Fomento estudia una amnistía para miles de viviendas ilegales

ELPAÍS* : El Ministerio de Fomento estudia una amnistía que, de aprobarse así, afectaría a decenas de miles de viviendas ilegales. Se trata de eludir la demolición en edificaciones con sentencia firme en contra, siempre que haya un tercero de buena fe ocupando el inmueble. Así figura en un documento de reforma de la legislación urbanística enviado a comunidades y Ayuntamientos para alegaciones. Esto afectaría a decenas de miles de edificaciones (imposible saber el número) por toda España, pero principalmente en el litoral: Marbella, la costa cántabra, la Axarquía de Málaga, Almería... Fuentes del ministerio afirman que se trata solo de un “documento técnico sin respaldo político abierto a sugerencias”.

Fomento ha preparado un documento de 58 páginas “a favor de la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas”, en el que incluye cambios en la Ley del Suelo, la de Propiedad Horizontal, la de Economía Sostenible y un decreto ley de 2011 de racionalización del gasto público. El ministerio insiste en que queda un largo camino por delante, que muchas partes pueden sufrir cambios y que es un texto muy técnico, “sin respaldo político”, para recibir sugerencias y alegaciones.

El texto intenta facilitar la renovación y rehabilitación de viviendas, la salida natural para el sector de la construcción. El borrador destaca que “existe actualmente suelo capaz de acoger nuevos crecimientos urbanísticos para los próximos 45 años” mientras que “el stock de la ya construida, sin vender y vacía, está tan sobredimensionado”, que la construcción de vivienda nueva ha caído un 88%.

Entre reformas para facilitar la rehabilitación, figura un cambio en la Ley del Suelo de calado. Ahí, con una redacción algo críptica, señala que “será causa de imposibilidad legal de ejecutar una sentencia o acto administrativo firmes, en virtud de los cuales haya de demolerse una edificación, el hecho de que los propietarios de todo o parte de la misma hubieren adquirido su derecho” de acuerdo con el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, el que hace referencia a la inscripción en el registro de los terceros de buena fe.

Es decir, que quienes compraron casas en Marbella que luego fueron declaradas ilegales, si lo hicieron con todos los papeles municipales, no deberían temer el derribo. En muchos casos (el Puerto de Santa María, la Axarquía de Málaga, el interior de Almería o la costa cántabra), los Ayuntamientos dieron licencia a chalés y urbanizaciones en terreno rústico. Esas licencias fueron anuladas por los tribunales cuando las casas estaban ya vendidas e inscritas.

Un caso típico es el de la comarca de la Axarquía, en Málaga, donde puede haber unas 10.000 viviendas construidas sobre terreno rústico. Allí, los dueños parcelaban terrenos en los que solo estaba permitido una casa para los aperos de labranza y levantaban chalés con el visto bueno de los municipios. Con frecuencia eran vendidos a británicos que luego descubrían que eran ilegales.

Aunque se actuara por la vía penal contra los regidores que dieron licencias, ejecutar la demolición de las viviendas era mucho más complicado. En la costa de Cantabria también hay urbanizaciones enteras con sentencia de derribo y con cientos de propietarios que compraron con permiso.

El texto de Fomento añade que para beneficiarse de este cambio legal, las construcciones deberían cumplir cuatro condiciones. Las viviendas deben estar terminadas (no se aplica a obras aún en marcha). Además, la compraventa debe ser posterior al fin de la obra, de forma que no sea el promotor quien se beneficie de la amnistía, y no debe exceder la licencia o el plan urbanístico que fue declarado ilegal. Por último, no puede estar en dominio público (cauces de ríos o en primera línea de playa) ni de defensa y no suponer un riesgo para las personas.

La norma no afectaría a las casas construidas directamente sobre la playa, el dominio público marítimo-terrestre. Para las levantadas allí legalmente antes de la Ley de Costas, de 1988, el Ministerio de Medio Ambiente prepara una reforma de la Ley de Costas. Según ha anunciado a su Consejo Asesor, lo construido en terrenos degradados podrá desafectarse de forma sencilla. Ese es el trámite para convertir el dominio público en privado y afectaría a barrios enteros como El Palo, en Málaga.

La última memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo relata la dificultad para ejecutar las sentencias de demolición y cómo en algunas zonas hay un conflicto social por el tema. La Fiscalía de Cádiz resalta la existencia de “verdaderos grupos de presión para la regularización de viviendas ilegales, evitándose con ello las procedentes demoliciones”. “Los autores de construcciones ilegales constituidos en asociaciones se convierten en auténticos lobbies o grupos de poder que tratan de imponer la línea a seguir a los Ayuntamientos en el ejercicio de la disciplina urbanística [...] Tales grupos no solo exigen la legalización de sus edificaciones —muchas de ellas incursas en procedimientos penales— sino que, con base en su supuesta incapacidad de hacer frente a los gastos, tratan además de que todo lo que supone la ejecución de infraestructuras, dotaciones y servicios públicos [...] se financie con fondos públicos”.

En enero pasado, la Junta de Andalucía, del PSOE, aprobó un decreto que daba “reconocimiento jurídico” a entre 300.000 y 350.000 viviendas aisladas. “Son viviendas que no pueden ser demolidas ni legalizadas”, explicó la entonces consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz Villalón.

El documento de Fomento también plantea un cambio en la Ley de Propiedad Horizontal para favorecer la aprobación de ciertas obras en las comunidades de vecinos. Para instalar obras de telefonía o paneles solares, solo hará falta un tercio de los votos de los propietarios, frente a los tres quintos actuales. Para los postes de recarga de coches eléctricos en el aparcamiento bastará con notificarlo a la comunidad.


* El País - RAFAEL MÉNDEZ - 30 MAY 2012
Foto: Vista aérea de urbanizaciones levantadas en Marbella. / JULIÁN ROJAS

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Baleares.- El Parlament aprueba la reforma que abre la puerta a construir más en rústico

ÚLTIMAHORA* : El pleno del Parlament aprobará hoy, con los votos del PP, la ley de medidas urbanísticas urgentes que abre la puerta a un nuevo marco territorial y a la posibilidad de construir más en suelo rústico, que legaliza urbanizaciones fuera de ordenación y pone en marcha nuevas figuras territoriales. Para la oposición, algo que se niega desde el PP, esta ley permitirá reactivar proyectos que fueron paralizados en la época del anterior Ejecutivo.
La ley de medidas urbanísticas urgentes es una ley promovida desde la macroconselleria que dirige Biel Company, que el viernes anunció su incorporación al PP para ocupar un cargo en la dirección. «Esta ley es un asalto a la arquitectura territorial de Balears», dijo el portavoz adjunto del PSIB.

La era Matas
Más duro se mostró el diputado Antoni Alorda (PSM-IniciativaVerds-Entesa), que señaló que «volvemos a las normas de Jaume Matas y a las de su director general, Jaume Massot, que ahora está en la cárcel». Mabel Cabrer (PP) dijo que esta declaración es una muestra de «la demagogia» de la oposición.
La diputada popular Virtudes Marí explicó que se han aceptado algunas enmiendas de la oposición, como una del PSM para dar cobertura legal a los ayuntamientos para que puedan multar a los propietarios de los edificios que no quieran pasar inspecciones técnicas. «Los ayuntamientos no podían poner sanciones y todo quedaba en papel mojado y ahora se crea esta nueva infracción urbanística, que es un tema muy importante para mejorar la calidad del parque de viviendas», indicó Marí, que señaló que también han llegado a un acuerdo con el PSOE para que las cesiones en suelo urbano y urbanizable sean del 15% y para la simplificación de los trámites en la delimitación de ámbitos de actuación. Asimismo, se ha pactado otra enmienda con el PSM sobre las competencias de tramitación de los expedientes de disciplina urbanística.


* Última Hora - T.B./C.R. | Eivissa | 28/05/2012
Foto: Palma, parlamento balear fachada - fotonoticia

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Sevilla.- Vecinos del Prado reclaman al TSJA que el fallo de la biblioteca se cumpla "en sus justos términos"

ELCORREOWEB* : La representación jurídica de la comunidad de vecinos del número 9 de la calle Diego de Riaño, promotora del recurso que ha derivado en la sentencia del Tribunal Supremo que tumba la ubicación de la biblioteca de la Universidad de Sevilla en los Jardines del Prado de San Sebastián, ha comunicado formalmente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la pretensión vecinal de que el fallo se cumpla "en sus justos términos y sin más demora".
Así lo han explicado a Europa Press fuentes del caso, que han añadido que debe ser ahora la Sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal, que ya dio una prórroga para que Universidad y vecinos de la zona alcanzaran un acuerdo consensuado sobre qué hacer con lo ya construido, la que se pronuncie sobre qué hacer al respecto.

Pedir el cumplimiento de la resolución fue el punto acordado por unanimidad por los residentes tras reunirse éstos en Junta, según indicó a Europa Press el presidente de la comunidad, José Cubiles, que ha señalado que los vecinos entienden que la sentencia del TSJA, confirmada por el Supremo y reiterada en los ocho recursos restantes, "constituye jurisprudencia, formando parte del ordenamiento jurídico según la ley, y debe ser respetada, acatada y cumplida por todo el mundo, más aún por la demandada, la Universidad de Sevilla , y sus rectores, que al parecer, y desgraciadamente, no están por esa labor".

La comunidad de vecinos asegura lamentar "el costo producido al erario público" por la obra ejecutada y la "demora" en "el derribo de lo ilegalmente construido y el restablecimiento de la situación anterior". Al respecto, su presidente alude a "las excusas y maniobras evasivas" y a los recursos que "previsiblemente" incoará la demandada, si bien aduce que la responsabilidad de todo ello debe recaer "exclusivamente" en los que adoptaron y consintieron los acuerdos de edificación "que han sido declarados nulos y contrarios a derecho".

