En tres ejercicios de la década, en plena euforia del ladrillo, la oficina de Salvaterra se erigió como la más activa de la caja. En 2005, con 750 edificios y viviendas de nueva planta autorizados en el municipio, marcó su apogeo. Fueron cuatro o cinco años de entusiasmo, que Julio Celada Rodríguez, director de la sucursal, gestionó con diligencia, hasta estallar el caso Josiño, en el verano de 2008.
En la instrucción de esta causa, por la que ya han pasado cuatro jueces interinos en Ponteareas, Celada declaró para explicar una dudosa póliza de crédito para un edificio en construcción “que había órdenes de la Caixa para que se le facilitase este tipo de operaciones, dado el buen momento que vivía el sector inmobiliario”, por lo que fue autorizada por “el comité” que formaban él y el interventor. Más adelante insiste en “que toda operación financiera a una promotora tenía que llegar a la alta dirección de la caja, asesoría jurídica, subdirector general de la caja [entonces José Luis Pego], etcétera, que había numerosos filtros" que le eximían de responsabilidades.
La pauta consistía, según su testimonio, en que Caixanova aportaba el 100% del coste de construcción de un edificio a promotoras que aportaban “una cantidad de dinero importante para la compra del solar”. “Había promotoras que aplazaban el 20% [la aportación inicial] durante los dos años que llevaba la construcción del edificio”, precisó Celada. Él se encargaba, declaró, del doble negocio financiero derivado de la compraventa de solares: captación de la hipoteca del promotor por un lado y de los recursos del cliente que vendía el solar por el otro. Ignoraba, dijo, si la oficina también asesoraba la compra de pisos.
Pero esta era otra medida común para evitar riesgos. Para dotarse de garantías en los préstamos a la construcción, la caja requería a las promotoras otras de que los pisos tendrían salida, con lo que las incitaba a obtener compromisos de compra con anticipos que, redondeando el negocio, abrían en la caja nuevas cuentas en las que luego se cargaba el crédito hipotecario de la compra definitiva. Así batía marcas de actividad, con traslado a salarios por objetivos, aunque esta dinámica tenía sus riesgos.
En 2005 una promotora catalana, Abrera Real Estate, proyectó con otra local, Miñosol, una promoción de más de 90 viviendas. Ya habían conseguido más de 40 compromisos de compra —con anticipos de 6.000 euros— cuando los directivos de Abrera fueron detenidos por narcotráfico y blanqueo, lo que determinó a Caixanova a denegar el préstamo. Tuvieron que devolver a los catalanes un anticipo de un millón de euros y a los potenciales compradores de pisos, sus anticipos y trámites.
El episodio encendió las luces rojas del sistema, pero no lo paró. Tres años después, una situación análoga, pero sin marcha atrás, llevó a José Manuel González Grandal, Josiño, a la cárcel por estafa, básicamente, por venta de pisos inexistentes.
La instrucción de las diligencias previas de este caso ha pasado ya por cuatro titulares interinos de un juzgado Ponteareas. De las mismas se deriva que un reducido grupo de personas monopolizó con distintas marcas inmobiliarias las primeras y jugosas transaciones de suelo para edificar en Salvaterra. Una de las empresas beneficiadas, Promocons Visalmi, era en 2009 “de las promotoras más solventes que tiene Caixanova en estos momentos”, según declaró Celada en el juzgado. Josiño llegó a facturarle, desde una de las empresas que utilizaba, 100.000 euros por una sola operación. En 2011, después de extrañas maniobras que se cuentan más abajo, Visalmi desapareció, como Proinnovación Galicia, que había montado Pablo González, “el mejor amigo” de Celada y socio a su vez de Josiño en Gestihogar, otra de sus firmas instrumentales.
Promocons Visalmi, que en 2009 era “de las promotoras más solventes que tiene Caixanova”, según Julio Celada, entró ese mismo año en números rojos. La empresa inició su actividad en 2004 con un capital de 96.000 euros. En 2010, tras cambiar de propietario y de órganos de administración, “un grupo inversor”, VM Inversiones, informó de su compra por cuatro millones de euros. El objetivo de VM era reactivar un crédito promotor de 3,7 millones que Visalmi había obtenido de Caixanova para reconvertir a hotel la estructura de uno de sus edificios en Salvaterra, donde tenía acabados al menos otros dos.
El proyecto de hotel fue bloqueado por Novacaixagalicia, según María Cristina de Andrés, directora general de VM Inversiones y apoderada, antes, de Visalmi. De Andrés acusó a Visalmi de haber obtenido el préstamo de 3,7 millones mediante una tasación falsa de Tinsa, que engordó la valoración del edificio con referentes que correspondían a otros, y de haber consumido 1,2 millones del mismo de forma fraudulenta, sin las preceptivas certificaciones de obra, que tampoco la caja requirió para efectuar los sucesivos libramientos.
Desinflado el proyecto de hotel, VM Inversiones, que ocupaba las oficinas de Visalmi en Salvaterra, desapareció. Ahora hay ahí otro negocio y en los teléfonos de VM enseguida salta el contestador automático: “no está disponible en estos momentos”, ni nunca.
González Grandal, Josiño, trabajó asiduamente para esa promotora, en la que tuvo como interlocutor principal a Pablo Comesaña, administrador de la misma y, antes, concejal de Urbanismo en el gobierno de Manuel Pérez (PP) en Vigo. Visalmi negó primero toda relación con Josiño y admitió después que trabajaba a comisión para ella. Está personada en la causa como perjudicada por la estafa.
El volumen del fraude por venta de pisos inexistentes se cifró al principio en unos tres millones de euros y en un centenar los afectados. Algunos han desistido, sorprendentemente, de sus denuncias. Ahora se cifran en unos 40 y el volumen real de la estafa sigue siendo una incógnita, con un procedimiento que solo de vez en cuando parece salir a trompicones de su letargo.
Están imputados el propio Josiño y un carpintero, José Carlos Barros Romero, que primero se dieron a la fuga, fueron detenidos y cumplieron dos años de prisión por un delito que, según afirman, tuvo otros protagonistas destacados. “Yo solo era un comercial”, se defiende Josiño, “no hubiera podido hacerlo solo”.
Amigos ante la tarta de la promoción
Julio Celada llegó en 2000 a la dirección de la oficina de Caixanova en Salvaterra. Trabó amistad con José Manuel González Grandal,
Celada hizo "algún negocio" con Josiño (“consistía en adquirir la vivienda en construcción para después venderla”, declaró ) y le tramitó préstamos hipotecarios que, cuando fue detenido, en 2008, sumaban una deuda de unos 300.000 euros. Nada los respaldaba y nadie volvió a pasar a Josiño, para su sorpresa, ningún recibo al cobro.
Tras destaparse la venta fraudulenta de pisos, Celada fue trasladado a Porriño y luego a Carril. En noviembre pasado Novagalicia Banco le comunicó un “despido ordinario”, según fuentes de la entidad, por los indicios de sus vinculaciones con Josiño, por haber tramitado créditos sin la documentación adecuada y por el resultado actual de sus operaciones, con las tasas más altas de morosidad del banco. Celada lo desmiente: “Me acogí a un ERE y salí con todas las bendiciones en un certificado que elogia mi gestión”, asegura. Aún en octubre, el juzgado le reclamó por exhorto una prueba caligráfica para determinar el alcance de sus negocios con Josiño.
* El País - PRIMITIVO CARBAJO Vigo 10 FEB 2012
Foto: Anuncio de promoción de pisos en Salvaterra / LALO R. VILLAR
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