Ladrillos como montañas de oro - El Roto




El País - El Roto

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Presunto delito contra la ordenación del territorio en Cetina

ELLIBREPENSADOR/Zaragoza* : El Juzgado de 1ªInstancia e Instrucción nº1 de Calatayud está investigando al Alcalde de Cetina por un presunto delito contra la Ordenación del Territorio. Los hechos se refieren a la concesión de una licencia para construir una vivienda unifamiliar en septiembre de 2008, a la concejala de urbanismo, en una finca situada dentro del entorno de protección del castillo de Cetina, declarado Monumento nacional y BIC por la DGA en 2002 y donde no está permitido construir. Según el auto de 29/2/2012, dictado por dicho juzgado, habiendo recibido denuncia del ministerio fiscal, los hechos que resultan de dichas actuaciones pudieran ser constitutivos de un delito. Por todo ello, acuerda instruir diligencias previas encaminadas a determinar el delito, el procedimiento aplicable y la/s personas responsables. También ha acordado oficiar al ayuntamiento de Cetina para que le remita todos los informes relativos a la concesión de la licencia, así como certificación de quien ocupaba el cargo de alcalde, y de concejales en la fecha de concesión de dicha licencia. El ayuntamiento de Cetina estaba presidido en esas fechas, y está actualmente, por José Miguel Velázquez Hernández, de la candidatura del PAR, contando con 3 concejales, al igual que el PSOE, que contaba con otros 3. Sin embargo el PP con 1 concejal, dio la alcaldía al PAR, siendo nombrado Teniente de Alcalde este concejal, Andrés Cerdán Moreno, el cual ha sido objeto de varias denuncias urbanísticas por los vecinos de Cetina, y por las que la Dirección General de Urbanismo, le ha retirado las competencias urbanísticas al ayuntamiento de Cetina, y se ha subrogado en dichas competencias para tramitar los expedientes de infracción y de protección de la legalidad urbanística, ante la pasividad y negativa del alcalde de cetina a tramitar estos expediente contra el concejal que le daba la alcaldía, pese a requerírselo expresamente la DGA. En esas fechas, cuando se concedió la licencia ahora investigada, también formaba parte de la corporación cetinera, Luis Marruedo Espeja, que compaginaba el cargo de concejal con el de Viceconsejero de Medio Ambiente con el Consejero Boné. En esta legislatura, Luis Marruedo renunció a su acta de concejal, siendo nombrado Director General de la Consejería de Agricultura, puesto que sigue desempeñando en la actualidad. * El Librepensador - Daniel Garrido Elorz - 28.03.12 Foto: Cetina (Zaragoza) - entrepueblos

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"Túmbala" lleva a la torre Pelli ante el Tribunal Constitucional

ABC/Sevilla* : Varios miembros de la plataforma Túmbala contra la Torre Pelli han presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo por la presunta vulneración del derecho fundamental a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales al desestimar el TSJA su recurso contra la licencia de edificación otorgada a Puerto Triana para construir el rascacielos. Según el TSJA, la plataforma Túmbala no recurrió en tiempo y forma las resoluciones de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) cuando Manuel Marchena estaba al frente y el alcalde de Sevilla era Sánchez Monteseirín. Según el recurso, al que ha tenido acceso ABC, esos miembros de la plataforma Túmbala ejercieron la acción pública en materia urbanística e interpusieron una demanda contencioso-administrativa solicitando la anulación de las licencias concedidas por la Gerencia de Urbanismo en 2007 para hacer las pantallas y en 2008 para las obras del edificio en 2008. El Juzgado Contencioso Administrativo 14 de Sevilla declaró en julio de 2011 inadmisible el recurso de Túmbala por no haberlo hecho en «tiempo y forma», ya que entendió que debió recurrirse en el plazo de dos meses desde que el Ayuntamiento le permitió acceder al expediente administrativo en 2009. La plataforma recurrió en apelación ante el TSJA y el Alto Tribunal confirmó en enero de 2012 la sentencia desestimatoria. Ahora, la plataforma se dirige al Tribunal Constitucional por entender que se ha vulnerado su derecho fundamental a una tutela efectiva de los jueces y tribunales argumentando que cuando se ejerce la acción publica en materia urbanística se tiene de plazo hasta cuatro años después de la terminación de las obras para recurrir las mismas. En el recurso se dice que «si dicha acción está motivada por la ejecución de obras que se consideren ilegales, podrá ejercitarse durante la ejecución de las mismas y hasta el transcurso de los plazos establecidos la adopción de las medidas de protección de la legalidad urbanística». Asimismo, en el recurso de amparo se subraya que parte de los miembros de la plataforma Túmbala solicitaron en 2007 al Servicio de Licencias Urbanísticas de la Gerencia Municipal de Urbanismo ver el expediente y que pudieron verlo desde diciembre de 2009, pero —advierten— no todos lo hicieron, ya que las dos asociaciones antes mencionadas no tuvieron acceso al mismo, por lo que para ellas no cuenta el plazo de dos meses para recurrir en sede judicial. * ABC - M. J. PEREIRA - 30.03.12 Foto: Sevilla, Torre Pelli desde puente - EFE

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Informe del Defensor del Pueblo en materia de urbanismo, vivienda y medio ambiente

INMODIARIO* : En 2011 se recibieron 2.322 quejas relativas a estas materias y la Institución inició 43 investigaciones de oficio. Las quejas más numerosas tuvieron que ver con la vivienda, casi un millar, que se suman a las 220 investigaciones de años anteriores que aún se mantienen abiertas, según recoge el Informe Anual de la Oficina del Defensor del Pueblo, entregado por María Luisa Cava de Llano a los presidentes del Congreso y del Senado, Jesús Posada y Pío García-Escudero, respectivamente.
Ante la restricción presupuestaria, la Oficina del Defensor del Pueblo ha insistido a las administraciones en que es necesario diseñar políticas más eficaces, políticas activas en coordinación con otras administraciones y adecuadas a la demanda real de vivienda, a la necesidad social.

En este contexto, destaca una investigación de oficio con todas las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, ante la existencia de viviendas protegidas que se encuentran desocupadas.

Otro grupo de quejas que ha sido objeto de seguimiento se refiere a las disfunciones en la tramitación de las ayudas al alquiler para jóvenes. Dado el alto número de quejas en los últimos años, se ha articulado con la administración central de vivienda un método de comunicación simplificada, que ha permitido agilizar la contestación a los beneficiarios que presentaron queja por los retrasos en el abono de sus ayudas, aunque ya tienen reconocido plenamente el derecho a ellas.

Asimismo, se investigaron los problemas en la gestión de los contratos celebrados entre propietarios particulares de viviendas y la Sociedad Pública del Alquiler, que ha procedido a modificar unilateralmente, en muchos casos, las condiciones de los acuerdos suscritos dejando sin efecto la garantía de pago de la renta de acuerdo con lo estipulado.

En cuanto a las quejas relacionadas con el Medio Ambiente, un año más, los ciudadanos denunciaron la tendencia existente a romper por vía legislativa el orden de las decisiones administrativas y judiciales y a debilitar el sistema de responsabilidad por daños al entorno. Por otra parte, continuaron las actuaciones sobre la Cañada Real, Valdemingómez, el Catálogo Canario de Especies Protegidas y se abrió una investigación de oficio sobre la conveniencia de realizar una campaña antirruido en 2012.


* Inmodiario - 29-03-2012
Foto: Madrid, Defensor del Pueblo contra urbanismo - elpais.com

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El alcalde de Viveiro pagaba informes a asesores para saltarse los del técnico local

ABC/Lugo* : Sara Martínez, secretaria del Ayuntamiento de Viveiro (Lugo) entre los años 1991 y 2009, declaró el pasado lunes en el juzgado nº2 de Instrucción de esa localidad que el actual alcalde de la misma, Melchor Roel, encargó informes técnicos a asesorías legales externas para valorar licencias urbanísticas que no habían obtenido previamente el visto bueno del ingeneiro municipal.
Estos estudios dieron lugar en el año 2006 a aprobaciones ilegales de expedientes para casi 700 viviendas por la vía de la adquisión tras silencio informativo, que varias instancias judiciales, entre ellas el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, condenaron en 2010. Estas sentencias han prvocado que ahora la justicia estudie en el proceso abierto la posible responsabilidad penal de la corporación local, ya entonces encabezada por el propio Roel, en la adquisición de las licencias.

La exsecretaria, que en los pasados procesos había testificado que los miembros de la corporación bipartita estaban advertidos de la extencia de los informes en contra de la licencias que finalmente aprobaron, apuntó en su declaración al regidor socialista como principal responsable de lo ocurrido. Estas aprobaciones de expedientes por la vía del silencio administrativo cobran especial gravedad si se tiene en cuenta que tuvieron lugar cuando la Xutna de Touriño ya había suspendido por decreto las competencias urbanísticas municipales en Viveiro.
Hasta ahora, a la exsecretaria que también está imputada, le habían echado la culpa tanto el alcalde como los concejales y exconcejales de PSOE y BNG implicados en el caso (hata siete, tras la aplicación de la denuncia inicial del PP local). Todos han pasado por dependencias judiciales, donde uno tras otro aseguraron que era responsabilidad de la secretaria informar a los políticos de la legalidad de las actuaciones solicitadas. Fernández negó ante juez y fiscal este extremo: ella leía los informes sin hurtar información, pero no advertía sobre si eran legales o no.
El lunes, ésta se defendió. Primero, resaltó que las competencias urbanísticas descansan en la junta de gobierno, tras delegar en ella el alcalde, y que éste siempre tenía los informes preceptivos en los expedientes que se votaban. Después, colocó en el centro de la diana al alcalde, al que en varias ocasiones achacó el haber encargado diferentes estudios a varios despachos de abogados externos -alegando una excesiva carga de trabajo de los funcionarios locales- para solventar cuestiones técnicas en expedientes en los que había un informe negativo del funcionario local.
Estos expedientes, añadía, acababan con duplicidades y contradicciones. Los trabajos de la asesoría externa servivirían para dar viso de legalidad a las decisones tomadas por la junta.
Presiones al ingeniero
Martínez acusó además a Roel de presionar e incluso insultar en público al funcionario municipal, un ingeneiro, que se encargaba de realizar los informes previos destinados a marcar la legalidad o ilegalidad de las licencias solicitadas en el Ayuntamiento.
Este funcionario, por estos supuestos malos modos, decidió dejar de ir a las comisiones informativas que precedían a la aprobación de las licencias. Cuando un análisis de este no permitía dar un permiso, se pedía otro, como ocurrió en el caso de la licencia 216/06, contó la exsecretaria.
Además, Martínez explicó que antes de la suspensión del urbanismo local por parte de la Xunta, nunca se habían aprobado licencias por la vía del silencio administrativo (al no haber respuesta oficial, el peticionario se limita a pagar las tasas).
Precedente
Poco después de la presentación de la denuncia penal que ha dado lugar a este caso, y aún con el bipartito en la Xunta, un juzgado de Lugo anuló una licencia para unas 200 viviendas en el entorno de la iglesia parroquial de Covas, un bien histórico inventariado y cuyo entorno de protección se vulneró con la concesión de la licencia.
Entonces, la sentencia rezaba que no podría entenderse nunca que se pudiera adquirir una licencia en contra de la legalidad o el planteamiento urbanístico. En este caso, la sentencia añade que el mecanismo para tapar a posteriori esta ausencia de legalidad por parte del Ayutnamiento fue la contratación ex profeso de un consultor externo para que elaborase un informe a medida con el que conceder el permiso.