Según ya confirmaron a Europa Press fuentes de la US, el equipo jurídico de la institución académica y los representantes de los vecinos han estado manteniendo reuniones estos días con la intención de llegar a algún acuerdo que "no desaproveche" la inversión realizada en la zona por la Hispalense, cuantificada en "unos seis millones de euros" entre el diseño del proyecto encargado a la arquitecta Zaha Hadid y la puesta en marcha de las obras.

Esta posible solución consensuada con los vecinos no podía ir en ningún caso en contra del espíritu de la sentencia del Alto Tribunal que establece que no se puede construir la biblioteca en este lugar.

Hasta la fecha, una de las posibles reutilizaciones de lo edificado que se ha puesto sobre la mesa es el uso como parking subterráneo, algo que no ha contado con el visto bueno de la comunidad de vecinos, que sólo quiere que los Jardines del Prado vuelvan a su estado original como zona verde.


* El Correo de Andalucía - EP - 29.5.12
Foto: Sevilla, obras paralizadas biblioteca el Prado (archivo) - elpais

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Citan como imputado al alcalde de Murcia en una investigación de corrupción urbanística

EFE* : El titular del Juzgado de Instrucción nº8 de Murcia, David Castillejos, ha citado al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, para que preste declaración el próximo 15 de junio como imputado en un procedimiento que se sigue en relación a los convenios urbanísticos de la zona Norte de la ciudad.
Según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, la toma de declaración del alcalde Cámara se ha fijado para las 10 horas de ese día. Este juzgado investiga desde octubre de 2010 una presunta trama de corrupción urbanística en Murcia conocida como operación Umbra que comenzó con el registro de la sede de la Gerencia de Urbanismo de Murcia y de otras dependencias oficiales y privadas. Según fuentes judiciales, la imputación de Cámara se ha acordado a instancias del fiscal, que considera necesaria su declaración como firmante de los convenios urbanísticos investigados.

Cámara firmó el 7 de octubre de 2010 un decreto para la personación del Ayuntamiento en las diligencias que afectan a la Gerencia de Urbanismo, cuyo entonces concejal, Fernando Berberena, y director, Alberto Guerra, estaban imputados.

El 22 de diciembre de 2010 el juzgado acordó la devolución de la fianza de 60.000 euros exigida al gerente de Urbanismo del ayuntamiento de la capital e imputado, Alberto Guerra, y a principios de ese mes también la devolvió a otro imputado, el profesor Higinio Pérez.

La resolución judicial incluía también el levantamiento de todas las demás medidas cautelares adoptadas en su día contra Guerra, entre ellas, la obligación de personarse periódicamente en el Juzgado y la prohibición de salir del territorio nacional si no contaba con la preceptiva autorización del juez. El Plan General de Ordenación Urbana de Murcia de 2005 permitía a las empresas que querían un aumento de la edificabilidad obtener las plusvalías a cambio de una contraprestación al Ayuntamiento, y seis de esos convenios son los que han sido investigados.


* 20 Minutos - EFE - 29.5.12
Foto: Murcia, ayuntamiento - wikipedia.org

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Quieren hacer 350 viviendas y 1400 plazas de hotel en el paraíso de Valdevaqueros en Tarifa

PERIODISMOHUMANO/Cádiz* : La paradisíaca zona de la playa de Valdevaqueros en Tarifa pasará a ser el objeto del Plan Parcial SL1 que podrá ser aprobado hoy martes 29 y que permitirá la construción de 1.400 plazas hoteleras y 350 viviendas en este territorio prácticamente virgen de grandes aglomeraciones urbanísticas y bien conocido por los aficionados al windsurf.
El espacio de 700.000 m. cuadrados se encuentra entre el Parque Natural del Estrecho y el Parque de Los Alcornocales y sería urbanizado bajo la coordinación de Juan Muñoz, marido de Ana Rosa Quintana.
Actualización 21h, 29 de Mayo.
A pesar de todas las peticiones y la rápida movilización de miles de ciudadanos en las redes el proyecto ha sido aprobado. Jose Carlos Luque informa del resultado de la votación sobre la urbanización de Valdevaqueros: PP, PSOE, PA han votado a favor. Abstención de ULT y el único voto en contra de IU.

Según el diario Europa Sur, “el Plan Parcial Sector Litoral 1 Valdevaqueros será llevado al pleno previsto hoy martes. Son más de 700.000 metros cuadrados con una edificabilidad de 84.000 metros cuadrados, dentro de los cuáles se prevén 350 viviendas y un total de 1.423 plazas hoteleras. “Propiciará que en Valdevaqueros se habilite una zona de servicios turísticos que significará en los próximos años reiniciar el desarrollo urbanístico, mejorar y ampliar la infraestructura turística y la reactivación de todo un sector con la consecuente creación de empleo”, dijo el equipo de gobierno del PP”.

Equo rechaza la urbanización de Valdevaqueros, playa virgen de alto valor ecológico.

Según la web oficial del Ayuntamiento de Tarifa: “La Junta de Compensación de Valdevaqueros, representada por el famoso arquitecto Juan Muñoz, ligado a la popular presentadora de televisión y editora, Ana Rosa Quintana, será ahora la encargada de promover y desarrollar un proyecto urbanístico apropiado”.

Regulada en la Ley del Suelo de 1976 , la Junta de Compensación es una entidad urbanística colaboradora, con personalidad jurídica propia que asume la ejecución de la urbanización.

Según informó en 2009 el Diario de Sevilla: El juez lleva al banquillo a 15 implicados por presunta corrupción en Alhendín. El ex alcalde del PP, tres concejales, una decena de empresarios y un técnico son acusados de delitos urbanísticos “groseros de ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa”. Una decena de empresarios también son imputados: Juan Leocadio Muñoz -marido de la comunicadora Ana Rosa Quintana-, Fernando Muñoz, el padre de ambos, Fernando Muñoz Noguera y otros. (…) Según el juez instructor, el que fuera concejal de Urbanismo “concertó con Fernando y Juan Leocadio Muñoz” el concurso en el que se adjudicarían las obras a las que presentaba Tarje, la empresa de ambos, también señalados en otro caso de presunta corrupción en San Roque, Cádiz en 2006.

Según informó en 2009 el Diario de Cádiz: ”la empresa Chival del Grupo Tarje, reflotará el histórico proyecto para construir en la playa de El Palmar -Vejer- dos apartahoteles con más de 1.300 plazas .(…) Juan Leocadio Muñoz, marido de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana está al frente del Grupo Tarje“. El proyecto de El Palmar se paralizó tras una fuerte campaña de oposición de miles de personas.

El Ayuntamiento de Tarifa está gobernado por una coalición entre el Partido Popular y el Partido Andalucista. La Corporación Municipal está integrada por 17 concejales, lo que convierte la mayoría absoluta en nueve. El Equipo de gobierno está formado por siete concejales del Partido Popular y dos del Partido Andalucista. El actual alcalde de Tarifa fue candidato por 4 partidos: PA, IU, TAIP y PP. Y Alcalde con tres de ellos.

Según el grupo en Facebook, Salvemos Valdevaqueros (Tarifa):
Ayer ”tarde hubo reunión con la oposición (decepcionante); al parecer no está confirmado al 100% pero lo más probable es que tod@s voten el SI. Asistió un miembro del PSOE, un miembro de Unión Liberal Tarifa. Con excepción de Izquierda Unida (que tampoco nos dieron seguridad, lo que decida el partido).

Este plan parcial será aprobado (hoy) martes 29. La información que tenemos a esta hora de la tarde, tras la reunión y diversas conversaciones con Asociaciones Ecologistas, prensa, Partidos... son: Los 700.000 metros cuadrados, es decir, 70 hectáreas (equivalente 70 campos de fútbol) quedan fuera del Parque del Estrecho y del Parque de Los Alcornocales (pero justo en medio) y frente al Parque del Estrecho, los separa la carretera e intentan vendernos que no generará impacto….

Pero a tan sólo 5 metros (espacio aproximado de la carretera), lo cuál creará impacto sí o sí. Por otro lado, el estudio de impacto que hay es obsoleto y del año 90 (cuando en el año 2000 se entró en Red Natura 2000) y la concesión como Parque del Estrecho es desde 2003. Obsoleto desde hace 17 años y prescrito (caduca a los 5 años).

No hay prospecciones arqueológicas en la zona. Toca 7 puntos de interés comunitario por Red Natura 2000 (este concepto es creado por la UE para dar protección a especies en peligro de extinción).

Todo se traduce a que darán un SÍ, con distintas excusas que dependen de lo que digan en las reuniones del partido…. bla bla bla y esto, con total naturalidad. (…)

Ahora lo importante es vernos a las 7.00 de la tarde en la plaza del ayuntamiento de Tarifa con camisetas con el texto SALVEMOS VALDEVAQUEROS (aunque sea escrito con rotuladores tipo edding) y a las 8.00 será el pleno en el que aprobarán este plan parcial con total normalidad, a nadie le irrita que sean 700.000 metros cuadrados de ladrillo???

No obstante, para la semana que viene empezaremos a colgar modelos de denuncias para aquellos que quieran sumarse a la denuncia colectiva que llegará tanto a UE (Bruselas), como a UNESCO (Límite de Reserva de la Biosfera) así como a Fiscalía Anticorrupción.

Por otro lado, habrá quién piense que es una buena oportunidad para conseguir trabajo tal y como están las cosas, pero, actualmente las promociones que se están construyendo en Tarifa, de que tiran o de que tiraron? de mano de obra barata traída de fuera que llegaban en autobuses”.


