aprovechamientos futuros, y el establecimiento de una reserva de suelo residencial para vivienda protegida del 30 por ciento.

La primera impugnación se produjo en julio de 2007, cuando interpuso un recurso de inconstitucionalidad frente a diversos preceptos de la norma. Entre otros aspectos, se consideró entonces que se afectaba a la prioridad de las empresas constructoras para ejecutar los desarrollos urbanísticos por los derechos de los propietarios, a la reserva del suelo destinado a vivienda protegida (el Estado aumentó la cifra al 30 por ciento cuando la Comunidad marcaba un 50 por ciento), y a la preferencia de la gestión pública y las constructoras para realizar obras de urbanización frente a los propietarios del suelo. El recurso fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional en septiembre de 2007.

En septiembre de 2008, ante un nuevo texto refundido de la Ley, se presentó otro recurso al considerarse vulneradas las competencias de la Comunidad. Entre otras cosas, se valoró que se invadía la competencia que modifica el régimen de valoración del suelo; que se daba derecho a terceros para urbanizar los futuros barrios, limitando la libertad legislativa de las comunidades autónomas y las competencias urbanísticas municipales; y se frenaban las posibilidades de poner en marcha medidas liberalizadoras del mercado, perjudicando a pequeños propietarios y aumentando los trámites burocráticos.

En esta ocasión, la Comunidad entiende coherente recurrir el articulado del reglamento de dicha Ley, aprobado en octubre de 2011. Este texto trataba de manera exhaustiva las fórmulas de valoración del suelo, incluyendo factores como su distancia a núcleos urbanos, para reducir el carácter especulativo de las prácticas relacionadas con los procesos expropiatorios. No afectaba, sin embargo, a las actualizaciones de valor que realizasen las entidades financieras de sus carteras de suelo a efectos hipotecarios. También acotaba la discrecionalidad de las administraciones al fijar un justiprecio en la construcción de infraestructuras. El PP nacional anunció que, si entraba en el Gobierno, revisaría la norma. Los promotores reclamaron prorrogar la disposición transitoria tercera de la ley (que expira el 31 de diciembre) que evitaba que los suelos urbanizables que incumpliesen los plazos de ejecución previstos en los planes y no estuviesen urbanizados, fuesen valorados, en caso de expropiación o ejecución forzosa, a precios de rural.

El Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre asegura en un comunicado que la Ley estatal convierte las expropiaciones en confiscaciones del patrimonio de particulares, ya que se establece realizarse sin compensaciones justas proponiendo precios muy inferiores a los del mercado, provocando perjuicios a propietarios y reclamaciones judiciales.


* Madridiario - 29-12-2011 - Enrique Villalba
Foto: Madrid, territorio Comunidad - ayuntamiento

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Valencia.- Un catálogo de favores a la 'Gürtel' desfila ante el jurado

PÚBLICO* : La acusación aprovecha la comparecencia de altos cargos de Camps para destacar los presuntos amaños en la contratación a la trama.
La defensa de Francisco Camps los había citado para favorecer a su cliente, pero su testimonio resultó ser un lastre para la imagen del expresident valenciano. Ocho altos cargos de la Generalitat Valenciana pasaron este miércoles por el juicio del caso de los trajes. Todos participaron en la adjudicación de contratos a la trama Gürtel, la red de empresas que, presuntamente, hizo regalos a Camps. Su abogado pretendía que dijeran que el expresident no les hizo ninguna recomendación al respecto. Pero, en cuatro de los ocho casos, la acusación aprovechó su presencia para exponer los indicios de que hubo amaños para que fueran esas empresas y no otras las que lograran las adjudicaciones.

El mecanismo en todos los interrogatorios fue el mismo. Primero, el abogado de Camps les preguntaba si recibieron alguna indicación para dar trato de favor a la trama, y ellos contestaban que no. Acto seguido, el letrado de la acusación popular, ejercida por el PSOE valenciano, los ponía frente a las supuestas irregularidades en las contrataciones.

Una de las interrogadas fue Silvia Caballer, directora de Archivos y Bibliotecas entre 2005 y 2008, los años en los que Camps recibió las presuntas dádivas, y también en los que la trama recibió un mayor volumen de contratos públicos. Caballer reconoció que hizo cuatro contratos diferentes por 12.000 euros el límite que marca la ley para aprobar una adjudicación sin concurso público para un mismo evento. El adjudicatario fue Orange Market, la filial de la trama en Valencia. La testigo no supo explicar por qué se fraccionaron los contratos.

Un caso parecido fue el de María Auxiliadora Hernández, directora del Instituto de Calidad Educativa en esos años. Bajo su mandato, la organización de un mismo congreso se troceó en contratos menores. Cada uno fue a parar a una empresa distinta, pero todas pertenecientes a la trama Gürtel. Hernández afirmó que no sabía que todas las sociedades eran del mismo grupo. Preguntada sobre si fue, entonces, una casualidad, ella contestó: "Es posible".

Juan Miguel Bellver, director general de la empresa pública Vaersa, dio el visto bueno a un contrato de 120.000 euros para la trama mediante el procedimiento negociado, que consiste en invitar a tres empresas de las que finalmente se elige una. La acusación recordó mediante sus preguntas que las tres compañías elegidas eran de la trama, un aspecto que Bellver dijo desconocer. Finalmente, Carmen Díaz, gerente de la Fundación la Luz de las Imágenes, explicó que había otorgado tres contratos a Orange Market porque presentó la oferta "más ventajosa". Sin embargo, fue incapaz de recordar a qué otras empresas pidió presupuesto.

También hoy declaró como testigo Cándido Herrero, jefe de producción de Orange Market e imputado en la causa principal del caso Gürtel. Afirmó que su empresa no hizo regalos a Camps. Pero admitió también que hizo transferencias para pagar facturas sin saber si respondían a conceptos reales, así que no podía asegurar que sus jefes no lo hicieran. "A mí me mandan pagar una cosa, y yo la pago", afirmó. En cuanto a un correo en el que él mismo da indicaciones a las tiendas de ropa sobre qué conceptos tenían que figurar en las facturas, alegó que no lo reconocía como suyo.


* Público - B. TOLEDO / S. TARÍN Valencia 28/12/2011
Foto: Valencia, expresident Camps en el juicio - ep

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