La juez recurre a la Guardia Civil para dar un impulso al 'caso Catral'

LASPROVINCIAS/Alicante* : La investigación sobre un posible delito contra la ordenación del territorio por la construcción de casi 1.300 casas en la huerta de Catral permanece prácticamente en dique seco desde hace años. A finales de 2006, el entonces conseller de Territorio, Esteban González Pons, anunció públicamente que el Consell retiraba las competencias en materia de disciplina urbanística al Ayuntamiento de Catral por su supuesta permisividad a la hora de consentir la proliferación de casas irregulares. En 2007, el exalcalde socialista de la localidad, José Manuel Rodríguez Leal, declaró como imputado, al igual que el arquitecto municipal y cuatro ediles que formaban parte de la Junta de Gobierno.
También comparecieron ante el juez como testigos su hermana y su sobrino, que figuraban como administradores de algunas de las empresas que supuestamente construyeron chalés ilegales en suelo rústico y cuyos compradores fueron fundamentalmente ciudadanos extranjeros. Desde entonces, la causa prácticamente no ha avanzado por la complejidad de las pesquisas y la incomparecencia de testigos e imputados.

Por eso ahora la titular del juzgado de instrucción número 2 de Orihuela, que lleva el caso, en colaboración con el fiscal Anticorrupción de la Vega Baja, ha decidido recurrir a la colaboración de la Guardia Civil para agilizar las pesquisas y conseguir cerrar por fin una instrucción que se alarga ya desde 2004. Ese año una denuncia de la Asociación Europea de Consumidores de Urbanismo (AECU), que representaba los intereses de varios perjudicados extranjeros, dio origen a la causa judicial.
No obstante, en 2006 la magistrada que entonces llevaba el caso decidió archivarlo al no apreciar indicios de delito, pero finalmente se reabrió tras un recurso presentado por la Fiscalía.
Ahora, un grupo de la Guardia Civil especializado en delitos urbanísticos se encargará de practicar las diligencias que el juez estime necesarias para poder completar la instrucción y sentar en el banquillo a los presuntos responsables si se encuentran indicios delictivos, según fuentes próximas al caso.
Se trata de los mismos investigadores que se encargaron de las denuncias contra el exalcalde de Bigastro, José Joaquín Moya (PSOE), y de la presunta trama urbanística de Llíber, por la que el exregidor socialista José Mas estuvo también en prisión preventiva. Esa causa presenta muchas similitudes con la de Catral, puesto que allí también se construían viviendas en suelo rústico en parcelas inferiores a los 10.000 metros que marca la ley. Para ello supuestamente se empleaban, igual que en Catral, licencias de obra menor para casas de labranza o para rehabilitar cobertizos de herramientas.
Esa investigación, bautizada como 'operación Ruinas, ha avanzado mucho más rápido que la de Catral. Los primeros arrestos se realizaron en diciembre de 2009, y la juez de Dénia que lleva el caso ya ha procesado a Mas, a varios exediles del PP y el PSOE y al antiguo arquitecto municipal, entre otros.
Ahora, acusaciones y defensas han recurrido ese auto y será la Audiencia Provincial la que fije definitivamente los delitos por los que la quincena de sospechosos se sentará en el banquillo.
La investigación de las irregularidades flagrantes detectadas en el urbanización de la huerta de Catral está todavía lejos de ese paso previo al juicio oral. Fiscalía y juez instructora pretenden acabar ahora con esa demora con la ayuda de agentes especializados del Instituto Armado.


* Las Provincias - ANA S. MOLLÁ - 8.1.12
Foto: Catral (Alicante), casas ilegales - C.Lucas (El Mundo)