* Periodismo Humano - 29.05.12
Foto: Tarifa (Cádiz), salvemos Valdevaqueros

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Valencia.- FGV dio contratos por 2,7 millones a una empresa que investiga la fiscalía

LEVANTE* : Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) adjudicó por el procedimiento negociado sin publicidad, coloquialmente conocido como a dedo, contratos por valor de 2,7 millones de euros a Med Seguridad SA y su filial Med AGC Servicios SL. Ésta empresa es una de las dos mercantiles que la Fiscalía de Valencia investiga por el supuesto amaño de contratos que habría realizado la gerente de FGV, Marisa Gracia, para beneficiar, presuntamente, tanto a Med Seguridad SA como a la mercantil Prosegur.
La información detallada de los contratos adjudicados a dedo a Med Seguridad SA la ha conseguido el diputado del PSPV y portavoz de Infraestructuras, Francesc Signes, quien presentó una bateria de preguntas a la Conselleria de Hacienda para conocer las adjudicaciones conseguidas por una de las mercantiles a la que investiga la fiscalía.

La sorpresa ha sido comprobar que la misma empresa también ha sido contratada por el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) desde 2003, cuando la gerencia estaba ocupada por Marisa Gracia, así como por el Gestor de Transportes y Puertos (GTP), que depende de la Conselleria de Infraestructuras. Precisamente de este ente gestor depende la contratación de la vigilancia del circuito de Fórmula 1 de Valencia, que también se adjudicó a Med Seguridad SA en 2008, 2009 y 2011. Los otros contratos adjudicados por GTP a Med Seguridad se refieren a la vigilancia de estaciones en el TRAM de Alicante, que también explota FGV.

Otros departamentos de la Generalitat también han contratado los servicios de Med Seguridad SA para la vigilancia de dependencias de las «conselleries» de Bienestar Social, Agricultura, Sanidad y el Consell Valencià de Cultura por un valor total de 5,6 millones de euros, como mínimo. La cifra podría ser mucho más voluminosa ya que en las respuestas facilitadas al diputado Francesc Signes, la Conselleria de Hacienda no aclara cuánto se ha pagado a esta empresa por la vigilancia del circuito, contratada a través de GTP. Se limita a informar de que se abonaba una tarifa de 18,52 euros por hora y por vigilante en 2008 y 2009 y otros 19,94 euros euros por hora y por vigilante en 2011. El diputado Signes ya ha exigido una aclaración complementaria de la información «sesgada», denuncia el diputado, que Hacienda ha facilitado en estas respuestas.

La cantidad de 5,6 millones tampoco incluye los contratos de vigilancia en Metrovalencia y el TRAM de Alicante, a 849.000 y 998.000 euros, que FGV adjudicó en 2007 a Med Seguridad y que fueron rescindidos el pasado mes de marzo porque FGV se retrasaba en los pagos y la mercantil presentó su renuncia alengado que «no podía continuar prestando el servicio».

Fuentes del sector de la vigilancia consultadas por Levante-EMV se sorprenden del éxito de Med Seguridad en toda esta batería de concursos, ya que está considerada como una empresa de tamaño «pequeño-media» en este mundo.

Un éxito sorpresivo y varias "coincidencias"
El diputado del PSPV y portavoz de Infraestructuras, Francesc Signes, se sorprende del «éxito» conseguido por las empresas del Grupo MED que han conseguido entre 2003 y 2011 contratos públicos por un importe muy superior a los 6 millones de euros por trabajos de todo tipo: en seguridad y vigilancia privada, información y limpieza de edificios. E incide en dos coincidencias. «El inicio de las relaciones contractuales de dicha empresa con el GTP, gestor del circuito, coincide con la llegada a la dirección general del Circuito del Motor y Promoción deportiva de Julio García, hermano del ex director de RTVV, Pedro García». Y también resulta «curioso» para Signes que «coincida el enorme desembarco del grupo Med con la llegada de Mario Flores a la Conselleria de Infraestructuras».


* Levante - LAURA BALLESTER - 28.5.12
Foto: Valencia, ferrocarrils - lainformacion

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Una sentencia en firme anula la licencia de un edificio habitado en Boiro

LAVOZ/A Coruña* : Una vez más, el urbanismo boirense está en el punto de mira después de hacerse pública una nueva sentencia judicial. En este caso, el fallo, que es firme, anula la reorganización de las fincas sobre las que se levantó un edificio que hoy está habitado, así como la licencia para su construcción, en la avenida de Barraña. El litigio en torno a este asunto se inició pocos meses después de que el gobierno municipal concediese el permiso para la actuación, en el año 2007, y concluyó el pasado mes de marzo con la notificación de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Este último fallo judicial, contra el que no cabe recurso alguno, desestima las alegaciones presentadas tanto por el Concello de Boiro como por la empresa promotora contra una resolución anterior dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Santiago.

Esa primera sentencia daba la razón a los propietarios que interpusieron el recurso y anulaba los acuerdos de la junta de gobierno local presidida por Xosé Deira en los que se aprobaba el expediente de reorganización de fincas en suelo urbano consolidado y se concedía la licencia urbanística para levantar un inmueble de cuatro plantas en el cruce entre la avenida de Barraña y la calle número 5. Entre las peticiones formuladas en el recurso de apelación, se solicitaba que se declarase «inadmisible o desestimable» el contencioso-administrativo interpuesto, algo que el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rechaza, aunque difiere en algunos de los razonamientos recogidos en la primera sentencia.
Defectos de procedimiento
Por ejemplo, se alude a los defectos de procedimiento en el expediente de reorganización de las fincas en las que se construyó el edificio que esgrimieron los demandantes, y se desestiman uno a uno utilizando distintos argumentos. Sin embargo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sí les da la razón en un asunto primordial que tiene que ver con la «compra forzosa» o «adsorción por compra» de una parte de los terrenos del solar. Y es que, según se recoge en la sentencia, «la solución adoptada en el proyecto de normalización aprobado respecto de la parcela 3 no es conforme a derecho» y, en consecuencia, se confirman los «pronunciamientos anulatorios» recogidos en la primera sentencia, dictada en diciembre del año 2010, «con la consiguiente desestimación del recurso de apelación».


* La Voz de Galicia - MARTA GÓMEZ - 27.5.12
Foto: El edificio está situado en la avenida de Barraña. SIMÓN BALVÍS

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Ibi.- El mecano de la corrupción

ELPAÍS/Alicante* : El Gobierno del PP del municipio juguetero de Ibi (24.000 habitantes) ha escalado hasta la cima de la negra estadística en la provincia de Alicante por supuesta corrupción. En tres años, otros tantos miembros del Ejecutivo local, liderado por la también diputada autonómica Maite Parra, han dimitido tras ser acusados, entre otros delitos, de malversación, cohecho y blanqueo de capitales y prevaricación.
Cada uno de los exediles es la punta de lanza de otras tantas piezas de un mecano de corrupción que los dos juzgados de la localidad tratan de desentrañar. La base de las tres supuestas tramas corruptas es el pago de comisiones a cambio de contratas, obras y planes urbanísticos.

La cainita disputa entre los dos antiguos sectores del PP alicantino, ripollistas y campistas, está en el origen de la investigación. En pleno pulso entre ambos sectores, la alcaldesa expulsó a principios de 2009 del Grupo Popular a la edil ripollista Felicidad Peñalver.

La reacción de Peñalver fue una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos, supuestos tratos de favor a familiares e incrementos desmesurados patrimonio de sus excompañeros. La denuncia de Peñalver situó en el ojo del huracán a la alcaldesa y su hombre fuerte y presidente local del PP, Miguel Ángel Agüera. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibi abrió en 2010 una causa que dos años más tarde aún es secreta.

La cainita disputa entre los dos antiguos sectores del PP alicantino, ripollistas y campistas, está en el origen de la investigación. En pleno pulso entre ambos sectores, la alcaldesa expulsó a principios de 2009 del Grupo Popular a la edil ripollista Felicidad Peñalver.

La reacción de Peñalver fue una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos, supuestos tratos de favor a familiares e incrementos desmesurados patrimonio de sus excompañeros. La denuncia de Peñalver situó en el ojo del huracán a la alcaldesa y su hombre fuerte y presidente local del PP, Miguel Ángel Agüera. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibi abrió en 2010 una causa que dos años más tarde aún es secreta.

Además, de estas tres causas principales, en los dos juzgados de Ibi hay más denuncias (de particulares y de políticos) sobre supuestas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de Ibi. El lapso de tiempo que los jueces están investigando abarca desde 2003 hasta 2010. En ese periodo el Ayuntamiento ha estado en manos de PP, bien en minoría, como en la actualidad, o con mayoría absoluta, entre 2007 y 2011.

Y en ese período el Consistorio ha puesto sobre el tapete tres grandes obras, dos grandes contratas y un macroplan urbanístico. Y en la mayoría de los casos con importantes desvíos sobre el presupuesto inicial.

El mayor programa urbanístico ha sido el PAI del Alamí. El plan, que prevía 1.200 casas, se adjudicó en 2004 a la firma La Generala, la oferta más cara, por 17 millones. Esta empresa se comprometió a construir un pabellón y un vial. Ocho años más tarde, la zona del PAI, 350.000 metros cuadrados, es un erial, y ni hay pabellón ni vial. La adjudicación del PAI motivó la primera denuncia en los tribunales a cargo del promotor local José Gimeno por una supuesta estafa de 12 millones de euros contra la mercantil La Generala.

Una de las obras más importantes ha sido la piscina climatizada, que adjudicó el PSPV en 2002 por 1,8 millones a la firma Electrosur. En 2003, el PP revocó la adjudicación y se la dio a la mercantil Intersa-Levante, por 2,5 millones. La obra ha acabado costando 3,1 millones. Además, la reforma del Teatro Río, adjudicado a la firma Intersa-Levante por 3,9, al final ha costado nueve millones, y el coste del palacio de justicia se elevó de 1,3 a 1,7 millones.

