En opinión de Cava de Llano, el urbanismo es una función pública, esté en manos de empresas particulares o de las administraciones.
La institución cita como una de las situaciones "más injustas" la de las urbanizaciones incompletas, que no tienen servicios básicos tales como el saneamiento y depuración de aguas.
Las investigaciones del Defensor muestran, según el boletín, que en "muchos casos" la denuncia de estas deficiencias, que persisten durante años, no bastan para que los ayuntamientos solucionen la situación y obliguen a cumplir sus compromisos al responsable, "generalmente una empresa urbanizadora que, a veces, ha dejado de existir".
Como ejemplo, indica la urbanización Esquinzo/Marabu, en Pájara (Fuerteventura), que vierte las aguas residuales al río, y así fue ya advertido por un técnico municipal en 2008.
El arquitecto del consistorio de este municipio fue requerido por la alcaldía hace dos años para que informara al respecto, "sin resultado", además sigue a la espera del dictamen del funcionario, al que, según el Defensor, volvió a requerir el pasado 24 de enero.
"Los municipios escudan su pasividad en la falta de medios económicos", afirma la institución, que destaca también el caso del Ayuntamiento de Cáceres porque lleva cerca de quince años de retraso en la elaboración del plan especial de protección arqueológica.
La oficina del Defensor "no comparte" que el consistorio cacereño señale a la crisis como la culpable de esta situación y "sospecha" que el motivo del retraso "es más bien el desinterés municipal en actuaciones poco rentables, electoral o económicamente".
* Expansión - EFE - 4.4.12
Foto: Sede Defensor del Pueblo (Madrid) - google
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