* ABC - E. AMADO - 28.3.12
Foto: Viveiro (Lugo) - elcorreogallego.es

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Jerez.- El Turronero niega su amistad con Pacheco cuando se vendió la estación

LAVOZDIGITAL* : Llegó la hora de enfrentarse ante la jueza para José Luis López, alias El Turronero, y su socio, Francisco Chaves López, por un pelotazo urbanístico denunciando por la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2010. Una causa que se ha mantenido secreta pero que destapó este periódico días atrás, dando a conocer los detalles de la denuncia más grave a la que se enfrenta Pedro Pacheco, también imputado por haber participado presuntamente en la descapitalización de las arcas municipales mediante la venta de la estación de autobuses. Un bien público que según el Ministerio Público y la Agencia Tributaria -encargada de las pesquisas iniciales-, se vendió a un precio muy inferior al de mercado a una sociedad que controlaba El Turronero, amigo del exalcalde. Ayer le tocaba responder a las preguntas de la jueza instructora y negó su relación de amistad con el exregidor cuando se gestó la desafectación de la estación.

La titular del juzgado nº 4 de Instrucción de Jerez había citado en su despacho a El Turronero y Chaves López. El primero compareció y el segundo no. Según confirmaron fuentes judiciales, el socio de El Turronero presentó un parte médico de su cliente, el cual había sido atendido de madrugada por una gastroenteritis. Las mismas fuentes no se extrañaban de que la dolencia repentina obedeciera a una simple estrategia procesal para conocer antes de declarar qué había testificado su compañero de negocios. Algo similar al movimiento realizado por Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarín en la Fundación Nóos, cuando optó por guardar silencio a la espera de conocer la versión del yerno del Rey en la pieza separada del 'caso Palma Arena', que se investiga en Baleares.
José Luis López sí respondió a todas las preguntas que le formuló la instructora y el fiscal. También estaba presente el letrado de Pedro Pacheco en la comparecencia de ayer. El Turronero negó ante la jueza ser amigo de Pacheco antes de 2006, sino que por esas fechas eran simples conocidos. En abril de 2005, a propuesta del entonces teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, el Ayuntamiento se deshacía de la antigua estación que pasaba a manos de la empresa pública de suelo (Emusujesa). A cambio, las arcas municipales recibían 1,7 millones y el compromiso de beneficiarse del 40% de los beneficios que se obtendrían por la explotación del espacio como un centro de ocio. Un proyecto que nunca se ejecutó.
Once meses después de esa primera transmisión patrimonial (1 de marzo de 2006), Emusujesa vendía las instalaciones a una de las tres sociedades que se habían interesado en ese espacio. Según dijo ayer El Turronero, cuando se cerró esa operación no tenía relación de amistad con Pacheco, pero luego sí.
La Agencia Tributaria, durante una inspección rutinaria sobre la facturación de varias empresas, detectó irregularidades en la sociedad Ingeniería Jienense S. L., que fue la que adquirió la antigua estación. Si bien se deshizo de ella, siete meses después, para revenderla a una tercera (Bogaz). En esa operación, Ingeniería Jienense se embolsó un beneficio neto de cerca de 400.000 euros.
Los mismos compradores
Tirando del hilo, el fisco comprobó y así consta en la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que la desafectación de un bien público, que se vendió a una sociedad privada, se hizo sin convocar concurso alguno ni darle publicidad. Sin embargo, a Emusujesa llegaron tres ofertas antes incluso de que se hiciera con el control de estas instalaciones. El fiscal concluye que detrás de esas tres sociedades estaban las mismas personas, El Turronero y su socio.
La jueza le preguntó ayer a José Luis López qué relación tenía con estas empresas y él negó cualquier vinculación empresarial. Sin embargo, el administrador de la primera compradora de la estación ya ha reconocido que ejerció de testaferro. En cuanto a las otras dos empresas (Híspalis Arrendamientos y Diseño y Construcciones Cervera), una está gestionada por un cuñado suyo y la otra percibe rendimientos del trabajo de dos sociedades participadas o propiedad de El Turronero y Chaves López.
Este periódico se puso en contacto ayer con el abogado de José Luis López, quien declinó a hacer cualquier tipo de valoración.


* la Voz Digital - 28.03.12 - SILVIA TUBIO
Foto: Jerez, antiguo Ayuntamiento - wikanda.cadizpedia.eu

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29M - Huelga General - Dignidad y Lucha



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El Supremo confirma que El Algarrobico contraviene la Ley de Costas

PÚBLICO/Almería* : El hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), viola la Ley de Costas e invade de manera parcial la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre. Así lo ha dictaminado el Tribunal Supremo (TS) en una sentencia que desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras contra un fallo anterior de la Audiencia Nacional (AN) que consideró conforme a derecho la orden ministerial que, en 2005 amplió a 100 metros la zona de servidumbre en el tramo del litoral donde se asienta el establecimiento de veintiún plantas y 411 habitaciones.

La resolución del Alto Tribunal, contra la que no cabe recurso, ratifica que el Consistorio carbonero no procedió a "revisar" el Plan Parcial del sector urbanístico --denominado ST-1-- sobre el que se construyó el inmueble para "ajustarlo a las previsines, en cuanto a la anchura de la servidumbre de protección, de la Ley de Costas" después de que esta entrase en vigor y subraya que "debió" aplicarse en la zona la disposición que fijaba esta zona de servidumbre en 100 metros.

En este sentido, indica que cuando entró en vigor la Ley de Costas "no existían" en el paraje "los aprovechamientos urbanísticos" que hubiesen permitido, según establece la propia legislación, reducir la zona de servidumbre a 50 metros, ya que, según subraya, el proyecto de urbanización de dicho sector no se aprobó hasta octubre de 1997, es decir, casi una década después a la entrada en vigor de la Ley de Costas. El Plan Parcial, que no fue desarrollado hasta esta fecha, se aprobó en mayo de 1988.

De este modo, el Supremo desbarata el argumento del Ayuntamiento, que sostenía que concedió la licencia de obras del hotel en enero de 2003 según la normativa urbanística --Normas Subsidiarias (NNSS)-- que contaba con informe favorable de la Dirección General de Costas y en la que se fijaba la anchura de la zona de servidumbre en 50 metros. Además, el alto tribunal asegura que la administración urbanística "se abstuvo deliberadamente" de adaptar el planeamiento a lo dispuesto en la Ley de Costas.

"Proceder irrespetuoso"
"El hecho de que la Administración Estatal de Costas informase favorablmente de la revisión de las Normas Subsidiarias no resta un ápice al deber legalmente impuesto de adoptar las disposiciones del planeamiento urbanístico a lo previsto en la Ley de Costas", señala la sentencia, que considera que tal actitud "sólo revela un proceder irrespetuoso con lo dispuesto en la ley por la administración al informar la revisión del mentado instrumento de ordenación urbanística".

El TS remarca en el fallo, del que es ponente el magistrado Ernesto Peces Morate, que lo "relevante" en este caso es la situación urbanística que tenían los terrenos en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Costas y que, por tanto, "no pueden tomarse en consideración" instrumentos de ordenación o gestión ulteriormente aprobados, "ni, desde luego, obras de urbanización o edificación realizadas en fechas muy posteriores".

La orden ministerial que aprobó el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa donde se encuentra el paraje de El Algarrobico fue recurrida ante la Audiencia Nacional tanto por el Ayuntamiento, como por la empresa promotora Azata del Sol y su matriz Azata. En los tres casos, la AN se pronunció en el mismo sentido y el Supremo deberá pronunciarse aún sobre las otras dos impugnaciones.

Licencia nula
La citada orden, firmada por la exministra de Medio Ambiente del PSOE Cristina Narbona, dio lugar a la incoación de un expediente de expropiación del inmueble del que, finalmente, se acordó desistir por parte del Gobierno después de que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería declarase nula la licencia municipal de obras concedida para construir el establecimiento hotelero en septiembre de 2008.

Este fallo, recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), señaló como "incontestable", a la vista del examen de la documental practicada, que el sector S-T1 del Plan Parcial aprobado para la construcción del hotel se ubicaba de "forma clamorosa" en "espacio protegido y no urbanizable".

En el fundamento jurídico quinto atribuía a la corporación local carbonras, gobernada entonces por el PSOE, "perfecto conocimiento desde hace 20 años" de que la zona de servidumbre para la protección de dominio público marítimo-terrestre era de 100 metros y hacía extensible esta valoración a la Junta de Andalucía que, según subrayaba, fue "pasiva y condescendiente" con las infracciones contra la citada normativa y "permitió en definitiva" que se iniciase y desarrollase el proyecto de Azata del Sol.


* Público - EP - 27.3.12
Foto: Algarrobico (Carboneras - Almería), hotel ilegal - J.Rojas (El País)

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La Fiscalía propone vigilar a políticos y funcionarios para prevenir la corrupción

FARODEVIGO* : Más vale prevenir que curar. Esa es la receta que propone la Fiscalía gallega para atajar los crecientes casos de corrupción que salpican a la clase política. Un modelo a seguir, según defiende el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, es el que aplica Portugal desde el año 2008 y que supondría la creación de un consejo de prevención de la corrupción en la comunidad bajo la supervisión del Consello de Contas, así como la formación de equipos de control en la Xunta y en los ayuntamientos. El personal nombrado en cada departamento de las administraciones públicas se encargaría de identificar las áreas de riesgo y de hacer un seguimiento de las actuaciones de cada departamento administrativo con el objetivo de detectar preventivamente comportamientos de riesgo que podrían derivar en delitos de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación o tráfico de influencias.