Las dos grandes contratas son la del agua, a la firma Aquagest, por 25 años y un canon de 1,1 millones de euros, y la limpieza y recogida de la basura, pendiente de adjudicar. Hasta ahora estas dos concesiones iban por separado: la primera, en manos de FCC y la segunda, de Urbaser. El nuevo contrato ha salido por 36 millones y 18 años. La mesa de contratación lo adjudicó a la firma Secopsa-Utesa, pero está pendiente de un informe de la junta consultiva de la Generalitat.


* El País - SANTIAGO NAVARRO Alicante 27 MAY 2012
Foto: Ibi (Alicante) - cult.gva.es

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Pioz.- El pueblo que lo debe todo

ELPAÍS/Guadalajara* : Las masas de adosados, unos de color beis claro, otros de ladrillo rojo, escoltan, en la distancia, la silueta casi intacta del castillo del siglo XV. Las glorietas de acceso a Pioz, a unos 55 kilómetros al noreste de Madrid, están marcadas con señales de alerta: cruce peligroso, acceso a urbanizaciones. Por todas partes asoman conjuntos de casitas nuevas construidas en el furor del boom del ladrillo. Trascastillo, El Bosque del Henares, Valcastillo, Las Suertes, Montealto, La Arboleda, Los Charquillos, Madrebuena. Algunas semivacías. Nada diferente de lo que puede verse en otros muchos puntos de España. Lo único especial de Pioz es que pasa por ser el pueblo más endeudado del país. Según su alcaldesa, Amelia Rodríguez, del PP, la deuda del municipio, que tiene un presupuesto de dos millones de euros, asciende nada menos que a 16 millones.

En medio de la vorágine diaria de la crisis, Pioz es un ejemplo a pequeña escala del fracaso del modelo de desarrollo que ha imperado en las últimas décadas en España. Un pueblo que a mediados de los años noventa no llegaba a los 1.000 vecinos invirtió millones para convertirse en una ciudad dormitorio de 25.000 habitantes. Las expectativas no se cumplieron y hoy Pioz tiene 3.800 empadronados y un agujero en las finanzas colosales.

Pero ser señalados como los más endeudados por su propia regidora no ha gustado mucho a la mayoría de los vecinos de toda la vida. Y más de uno se pregunta por qué fue tan diligente Amelia Rodríguez al identificar a Pioz como la localidad que tardará 7.058 años en saldar su deuda (tras acogerse al plan de pago a proveedores), a la que aludió hace unos días el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. Sobre todo porque Beteta habló de un pueblo de Guadalajara, pero se cuidó muy mucho de dar nombres.

“Yo tampoco dije que fuera este Ayuntamiento. Solo que podría ser”, aclara la alcaldesa de Pioz, que recibe a la periodista muy seria porque se declara “harta de entrevistas” y muy ocupada. Amelia Rodríguez, de 45 años, pelo corto muy negro, viste pantalones oscuros y blusa rosa, y parece muy consciente del revuelo que ha levantado con su denuncia. “Estoy de acuerdo en que no es bueno para el pueblo, pero ¿qué hago?, ¿me callo?”. No parece ese el estilo de Rodríguez, con más de dos décadas en la política municipal, que en julio de 2011, poco después de hacerse cargo de la alcaldía, envió circulares a todas las Administraciones explicando la desesperada situación de las finanzas locales.

“Ahí están las facturas”, dice señalando un montón de carpetas blancas apiladas en una estantería de su despacho. Deudas de centenares de miles de euros por suministros y mantenimiento, por alumbrado público, asesoramiento urbanístico, limpieza de escuelas o pagos pendientes de la piscina municipal. De esta última, según Rodríguez, se abonaron solo 300.000 euros, y la factura con los intereses supera ampliamente el millón. Ante esta situación, “este año he tenido que suprimir los toros, porque tenía que elegir entre las fiestas o la calefacción de los colegios en invierno”, afirma la regidora, que insiste en que su denuncia no es política. “No se trata de si gobernó el PSOE o el PP. Se trata de tener dos dedos de frente”, añade en clara alusión a Emilio Rincón, su antecesor en el cargo.

Rincón, concejal por el Partido Regionalista de Guadalajara en 1999, ha sido alcalde hasta las últimas elecciones de 2011, primero con una agrupación independiente, luego con el PSOE, y defiende apasionadamente su gestión contra las “mentiras” de su sucesora. Para empezar, reduce la deuda a la mitad. “En el plan de ajustes que se aprobó en el pleno se habló de 5,4 millones de euros, que equivaldrían al 80% de la deuda, es decir, unos 8 millones de euros, nada de 16 millones”. El exalcalde, que trabajó en la construcción y ahora está en paro, es uno de los dos concejales socialistas de Pioz después de la escisión del partido y la creación de Ciudadanos por el Cambio (CuC), que obtuvo cuatro ediles y que ha hecho frente común con él en este tema. “La alcaldesa habla de facturas, pero no las enseña. Llevamos un año pidiendo hablar con la interventora y no lo hemos conseguido”, cuenta por teléfono Vladimiro Pastor, portavoz de CuC en el Ayuntamiento.

Buena parte de la deuda del pueblo procede de la depuradora de agua, que fue construida tras la aprobación del plan de urbanismo de 2003 y cuya factura, en torno a los 5,5 millones de euros, estuvo a punto de asumir el Gobierno regional saliente. ¿Por qué no se hizo por fases? Eran tiempos pletóricos para la construcción. Desde finales de los noventa, “se doblaba el padrón cada tres o cuatro años”, dice Pastor. Y la Corporación se frotaba las manos. “Pensamos en construir unas 7.000 viviendas con el objetivo de llegar a los 25.000 habitantes”, explica Rincón, de 49 años, en el bar Los Cazadores, que atiende un familiar. “Venía gente de Madrid y del Corredor del Henares a comprar pisos aquí. Al menos podríamos haber llegado a 10.000 empadronados”.

Urbanismo exigió un plan de infraestructuras: depuradora, colectores de aguas fecales, alumbrado. “Una inversión de 12 millones de euros, de los que se pagaron 8 millones”, asegura Rincón. Y llegaron también la piscina, el centro cultural, el centro médico, imprescindibles en una ciudad dormitorio de 25.000 almas. Pero en el verano de 2007 el viento cambió bruscamente. “Las promotoras paralizaron las obras en cuanto vieron que no vendían la primera fase”, recuerda el exalcalde, y todos los proyectos se desinflaron.

“Ya, pero el pueblo se ha beneficiado de todo eso. De la piscina, y del centro de salud, que antes era una cuadra, y del centro cultural, que tiene biblioteca y un salón de actos muy majo”. El que habla, Emilio Varela, dueño de una céntrica panadería y vecino de una de las despobladas urbanizaciones de Pioz, se declara consternado por toda la polémica. Aunque la biblioteca lleva meses cerrada porque la bibliotecaria está de baja, y el flamante centro médico solo abre por las mañanas. Para las urgencias hay que ir a la vecina Chiloeches. Pero ahí está la actividad del centro cultural Cervantes, que ha servido, dice Varela, de aglutinante social en un pueblo donde la mayoría de los habitantes vienen de fuera. Aunque no sean los soñados 25.000, sino una pequeña fracción sobre la que planea la deuda.


* El País - Lola Galán 25 MAY 2012
Foto: Un conjunto de viviendas adosadas en Pioz (Guadalajara). / GORKA LEJARCEGI

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¿Para quién son las ciudades?

PILAR VEGA* : La gente se ve obligada a recorrer largas distancias entre el origen y el destino de sus viajes; trayectos de 20, 30, e incluso cien kilómetros de ida, y otros tantos de vuelta, son habituales. Afrontar estos desplazamientos mediante la movilidad no motorizada es una tarea imposible. Las actuales relaciones urbanas son el producto de un pasado urbanístico en el que se idearon las ciudades de espaldas al movimiento vertical de la naturaleza. Los urbanistas redactaron en 1933 la Carta de Atenas, que recogía los principios que regirían la ordenación territorial a partir de ese momento. Un modelo al servicio de la naciente industria del automóvil, para la producción a gran escala, en el que el objetivo era lograr una mayor eficacia a favor de los beneficios del capital. Un solo espacio para un solo tiempo.

Aquellas ideas determinaron la separación estricta entre áreas residenciales, comerciales y productivas, que quedaban conectadas por redes jerarquizadas de transporte. Las ciudades españolas, aunque tarde, también incorporarían estos principios, con lo que contribuyeron a zonificar y colonizar el territorio, al tiempo que destruían un rico patrimonio arquitectónico y urbanístico. Esta nueva ordenación trajo consigo grandes distancias en la localización de las actividades y de las funciones urbanas, y complicó la movilidad hasta el punto de hacer imposibles los desplazamientos no motorizados.

A finales de los ‘90 y comienzos del siglo XXI, la posibilidad de que las nuevas tecnologías pudieran sustituir el transporte por información, desdibujaba las agresiones ambientales que un nuevo modelo de redes iba construyendo. Se trataba de ganar tiempo en un territorio ampliado, de sustituir el desplazamiento físico por la instantaneidad en los intercambios que ofrecían las nuevas comunicaciones.

Los habitantes de este territorio cada vez más alejado y disperso imaginaban su vida en la naturaleza; un entorno tan alejado del centro urbano, en el que caminar y pedalear difícilmente podrían ser útiles para comunicar orígenes y destinos suburbiales. La expectación sobre las posibilidades que las nuevas tecnologías abrirían en la gestión de la movilidad, al evitar viajes y reducir el tiempo global destinado al desplazamiento, han quedado completamente defraudadas. Puede incluso afirmarse que este cambio tecnológico ha tenido resultados negativos, al permitir la aparición de nuevos viajes, antes impensables y a mayor distancia.

