La Fiscalía propone vigilar a políticos y funcionarios para prevenir la corrupción

FARODEVIGO* : Más vale prevenir que curar. Esa es la receta que propone la Fiscalía gallega para atajar los crecientes casos de corrupción que salpican a la clase política. Un modelo a seguir, según defiende el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, es el que aplica Portugal desde el año 2008 y que supondría la creación de un consejo de prevención de la corrupción en la comunidad bajo la supervisión del Consello de Contas, así como la formación de equipos de control en la Xunta y en los ayuntamientos. El personal nombrado en cada departamento de las administraciones públicas se encargaría de identificar las áreas de riesgo y de hacer un seguimiento de las actuaciones de cada departamento administrativo con el objetivo de detectar preventivamente comportamientos de riesgo que podrían derivar en delitos de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación o tráfico de influencias.

"Para no hacer gravitar todo sobre la vertiente represiva, establecida por las normas penales, es importante adoptar sistemas de prevención de riesgos de corrupción y otras infracciones conexas", sostiene Carlos Varela.
En la actualidad distintos organismos internacionales y gobiernos de países del entorno europeo ya trabajan en la elaboración de documentos que el fiscal jefe de Galicia pone como referencia para aplicar también en las administraciones públicas de la comunidad. Portugal o Reino Unido ya han puesto en marcha medidas legales para prevenir la comisión de delitos de corrupción por parte de sus cargos públicos.
Desde el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI) ya se dio la voz de alerta en el año 2003 al advertir de que las instituciones financieras deberían adoptar medidas de vigilancia sobre las "personas políticamente expuestas", así como poner en marcha sistemas de gestión de riesgo adecuados.
¿A quién se debería someter a esa especial vigilancia por parte de las instituciones financieras para advertirles ante un intento de corrupción? Según el GAFI a aquellas "personas políticamente expuestas" que son aquellas que desempeñan o desempeñaron funciones públicas importantes e incluso a sus familiares y colaboradores más próximos.
En cuanto a las medidas en materia de anticorrupción tomadas por países del entorno europeo destaca Reino Unido, que el pasado mes de junio puso en marcha la Bribery Act 2010, una ley contra la corrupción considerada la más severa del mundo ya que se aplica a los casos de soborno cometidos por cualquier persona o empresa relacionada con Reino Unido independientemente de donde cometiera el delito.
En Portugal, la Ley 54/2008 del 4 de septiembre creó el denominado Consejo de Prevención de la Corrupción (CPC), una entidad administrativa independiente que funciona bajo la supervisión del Tribunal de Cuentas. "Creo que este es el camino a seguir", defiende el fiscal superior de Galicia. "Se trata €añade Varela€ de que las entidades que manejan fondos púbicos establezcan planes de prevención de riesgo de corrupción. ¿Cómo? Por ejemplo, en un concello se definiría el área urbanística, que digamos es la más sensible, y se marcarían los comportamientos de riesgo de ese departamento, algo que se sabe por experiencia, y a continuación se determinaría cómo neutralizar esas conductas y se designaría a la persona encargada de controlar esos comportamientos de riesgo y de dar la alerta".
Pero los planes de prevención no son la única medida que defiende la Fiscalía gallega para evitar operaciones como Orquesta, Arena o Campeón que salpican a alcaldes, diputados autonómicos e incluso ministros. El fiscal superior de Galicia también apuesta por reforzar el papel de los secretarios, interventores y tesoreros municipales. Para Varela, estas figuras deben jugar un papel clave en el "control interno" de la gestión urbanística a través de sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales. ¿Cómo? Haciendo vinculantes los informes emitidos por los secretarios y los interventores, lo que evitaría que el Concello buscase dictámenes "a medida" a través de un asesoramiento externo para así saltarse las legalidad urbanística vigente.
En esa labor contra la corrupción, Varela también apela a la colaboración de la Xunta, a la que recuerda que es imprescindible que la Axencia Galega de Protección da Legalidad Urbanística (APLU) mantenga una colaboración permanente con la Fiscalía para detectar y corregir ilegalidades urbanísticas constitutivas de delito, con independencia del color político de cada corporación. Además, propone la creación en Galicia de una fiscalía específica sobre corrupción.


* Faro de Vigo - R. PRIETO - 24.12.11
Foto: Uno de los acusados en la operación "Arena" a su llegada a los juzgados de Corcubión. // FDV