"Para no hacer gravitar todo sobre la vertiente represiva, establecida por las normas penales, es importante adoptar sistemas de prevención de riesgos de corrupción y otras infracciones conexas", sostiene Carlos Varela.
En la actualidad distintos organismos internacionales y gobiernos de países del entorno europeo ya trabajan en la elaboración de documentos que el fiscal jefe de Galicia pone como referencia para aplicar también en las administraciones públicas de la comunidad. Portugal o Reino Unido ya han puesto en marcha medidas legales para prevenir la comisión de delitos de corrupción por parte de sus cargos públicos.
Desde el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI) ya se dio la voz de alerta en el año 2003 al advertir de que las instituciones financieras deberían adoptar medidas de vigilancia sobre las "personas políticamente expuestas", así como poner en marcha sistemas de gestión de riesgo adecuados.
¿A quién se debería someter a esa especial vigilancia por parte de las instituciones financieras para advertirles ante un intento de corrupción? Según el GAFI a aquellas "personas políticamente expuestas" que son aquellas que desempeñan o desempeñaron funciones públicas importantes e incluso a sus familiares y colaboradores más próximos.
En cuanto a las medidas en materia de anticorrupción tomadas por países del entorno europeo destaca Reino Unido, que el pasado mes de junio puso en marcha la Bribery Act 2010, una ley contra la corrupción considerada la más severa del mundo ya que se aplica a los casos de soborno cometidos por cualquier persona o empresa relacionada con Reino Unido independientemente de donde cometiera el delito.
En Portugal, la Ley 54/2008 del 4 de septiembre creó el denominado Consejo de Prevención de la Corrupción (CPC), una entidad administrativa independiente que funciona bajo la supervisión del Tribunal de Cuentas. "Creo que este es el camino a seguir", defiende el fiscal superior de Galicia. "Se trata €añade Varela€ de que las entidades que manejan fondos púbicos establezcan planes de prevención de riesgo de corrupción. ¿Cómo? Por ejemplo, en un concello se definiría el área urbanística, que digamos es la más sensible, y se marcarían los comportamientos de riesgo de ese departamento, algo que se sabe por experiencia, y a continuación se determinaría cómo neutralizar esas conductas y se designaría a la persona encargada de controlar esos comportamientos de riesgo y de dar la alerta".
Pero los planes de prevención no son la única medida que defiende la Fiscalía gallega para evitar operaciones como Orquesta, Arena o Campeón que salpican a alcaldes, diputados autonómicos e incluso ministros. El fiscal superior de Galicia también apuesta por reforzar el papel de los secretarios, interventores y tesoreros municipales. Para Varela, estas figuras deben jugar un papel clave en el "control interno" de la gestión urbanística a través de sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales. ¿Cómo? Haciendo vinculantes los informes emitidos por los secretarios y los interventores, lo que evitaría que el Concello buscase dictámenes "a medida" a través de un asesoramiento externo para así saltarse las legalidad urbanística vigente.
En esa labor contra la corrupción, Varela también apela a la colaboración de la Xunta, a la que recuerda que es imprescindible que la Axencia Galega de Protección da Legalidad Urbanística (APLU) mantenga una colaboración permanente con la Fiscalía para detectar y corregir ilegalidades urbanísticas constitutivas de delito, con independencia del color político de cada corporación. Además, propone la creación en Galicia de una fiscalía específica sobre corrupción.


* Faro de Vigo - R. PRIETO - 24.12.11
Foto: Uno de los acusados en la operación "Arena" a su llegada a los juzgados de Corcubión. // FDV

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El ‘annus horribilis’ de la Diputación de Barcelona

ELPAÍS* : Veintiuno: estos son los días que lleva Josep Tous (CDC) en el cargo de coordinador general de la Diputación de Barcelona. Tous era el hombre al que el presidente de la institución provincial, el también convergente Salvador Esteve, había encomendado la tarea de calmar las aguas tras la destitución del anterior coordinador, Josep Maria Matas, por sus presuntos negocios irregulares cuando era secretario general de la Asociación Catalana de Municipios (ACM). La fórmula de Esteve, amparada por Oriol Pujol, falló y Tous fue detenido ayer por su supuesta participación en una presunta trama de adjudicación de estaciones para la inspección técnica de vehículos, una pieza separada del caso Campeón.

La detención de Tous ocurrió un día después de que el vicepresidente primero de la Diputación, Alberto Fernández Díaz (PP), anunciara en una entrevista a BTV que en otoño dejará el cargo para dedicarse por completo a su tarea de presidente del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona. Fernández Díaz aseguró ayer que su renuncia a la Diputación es una cuestión personal y no de partido. Sin embargo, suma incertidumbre a una entidad ya golpeada por los escándalos.

Estos dos espisodios son el colofón del annus horribilis de la institución. En febrero, este diario reveló los negocios que había realizado Josep Maria Matas, entonces mano derecha de Esteve, cuando era secretario general de la ACM. La fiscalía estudia una posible malversación de fondos en la facturación irregular de 900.000 eros de la asociación por parte de una empresa de Matas. El presidente de la Diputación mantuvo a Matas en el cargo 10 días, hasta que finalmente le dejó caer. “Lo de Matas es amoral aunque no sea delito”, dijo en su día Esteve.

Pero Matas no es el único investigado. Ferran Civil (UDC), vicepresidente segundo de la Diputación y alcalde de Cercs (Berguedà), está imputados en dos causas judiciales e investigado por la fiscalía y la Oficina Antifraude de Cataluña. Entre otras, el fiscal pide para él una pena de tres años y medio de prisión por autorizar la construcción de tres naves industriales en suelo protegido.

Esteve también ha tenido que gestionar el escándalo de las mochilas, los sobresueldos que desde el año 2000 —cuando los socialistas estaban en el poder— se pagaban a algunos funcionarios que habían sido promovidos temporalmente a un cargo superior y volvían a su plaza. En ellas se han gastado casi un millón de euros. Unos 50 trabajadores de la Diputación siguen cobrándolas.


* El País - CAMILO S. BAQUERO Barcelona 27 MAR 2012
Foto:

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Nueva imputación al cabecilla de Brugal por enterramiento ilegal de basuras

ELPAÍS/Alicante* : El industrial Ángel Fenoll, considerado como el cabecilla de la trama corrupta del caso Brugal, ha acumulado una nueva imputación. La titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Orihuela, que también instruye la causa general de Brugal, acusa a Fenoll de un delito contra el medio ambiente vinculado a enterramientos ilegales de basuras en plantaciones de naranjos próximas a su planta de residuos de Abanilla (Murcia).
La juez interrogará a Fenoll, en calidad de imputado, el próximo día 17 de abril, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Las mismas fuentes han señalado que la juez tomará declaración a 18 testigos y perito y a los dueños de las fincas "donde aparentemente" se que se hayan realizado catas.

La investigación judicial de esta nueva causa contra Fenoll tiene su origen en una denuncia de un exempleado del industrial, los vecinos de la pedanía oriolana de la Murada y del Ayuntamiento de Orihuela, presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante y el Seprona. Según los denunciantes, Fenoll enterró miles de toneladas de residuos sin reciclar en una docena de campos adyacentes a su planta de basura. Esta instalación está ubicada justo en el límite entre los términos municipales de Orihuela y Abanilla.

Ángel Fenoll, industrial hegemónico en el negocio de la basura en La Vega Baja, está en la actualidad en libertad bajo fianza e imputado en dos de las principales ramas del caso Brugal: el supuesto amaño de la contrata de basura del municipio de Orihuela y un supuesto soborno al exlíder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, por la planta de basura del plan zonal de La Vega Baja.


* El País - SANTIAGO NAVARRO Alicante 26 MAR 2012
Foto: Alicante, diputación - ruraliberica.com

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El mayor "No a las Petroleras" de la historia en Canarias

TERCERA/Lanzarote* : Más de 50 colectivos sociales y la inmensa mayoría de los partidos políticos, a excepción del PP, respaldaron la protesta.
Más de 25.000 personas se han echado a la calle, según la Policía Local, (9.000 según la Delegación del Gobierno), en la mayor manifestación de la historia de la isla. El motivo: el NO a Repsol y a las explotaciones petrolíferas en la zona.
De inmediato, el resto de España se ha hecho eco de la protesta, haciendo interpretaciones apresuradas de todo tipo. Pero primero veamos el contexto...

PROTESTA HISTÓRICA

Señala Laprovincia.es: «Hasta este momento, la mayor concentración de lanzaroteños se había producido en el año 2002 cuando se estima que unas 10.000 personas salieron también a la calle para reclamar que no se construyera ni una cama turística más».

El pasado viernes 16 de marzo, el Consejo de Ministros autorizó las prospecciones de hidrocarburos en aguas de Canarias, de las que se hará cargo Repsol YPF, alegando que los sondeos realizados indican que a unos 60km. de la costa canaria, junto a la frontera marítima con Marruecos, existen importantes yacimientos.

Fue entonces cuando arrancó la organización de una gran protesta, protagonizada por más de 50 colectivos sociales y la práctica totalidad de los partidos políticos, a excepción del PP, que respaldaron la protesta.

Uno de los más llamativos eslóganes era: «No queremos que nos metan en el mundo de la violencia, en el mundo de la falta de derechos, en el mundo de las mareas negras».

LaVozdeLanzatore: Una estampa que evocaba el espíritu de aquel 27-S de 2002, en el que Lanzarote también se echó a la calle, en defensa del territorio. Aquella cita supuso una jornada histórica, logrando reunir a cerca de 10.000 personas. Sin embargo, algo ha cambiado para que el 24M haya superado hasta doblar el número de asistentes a la anterior manifestación.

Entre una infinidad de propuestas, en una manifestación con aires de fiesta y protesta, se ha redactado un manifiesto contra las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Consejo de Ministros. Las tecnologías también han cumplido una función vital, estableciendo conexiones entre las manifestaciones de ambas islas.

VOCES CRÍTICAS

No han faltado algunas voces críticas como la del periodista Daniel Lacalle en Cotizalia (medio de buenas relaciones con Repsol), quien ya en su twitter tiene por máxima: «El Mercado No Ataca, Se Defiende», y que ahora acusa al pueblo de demagogia, o al gobierno canario de opinar que el petróleo es peligroso y contaminante. El autor argumenta:

«...En el mundo hay 650 plataformas perforando anualmente en aguas de todo tipo y solo se han producido dos incidentes anuales en tres años. Estamos hablando de un riesgo menor al 0,3%.»