La necesaria lentitud

El modelo territorial, productivo y cultural ha obligado a incrementar el parque automovilístico para poder realizar los desplazamientos cotidianos. El vehículo privado ha hecho posible vivir cada vez más lejos, pero a cambio de un mayor consumo de tiempo y energía en desplazamientos interminables. En los últimos 50 años se ha pasado de un modelo de cercanía con un millón de vehículos (1960), a un modelo de lejanía donde son necesarios 31.086.035 vehículos (2010) para atender las necesidades de transporte. Esto ha obligado a que más de 25 millones de personas se conviertan en conductores para poder desplazarse a cualquier sitio.

Como resultado se ha producido un fuerte impacto ambiental y territorial que ha destruido el paisaje de nuestras ciudades, ha incrementado el número de kilómetros recorridos y, con ello, la cantidad de energía consumida para satisfacer estos desplazamientos. Pero también ha supuesto un impacto social porque el modelo no es igual para el conjunto de la ciudadanía. Son muchos los colectivos que se ven marginados por la rapidez, el despilfarro económico, la polución y los recursos que demanda este modelo de movilidad. Las personas con discapacidad, los menores, las personas mayores o aquéllas que no tienen recursos económicos son objeto de una evidente discriminación.

Ante esta degradación del paisaje urbano, que es devorado por la aceleración, la velocidad y las prisas, es urgente crear un espacio para la lentitud, una forma de humanizar las relaciones urbanas. Las ciudades lentas requieren la vuelta a la urbe tradicional mediterránea, compacta, que invita a las personas a vivir de otro modo. Esta propuesta permitiría reconquistar espacios de reflexión y tranquilidad, ausentes en la sociedad suburbial actual. Es imprescindible encontrar tiempo para vivir y ampliar los espacios para la lentitud.


* Geógrafa y urbanista

* Diagonal - Opinión - 18.5.12
Foto: David Fernández

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Búsqueda internacional de la red de blanqueo de Casares

ABC/Málaga* : Los investigadores de la «operación Majestic» han solicitado una orden de búsqueda y detención internacional contra Robert Gaspar y Robert Mani, los dos presuntos cerebros de la trama de blanqueo de capitales de dinero de la mafia rusa desmantelada en el municipio malagueño de Casares y que hasta este el momento se ha saldado con la detención de siete personas, entre las que se encuentra el exalcalde, y la imputación de al menos tres más.
Estos dos individuos, que forman parte de un buen número de sociedades y que operan en la Costa del Sol en negocios tan diversos que van desde la construcción a las carreras de caballos, se encontraban fuera del país cuando se llevó a cabo la operación y todo hace indicar que han sido alertados para que no regresen.

Inicialmente se sitúa el paradero de ambos en Filipinas y que se están haciendo gestiones para que sean localizados y arrestados. Para ello se ha solicitado al titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepona, que instruye la causa, una orden de búsqueda y captura internacional contra Robert Mani y Robert Gaspar. Éste último está considerado el hombre fuerte en la Costa del Sol de Ricardo Fanchini, uno de los mayores traficantes de droga y blanqueo de dinero que está encarcelado en Estados Unidos. Mientras que el primero es un oscuro personaje con muchos intereses en la zona.

La investigación va implicando a más personas en el entramado. Las citadas fuentes explicaron que en listado de siete detenidos se encuentran una ciudadana alemana y otra natural de Johannesburgo acusadas de blanqueo de capitales.

Una de ellas fue interceptada en La Línea de la Concepción después de aterrizar en Gibraltar en un vuelo procedente de Londres. La surafricana fue capturada en el aeródromo de la capital malagueña cuando regresaba de Suiza. A estas dos mujeres se unieron en las últimas horas el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Casares, Pedro González, y el abogado y exconsultor municipal, Rafael Duarte, que quedaron posteriormente en libertad con cargos por prevaricación. Duarte también se encuentra imputado en el «caso Astapa».


* ABC - PABLO D. ALMOGUERA - 18.5.12
Foto: Casares (Málaga), urbanizaciones costa - EFE

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La adicción española por infraestructuras de transportes

PACO SEGURA/ECOLOGISTASENACCIÓN* : Tenemos adicción a las grandes infraestructuras de transporte. Durante años nos han venido repitiendo que teníamos un gran déficit de infraestructuras en relación a los países de nuestro entorno, y de pronto nos encontramos con que somos el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas, con más kilómetros de alta velocidad ferroviaria y con más aeropuertos, la mayor parte casi vacíos, sin olvidar que en cada fachada marítima cada puerto aspira a ser el más importante y se dimensiona como si realmente lo fuera.
También nos han venido repitiendo una y otra vez que las infraestructuras de transporte son buenas para la economía, que sólo traen beneficios para la sociedad, que crean mucho empleo... Pero luego nos damos de bruces con la paradoja de que somos récord europeo en infraestructuras y récord europeo en paro; con que tenemos más y mejores infraestructuras que nadie, pero al mismo tiempo peores dificultades económicas.

En definitiva, el discurso oficial va por un lado y la realidad por otro. Las cosas no suceden como nos quieren hacer creer, pero sí como concluyen la mayor parte de los estudios que han analizado la relación entre el desarrollo econó- mico y las infraestructuras de transporte. En general coinciden en afirmar que a partir de un determinado umbral de dotación de infraestructuras –que en el Estado español hemos superado hace mucho y de largo– toda nueva infraestructura no sólo no resulta positiva desde un punto de vista economicista (dejando de lado el medioambiente), sino que muy a menudo puede ser contraproducente y empobrecer al país.

Es lo mismo que le ocurre a cualquier empresa: si una inversión no tiene un retorno económico positivo, la compañía se empobrece. Y nosotros llevamos años construyendo autovías en lugares que no llegan ni a la tercera parte del tráfico mínimo para que sea razonable esta inversión. Tendiendo las mejores líneas de alta velocidad –a 20 millones de euros el kilómetro– en itinerarios que no tienen un mínimo de demanda. Ejemplo: el Gobierno del PP ha dicho que va a continuar con el AVE a Galicia, lo que costará 8.517 millones, cuando un estudio encargado por Fomento en marzo de 2011 demuestra que sólo hay demanda para tres trenes al día por sentido. Las líneas de alta velocidad francesas son usadas por cinco veces más pasajeros que las españolas, y con relación a las japonesas este factor es de 14 veces.

Demanda insatisfecha

Nuestros políticos siempre han obtenido una gran rentabilidad de estos mitos que hacen tan deseables a las infraestructuras, tanto en forma de votos al prometerlas o inaugurarlas, como en forma de jugosas comisiones, dado el enorme volumen de dinero que se pone en juego. Basta recordar que el 70% de la inversión de la Administración central se dirige precisamente a la construcción de infraestructuras, además de la aportación de las comunidades autónomas o ayuntamientos. No es de extrañar tampoco que las grandes empresas constructoras no cejen en su presión para que la obra pública no decaiga.

Tras décadas prometiéndonos el desarrollo y la felicidad gracias a las infraestructuras, se ha generado una tremenda demanda insatisfecha. Todo el mundo quiere tener autovía, aeropuerto y alta velocidad, sin reparar en que las inversiones para conseguirlo son tremendamente onerosas y, claro está, se sacan de la hucha común al tiempo que se recorta en partidas sociales con gran incidencia sobre nuestra calidad de vida.

Por ejemplo, Zapatero anunciaba un “ahorro” de 15.000 millones de euros en dos años con su decretazo de mayo de 2010, y ese mismo año el Ministerio de Fomento se gastaba 19.300 millones de euros en construir líneas AVE y autovías. Mientras el Gobierno de Rajoy nos aplica unos draconianos recortes en sanidad, educación, prestaciones sociales, etc., nos anuncian un presupuesto de 11.928 millones de euros más en grandes infraestructuras para “ayudar a dinamizar la economía”. De hecho, aunque se publicó que el Ministerio de Fomento iba a sufrir un recorte del 34,6% en los presupuestos de 2012, una mirada cuidadosa muestra que si se incluye a las empresas públicas como Adif o Aena –que son las que construyen la mayor parte de las infraestructuras–, el recorte se queda en un 8,6%, muy por debajo de la media en todos los ministerios (un 16,9%). Pero nadie, más allá de unos pocos ecologistas, parece poner el grito en el cielo.

¿Quién paga las autopistas privadas?

Habrá quien crea que, al menos, la ciudadanía no tiene que pagar las autopistas privadas de peaje que se han construido recientemente, como las radiales de Madrid, la Cartagena-Vera, etc. Nada más lejos de la realidad. A causa de su poca rentabilidad económica, el Gobierno lleva tres años dando unos 300 millones de euros anuales a las concesionarias en créditos participativos (créditos blandos avalados por el Estado). Además, recientemente se ha acordado que el Gobierno sufrague hasta 2021 la diferencia entre lo que recaudan y lo que recaudarían si llegasen al 80% del tráfico previsto en los contratos. La utilización actual de estas autopis- tas no llega ni al 40%.

Además, cada vez hay más infraestructuras con peaje en la sombra, uno de los artificios que se usa para inaugurar obras y que las pague quien venga detrás. En este tipo de peaje es la Administración la que paga por cada vehículo que usa la autovía, lo que hace que se disparen las facturas año a año.


