La titular del Juzgado de Instrucción nº2 de Benidorm ha decidido investigar la concesión de la licencia de ocupación de las torres gemelas de Punta Llisera, Edificio Gemelos 28, que concedió el alcalde de la ciudad, Agustín Navarro, del PSPV, el 9 de junio de 2011. Posteriormente, el concejal de Urbanismo, Juan Ángel Ferrer, firmó las cédulas de ocupación el 18 de julio, también mediante un decreto, para que las dos torres del constructor Andrés Ballester pudieran ser ocupadas por los compradores.
La investigación judicial es consecuencia de una querella presentada por un particular, que estima que hay un exceso de volumetría con el incremento de la altura de la planta de cada piso, que pasó de 2,70 a 3,33 metros, y de las plantas bajas, al pasar de 3 a 3,80 metros de altura.
Además, el denunciante considera que los edificios no tienen relación con el proyecto al que se le otorgó licencia en 2006 y que de un volumen de 26.566,83 metros, según el proyecto modificado y de ejecución de 1996, se pasó a la ausencia de referencia a este aspecto 10 años después, lo que habría incrementado, siempre según la denuncia, 6.500 metros el volumen total, es decir, un 23%, en las obras que comenzaron a ejecutarse en 2008. Sin embargo, un informe técnico que sirvió para rechazar el recurso de reposición del particular avaló que en las torres denunciadas todavía se podían construir seis apartamentos más en los 286 metros de edificabilidad pendientes.
La juez dio el pasado viernes 10 días al alcalde y tres técnicos municipales para que presenten alegaciones a la querella que presentó Emilio Ramírez, que es por prevaricación contra Navarro y por ese mismo supuesto delito y falsedad documental contra un arquitecto y dos arquitectos técnicos. En función de los informes que remita el Consistorio, encargados a un abogado externo, la magistrado decidirá si cita a declarar como imputados al regidor y los técnicos.
El solar de las torres Gemelos 28 estuvo en el punto de mira del anterior Gobierno socialista, que pretendió su expropiación porque invade el dominio público marítimo terrestre. La licencia de obras es legal, aunque data de 1998, el mismo año que entró en vigor la actual Ley de Costas, pero Cristina Narbona pretendió expropiar el suelo para convertirlo en público. Cuando la exministra de Medio Ambiente se dio cuenta de que la indemnización a los propietarios podía superar los 50 millones de euros, desistió de continuar con el procedimiento.
* El País - ARTUR BALAGUER Benidorm 12 MAR 2012
Foto: Las torres de Punta LLisera durante su construcción. / ROSA FUSTER
1 comentarios :
Vivan las trampas. Hasta ahora lo hecho, hecho quedaba, pero algun día vendrá que se obligue a derruir lo que se ha edificado de más. No sé de qué o quién dependerá pero algo tienen que hacer los jueces. Sobre todo si quieren que se les respete, tendrán que ganarse el respeto.
elpais
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