Daniel Lacalle defiende las refinerías de Cartagena o Puertollano, pese a que su propio medio y muchos otros han anunciado numerosas veces que son en buena medida deficitarias.

No olvidemos que, según Cotizalia, la situación de Repsol y la extración petrolífera es considerada no como una profunda contradicción del desarrollo de nuestras sociedades, sino como «un momento es absolutamente apasionante».

Otras voces críticas señalan casi exclusivamente que el No al petróleo se debe a sus supuestos efectos sobre el turismo; o las críticas de quienes consideran egoista el que un pueblo proteste por la extracción del petróleo, como prefiriendo que su extracción se haga bien lejos. También hay quien señala que Marruecos es un gran competidor (¿?) al haber empezado actividades de extración en la zona.

Más agresivamente se ha mostrado el diario ABC, al señalar que «las críticas contra las prospecciones petrolíferas están resultando un fracaso (ABC reduce el número de manifestantes de las cuentas ya de por sí bajas de la Policía), con asistencias apenas testimoniales si se las compara con protestas anteriores en las Islas». Abc además da a entender que esta protesta multitudinaria ha sido protagonizada por PSOE y CC.

Ante estas formas de verdadera demagogia, el pueblo canario ha sabido actuar en consecuencia y dar una respuesta unánime y contundente.

Esto nos abre la vía de debate más seria:

¿PUEDE UN POZO PETROLÍFERO EN LA ZONA MEJORAR NUESTRA INDEPENDENCIA ENERGÉTICA O ECONÓMICA?

Los precios de la gasolina siguen subiendo, como un problema estructural de una fuente de energía que se agota y la caída del consumo sigue bajando, por la profunda crisis, que en buena medida la explotación de empresas multinacionales como Repsol están causando.

Existe un problema mayor al hecho de que un pozo de explotación pueda o no genera empleo o algún tipo de independencia energética momentánea y a corto plazo, y es la marcada petrodependencia de España, en la cual, y como señalan ecologistas expertos como Luis González Reyes: «Repsol debe crecer permanentemente para poder pagar a SACYR, esta a Santander y este a la Unión Europea. Entendemos entonces que "crecer" significa simplemente agotar los recursos muy rápido».

Con todo esto, el exdiputado canario y nuevo Ministro de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España, José Manuel Soria, a quien en la manifestación iban dirigidas las mayores críticas, parece no haber aprendido la lección del pasado, marcada con una huella indeleble del deastre del Prestige y la actitud mantenida por el entonces presidente del gobierno, su colega Aznar. Menos aún, de la trama de corrupción urbanística y político-financiera en la que se vieron envueltos políticos, empresarios, medios de comunicación locales y nacionales con el "caso Bango" a finales de los noventa, y que debería haber bastado para hacerlo dimitir de manera permanente de la actividad política.

Como algunos medios independientes denuncian, José Manuel Soria comete a menudo errores de desconocimiento sobre materias que maneja, como energía o economía:

MOTIVOS PARA LA PROTESTA

Bienmesabe.org: Declaraciones como que «el proyecto de Repsol puede convertir a Canarias en un referente de sostenibilidad» son una falta de respeto hacia la inteligencia de la población. Obviamente es imposible considerar sostenible a una actividad basada en la extracción de un recurso no renovable y cuya quema es una de las principales causas del cambio climático. En un contexto de crisis en el que los niveles de desempleo son extremadamente altos es tentador intentar manipular opiniones ofreciendo 5.000 puestos de trabajo, una cifra exagerada para una empresa que tiene alrededor de 35.000 empleos todo el mundo, para la extracción de petróleo en aguas profundas y ultraprofundas se utilizan barcos y maquinaria extremadamente específica y costosa, que difícilmente podrá ser fabricada en Canarias y que normalmente es propiedad de otras empresas (como Transocean, causante del accidente del Golfo de México). Las compañías petroleras alquilan la maquinaria y los barcos a estas empresas con personal técnico incluido.

La técnico marino de WWF en Canarias Beatriz Ayala explicó a Europa Press, que: «el área donde se pretenden llevar a cabo las prospecciones es una de las más importantes zonas de biodiversidad marina.»

Greenpeace vio irresponsable la autorización del Consejo de Ministros a las prospecciones petrolíferas en aguas Canarias, entendiendo que es «un peligro innecesario para el medioambiente y los ciudadanos». Su director ejecutivo, Mario Rodríguez, afirmó: «el Consejo de Ministros pone en peligro a Canarias dando vía libre a la exploración petrolífera de Repsol».

Desde Ecologistas en Acción, se desarrolló un índice de los principales motivos por los que "Canarias lo tiene crudo":

El Movimiento Ciudadano de Fuerteventura CONTRA LAS PROSPECCIONES PETROLÍFERAS ¡HAY MOTIVOS!

PORQUE NECESITAMOS CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD, DEPENDEMOS DE ELLA

1.- La cantidad de peces, algas y otras formas de vida que atesora nuestro mar es un patrimonio de la humanidad que debe ser preservado a nivel internacional.

2.- La preservación del banco pesquero y la biodiversidad que lo conforman es un beneficio tanto para Canarias como para el continente africano.

3.- Es necesario promover una moratoria a nivel internacional sobre las extracciones en el área, como ya se hace en la Antártida. Acompañada de un fondo de compensación para los pueblos (que no para las multinacionales) que se deberá usar en el desarrollo de las energías renovables descentralizadas.

PORQUE ES MÁS INTELIGENTE APOSTAR POR LAS ENERGÍAS RENOVABLES

4.- Canarias tiene un gran potencial reconocido internacionalmente para desarrollar energías renovables.

5.- Las energías renovables nos dan más independencia energética y no contribuyen al cambio climático.

6.- Crean más empleo y no se agotan como el petróleo, que por algo es una fuente de energía no renovable.

PORQUE NO QUEREMOS UNA MAREA NEGRA EN NUESTRAS COSTAS

7.- Los trabajos de detección y extracción de petróleo emiten contaminación acústica y vertidos tóxicos causando la muerte de cetáceos y tortugas entre muchas otras especies marinas.

8.- No existe tecnología suficiente para asegurar la seguridad en las extracciones en aguas profundas y los riesgos de vertido son altísimos. Los daños serían incalculables e irreparables.

9.- Sería una violación de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre "la seguridad de las actividades de prospección, exploración y producción de petróleo y de gas mar adentro”" que se encuentra sobre la mesa de dicho Parlamento desde octubre del año 2011.

PORQUE LAS EXTRACCIONES NO GENERAN RIQUEZA Y PONEN EN PELIGRO NUESTRA ECONOMÍA

10.- Se socializan los riegos y se privatizan los beneficios. La ley otorgaría todos los derechos sobre la explotación a Repsol, dándole potestad para vender libremente los hidrocarburos obtenidos.

11.- La extracción de petróleo pondrá en peligro nuestra economía porque perjudica al turismo y al sector pesquero y además no crea puestos de trabajo.

12.- Repsol es una empresa que no respeta el medio ambiente ni los derechos humanos en muchos lugares del mundo. Las poblaciones cercanas a los yacimientos sufren los daños sin obtener beneficios.

POR MOTIVOS DE SEGURIDAD

13.- Las extracciones de petróleo nos situarían en una situación de tensión con Marruecos.

PORQUE TENEMOS DERECHO A OPINAR CUANDO SE HABLA DE NUESTRO FUTURO

14.- Tenemos derecho a la información y al debate cuando se toman decisiones que afectan tanto a nosotros como a las generaciones futuras. No es solo decisión de quienes nos gobiernan.

— Fuentes: La Voz de Lanzarote; CanariasAhora, LaProvincia.es


* - Tercera Información - Rubén G. Herrera 25-03-2012
Foto: Lanzarote, no a las petroleras - lanzarote

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Barcelona.- Detenidos dos cargos de la Diputación y la Generalitat por tráfico de influencias

ELPAÍS* : La derivada catalana del caso Campeón, en el que está implicado el exministro de Fomento José Blanco, se saldó ayer con la detención de dos altos cargos. El subdirector general de Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles, y el número dos de la Diputación de Barcelona, Josep Tous (CDC), quien solo llevaba 20 días en el cargo, fueron detenidos junto con tres empresarios por su presunta participación en una trama para obtener concesiones en el negocio de la inspección técnica de vehículos (ITV). La juez que investiga el caso ordenó su arresto por un supuesto delito de tráfico de influencias. Está previsto que hoy pasen a disposición judicial.

La investigación se fraguó a partir de las conversaciones telefónicas del principal implicado en el caso Campeón, el empresario gallego Jorge Dorribo. Un informe de la fiscalía menciona contactos de Dorribo con el empresario catalán Sergio Pastor (uno de los detenidos ayer) para la concesión de servicios de ITV con la mercantil alemana TÜV Rheinland. En esos diálogos se cita también a Oriol Pujol, secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) e hijo del expresidente catalán Jordi Pujol. Con esa información se abrió una pieza separada que investiga, desde el pasado verano, un juzgado de Barcelona y que también se basa en los pinchazos telefónicos. La operación, que avanzó ayer la cadena SER, está bajo secreto de sumario.

La trama trató de influir, presuntamente, para hacerse de forma irregular con unas estaciones de ITV que previamente habían sido adjudicadas a otra compañía. Esas presiones no llegaron a materializarse, según fuentes judiciales. En octubre de 2010, la Generalitat —gobernada entonces por el tripartito de izquierdas— celebró un concurso público que, por primera vez, abrió el negocio a empresas distintas de Applus y RVSA, que hasta entonces habían disfrutado una suerte de oligopolio. Uno de los lotes de esa adjudicación, para construir estaciones en Sant Celoni (Vallès Oriental), Les Borges Blanques (Les Garrigues) y Amposta (Montsià), fue adjudicado a la empresa Atisae.

Pero ese lote del concurso topó con la oposición de la compañía Certio, que lo llevó a la justicia por presuntas irregularidades. Un juez suspendió el concurso de forma cautelar por entender que la Generalitat había introducido criterios en el contrato una vez que las empresas ya habían entregado la documentación. La compañía Certio es una escisión de Applus y es propiedad de otro de los detenidos ayer, Ricard Puignou. Según fuentes de la investigación, los implicados trataron de aprovechar la revisión del concurso para obtener ellos mismos la adjudicación a través de sus influencias políticas. Antes de la escisión, Puignou estuvo en Applus, igual que Pastor, que fue consejero delegado de la empresa de certificación hasta 2006. El tercer empresario arrestado se llama Sergi Alsina y es responsable de una empresa de asesoramiento empresarial.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria registraron durante toda la mañana de ayer el despacho de Masalles, que salió del edificio público escoltado por dos agentes y sin esposar.

