Alhaurín.- Condenado por cohecho, pero sigue

DIARIODESEVILLA/Editorial* : La Audiencia de Málaga ha condenado al alcalde de Alhaurín el Grande, el popular Juan Martín Serón, y a su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, a sendas penas de un año de suspensión y multas de 200.000 euros por pedir un soborno de 122.000 euros a un promotor de la localidad, a cambio de otorgarle una licencia para edificar un mayor número de viviendas de las que teóricamente se podían permitir. Es el único cohecho de los trece que se juzgaban que los magistrados entienden que ha quedado acreditado. El empresario extorsionado acudió a la Policía y obtuvo grabaciones que han sostenido ahora los hechos probatorios. Pero la propia redacción de la sentencia deja entrever la frustración del tribunal, que dibuja un escenario habitual en el que los acusados "jugaban" con las normas urbanísticas del municipio, en donde se emitían informes contrarios a las licencias que se convertían, "por arte de magia", en favorables. La sala incluso cuestiona el alto volumen de los ingresos de los dos concejales y recela de su estilo de vida. Pero en ambos casos no va más allá de las sospechas. El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande está, a día de hoy, dirigido por un delincuente.
El cohecho que ha cometido le inhabilita políticamente para continuar al frente de la localidad, más allá de la pena de un año de suspensión impuesta por la Audiencia, que no es firme y contra la que el acusado va a interponer recurso para intentar demostrar que la Justicia ha errado en esta primera instancia.

Es, por tanto, incomprensible que el PP ampare y respalde a un condenado por corrupción en su anuncio de proseguir con sus siglas a los mandos del Consistorio. Está claro que los códigos éticos de los partidos que presumen de combatir la corrupción se aplican con flexibilidad extrema. Prima el interés partidista, que favorece a los corruptos propios y exige rigor contra los adversarios. El fallo es también un gran varapalo a una muy deficiente instrucción y a sus investigadores. La condena se debe únicamente al empeño de un empresario que se rebeló contra las prácticas ilegales en un Ayuntamiento.

* Diario de Sevilla - Opinión - 21.1.12

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