* Diagonal - Opinión - 18.5.12
Foto: Foto: Bonaventura Leris

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Barcelona.- El nuevo urbanismo de Hábitat levanta ampollas también en Sants

ELPERIÓDICO* : La secuencia se repite. La tenencia de alcaldía de Hábitat Urbano repasa los proyectos urbanísticos ya en marcha, casi siempre consensuados, en su día, por partidos políticos y vecinos. Les da dos vueltas, los cambia. Y los partidos y vecinos se echan las manos a la cabeza. Acusan al actual equipo de gobierno de improvisación y de buscar problemas (un nuevo acuerdo) donde no los había (un pacto cerrado). Ha ocurrido en la plaza de las Glòries y, ahora, en Sants. Seis entidades vecinales del distrito, quizá las más significativas, se han levantado en armas este mes contra el plan de Hábitat de urbanización de la cobertura de las vías. La crisis parece haberse cerrado, de momento, tras la promesa del ayuntamiento de atender las quejas de los vecinos y volver, en gran parte, al plan inicial, al pactado entre entidades vecinales y el anterior gobierno.

Tal y como adelantó EL PERIÓDICO el pasado mes de abril, la tenencia de alcaldía diseñó un nuevo proyecto de urbanización. Se trata de una especie de remedo del High Line del distrito de Meatpcking en Nueva York. Un paseo elevado al que se accede mediante unos núcleos de comunicación vertical (ascensores y escaleras) en lugar de amplios taludes como se propuso y se acordó en la etapa socialista.

La principal queja de los vecinos -además de las formas- es que el nuevo plan desvirtúa los intentos anteriores por reducir el tráfico rodado, en especial por la calle de Antoni Capmany, que Hábitat quiere convertir en una especie de atajo para llegar a la calle de Riera Blanca. De nuevo, como en Glòries, la vialidad es el principal obstáculo.

CALLE DE 'ZONA 30' / En concreto, la intención del ayuntamiento era crear un carril de circulación tipo zona 30, con aceras y calzada, que naciera en la plaza de Sants y conectara con Riera Blanca. Según un documento del propio ayuntamiento, esta calle estaba concebida como una zona de prioridad para el peatón. La previsión de tráfico era de 2.500 vehículos al día, parecida a la de la calle de Burgos, pero en sentido contrario.

Quizá para evitar -infructuosamente- las quejas vecinales, Hábitat previó esta calle con un solo carril de circulación para evitar que entrara a formar parte de la red básica de la ciudad, así como cualquier tentación de incluirla en cualquier recorrido del flamante bus de la malla ortogonal que se pondrá en servicio en el próximo mes de octubre.

Desde la publicación del plan, ayuntamiento y vecinos han celebrado tres reuniones. La primera, estrictamente formal de presentación del nuevo proyecto y en la que las entidades pidieron una memoria justificativa de los cambios. Con ella bien estudiada, acudieron al segundo encuentro, como en la vez anterior, el interlocutor fue Albert Civit, gerente adjunto de Hábitat Urbano. Tras Antroni Vives y el arquitecto en jefe Vicente Guallart, el número 3 de la tenencia de alcaldía.

VECINOS TENSOS /Fue esta una reunión tensa, por parte de los vecinos, que habían descubierto el cambio mayúsculo que significaba para el barrio el plan para la calle de Antoni Capmany. Esta reunión propició el escrito de queja que fue leído en la audiencia pública de Sants-Montjuïc, el pasado martes. Dicho escrito fue firmado por las asociaciones de vecinos de Badal-Brasil-Bordeta y la de Hostafrancs, el Centre Social de Sants, la comisión vecinal de la Bordeta, la de afectados por las obras del AVE y la Plataforma por el Soterramiento. En esa misma audiencia pública, el concejal del distrito, Jordi Martí (CiU), se comprometió a promover cambios.

Estos llegaron apenas 24 horas después, en una tercera reunión, esta vez con el propio Martí. El edil y hasta una quincena de técnicos desembarcaron a toda prisa para apagar el fuego nacido días atrás.

NUEVOS PLANOS / En este cónclave se facilitaron ya planos de la nueva propuesta que, en esencia, es la misma que había antes de que Hábnitat Urbano lo cambiara. «Hemos librado tres batallas y hemos ganado la guerra», sentenció satisfecho un líder vecinal a este diario como resumen de los escarceos vividos con el ayuntamiento. Pero los vecinos aún están a la espera de la memoria justificativa de estos nuevos (viejos) planos. «No entendemos cómo tienen unos dibujos y no los argumentos que los sustentan», critica otro líder vecinal, menos optimista que el primero.


* El Periódico - HELENA LÓPEZ / XABIER BARRENA - 25.5.12
Foto: Simulaciones informáticas de las propuestas del bipartito (arriba) y de CiU. EL PERIÓDICO

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Los trayectos de la metrópolis

DIAGONAL/Madrid* : El tarifazo en el transporte público de la Comunidad, que entraba en vigor en mayo, pretende compensar la escasez de dinero público, que, al igual que en otras partidas sociales, se ha visto reducido como consecuencia de la deuda ilegítima contraída por las administraciones publicas con entidades privadas.
Una deuda compuesta no solamente por los rescates y avales a las entidades de índole financiera, sino también por las deudas contraídas para la construcción de grandes infraestructuras de transporte (a escala local, regional y estatal) completamente innecesarias e insostenibles. Con esta medida de ajuste no sólo se penaliza la forma de movilidad metropolitana más sostenible hoy por hoy, junto a la bicicleta y la marcha a pie. También se dificulta la accesibilidad y la posibilidad de transportarse a las personas con menores recursos económicos, en un contexto de precarización de la vida.

Quién subvenciona a quién

El principal argumento para reducir las aportaciones de dinero público al sistema de transportes es que está demasiado subvencionado. Un argumento tramposo. En primer lugar porque considera que el transporte público circula de manera independiente por la ciudad o área metropolitana, cuando todos los medios y modos de transporte y desplazamientos urbanos interactúan entre sí, conformando el sistema de movilidad de una ciudad.

Así, cualquier modificación en cualquiera de ellos tiene repercusiones directas sobre el resto. ¿Cuáles serán las repercusiones de incrementar las tarifas del transporte público? No sólo que éste se volverá menos público y menos accesible, sino que de manera indirecta se favorecerá el medio de transporte que actualmente y con mucha diferencia se encuentra más subvencionado: el automóvil.

Y ésta es la segunda trampa del discurso: cuando se consideran las partidas de dinero público destinado al transporte colectivo nunca se mencionan las ingentes inversiones de dinero público dedicadas a permitir la circulación de automóviles. Sólo el soterramiento de la M30 en Madrid se estima que costará más de 10.000 millones de euros, una inversión que muy pocas veces se carga a los usuarios de esas vías (sólo en el caso de los peajes), a diferencia de lo que ocurre en el transporte público (metros y tranvías, por ejemplo).

Tampoco se menciona que si el transporte público colectivo resulta tan costoso para las arcas públicas es por la merma en el servicio que causa el abusivo uso del automóvil (que compite de manera desigual por el espacio público) y el trato de favor que históricamente se ha concedido a este medio. Además, el automóvil sigue siendo uno de los medios de transporte que más energía consume. Si tenemos en cuenta el ciclo global de energía y computamos su fabricación y todas las infraestructuras que requieren para circular su consumo energético por viajero se dispara: excede en casi cuatro veces al del autobús, y en más de dos veces el del metro y el del tren de cercanías.

Tampoco podemos perder de vista que genera unas externalidades negativas mayores que el resto de medios (contaminación acústica y atmosférica, siniestralidad, contribución al cambio climático, etc.). Cuando se habla de transporte subvencionado, tampoco se pone el foco en el dinero público inyectado en grandes infraestructuras de transporte (autovías, AVE y aeropuertos). El Estado español es el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas, tiene el doble de aeropuertos públicos (y muchos más privados) que Alemania y cerca de la mitad de los kilómetros de AVE que existen en el mundo están en este territorio. Esto ha sido la ‘ventaja competitiva’ con respecto a los países de su entorno.

Asimismo, la política de infraestructuras de transporte ha jugado una función central en los sucesivos ciclos inmobiliarios: construir kilómetros y kilómetros con dinero público para el tráfico motorizado, construir una estación de AVE infrautilizada en Ciudad Real, ha sido una forma de hinchar el precio de los suelos por el mero hecho de hacerlos urbanizables, beneficiando a las grandes constructoras del país. Reducir la partida en transporte público, como pretende Esperanza Aguirre, a costa del mayor incremento en la última década del precio de este servicio, significa socializar el despropósito de un ciclo inmobiliario donde “el Estado no sólo ha fallado como regulador del mercado inmobiliario; el fallo como planificador, constructor, promotor y financiador de infraestructuras ha sido mucho peor”, explicaba en una entrevista a este periódico el economista José Manuel Naredo.

Los sistemas de movilidad urbana, con el automóvil a la cabeza, han expandido las urbes y sus radios de acción de forma exponencial, llegando a conformar entramados urbano-metropolitanos en los que viven actualmente millones de personas que recorren distancias kilométricas para realizar actividades cotidianas. Esto ha sido posible gracias al motor de combustión y a la quema sin control del petróleo, un recurso caracterizado por una intensidad energética y versatilidad inigualable frente al resto de fuentes energéticas. El ser humano, en tan sólo cien años, ha sido capaz de consumir hasta la mitad de sus reservas. En un escenario en el que la disponibilidad de energía abundante y barata se verá progresivamente reducida y donde el transporte es uno de los principales causantes de la emisión de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles, es importante pensar en otras formas de transporte menos energívoras.

Aunque las mejoras técnicas en el vehículo privado (catalizadores, motores más eficientes, mejora de combustibles...) han mejorado la eficiencia energética, ésta ha sido fuertemente contrarrestada por el aumento de la potencia de los vehículos y, sobre todo, por el incremento de su utilización. La sustitución de combustibles fósiles en el transporte motorizado por otras fuentes de energía resulta más complicada que en otros sectores. Sólo los agrocombustibles pueden sustituirlo directamente en la mayor parte de los usos, pero su intensidad energética no es equiparable a la del petróleo, e implica una ocupación muy importante de tierra fértil. El coche eléctrico, además, además, presenta grandes limitaciones e inconvenientes relacionadas con las baterías.