Tous, por su parte, fue director de Seguridad Industrial entre 1994 y 2004, y ocupa su cargo en la Diputación de Barcelona desde hace apenas 20 días en sustitución de Josep Maria Matas, que fue destituido tras conocerse que había facturado irregularmente cientos de miles de euros a la Asociación Catalana de Municipios (ACM) cuando era secretario general de esta entidad. Además, Tous es presidente de la sectorial de empresa, industria e innovación de Convergència. Su trayectoria ha estado siempre estrechamente vinculada a Oriol Pujol, que le nombró director general y que pensó en él para sustituir a Matas, cuando EL PAÍS destapó el escándalo de la ACM. En el orden del día del miércoles estaba prevista la ratificación en su cargo por parte del pleno del pleno de la Diputación. Ayer el vicepresidente primero de la entidad y líder del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fernández Díaz, pidió que Tous renuncie hasta aclararse su presunta implicación.

En 2008, la ley de seguridad industrial aprobada por el tripartito puso fin al tradicional modelo de concesiones que había dado a Applus un dominio casi absoluto en el mercado. La ley prohíbe a las empresas de ITV tener una cuota de mercado superior al 50%. En aquel momento, Applus controlaba 36 de las 44 estaciones, o sea, el 82%.. El resto estaban en manos de otra compañía, RVSA. Ambas tuvieron que repartir juego y adaptarse a las nuevas reglas.

Dos años más tarde, la Generalitat aprobó un plan para crear en cuatro años una red de estaciones de ITV que permitiera a los municipios de más de 2.500 habitantes disponer de ese servicio en un radio máximo de 20 kilómetros. En octubre de 2010, adjudicó las seis primeras estaciones a dos compañías, Itevelesa y Atisae. Hasta la fecha, no se ha vuelto a adjudicar ninguna otra estación. La Generalitat estudia la viabilidad del nuevo sistema, en vista de que sigue encallado en los juzgados, según fuentes de la Administración.

Con el lote de Adisae en manos del juez, la trama intentó aprovechar su influencia para que la Generalitat emitiera informes favorables a la anulación definitiva del concurso. Su objetivo era introducirse en el negocio a través de un nuevo concurso, hecho a su medida. En las conversaciones intervenidas, los empresarios citan en diversas ocasiones a Oriol Pujol como una persona con capacidad de influencia para facilitarles su misión. En mayo de 2011, la Generalitat interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la suspensión cautelar del concurso. Según los servicios jurídicos del Ejecutivo, la resolución es “adecuada a derecho”.

Pujol aparece como posible “connivente” en un informe del fiscal remitido a la juez que investiga el caso Campeón. Su nombre se hizo público al levantarse el secreto de sumario de ese caso. Esa circunstancia ha echado por tierra, en parte, la investigación del juzgado de Barcelona, ya que puso sobre aviso a las personas investigadas. Las detenciones se han precipitado por el mismo motivo: si los sospechosos son conscientes de que les están grabando, los pinchazos telefónicos dejan de ser una medida eficaz.

Las detenciones han dejado fría tanto a la Generalitat como a la Diputación de Barcelona. El Departamento de Empresa y Empleo se limitó a emitir un comunicado en el que asegura que no conoce los “motivos” ni el “alcance” de la operación, y pide respeto a la presunción de inocencia. “No hay ningún motivo ni razón” para dudar de Masalles, un ingeniero industrial que lleva 25 años trabajando en el sector público. La Diputación no reaccionó ante la detención de su número dos. El Departamento de Presidencia tampoco quiso pronunciarse y desde Convergència Oriol Pujol aseguró que mantiene la “confianza” en los dos altos cargos detenidos.


* El País - REBECA CARRANCO / JESÚS GARCÍA Barcelona 26 MAR 2012
Foto: Arresto de Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial. / JOSE JIMÉNEZ

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Madrid.- Desalojado un edificio del centro okupado hace cuatro meses

ELPAÍS* : A las seis y media de la mañana se ha puesto en marcha el dispositivo policial para desalojar un edificio okupado hace cuatro meses, el nº11 de la calle de Concepción Jerónima, en el distrito de Centro de la capital. Al lugar, en el que vivían 76 personas, entre ellas familias enteras que habían perdido sus casas por impagos, han acudido varias furgonetas de la Unidad de Intervención Policial (UIP, conocidos como antidisturbios) que cumplían una orden judicial para dejar libre el inmueble, han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. El desahucio se ha llevado a cabo sin incidentes y ha terminado sobre las diez de la mañana.
"Nos han despertado a todos a golpes", producidos cuando los agentes tiraban abajo la puerta, cuenta uno de los afectados, que explica que el desalojo se ha producido sin previo aviso.

En el edificio, situado entre Tirso de Molina y la calle de Carretas, se encontraban durmiendo 76 personas, que han sido acusadas de un delito de usurpación de bien inmueble -penado con multas de entre 180 la mínima a 72.000 euros la máxima, según el artículo 245.2 del Código Penal-. De los 76, han sido detenidos 11 (la policía informó en un principio de 14 detenidos). Iban indocumentados. Los 11 arrestados han sido trasladados a la Brigada Provincial de Información, en el distrito de Moratalaz, a efectos de identificación. Se espera que en las próximas horas pasen a disposición judicial.

Según cuentan los okupas, convivían en paz y sin causar molestias a los vecinos de la calle hasta que "en las últimas semanas se colaron en el edificio personas que estaban dando problemas", gente "con muchas peleas y navajazos a todas horas" y que estaba traficando con drogas. Los altercados provenían del cuarto piso y, aunque han intentado hablar con ellos para que se fueran, fue en vano. A estos vecinos conflictivos achacan el desalojo de hoy,

Los agentes, según explican los afectados, no les han dejado recoger todos sus muebles aunque sí algunas pertenencias y a media mañana seguían a las puertas del edificio trasladando en furgonetas alquiladas o prestadas lo poco que han podido sacar. Entre los inquilinos del edificio había familias desahuciadas de las zonas de Orcasitas y Villaverde, entre otros. Sus hijos estaban escolarizados en un colegio de la zona, y, al conocer la noticia, una monja del centro ha comprado magdalenas y se las ha llevado para desayunar. "La policía nos ha tratado muy bien", cuentan los inquilinos, desolados porque no saben dónde van a dormir esta noche con sus hijos. Las familias critican que nadie haya ido a echarles una mano ni a interesarse por su situación.

El bloque de pisos, conocido en el barrio por su fachada rosa, está desocupado desde hace algunos años. Reformado y en bastante buen estado, tiene 25 viviendas distribuidas en cuatro plantas. El día de la okupación, el 25 de noviembre pasado, uno de los ocupantes de este céntrico edifico declaró a Efe que estaban "relacionados" con los del Hotel Madrid, en la calle Carretas, que también permaneció ocupado varias semanas por activistas del Movimiento 15-M. En el momento de la okupación,en la que participaron unas 15 personas, los indignados aseguraron que las viviendas se iban a destinar "a familias desahuciadas".

Dos días después, el propietario del inmueble, Alderamin Iniciativas, S.L., anunció que iba a ejercer "todas las acciones que legalmente le asistan con objeto de solventar la situación y exigir las responsabilidades oportunas". En un comunicado, la empresa explicó que tomaba esta decisión "ante la manifiesta inactividad de las Administraciones y autoridades responsables, pese a la comisión flagrante y continuada de un delito del cual han tenido perfecto conocimiento". Alderamin Iniciativas negó que se tratara de un edificio abandonado, sino que es un edificio de nueva construcción con viviendas, locales y garajes dispuestos para su venta.

Se trata del segundo desalojo con detenidos en lo que va de año. El primero fue el pasado 2 de febrero en uno edificios más simbólicos de la reciente ola de okupaciones en Madrid, el número 33 de la calle Corredera Baja de San Pablo, en el barrio de Malasaña, que estaba okupado desde noviembre, tras el desalojo del Hotel Madrid.

Este inmueble tiene 15 apartamentos, es propiedad de La Caixa y está recién reformado. Al igual que ha sucedido hoy, en momento del desalojo había 36 personas dentro del edificio, que fueron imputados por un delito de usurpación de bienes inmuebles. De ellos, 11 no tenían documentación, por lo que fueron detenidos.


* El País - F. JAVIER BARROSO Madrid 26 MAR 2012
Foto: Una niña, junto a las pertenencias de su familia tras el desalojo. / LUIS SEVILLANO

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Cantabria.- El Plan de Derribos sigue "adelante" en "todos y cada uno de los casos"

LAINFORMACIÓN* : El Gobierno de Cantabria sigue "adelante" con la ejecución del Plan de Derribos previsto "en todos y cada uno de los casos". Así lo ha afirmado este viernes el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, quien ha destacado que salvar todas las viviendas sería "lo ideal" para el Gobierno, a la vez que ha señalado que "hoy por hoy" el plan "sigue plenamente vigente".
El consejero ha hecho estas afirmaciones, a preguntas de la prensa, después de que la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) pidiera este jueves al presidente del Gobierno, Ignacio Diego, la legalización de todas las viviendas afectadas por sentencias de demolición.

Minutos antes de participar en la Mesa Sectorial de Vivienda, el consejero ha recordado que el Ejecutivo regional tiene "un plan" con el que cree que es "posible promover la legalización de un número importante" de viviendas afectadas.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno está trabajando en esta línea, ya que "la mayor parte de los supuestos de legalización dependen de modificaciones de planteamiento" como son los casos de Arnuero, Argoños, Miengo, San Vicente de la Barquera y Escalante, para los que "se están haciendo las modificaciones de planteamiento necesarias que permitan la futura legalización", según ha dicho.

Sin embargo, Fernández ha manifestado que en el caso de Cerrias, al contrario que en otros, el Ejecutivo no ve "viable" la legalización en la situación actual, aunque tiene "la vista puesta" en una "posible" reforma de la Ley de Costas de cuyo resultado dependerá la situación de estas viviendas.

De hecho, ha explicado que precisamente este viernes se ha celebrado una reunión entre los afectados de Cerrias y técnicos de Costas para "buscar alguna alternativa técnica" que permita "propugnar y defender" una legalización de estas viviendas.

