La Sección 4ªde la Audiencia de Tarragona ha citado a ambos como imputados por la causa que abrió en enero del 2008 y también están citados a declarar en los dos días que se prevé que dure la vista diversos políticos y funcionarios del consistorio.
El juicio intentará aclarar las circunstancias de la compra y la venta de una finca de 2.850 metros cuadrados (m²) de la familia Montagut, situada en la partida Emprius de Salou, en un zona que posteriormente se revalorizó urbanísticamente y que fue vendida cuando el actual concejal de urbanismo, Marc Montagut, no había accedido aún al cargo.
La familia Montagut decidió vender la finca y pidió al consistorio información sobre su calificación urbanística.
El terreno lo compró Esteve Ferran Gombau por 30.050 euros en septiembre de 1999, en agosto de 2000 se hizo pública la operación y la venta -a dos sociedades, Fran Tarragona y Chalets Nueva Catalunya- se llevó a cabo en octubre de 2004 por 506.445 euros, lo que dejó un beneficio de más de medio millón de euros.
En el momento de la venta, la familia Ferran -el padre fue alcalde de 1991 al 2007- estaba muy cuestionada por cuatro casos urbanísticos distintos y por haber constituido en 2003 la sociedad Casmar XXI, dedicada a la venta de productos para el deporte y las actividades inmobiliarias.
ERC pidió entonces la dimisión de Esteve Ferran Gombau por el caso y su padre le defendió asegurando que la compra la efectuó él mismo con la madre de los Montagut "por la necesidad que tenían de vender", según dijo en ese momento.
Esquerra acudió entonces a la Fiscalía con un dossier sobre las actividades de la familia Ferran.
En el 2007, el juzgado de Instrucción tenía que resolver la denuncia del Fiscal contra el exalcalde y su hijo como "presuntos autores de un delito de prevaricación, tráfico de influencias, de uso de información privilegiada y de un delito de aprovechamiento ilícito de información privilegiada".
"En el momento de la adquisición tenían pleno conocimiento de la existencia de la renovación del POUM y no así el vendedor, siendo que dicha partida afectaba a la finca adquirida, que iba a cambiar de uso, de equipamiento deportivo a residencial", afirmaba la Fiscalía, que en un año había reunido la documentación suficiente para imputar a Esteve Ferran y su hijo como presuntos autores de varios delitos que podrían suponer inhabilitación y penas de cárcel.
Así, la Fiscalía, además de la compraventa de esta finca, analizó la concesión de un solar para una residencia sociosanitaria donde el canon anual era muy bajo; la compra de unas fincas a raíz del desvío del barranco de Barenys por parte de sociedades de un primo del alcalde, y la rapidez con la que se concedieron licencias para edificar en el antiguo espacio de la discoteca Galas.
El juez archivó las diligencias contra el exalcalde y su hijo, pero la Audiencia de Tarragona reabrió el caso en 2010 al aceptar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía después de que el magistrado del juzgado de instrucción número 4 de Tarragona dictaminara en 2009 que "no existían indicios de que se hubiera perpetrado un delito de uso de información privilegiada".
La Audiencia consideró en 2010 que "sí existen indicios suficientes de responsabilidad criminal de los acusados".
* ABC - EFE - 25.4.12
Foto: Salou (Tarragona), vista - turismo
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