Proximidad y uso colectivo

Si por algo se han caracterizado los sistemas de movilidad urbanos e interurbanos durante los últimos 60 Los sistemas de movilidad urbana han alejado lo que estaba cerca y acercado lo que estaba lejos durante los últimos 60 años años ha sido por alejar lo que estaba cerca y acercar lo que estaba lejos. Esta paradoja se debe revertir reestructurando el sistema de movilidad actual hacia otro en el que las necesidades de movilidad sean menores, donde éstas se resuelvan de manera colectiva –los medios de transporte público son mucho más eficientes energéticamente–, y favoreciendo el uso de los modos no motorizados como la marcha a pie y en bicicleta. Esto volverá más habitables las ciudades, reducirá la contaminación y permitirá un mayor uso de la calle y de los espacios públicos. Para esto el espacio urbano dedicado a la circulación debe priorizar el transporte público, pero bajo la lógica de máxima eficiencia energética y de consumo de espacio (ampliaciones como la de Metro Sur o los tramos de Metro Ligero en Madrid están sobredimensionadas).

Y si de lo que se trata es de resolver los problemas fiscales del transporte público, se pueden gestionar sin aumentar su precio, mediante transferencias que procedan de gravar el uso del medio con más huella ecológica y energética y menos accesible: el automóvil. Mientras tanto, queda la insumisión a políticas que no nos representan.


* Diagonal - MARIANO GONZÁLEZ Y SORAYA G. G. (REDACCIÓN) - 18.5.12
Foto: Ciclonudista en Madrid. Foto: Olmo Calvo

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Eurovegas generará graves impactos ambientales y territoriales

EUROVEGASNO* : La Plataforma “Eurovegas NO” ha elaborado un nuevo informe sobre la incidencia ambiental y territorial que el proyecto del multimillonario norteamericano, Sheldon Adelson, ocasionaría en caso de ser realizado en la Comunidad de Madrid. Las conclusiones del informe son contundentes para calificar EuroVegas como inasumible e insostenible: modificación e incumplimiento de la normativa urbanística vigente; pérdida de suelo público, una demanda energética exacerbada, similar a la de una ciudad como Zaragoza; un aumento del 7% de la cantidad de residuos de la región; un consumo de agua similar a una ciudad de 70.000 habitantes… De esta forma, el macroproyecto Eurovegas puede señalarse como un claro ejemplo de agresión contra el territorio.

El informe publicado trata, en un primer lugar, de dar una idea de las dimensiones que tendrá el complejo en caso de ser realizado. Basándose en estimaciones a partir de los datos que han ido apareciendo en prensa y calculados a partir del modelo de los casinos que Las Vegas Sands tiene en Macao[1], las superficies construidas mínimas que tendrían los 12 resorts, los 6 casinos, el palacio de convenciones y las zonas comerciales sería de unos 6.000.000 m2/c. Partiendo de la edificabilidad que tienen los edificios del complejo de Macao[2], resultaría que los hoteles propuestos para Eurovegas serían más altos que las torres del Área de Negocios Cuatro Torres, las más altas con las que cuenta la Comunidad Autónoma de Madrid.
A las 300 hectáreas de estos edificios habría que sumar las cerca de 150 que ocuparían los 3 campos de golf que incluye el proyecto. Estas 450 hectáreas equivaldría a la utilización de una superficie de suelo similar a 4 veces la extensión del Parque del Retiro.
Con estas cifras, en caso de ser ubicado el proyecto en los terrenos ofrecidos por Alcorcón, el informe de “Eurovegas NO” no puede ser más claro. Si se han de cumplir los compromisos adquiridos por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alcorcón, el proyecto no tendría cabida en el Distrito Norte; en el caso de que consiguiera “meterse” Eurovegas, el precio sería modificar el PGOU muy posiblemente sacrificando la vivienda proyectada (60% de vivienda protegida) y las dotaciones públicas. Pero en cualquiera de los dos casos, el macrocasino superaría con creces la edificabilidad máxima prevista por el PGOU[3], por lo que irremediablemente tendría que haber una modificación de la normativa urbanística.
En relación a los consumos energéticos, el informe resalta lo insostenible del proyecto. Siguiendo estimaciones para el sector hotelero realizadas desde la propia Comunidad de Madrid[4], la demanda energética sería de 947.400.000 kWh/año, equivalentes al de una población de 676.000 habitantes. Dicho de otro modo, la suma de las poblaciones de Fuenlabrada, Leganés, Getafe y Alcorcón, o la población de Zaragoza (quinta ciudad más grande de España). Es de destacar el consumo generado por las 18.000 máquinas tragaperras prometidas, que ascendería a 90.666.000 KWh, similar al consumo que anualmente tienen Rivas Vaciamadrid o Majadahonda.
Otro problema al que el estudio de “Eurovegas NO” presta especial atención es al de los requerimientos hídricos. Las dotaciones de agua necesarias para sólo los 12 hoteles y los 3 campos de golf serían de unos 9,5 Hm3/año, equivalente al consumo anual de una ciudad de 110.000 habitantes como Alcobendas[5] o al total del caudal ambiental del río Jarama[6]. Estos volúmenes podrían llevar a la región a una situación de colapso hídrico en un periodo de sequía continuada.
La generación de residuos del complejo Eurovegas ascendería a más de 160.000 Tn/año (contando con las cifras de empleo directo prometidas). Es decir, Eurovegas supondría aumentar un 7.35% la generación de residuos sólidos, o lo que es lo mismo superaría en 117’5 toneladas de residuos diarios la capacidad de tratamiento de toda la región.
En definitiva, el complejo de ocio, turismo y juego Eurovegas conlleva unos costes sociales y medioambientales obvios, tanto durante su fase de ejecución como durante su funcionamiento, que suponen graves impactos ambientales, como la sobreexplotación de recursos como el agua, unos gastos energéticos inasumibles, el incremento de residuos y la destrucción del territorio. Todo ello en un escenario de degradación social y de pérdida de derechos que la Plataforma “Eurovegas NO” considera intolerables tanto si se realiza el proyecto en Madrid o en Barcelona o en cualquier sitio.


[1] http://www.sandschinaltd.com/sands/en/properties/venetian_macao_resort_hotel.html
[2] El complejo de Las Vegas Sands en Macao, cuya edificabilidad es de 2 m2 construidos por cada m2 de suelo ocupado (2 m2s/ m2c). El proyecto europeo necesitaría como mínimo 3.000.000 m2 de suelo, o lo que es lo mismo, 300 hectáreas, para poder llevar a cabo los 6.000.000 m2c.
[3] Estimada en 4.841.811’29 m2 construidos, frente a los 6.000.000 m2/c de Eurovegas.
[4] “Guía de auditorías energéticas en el sector hotelero de la Comunidad de Madrid” realizada a iniciativa de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Conserjería de Economía y Hacienda y la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid. Accesible en http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142561896122&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227096&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
[5] Estimaciones realizadas a partir de las dotaciones establecidas en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo y los calculos realizados con las Normas para las Redes de Reutilización de 2007 del Canal de Isabel II.
[6] 9’3 Hm3/año es el caudal ecológico consignado para el río Jarama en el Plan Hidrológico vigente. Este río ha sido desecado por el Canal de Isabel II con la excusa de garantizar el abastecimiento de las poblaciones madrileñas, las dos últimas veces en 2005 y 2006, es decir en las últimas sequías.


* Madrilonia - EurovegasNo - 20.5.12

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Chiclana.- Un 'puré' imposible de digerir

RAFAEL NAVAS RENEDO* : Parece una inocentada, pero es la cruda realidad. El partido impulsado por los propietarios de viviendas ilegales en Chiclana controlará a partir de ahora, gracias a un pacto de gobierno con el PP, las áreas de Urbanismo y Vías y Obras del Ayuntamiento de esta localidad. Poner al zorro a cuidar de las gallinas, a Drácula al frente del banco de sangre, darle un mechero a un pirómano... En las últimas horas hemos escuchado toda clase de comparaciones para este nuevo matrimonio de conveniencia que demuestra que quien creía que ya lo había visto todo en política, se equivocaba. Los ciudadanos estamos acostumbrados a políticos que pactan con el diablo por mantener el sillón, pero es que en este caso al diablo le han dado las llaves del cielo.
Es muy posible que, de no haberlo hecho el PP, el PSOE se hubiese planteado un acuerdo similar (con o sin Urbanismo en manos del PVRE, que así se llama el nuevo socio del PP) contando con Izquierda Unida. Pero ese temor del PP no justifica una decisión que no se puede 'vender' de ninguna manera. Pues, por si hubiese alguna duda, el PVRE ha comenzado hablando de la derogación de la ordenanza para la regularización de viviendas en la ciudad y una reducción de las multas urbanísticas. ¿Qué podíamos esperar? ¿Qué será lo próximo?

Con Vías y Obras también en sus manos, ancha es Castilla. No hace falta tener mucha imaginación para adivinar a dónde irán hormigoneras, alquitrán y asfalto a partir de ahora. Y para ver el derribo de alguna casa de las miles de casas (15.000 como poco) construidas ilegalmente en Chiclana (durante varios mandatos del PSOE, tampoco se olvide), tendremos que esperar a un meteorito, porque no creo que los nuevos responsables de Urbanismo estén muy por la labor.