En posteriores declaraciones realizadas momentos antes de participar en la celebración conjunta del Día Meteorológico Mundial y del 125 aniversario de la Agencia Estatal de Meteorología, Fernández ha reconocido que la posibilidad de salvar todas las viviendas sería para el Gobierno regional "lo ideal", si bien ha señalado que "hoy por hoy" cree que el plan elaborado por el Ejecutivo "sigue plenamente vigente".

"Cuando hay alguna razón para fundamentar la legalizacion, la plantearemos pero mientras no la veamos no la podemos plantear", ha señalado.

"PUERTA ABIERTA" A REUNIONES

Sobre la petición de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) de crear una comisión de seguimiento, Fernández ha manifestado que el Ejecutivo tiene "la puerta abierta" para "mantener todas las reuniones que consideren necesarias" o para la creación de una comisión a través de la que "tener reuniones periódicas".

A este respecto, el consejero ha recordado que el plan del Ejecutivo ya indicaba que la Consejería informará a los órganos judiciales semestralmente de la situación, y ante los que Fernández propuso al presidente de AMA, Ciriaco García, mantener encuentros "previos" para mantener a los afectados "puntualmente" informados.

"A ese tipo de reuniones o comisiones estamos abiertos, como lo hemos estado siempre, y lo que hay que hacer ahora es llevarlo a la práctica", ha considerado el titular de Urbanismo.


* La Información - EP - 23.3.12
Foto: Cantabria, viviendas con sentencia derribo - EFEMM

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Indignados no, rabiosos

MIQUEL CASALS ROMA* : El poder aspira a perpetuarse y detesta los cambios. Forma parte de su propia naturaleza, es una cualidad intrínseca de los que mandan: no ceder ninguna de las prerrogativas de su status. Para seguir moviendo los hilos, las cosas deben continuar como están. Ante cualquier tentativa por transformar la sociedad, tradicionalmente el poder ha reaccionado con violencia. La historia ha sido testigo de múltiples represiones y revoluciones sanguinarias: 1789, 1830, 1848, 1917… Pero la brutalidad ha sido estigmatizada y ya no es un método tolerable. El poder no puede justificarse con la fuerza bruta y necesita otros procedimientos más refinados para conseguir su objetivo de perpetuación. Frente a los indignados, políticos y medios de comunicación han puesto en funcionamiento una alternativa más suave a la violencia. Es lo que me atrevo a llamar como dialogo unívoco. Me explico:
Hace aproximadamente un año, surgió el movimiento del 15-M por acción de las redes sociales e improvisadas convocatorias en plazas públicas. Este despliegue humano tuvo eco en los medios de comunicación, que le imprimieron connotaciones románticas, con guiños al 68. Algunos políticos, de los que se autollaman de izquierdas, expresaron afinidades con el movimiento (pero respetando las distancias).

Las reuniones fructificaron en una serie de reclamaciones, que se colgaron en las plazas o circularon por Internet. La mayoría de puntos tratados eran de índole político (eliminar el senado, suprimir las pensiones vitalicias que los políticos obtienen tras ocho años ocupando el cargo, un sistema electoral más abierto, eliminar las injerencias del gobierno en la justicia, mayor transparencia en la gestión pública), pero también había sociales (mantener el estado del bienestar), culturales (medios de comunicación verdaderamente abiertos que reflejen todos los puntos de vista) y económicas (una de muy importante: conocer el montante de dinero que los poderes públicos han entregado a los bancos y revelar cuál es la escandalosa diferencia entre el bajo tipo de interés con el que se les ha beneficiado y el más alto que sufren los Estados para cubrir su deuda soberana).

Si las multitudinarias reuniones del 15-M tuvieron eco en los medios de comunicación, no sucedió lo mismo con las cuestiones de fondo.

Un año más tarde, podemos afirmar que TODAS las peticiones de los indignados han caído en pozo vacío. El problema es grave, porque no es que se haya cambiado nada (que no se ha cambiado nada), es que ni tan siquiera los políticos han dado respuestas, ni tienen la intención de hacerlo. Ellos, que son servidores pagados por la población (y para ello viajan en mercedes o en primera clase), no han dedicado ni un segundo a estas peticiones. Quizás no seamos mayoría, pero merecemos, al menos, un mínimo de atención. ¡Alguien ha escuchado al presidente Mas, que tanto se enfureció cuando una muchedumbre le asedió en la puerta del Parlament, referirse de la pensión vitalicia que cobran? ¿Ha explicado el “dúo calvicie” (ministros economía y hacienda) cuanto dinero han entregado a los bancos, a qué tipo de interés y cuándo éstos lo devolverán? ¿Por qué no culpan a las entidades financieras de la crisis de la deuda soberana, cuando el principal motivo de que los Estados estén empeñados hasta las cejas es a causa del dinero que tuvieron que entregar a los bancos? ¿Hay alguna intención de eliminar el senado, una institución cuya única función es la de entorpecer el desarrollo legislativo? ¿Van a crear una estructura judicial verdaderamente independiente, cuando la envejecida Constitución permite que los políticos designen a los miembros del Constitucional o del CGPJ? Ellos no van a responder a ninguna de estas preguntas. No lo duden. No lo van hacer porque abordar estas cuestiones significaría afrontar cambios profundos. Ellos son el poder y su misión más importante es conservarlo. Bloquearán cualquier protesta y se escudarán tras un obsesivo mensaje: estamos en crisis y para enfrentarnos a ella hay que llevar a cabo recortes (amplios para el gobierno, menores para la oposición). Todo, absolutamente todo, se justifica dentro de las leyes del ciclo económico.

En ejercicio de un descarado cinismo dicen que comprenden los motivos, pero evitan cualquier comentario sobre los mismos. Esto es lo que llamo el modelo del diálogo unívoco: el dialogante A (indignados) pide reformas públicamente para profundizar en la democracia y en la justicia, mientras que el dialogante B (poder) dice que comprende pero no responde. Nunca había habido tantos periódicos y canales de TDT y nunca la versión de la realidad política había sido tan monótona e insulsa. Periodismo de anestesia. Los indignados, arrinconados como disidentes clandestinos, se enfrentan a un diálogo injusto, pues sus oponentes disponen de un apabullante despliegue de mass media. Ambas partes pretenden o aparentan conversar, se dirigen una a la otra, pero lo hacen de forma unívoca, sin feed-back, es como relacionarse con una pared. Una pared de políticos y entidades unidos por la misma argamasa: el dinero. Porque detrás del poder, no lo olviden, está el dinero. Este dinero que fluye por la economía como las sangre en nuestras venas y que siempre pasa por el mismo corazón: los bancos. Sindicatos, partidos políticos, empresas, medios de comunicación, todos van a morir al mismo destino: los préstamos bancarios. Nunca muerdas a la mano que te da de comer. Pero los indignados no tienen ninguna mano que les de de comer. Y lo que es aún más digno, la mayoría no la quieren. De lo que piden, puede resumirse en tres conceptos clave: democracia real, transparencia y justicia. Democracia real, porque la democracia sigue en crisis. Una verdadera democracia debería permitir el cambio, cuando éste sea necesario, con un gobierno abierto a las nuevas exigencias de la realidad y no obstinado en mantenerse a toda costa. Pero seguimos dirigidos por una institución arcaica, rígida y refractaria.

El poder pretende anestesiar el movimiento. Desalojan las plazas con la excusa de la suciedad, nos exigen que seamos pacíficos y a la mínima sueltan sus perros guardianes, sin ofrecer nada a cambio. Saben que el tiempo juega a su favor, es cuestión de esperar la llegada del analgésico más potente: el elixir del crecimiento económico, que reducirá el paro e insuflará de dinero nuestros bolsillos. Con el respaldo de esa gran mentira que son las estadísticas, podrán mantener su status.

Todo esto no sería posible sin la colaboración de una parte de la población: la que calla a cambio de futbol o chismorreo televisivo, que contempla el mundo desde el sofá, que vota cada cuatro años al candidato de la oposición para echar al que gobierna, que cree que marcar una equis cada cuatro años es ejercer la democracia, que piensa que los rabiosos indignados son una camarilla minoritaria de delincuentes, que compró tamiflu, que aplaudió a Bush cuando bombardeó Bagdad, que votó a Gil y a Camps. Esta parte flotante de la sociedad es la materia oscura de los físicos, aquellos que Delacroix olvidó mientras pintaba La libertad guiando al pueblo, en definitiva, un gigantesco agujero negro que engulle Historia.

Y el movimiento indignado, en una verdadera encrucijada, consciente de que ha expirado el plazo para dialogar. Sólo quedan dos caminos: sofá o cóctel. Resignación o rabia. El tercero, la justicia, ha sido sepultado una y otra vez, impunemente, por magistrados decrépitos elegidos a dedo. Con jueces vendidos queda completado el círculo del poder.

Las crisis implican cambios. El poder sólo tiene una forma de mantenerse intacto: modificándonos a nosotros. Su supervivencia pasa por reducir prestaciones sociales, derechos laborales, salarios de trabajadores públicos… Ellos mantendrán su status si nosotros lo perdemos.


* Miquel Casals Roma. Escritor y profesor de geografía y historia

* Rebelión - Opinión - 23-03-2012

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El Supremo reabre el caso de la infracción urbanística del hotel Atrium en La Vila

ELPAÍS/Alicante* : El Tribunal Supremo (TS) ha dado un giro inesperado a la mayor infracción urbanística de la Comunidad Valenciana, el hotel Atrium Beach de La Vila Joiosa, descubierta en 2003 tras dos accidentes laborales que costaron la vida a tres obreros. El siniestro destapó que el complejo rebasaba, según un cálculo del Consell, en 53.000 metros cuadrados la volumetría autorizada por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en esa zona del término, primera línea del mar.
El TS ha ordenado que el caso sea juzgado, revocando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que obvió entrar en el fondo del asunto porque apreció que el expediente sancionador al promotor, Hotel Luna, SA, había prescrito al serle comunicado 19 días después del plazo legal de vigencia de seis meses. El Tribunal Supremo cree que “la notificación realizada el 28.09.2004 debe entenderse válidamente practicada, pues permitió tener constancia de la recepción por el interesado o su representante”.

El TSJ evitó con su resolución que el Ayuntamiento de La Vila cobrara los 12.020.242,09 euros de sanción que le impuso el Consell al promotor en septiembre de 2004 por infracción urbanística grave. El entonces consejero de Urbanismo, Rafael Blasco, la calificó como “la mayor sanción urbanística impuesta nunca en España”.

