Además, España fue condenada por el Tribunal de Justicia de la UE el 14 de abril del 2011 por la deficiente depuración de las aguas en 38 aglomeraciones de más de 15.000 habitantes. El hecho podría comportar una multa coercitiva de 20 a 50 millones de euros al año desde el 14 de abril del 2011.
Asimismo, la UE llevará a España al Tribunal de Justicia de la UE por el insuficiente tratamiento de las aguas residuales en 39 aglomeraciones de más de 10.000 habitantes. Que vierten sus aguas en zonas sensibles.
Incluso hay una carta de requerimiento de información (primer paso del procedimiento contra España), con fecha del 30 de noviembre, por deficiente depuración de las aguas en 921 aglomeraciones de más de 2.000 habitantes y hasta 15.000.
También hay expedientes abiertos contra España por la polución en las grandes urbes (algo a lo que el ministro no se ha referido aún), y existe una condena firme por la construcción del canal Segarra-Garrigues en un área de aves esteparias protegidas en la provincia de Lleida.
El titular de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente precisó que, una vez se acabe la planificación hidrográfica y se solucione la "mala" depuración de las aguas en más de 900 municipios, y se modifique la Ley de Aguas, propondrá un "gran Pacto Nacional del Agua que derive en un Plan Hidrológico Nacional".Por eso, esa iniciativa se demora para al menos, finales de 2013 o 2014. En este contexto considera "muy difícil" realizar una planificación nacional sin conocer los recursos disponibles y las necesidades en cada cuenca. Por ello, ha reiterado que un Plan Hidrológico "serio" tiene que tener los planes de cuenca hechos, ya que otra cosa sería una "arquitectura artificial".
Ley de Costas
Mientras tanto, la reforma de la Ley de Costas tiene cada vez perfiles más claros. La intención del Gobierno es prorrogar las actuales concesiones temporales de determinadas propiedades situadas en la franja costera de dominio público. Además, quiere ampliar el tipo de actividades que pueden albergar las zonas de protección en la primera línea de mar.
El documento entregado ayer por el ministro Miguel Arias Cañete en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (agricultores, empresarios, ecologistas...) ilustra su deseo de dar la vuelta a la actual ley de Costas como a un calcetín. Ahora, los dueños de propiedades privadas afectados por la delimitación (deslinde) del dominio público junto a las playas ven expropiados sus derechos, y no son indemnizados. Sólo se les da una concesión temporal de 30 años, prorrogable por otros 30.
En cambio, lo que se busca ahora es dar una solución a la finalización de muchas concesiones (que acaban a partir del 2018); por lo que se plantea alargar la ocupación 75 años, como fija la Ley de Patrimonio del Estado. Además, se quiere modificar la ley para que se puedan vender los títulos de concesión, una opción que intentó la ministra Elena Espinosa sin éxito. El documento aduce que no hay razones ambientales de peso para penalizar a sus titulares impidiéndose vender ese título.
Además, Cañete quiere acelerar los procesos para que pasen más rápidamente a manos privadas las zonas urbanas degradadas afectadas por antiguos deslindes y que han dejado de ser dominio público. Para ello, quiere fijar unos trámites de desafectación más rápidos. Podrían verse beneficiados con esta medida los barrios de Palo y Pedregalejo en Málaga, Chilches en Castellón y otros en la cornisa Cantábrica.
Otra propuesta plantea "una flexibilización" de las actividades en las franjas de protección costera (de 20 metros en suelos urbanos y de 100 m. en los demás suelos), por lo que se podrían autorizarse nuevos usos lúdicos o turísticas. Ecologistas en Acción y CC.OO. rechazaron la reforma.
* La Vanguardia - ANTONIO CERRILLO - 2.3.12
Foto: Málaga, costa El Palo - J.Rojas (El País)
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