La Plataforma por una Vivienda Digna ha presentado un escrito de denuncia a la Unión Europea porque la reciente bajada del IVA no se ha limitado a la vivienda habitual, como había anunciado repetidamente Mariano Rajoy, sino que se ha hecho efectiva para cualquier tipo de propiedad inmobiliaria según el Real Decreto-ley aprobado el pasado 30 de diciembre y las modificaciones posteriores.
Con esta decisión Mariano Rajoy falta una vez más a su palabra y lleva al BOE algo contrario a lo prometido, y respalda además una medida que viola claramente la normativa comunitaria. La directiva comunitaria 2006/112/CE no permite aplicar un tipo superreducido del Impuesto sobre el Valor Añadido a cualquier tipo de vivienda, sino solamente a aquellas que sean generadas en el marco de la política social.
La extensión del IVA superreducido a todas las viviendas permite situaciones terriblemente aberrantes, como que la compra de un palacete o una tercera residencia en la playa pague tan sólo un 4% de IVA, mientras los ciudadanos y las empresas tenemos que soportar diariamente tipos que llegan hasta el 18% por bienes o servicios que son mucho más necesarios.
Pero además, la PVD se opone frontalmente a esta medida porque sólo busca ayudar a las entidades financieras y de promoción inmobiliaria en el enésimo intento de recuperar un modelo que a los ciudadanos sólo les ha aportado vivienda inaccesible, precariedad y endeudamiento, transfiriendo cantidades ingentes de renta presente y futura hacia instituciones públicas, promotores y bancos. Ha quedado demostrado que este tipo de medidas no suponen bajadas de precios, sino aumento en los márgenes de beneficio, por lo que lo único que se consigue al bajar el IVA es, además de ayudar a la entidades anteriores, recortar ingresos del Estado, tan necesarios en estos momentos para sostener nuestros servicios públicos y dinamizar la economía.
En concreto, se estima que el Estado dejará de ingresar por esta bajada más de 750 millones de euros mientras que, en el caso de beneficiar a algún comprador, en el contexto actual sólo beneficiará a las rentas más pudientes. Resulta realmente insultante que los módulos de protección oficial sigan sin adecuarse a un mercado a la baja, o que un hipotecado con problemas tenga que pagar este año un IBI más alto debido a la reciente subida impulsada por Rajoy -y probablemente más de IRPF-, mientras que un millonario ahora podrá comprarse su tercer chalé y hasta el garaje pagando un IVA superreducido del 4%.
Para la PVD, la medida es además un “regalo” tan evidente a las promotoras y entidades financieras que es necesario preguntarse por qué el Gobierno de España favorece de esta forma tan clamorosa a unos sectores económicos tan concretos, olvidando por completo el derecho a una vivienda digna. Esta plataforma muestra también su estupor ante el hecho de que los empresarios de los demás ámbitos económicos, también en crisis, no se opongan fuertemente a este tipo de políticas, porque canalizan la poca renta disponible de los ciudadanos de nuevo hacia el ladrillo.
La bajada del IVA incomoda, por si fuera poco, a las instituciones comunitarias e instituciones y empresas financieras internacionales, que no quieren ni oír hablar de incentivar nuevos endeudamientos ni públicos, ni privados. La agencia de calificación Fitch, la tercera en importancia internacional, ha criticado esta decisión alegando que “retrasará la necesaria bajada de precios de la vivienda”. Y es que tratar de seguir sosteniendo con recursos públicos la burbuja inmobiliaria que tanto daño nos ha hecho ecológica, social, económica y políticamente, ya no tiene perdón posible. Perseverar en este tipo de medidas ya no sólo es que atente contra las recomendaciones de decenas de instituciones nacionales e internacionales, sino que atenta contra los principios más elementales de la economía y contra el más básico sentido común.
La Plataforma por una Vivienda Digna ha presentado también una petición a la Defensora del Pueblo para que interponga un recurso de inconstitucionalidad, por entender que la bajada del IVA para todas las propiedades inmobiliarias vulnera también la Constitución Española. Concretamente, es contraria al artículo 31.1, que exige que el sistema tributario se inspire en principios de igualdad y progresividad.
Con esta medida, el gobierno de Mariano Rajoy se instala en la senda continuista de las políticas de favores, en lugar de tomar medidas estructurales que dinamicen la economía de las empresas y los ciudadanos. El gran problema es que esta actitud no sólo aleja un panorama de vivienda digna real en el futuro, sino que amenaza con dejar al país irrecuperable tanto a nivel ciudadano como empresarial, con niveles de paro jamás imaginados, con varios sectores desaparecidos y con las instituciones políticas clave en manos de instituciones extranjeras. Así, las personas que pensaban comprar con esta rebaja deben saber que es un paso más en el sistema que pone en riesgo sus empleos.
Por todas estas razones, y en especial en defensa de una política de vivienda orientada al conjunto de los ciudadanos en vez de al beneficio de unos pocos, la PVD se ha dirigido a la Comisión Europea y a la Defensora del Pueblo, esperando que estas instituciones tomen las medidas que estén en sus manos para forzar a dar marcha atrás a esta decisión.
Plataforma por una Vivienda Digna
Comité Interterritorial
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http://www.viviendadigna.org
* Plataforma por una Vivienda Digna - Febrero 2012
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