La sentencia del TS ordena ahora “devolver las actuaciones a la Sala de instancia para que, con retroacción de las mismas al momento anterior al dictado de la sentencia”, dicte nueva sentencia resolviendo lo que proceda sobre “la sanción por infracción urbanística grave por construcción del hotel y galería comercial sin licencia”. El alto tribunal recuerda que todo ello requiere la interpretación y aplicación del derecho autonómico, en este caso la LRAU, que estaba en vigor cuando se tramitó el proyecto, “tanto para determinar si la licencia pudo obtenerse por silencio como para dilucidar si las obras ejecutadas son o no contrarias a las determinaciones del PGOU” de La Vila Joiosa.

Esta decisión es consecuencia del recurso de casación que interpusieron la Generalitat y el Ayuntamiento de La Vila en octubre de 2008, un mes antes de que una moción de censura del PP con un edil tránsfuga descabalgara al Gobierno cuatripartito que encabezó el PSPV. Su exalcalde Gaspar Lloret ha asegurado tras conocer el auto del Supremo que “el PP no lo hubiera recurrido”. “Gracias a esta sentencia, el caso tendrá que reabrirse para salvaguardar el interés general y que La Vila pueda tener la posibilidad de recuperar los 12 millones de la infracción”, añadió Lloret. El PP presupuestó en 2005 esa cantidad como un ingreso que nunca llegó pero sí que fue gastado.

Un primer informe municipal anterior a los accidentes descubrió un exceso de edificabilidad de 88.576 metros, que suponían 11 alturas de más. Tras la inspección posterior al fallecimiento de los obreros, el Consell lo redujo a 53.000, pero un Plan de Reforma Interior y Mejora (PRIM) estipuló en 2005 el derribo de 14.700 metros y una serie de compensaciones al municipio, como la cesión de 21.500 metros de suelo para dotaciones públicas o el pago de 1,5 millones destinados a oficinas públicas en torno al hotel.

La propiedad del hotel siempre ha defendido que las licencias de obras que obtuvo en diciembre de 2006 y mayo de 2007 están en vigor, pero en 2008 el TSJ anuló el PRIM y las dejó sin cobertura legal. Además, un particular ha reclamado en el juzgado su caducidad. La promotora, a través de un comunicado, ha expresado su “plena confianza” en que la sanción impuesta sea anulada por los tribunales. “Se trata de un aspecto meramente formal y muy complejo, en el que confluyen multitud de aspectos jurídicos y técnicos, y que en cualquier caso se acogerá a lo dispuesto en la Ley Urbanística Valenciana, que en su articulado contempla un 95% de bonificación en la sanción para aquellos casos en los que se hayan aplicado las medidas correctoras impuestas para legalizar la obra”, explica la nota.

En la actualidad, el Atrium sigue siendo un esqueleto de hormigón en primera línea de playa. Su promotor se rodeó de políticos (entre ellos la exconsejera de Turismo Belén Juste, y el alcalde de La Vila, Jaime Lloret) en abril de 2011, en plena campaña electoral, para presentar el nuevo diseño del proyecto, que borraba el anterior nombre para llamarse La Vila Resort, un hotel de 1.312 habitaciones (302 de cinco estrellas) y 59 ascensores con Palacio de Congresos con capacidad para 1.800 personas y 800 plazas de aparcamiento. Sin embargo, los 150 millones de financiación que necesita el proyecto son una losa que mantiene la obra como se quedó hace ocho años y medio.


* El País - Artur Balaguer Benidorm 22 MAR 2012
Foto: El hotel Atrium Beach, en una imagen de 2007. / ROSA FUSTER

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Benidorm.- Estas obras son una ruina

INFORMACIÓN/Alicante* : La gente de la Boca del Calvari se impacienta. Y mucho. Unos setenta comerciantes y residentes de esta zona emblemática del corazón de Benidorm, así como dos asociaciones de vecinos, han enviado sendos escritos al Ayuntamiento en los que advierten del deterioro que azota al solar y exigen que se retiren de la vía pública todos los elementos de obra que evitan el paso franco de los transeúntes y su acceso a los establecimientos comerciales. Estos últimos alertan de un "descenso en sus ventas" debido a esta situación, originada después de que la empresa que construye en la parcela el edificio que debe acoger el futuro museo de la ciudad paralizara las obras por los impagos del Consell, de la que dependen los trabajos.

Las dos misivas fueron desveladas ayer por la portavoz de Liberales, Gema Amor, quien acusó a PSOE y PP de haber realizado un pacto "para taparse las vergüenzas mutuamente" sobre esta situación. A los socialistas, como gestores del Ayuntamiento, les reprochó haber incumplido su promesa de adecentar "una de las calles más transitadas de España" antes de que llegue el periodo turístico de Semana Santa. Y a los populares les censuró por partida doble: porque gestionan el Consell, principal responsable de la paralización de las obras y porque su grupo municipal en Benidorm guarda silencio al respecto. Así que, para Amor, ambas fuerzas políticas son "cómplices" del problema: "el gobierno local está provocando la ruina de los empresarios mientras el PP aplaude y habla de otro pacto que es inexistente, cuando éste es de verdad".
Con eso del "otro pacto inexistente", la edil se refería así a las críticas que le hace el PP por su supuesto entendimiento con el alcalde, Agustín Navarro, con quien de cualquier forma Amor está negociando una serie de medidas económicas. De hecho, la líder liberal llevaba mucho tiempo sin atacar al PSOE. Pero ayer lo hizo. Y focalizó sus críticas sobre el edil de Urbanismo, Juan Ángel Ferrer, al que acusó de "haberse convertido en los últimos tiempos en el mejor portavoz de la Generalitat" y al que con ironía recomendó "que se vaya a tomar un pincho a la calle Tomás Ortuño" en vez de hacerlo al Torrejó, donde ayer por la mañana Ferrer presentaba un certamen gastronómico.
Y es que en Tomás Ortuño hay muchos problemas. Amor censuró especialmente la instalación de unos transformadores eléctricos -ubicados allí por la empresa a pesar de que las obras están paradas- que prácticamente hace invisibles los comercios de la zona, especialmente para los turistas que pasean por el populoso Paseo de la Carretera. Para los liberales, con esta actuación el Ayuntamiento incumple una vez más su propia normativa urbanística, que "no permite la ocupación con elementos de obra de la vía pública".
En su carta al Ayuntamiento, los comerciantes insisten en que los transformadores de marras deben desaparecer de allí. E instan también "a que se proceda al cerramiento del solar mediante un vallado acorde con la imagen céntrica y comercial de la zona, acotándolo a la misma alineación de la parcela y sin que el Ayuntamiento incurra en privilegios con respecto al resto de contribuyentes". Y atención: porque si el Ayuntamiento desconsidera estas medidas, los comerciantes están dispuestos a movilizarse.
Además, alertan de que la continuada incertidumbre sobre la Boca del Calvari "como consecuencia de la mala gestión del Ayuntamiento y el Consell" está provocando en los negocios "claros perjuicios económicos que se han visto incrementados tras la paralización de las obras y el abandono del solar, convertido en un foco de insalubridad por la acumulación de basuras y escombros ". De parecida forma se manifiestan las dos asociaciones de vecinos, la del Casco Antiguo y la del Calvari Nou, que también se han quejado al Consistorio.

La mejora de la zona se iniciará hoy
"Nuestro compromiso era adecentar la zona antes de que llegara la Semana Santa y vamos a cumplirlo". Así de contundente se manifestó ayer el concejal de Urbanismo, el socialista Juan Ángel Ferrer, quien ayer aseguró que a partir de hoy comenzarán a aplicarse las medidas para frenar el deterioro de la Boca del Calvari. En este sentido, Ferrer anunció que se vallará el solar, tal y como demandan los comerciantes, y que se desplazarán los transformadores eléctricos de la vía de Tomás Ortuño para hacer esta calle más accesible y no perjudicar más a los negocios.
Ante las acusaciones de Liberales de que el Ayuntamiento está incumpliendo su propia normativa urbanística, el regidor del PSOE agregó que "no se ha producido ninguna ocupación ilegal y la empresa contaba con permiso para ocupar la vía pública".
Ferrer admitió no entender demasiado bien las críticas a su actuación proferidas por la líder liberal, Gema Amor: "estamos gestionando y solucionando un problema que no es nuestro, sino del Consell, y lo estamos haciendo intentando causar los menos daños posibles a los comercios", explicó el edil de Urbanismo. También criticó a Amor "por utilizar a los comerciantes para enredar y lograr titulares de prensa cuando los problemas económicos de este sector no vienen sólo por el edificio de Boca del Calvari sino también y sobre todo por la crisis".


* Información - 23.3.12
Foto: Imagen de los transformadores eléctricos que ocultan las tiendas de la calle Tomás Ortuño. david revenga

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El Supremo de Brasil reconoce un expolio de tierras públicas pero no emite condena

ELPAÍS* : El Tribunal Supremo de Brasil ha tardado más de medio siglo en fallar una causa sobre la legalidad de la entrega, en 1959, de 40.000 kilómetros cuadrados de tierras del Estado a grandes empresas privadas en el Estado de Mato Grosso do Sul (suroeste del país) sin el aval del Senado.
Los ocho magistrados del Supremo que emitieron la sentencia, abierta desde hace 52 años, emitieron un veredicto digno de Kafka. Los ocho admitieron que la entrega de aquellos 40.000 kilómetros cuadrados de tierra del Estado a seis empresas, había sido ilegal ya que la Constitución brasileña de 1946, exigía que para donaciones de más de diez mil hectáreas de tierras públicas a privados sólo podían ser concedidas con el permiso del Senado.

El detalle está en que, pese al veredicto unánime, solamente tres se mostraron a favor de que fueran devueltas al Estado. Los otros cinco argumentaron que “ya no es posible volver atrás”.

Los tres magistrados que se opusieron alegaron que la sentencia puede abrir un camino peligroso para legitimar otros casos similares, donde inmensos terrenos públicos han terminado en manos de grandes empresas, como ocurre en la cuenca del Amazonas. “Hechos consumados contra la Constitución no deben de ser admitidos aunque la acción haya ocurrido hace 52 años” afirmó el juez Marco Aurelio Mello, uno de los tres que votaron contra la amnistía.

Los cinco que votaron a favor motivaron su voto bajo el alegato de que es imposible determinar hoy la extensión exacta de las tierras concedidas ilegalmente a los terratenientes. En estos 52 años, se han construido ahí pueblos enteros, hospitales, escuelas, carreteras. Es más, entonces ni siquiera existía el Estado de Mato Grosso do Sul como tal (fue separado del Estado de Mato Grosso en 1977).

