Medio ambiente y hormigón, un matrimonio incompatible

HAZEL MORGAN/Ibiza* : Crecimiento económico, la generación de empleo y la contribución a la salida de la crisis sin merma de la protección medioambiental». Estas declaraciones, realizadas por el nuevo ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, son preocupantes. Su intención de reformar la Ley de Costas de 1988 abre las puertas a la descontrolada especulación inmobiliaria que ha destrozado nuestro litoral durante décadas.
La Ley de Costas, en su exposición de motivos, ya alertaba de que un 40% de la costa española estaba urbanizada. «Las consecuencias del creciente proceso de privatización y depredación, posibilitado por una grave dejación administrativa, han hecho irreconocible, en numerosas zonas, el paisaje litoral de no hace más de treinta años, con un urbanismo nocivo de altas murallas de edificios al mismo borde de la playa o del mar...», decía.
La Ley de Costas es una de las más avanzadas de Europa. Aun así, no ha cumplido sus objetivos porque las administraciones locales no han asumido la importancia de conservar los valores naturales del litoral, ni de garantizar los derechos públicos de su disfrute.

Son muchos los casos de irregularidades e ilegalidades que llegan a Amics de la Terra, y la mayoría se debe a la permisividad de las instituciones o tratos de favor. Un buen ejemplo fue la excavación de dunas para construir un restaurante en Cala Nova. Este atentado ecológico, prohibido por la Ley de Costas, recibió el visto bueno del responsable municipal de Urbanismo (familia del propietario), argumentando que las dunas se situaban en suelo urbano. Aunque al principio no era verdad, durante el proceso judicial hubo un cambio de deslinde y, milagrosamente, el área de las dunas (ya destrozadas) paso a ser suelo urbano. ¡Así son las cosas!, un despilfarro de tiempo y dinero público.

Otro ejemplo de incumplimiento y dejadez administrativa, aunque esta vez parado por el empeño y denuncia de Amics de la Terra, fue el intento de construir un camino excavando el acantilado a lo largo de la costa para llegar al faro de sa Punta Grossa de Cala de Sant Vicent. El promotor tuvo licencia municipal y un estudio de impacto ambiental en la mano, pero nadie había averiguado si el proyecto aprobado (restauración del sendero), correspondía al proyecto que se estaba llevando a cabo.

Si la Ley de Costas no ha podido contener el 100% de las actuaciones ilegales en el litoral, sí ha sido nuestra aliada a la hora de defender nuestro derecho de acceso al mar, tantas veces cortado por la propiedad privada. Ha servido también para eliminar las barreras, paredes o vallas que obstaculizan nuestro paso por la costa.

La gran polémica de la ley radica en un error: su aplicación es retroactiva, algo expresamente prohibido por la Constitución Española. No se pueden eliminar los derechos legítimos de los propietarios de inmuebles construidos con anterioridad a la Ley. El derribo de las tradicionales casetas varadero es un buen ejemplo, que ha levantado ampollas. Pero, en gran parte, ha sido una ley útil e importante, salvando nuestras costas de la especulación urbanística salvaje, que ha formado gran parte de la burbuja inmobiliaria que ha llevado a la crisis económica. La solución no se encuentra en una reforma profunda de la ley, sino en velar por su cumplimiento y eliminar su carácter retroactivo.

* Hazel Morgan. Presidenta de Amics de la Terra Eivissa.

* Diario de Ibiza - Opinión - 22.1.12
Foto: Ibiza - mma.es

1 comentarios :

Rafel dijo...

Totalmente de acuerdo, la ley de Costas no debió nunca ser retroactiva, pues equivale a ROBAR. Que el estado quiera recuperar una zona ocupada por casas, pues muy bien, tiene que indemnizar debidamente a los propietarios y ya está. Habrán de todas formas protestas, pero no como las actuales que son gritos desesperados.