"Los informes periciales solamente son pertinentes cuando la comprensión de un aspecto de la realidad requiere de conocimientos científicos o artísticos. Sin embargo, las valoraciones jurídicas corresponden aquí en unas diligencias previas como estas al juez de instrucción", señala el magistrado en un auto al que ha tenido acceso este diario.
El abogado de Luz Reverón, imputada por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística, señaló ayer que el auto cierra la puerta a la presentación de un nuevo informe del Ejecutivo regional que clarifique la situación de este inmueble incluido en el proyecto de reurbanización de Las Teresitas.
Tanto las obras del aparcamiento como el resto de las contempladas en el diseño del arquitecto Dominique Perrault han quedado paralizadas por este proceso judicial del mamotreto y el que se lleva contra el exalcalde y otras 11 personas, entre políticos, empresarios y funcionarios, por la operación de compra-venta de la playa. El letrado de Reverón, Alfonso Delgado, añadió que el auto de la Audiencia no se puede recurrir e informó de que prevé que el juicio comience después del próximo verano.
El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, había señalado que tras la aprobación del nuevo deslinde de Las Teresitas sería posible proceder a la autorización del edificio de aparcamientos y centro comercial. Según él, el nuevo deslinde aprobado por Costas en 2009 sitúa este inmueble en zona de servidumbre y, por lo tanto, bajo la titularidad del Gobierno de Canarias. El juez, sin embargo, precisa ahora que será la Justicia, con los informes ya incluidos en la causa entre los que se incluyen los del propio Ejecutivo, la que determine el futuro del mamotreto.
Tras una denuncia interpuesta por la Asociación de Amigos de la Playa de Las Teresitas, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y el PSOE, la Fiscalía inició hace tres años una investigación en la que concluye que el edificio "incumplía la normativa urbanística". La Fiscalía entiende que el mamotreto invade el dominio público e incumple los parámetros legales relativos a volumen de ocupación máxima permitida y superficie.
Servidumbre
El edificio de aparcamientos y centro comercial se empezó a construir sobre el terreno del campo de fútbol de San Andrés, tanto en la servidumbre de protección del Gobierno canario como en 1.223 metros cuadrados de dominio público de la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.
Nunca se contó con la preceptiva licencia para desarrollar los trabajos sobre los dos ámbitos, argumenta la Fiscalía en su acusación. En el caso del organismo estatal, al final decidió no iniciar los trabajos después de que a mitad de 2007 el Tribunal Supremo anulara la operación de compraventa de todo el frente de Las Teresitas.
El juez, a petición de la fiscal de Medio Ambiente, Inmaculada Violán, mantiene como imputados a los exconcejales nacionalistas Luz Reverón (directora insular de la Administración General del Estado en La Gomera por el PP), Manuel Parejo, Norberto Plasencia y José Domingo Pastor, así como a los técnicos Epifanio Gómez, Loreto Ariz y Candelaria Benítez. Para todos ellos Violán solicita 18 años de prisión y el pago de su propio bolsillo de los gastos que acarree el derribo del mamotreto.
El Ayuntamiento capitalino no podrá tocar el edificio mientras no haya sentencia judicial en el proceso que se sigue en el juzgado de instrucción número dos de Santa Cruz, debido a que el edificio es en sí mismo una prueba vital en el proceso. El concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, tendrá que esperar a la sentencia para llevar a cabo su intención de demoler el inmueble.
El Consistorio estudia la posibilidad de conservar la parte subterránea de la construcción para destinarla a plazas de aparcamientos, debido a la necesidad de un parking en la zona. José Ángel Martín ha explicado que está pendiente de lo que determine la Justicia sobre la posibilidad de mantener la zona baja del inmueble.
Martín ha señalado que la Fiscalía dejó claro que el mamotreto se construyó sin permiso ni autorización alguna y que las obras ni siquiera se detuvieron después de que la sentencia del Supremo que anuló la compraventa del frente de la playa.
* La Opinión - DANIEL MILLET - 24.2.12
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto de Las Teresitas - laopinion.es
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