“La vida humana definió y echó raíces definitivas allí”, afirmó el relator de la sentencia Antonio Cezar Peluso. “No se puede emitir un fallo basado en divagaciones, es preciso que los hechos sean tangibles”, añadió.

La opinión pública se pregunta por qué el Tribunal Supremo brasileño ha esperado 52 años para emitir su fallo y, así, que la situación fuera “irreversible”. La mayoría de los jueces que han votado hoy la sentencia eran niños cuando comenzó el pleito.

Cuando el pleito comenzó, el Tribunal Supremo estaba todavía en Rio de Janeiro, entonces capital de Brasil. Fue transferido en 1960 a Brasilia. Los documentos consultados se reúnen en 12 volúmenes, con un total de 2.449 páginas. Las primeras, que dan fe del expolio, están amarillentas, gastadas por el tiempo. Otras quedaron arrinconadas en sacos de plástico para que no acabaran perdiéndose.

A través del tiempo, el proceso pasó por las manos de ocho relatores. Desde septiembre de 1993 hasta junio de 2003 estuvo en manos de un solo relator. A partir de entonces, quedó en posesión de Antonio Cezar Peluso, que finalmente concluyó el proceso nueve años después.


* El País - JUAN ARIAS Río de Janeiro 16 MAR 2012
Foto: Vista aérea de la selva amazónica en Brasil. / BERNARDO PÉREZ

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Despilfarros históricos que causan vergüenza: Estación de Ave Requena–Utiel

ELSOPLÓN/Valencia* : El AVE va unido a la modernidad y, por eso, ninguna provincia quiere quedarse sin su tren de alta velocidad para estar a la última. Aunque luego, puede ocurrir que nadie lo utilice, como ocurre en la estación de Requena – Utiel.
La estación fantasma, así es como la llaman por la falta de pasajeros: una media de 40 al día.
La estación, en la que pueden subirse un par de pasajeros en cada uno de los trenes que van camino de Madrid, costó 12,4 millones de euros. Un despilfarro que se suma a los realizados por los gobiernos estatal, autonómicos y municipales durante la última década y que han contribuido a la crisis económica actual.

En el interior de la estación, hay varios locales, pero están cerrados. A nadie le interesa poner en marcha un negocio en una estación que no tiene pasajeros. Incluso, la adjudicación de la cafetería quedó desierta. Los empresarios, más que una inversión, consideran un gasto abrir cualquier establecimiento. Donde debería estar la barra del bar, existen dos máquinas de vending: una de café y otra de refrescos, junto a alguna que otra banqueta.

Alrededor de la estación, sólo hay campo, viñedos. Un autobús, de tan sólo 9 plazas, traslada a los viajeros a Requena por 2 euros. Los viajeros prefieren desplazarse en autobús que en coche, a pesar de que el aparcamiento de la estación cuenta con 250 plazas. El espacio para motocicletas siempre está vacío, al igual que el de bicicletas, taxis y coches de alquiler. Si algún pasajero no quiere esperar al autobús, tiene la opción de tomar un taxi. Pero, para ello, tienen que llamar por teléfono para que acuda a la estación. Viajar en este medio de transporte tiene una tarifa fija de 10 euros, que se han de sumar a los casi 40 que cuesta el billete de tren.


* EL Soplón - 29.1.12
Foto: Requena-Utiel (Valencia), estación AVE vacía - elsoplón

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La Plataforma vecinal decide no alargar el contencioso contra el plan de Cabueñes

LNE/Asturias* : La Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes ha decidido no recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que desestima su contencioso contra el plan municipal que permitirá construir 580 viviendas en la parroquia. Así se decidió en la asamblea general ordinaria que ayer celebró el colectivo, cuya lucha contra este proyecto urbanístico dura ya más de cinco años. Su decisión no implica renunciar a la postura que llevan manteniendo desde que se hizo público el plan parcial de Cabueñes, sino que debe entenderse como la opción más conveniente para los vecinos. «El tribunal se refiere a cuestiones de forma y no entra en el fondo del asunto. No tiene sentido recurrir si no vamos a poder discutir lo que realmente queremos discutir», explicaban ayer portavoces de la Plataforma.

Los vecinos de Cabueñes centrarán ahora sus esfuerzos en dos frentes. Por un lado, seguirán adelante con el contencioso que han presentado, también al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, contra el nuevo Plan General de Ordenación (PGO). Y, por otro, estarán muy pendientes de los movimientos urbanísticos que haga el gobierno municipal de Foro Asturias Ciudadanos (FAC), que «ha anunciado una revisión del planeamiento e insiste en que hay cambios en el plan parcial de Cabueñes».

A la espera de que esos movimientos se produzcan, la Plataforma se mantiene en sus trece: «El plan parcial proviene de un PGO anulado judicialmente», por mucho que el nuevo documento que rige el urbanismo de la ciudad incorpore igualmente el proyecto. Desde el gobierno municipal se advierte de que la actuación no podrá suspenderse, ya que se dañarían los derechos patrimoniales adquiridos por las cinco promotoras que lideran la operación.

Pero los vecinos discrepan y, de hecho, han encargado un informe jurídico sobre este asunto que ya obra en poder de la concejala de Urbanismo, Lucía García Serrano. Portavoces de la Plataforma se reunían con la edil de Foro y la propia alcaldesa de Gijón esta misma semana, después de haber solicitado en tres ocasiones un encuentro con la máxima autoridad municipal. El Ayuntamiento ha emplazado al colectivo de Cabueñes «a después de Semana Santa» para abordar este asunto más detenidamente, una vez estudiado el informe que firma Junceda Abogados.



* LNE - 23.3.12
Foto: Cabueñes - Gijón

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Señalan que Monterrey experimenta un crecimiento urbano disperso

NTR/México* : Esta capital y su área metropolitana padecen grandes problemáticas como transporte, vialidad y acceso a las fuentes de trabajo, pero también delincuencia y marginalidad social, por su crecimiento tan disperso, dijeron especialistas en urbanismo.
El presidente del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales (FLACAM), Rubén Pesci, dijo que la situación en que vive la capital nuevoleonesa obedece a una errónea política de desarrollo urbano durante 40 años en la zona metropolitana. “El problema ha estado centrado en una política de vivienda equivocada hasta hace muy poco tiempo a nivel nacional y estatal, que estaba en manos de una idea de que el desarrollo urbano era trazar avenidas y llevar electricidad para que los desarrolladores hicieran lo que quisieran”, señaló.

Lo anterior, expresó, ha generado una ciudad dispersa como ninguna, con colonias bastante alejadas entre sí y con muy bajísima densidad, lo que ha causado el deficiente sistema de transporte, delincuencia y marginalidad social.

Refirió que el FLACAM es una red internacional que cuenta con el aval de la Cátedra UNESCO y que desde hace 23 años centra sus propósitos en la formación de recursos humanos altamente calificados, a través de los programas de Especialización y Maestría en Desarrollo Sustentable.

Los académicos de la FLACAM en sociatividad con la Facultad de Arquitectura, de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) iniciaron la investigación “El crecimiento de las áreas metropolitanas”, en la cual se hace una comparación de las ciudades de Monterrey, Barcelona y Buenos Aires.

Pesci resaltó que México es uno de los miembros más importantes de la red, considerado uno de los países más ricos en cultura y tradición y en problemáticas, lo que implica un desafío para afrontarlas.

“Hoy existe un programa federal que se llama Desarrollo Urbano Integral Sustentable (DUBIS), que ojalá siga aún después de las elecciones, porque es de lo mejor de Latinoamérica”, enfatizó.

Manifestó que este programa no da financiamiento para hacer vivienda, sino que es un plan de urbanismo completo para generar trabajo, escuela, hospital, clubes y estadios deportivos.

Con esta nueva política los desarrolladores van a tener que hacer ciudades completas y ahí es donde se iniciará el cambio, ya que la gente


* NTR - 11.3.12
Foto: Monterrey (México) - maps-of-mexico

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UNESCO evalúa agresión a patrimonio mundial en Brasilia

ELREPORTERO* : Una misión de la UNESCO inició el martes una visita de cuatro días a la capital brasileña para evaluar posibles agresiones a su condición de Patrimonio de la Humanidad, lo que podría llevar a Brasilia a entrar a la lista de sitios en riesgo.
La misión estará formada por dos especialistas internacionales en arquitectura y urbanismo, el argentino Luis María Calvo y el español Carlos Sambricio, quienes recorrerán Brasilia y conversarán con miembros del gobierno del Distrito Federal, del Instituto de Patrimonio Histórico Nacional (IPHAN) y de la sociedad civil. Brasilia fue proclamada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987 en un reconocimiento a su condición de modelo de arquitectura y urbanismo modernistas.

Fue la primera ciudad contemporánea que alcanzó ese título después de ser fundada en 1960, con un trazo urbanístico novedoso para su época, obra del arquitecto Lucio Costa, y palacios modernos diseñados por su colega Oscar Niemeyer.

La directora cultural de la UNESCO en Brasil, Jurema Machado, explicó que los observadores del organismo de las Naciones Unidas verán si la ciudad aún cumple con las condiciones que llevaron a su declaración de Patrimonio de la Humanidad. "Brasilia viene siendo seguida con lupa, con mirada minuciosa, desde 2001", comentó Machado en declaraciones a la televisión de la UNESCO.

Señaló que la misión del centro de supervisión de patrimonio mundial es activada para evaluar determinados problemas de conservación.

En Brasilia han surgido críticas por alteraciones al plan original de Lucio Costa, como la construcción de complejos habitacionales a orillas del Lago Paranoá y la invasión de edificaciones en espacios que deberían permanecer libres.

Machado recordó que la capital brasileña recibió el título de UNESCO en una fase incipiente de su desarrollo y sirvió para orientar al poder público en la forma en que debía tratar a la ciudad. "Es más que un título, representa un compromiso. Sirvió para atenuar las desatenciones con la ciudad y marcar temas con los cuales las autoridades tienen que estar atentas y vigilantes", comentó Machado.

Así, la ciudad que está por cumplir 62 años, enfrenta la posibilidad de entrar en la lista de patrimonio en riesgo, lo que implica que debe acatar recomendaciones de la UNESCO para mantener su título de Patrimonio de la Humanidad.

La misión de observadores deberá elaborar un informe que sería enviado en abril a la UNESCO, para ser discutido durante la próxima sesión del Comité de Patrimonio Mundial a celebrarse en junio en San Petersburgo, Rusia.


* El Reportero - 13.3.12
Foto: Brasilia - brasil

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