Con los nueve planes subregionales aprobados en estos últimos cuatro años, toda la franja litoral y las principales aglomeraciones urbanas de la comunidad autónoma tienen un instrumento de planificación con directrices para ordenar su crecimiento. Otros dos, los de Huelva y Jaén, están en su última fase de tramitación.
Desde el año 2000, cuando se aprobó el primero (Aglomeración Urbana de Granada), hay ya en vigor 17 Planes de Ordenación Territorial (POT) que afectan a 245 municipios. Estas localidades, pese a no representar ni la tercera parte del territorio (32%), concentran al 66% de la población andaluza, más de 5,5 millones de habitantes.
Los dos últimos planes en aprobarse han sido los del Sur de Córdoba y Campo de Gibraltar, pendientes aún de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Ambos pueden considerarse casos paradigmáticos de la evolución que ha experimentado la práctica de la ordenación del territorio en Andalucía. El del Campo de Gibraltar porque ha atravesado numerosas vicisitudes desde mayo de 1994. Fue el primer plan subregional en formularse; aunque luego el proceso se ha tenido que reiniciar en dos ocasiones más, la última en 2007. El plan del Sur de Córdoba es todo lo contrario. Apenas ha requerido dos años para completar todos los trámites, lo que, según la secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Gloria Vega, demuestra que el procedimiento de elaboración de los planes de ordenación no tiene por qué ser necesariamente largo.
Vega asegura que la consejería de Obras Públicas y Vivienda está muy satisfecha “porque se ha cumplido el objetivo y se ha cerrado una etapa de algo más de diez años en los que se ha conseguido un consenso político general sobre la importancia de la ordenación territorial, algo que ya es irreversible”. Recuerda que el proceso ha estado plagado de dificultades y que ha habido que aprender “sobre la marcha”, porque apenas había precedentes, y ahora mismo Andalucía es la comunidad que más ha avanzado en la ordenación.
Los POTs son instrumentos que establecen las directrices para un crecimiento armónico y ordenado en un ámbito determinado y sirven de marco de referencia para los municipios afectados. Estas localidades deben respetarlos en sus planes generales de ordenación urbana y tenerlos en cuenta en la coordinación de políticas sectoriales de las distintas administraciones, por ejemplo en materia de transportes, energía, o abastecimiento, ya que fijan las infraestructuras básicas necesarias, y localizan zonas estratégicas para el desarrollo.
Los POTs no califican suelo, pero si pueden determinar reservas de espacios para equipamientos estratégicos y de interés para todo el ámbito como parques, polígonos industriales, desarrollos turísticos, o equipamientos públicos educativos, sanitarios o de otro orden, o áreas recreativas. También establecen parámetros que los municipios deberán respetar en sus planes municipales concretos, y es que toda figura recogida en un plan subregional tiene que ser contemplada y desarrollada en la planificación urbanística que compete a los ayuntamientos.
Una de las notas destacadas de los POTs por ejemplo es que amplían hasta 200 metros el corredor litoral libre, de forma que multiplican por dos los 100 metros de servidumbre marítimo terrestre que establece la Ley de Costas sin posibilidad de ningún uso. Además, donde aún es posible, no permiten ningún uso residencial ni industrial en una franja de 500 metros desde la orilla del mar, de forma que solo serán permitidos equipamientos de uso público o de carácter turístico.
Precisamente uno de los elementos de dificultad para la ordenación territorial ha sido el conflicto de competencias planteado en algunos casos por municipios y resuelto hasta ahora con resoluciones judiciales que reconocen la competencia autonómica de la planificación de ámbito supramunicipal.
Conciliar los intereses localistas y partidistas no ha sido sencillo. La secretaria general reconoce que gran parte del atasco en la elaboración de los planes ha venido por el empeño de llegar a acuerdos. “Estos planes no tienen sentido si no reúnen un consenso, pero llegar al 100% es prácticamente imposible, y hemos atravesado momentos fáciles y otros más difíciles”.
Hay algunas cuestiones que son además objeto de especial discrepancia competencial, pero también ideológica o conceptual, de forma que hay cuestiones que se cierran y que son objeto de impugnación judicial por parte de algún ayuntamiento. Con todo, Vega insiste en que aunque son más sonados, “los conflictos son anecdóticos y aislados y por encima de todo ha habido mucho acuerdo”.
En los 12 años transcurridos desde la aprobación del primer plan se han atravesado varias etapas diferenciadas, condicionadas por la presión urbanística y las distintas expectativas de crecimiento y desarrollos residenciales y de actividad económica. Vega admite que ahora posiblemente haya que revisar cuestiones de algunos planes, pero que lo importante hasta ahora ha sido determinar la importancia de la ordenación y la práctica de los acuerdos.
Ahora, la Junta se propone iniciar un proceso de “armonización” de los planes y, por ejemplo, ya se ha iniciado la redacción de un segundo plan para el ámbito Bahía de Cádiz-Jerez.
* El País - DIEGO NARVÁEZ Málaga 1 ABR 2012
Foto: Vista aérea del litoral de Benalmádena (Málaga) / JULIÁN ROJAS
2 comentarios :
Lo de las directrices debe ser un cachondeo. Solo hay que ver la foto de Benalmádena del artículo para darse cuenta que las directrices o no se aplican o se aplican mal.
¡Qué vergüenza de costa andaluza!
Qué desastre de Planes Subregionales de las zonas de costa. Las urbanizaciones ilegales y las miles de viviendas sin licencia ni siquiera las han dibujado. ¡Magia, no existen! ¿Quién se va a creer nada de lo que hagan estos señores de la Junta?
elpais
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