Queda confiar al menos en que la Justicia y la Administración autonómica no bajen la guardia en este sentido. Pues parece una broma macabra que la semana que comenzó con un golpe de la Guardia Civil al urbanismo ilegal en Chiclana con la 'Operación Yate', acabe con un acuerdo político de estas características que en nada ayuda a que los ciudadanos perciban la ejemplaridad de las medidas contra quienes se saltan las normas. Dirán quienes han firmado ese pacto que nada tiene que ver el PVRE con las prácticas delictivas de quienes se han enriquecido convirtiendo Chiclana en un desastre urbanístico. Estaría bueno que así fuera. Son casos distintos, por supuesto, pero no deja de ser paradójico. Es lo que sucede cuando se quiere poner una vela a Dios y otra al diablo, como ha hecho el PP. Sólo que en esta ocasión, al diablo le ha puesto dos. Y luego quieren que los ciudadanos no se alejen de la política. Si es que cada vez lo ponen más difícil. Esto no hay quien lo digiera.


* Diario de Cádiz - Opinión - 20.5.12

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El coste del Plan Rabassa sube cinco millones antes de empezar las obras

ELPAÍS/Alicante* : El mero paso del tiempo encarece el Plan Rabassa. El coste de más ambicioso y polémico plan urbanístico impulsado por el promotor Enrique Ortiz, que prevé la construcción de 13.503 casas en la periferia norte de la ciudad, ha subido en más de cinco millones de euros desde su primera aprobación provincial en 2006. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del PP, convocó a última hora de la mañana de ayer una reunión extraordinaria y urgente de la comisión de urbanismo para hoy en la que pretende aprobar el texto refundido del conocido como Plan Rabassa. En la propuesta consta que las cargas repercutibles superan los 192,68 millones de euros, frente a los 187,3 millones de seis años atrás.

El macroplan es todavía un mero proyecto y su futuro se dirime en los tribunales ya que está impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) por falta de agua y por tramitarse al margen del PGOU a raíz de las denuncias del Gobierno, de Esquerra Unida, el PSPV-PSOE y la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC). El documento que mañana se votará en la comisión de urbanismo recoge las modificaciones a las que han obligado las distintas administraciones. Así, por citar un ejemplo, el Ministerio de Fomento emitió en marzo del año pasado un informe desfavorable sobre la propuesta de modificación puntual del Plan Parcial las Lagunas de Rabassa, que debe hacer posible la instalación de Ikea y de su macroproyecto comercial de 131.000 metros cuadrados en el Plan Rabassa. El informe obligó a Ortiz a presentar una nueva solución para evitar colapsos en los accesos a esta futura zona comercial.

El portavoz de EU en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, denunció tras la convocatoria que se notificara la reunión a las 14.39 a los grupos municipales la convocatoria de la comisión de urbanismo. "Es inaceptable que un punto de este calado se pretenda colar en una reunión extraordinaria y urgente de la comisión de urbanismo sin que los grupos de la oposición tengamos tiempo ni tan siquiera de consultar un expediente muy complejo del que forman parte doce anteproyectos relativos a diversas actuaciones contempladas en el plan, desde la supuesta restauración ambiental de las Lagunas de Rabassa hasta la urbanización del tramo de la Vía Parque vinculado el Plan Rabassa", esgrimió Pavón.

EU vincula las prisas del equipo de gobierno, del PP, por impulsar el Plan Rabassa con una posible salida de Sonia Castedo de la alcaldía. Castedo está acusada por el fiscal Anticorrupción de cohecho y tráfico de influencias y uso privilegiado de información en el marco de la investigación del caso Brugal. La instrucción del sumario está pendiente de un último informe policial. El juez está obligado a enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) si observa indicios de delitos en Castedo por su condición de aforada. Si la regidora quedara imputada, fuentes del PP aseguran que sería motivo para su relevo al frente de la alcaldía de Alicante, en línea con la política marcada para los cargos populares por el presidente del PP valenciano, Alberto Fabra, por mandato expreso del presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

EU, en cualquier caso, anunció que votará en contra de la urgencia y del texto refundido. Pavón recordó que el Plan Rabassa "es el paradigma en la ciudad de Alicante del urbanismo especulativo e insostenible que ha generado la burbuja inmobiliaria que está en el origen de la gravedad de la crisis económica que estamos sufriendo".


* El País - Rosa Biot Alicante 23 MAY 2012
Foto: Zona Plan Rabassa - urbanity

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Jaén.- Un lujo de Moneo abandonado

ELPAÍS* : La sede del Banco de España en Jaén, un edificio modernista de los más emblemáticos del arquitecto Rafael Moneo, galardonado esta semana con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, languidece tras ocho años cerrado. Sus instalaciones están abandonadas desde el 31 de diciembre de 2004. Desde entonces se ha convertido en un ejemplo de la incompetencia de las administraciones para optimizar los inmuebles de titularidad pública.
El propio arquitecto navarro, autor también de obras tan relevantes como la ampliación del Museo del Prado o la de la Estación de Atocha, ha mostrado en varias ocasiones su decepción por el abandono del edificio del Banco de España jiennense, construido en 1988 con una inversión de 3,5 millones de euros.

Su fachada exterior, recubierta en gran parte de granito rosado, ha sido objeto de pintadas y, con frecuencia, la parcela que ocupa se convierte en un estercolero. El jardín interior se ha perdido y aunque la estructura del inmueble no peligra, sí que puede resentirse la madera que decora gran parte de las instalaciones de este edificio contemporáneo.

Al edificio no le han faltado propuestas de uso desde su cierre. Se dijo que albergaría la Comisaría de Policía, el Colegio de Arquitectos, el Archivo Histórico Municipal, una Biblioteca y centro cultural y, la última de ellas, el Conservatorio Superior de Música. Pero todos los proyectos han ido chocando con la falta de entendimiento entre los gobiernos de distinto signo político.

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, anunció en octubre de 2010 que el Banco de España sería la sede del Conservatorio Superior de Música. El compromiso se materializó en un protocolo suscrito poco antes de las pasadas elecciones municipales por la entonces alcaldesa, Carmen Peñalver, y el exconsejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica. Educación anunció entonces una partida de 3,7 millones para adquirir el inmueble al Estado y otra inversión, que no se detalló, para convertirlo en sede de los estudios musicales.

La idea era que pudiera empezar a funcionar para el curso 2012-203, una fecha que ya no podrá cumplirse porque ni siquiera se ha concretado la adquisición del inmueble. Y si el acuerdo parecía cercano cuando las administraciones central y autonómica eran del mismo signo político, ahora que ya no lo son, muchos piensan que este culebrón no ha hecho más que empezar.


* El País - GINÉS DONAIRE Jaén 13 MAY 2012
Foto: Edificio del Banco de España de Jaén, obra de Moneo. / JOSÉ MANUEL PEDROSA

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La lavadora de la Costa del Sol

LAOPINIÓN/Málaga* : Con su rotunda sinceridad, casi tan inmensa como el corpachón desgarbado que lo acogía, Jesús Gil desembarcó en Marbella en 1990 diciéndole a quien quisiera escucharle que él quería ser alcalde para hacer 3.000 viviendas. Y encima era rico, por lo que no tendría necesidad de robar. El Grupo Independiente Liberal (GIL), creado por él y organizado jurídicamente por el brillante abogado José Luis Sierra, logró el 64,5% de los votos en 1991: 19 ediles, frente a los cuatro del PSOE. 20.531 votos. Veinte años después, cuando la perspectiva histórica todo lo ha puesto en su sitio, la herencia de Jesús Gil se aprecia en forma de una inmensa deuda (500 millones de euros) y varias operaciones policiales sólo contra el Consistorio marbellí: Saqueo 1, Saqueo 2, Minutas y la joya de la corona, Malaya. Pero el GIL no se encerró en los confines geográficos de la Perla del Mediterráneo: a mediados de los noventa, dio el salto a los municipios aledaños, Estepona, Manilva, Casares y Ronda, cuatro pueblos que hoy también están manchados con la lacra de la corrupción urbanística.

De carácter populista y conservador, el sello de Gobierno de Jesús Gil en Marbella, y de sus secuaces en otros pueblos, fue un desprecio absoluto de los controles de legalidad administrativa, el ninguneo de la Administración autonómica que debía controlar desde Sevilla el urbanismo de la Costa del Sol Occidental, y el fomento frenético de la inversión en el ladrillo, algo que no era exclusivo de Marbella, sino un cáncer presente en toda la Costa del Sol. Hay quien recuerda que cuando Gil llegó el litoral ya existía, pero paradójicamente Marbella, Ronda, Casares, Manilva y Estepona, ciudades en las que el GIL tuvo responsabilidades de gobierno o, por lo menos, estuvo presente en su corporación, arrastran hoy casos de corrupción de cierta enjundia: el último ha estallado esta misma semana en la localidad casareña, la cuna de Blas Infante, donde el GIL gobernó entre 1996 y 2000. Ésta tiene un componente extra que hace que se toquen las dos realidades delictivas de la Costa: la corrupción y el crimen organizado, ya que hay supuestas conexiones con las mafias del este. Uno de los detenidos es el exalcalde Juan Sánchez (IU), un hombre con una trayectoria política intachable, hasta ahora, y querido por su pueblo: en sólo dos días, los vecinos recaudaron su fianza de 200.000 euros.

Hay quien llama la atención sobre el hecho de que Jesús Gil no es el principal factor de la ecuación cuya incógnita es la corrupción, sino que él, constructor con una inteligencia natural para oler el negocio y moverse en el filo de la navaja legal, llega a una Costa del Sol con un magnífico clima, que empieza a estar preñada de ladrillo, con innumerables urbanizaciones que favorecen el anonimato, y donde las administraciones locales, ávidas de recursos extras con los que sostener la enorme población flotante que ha pasado de ser ocasional a habitual, hace tiempo que engrosan sus arcas con las plusvalías de los convenios urbanísticos. Es aquello de «Dios me ponga donde haya».

«No creo que se le pueda echar a Gil la culpa de lo que ha pasado: cuando él llega aquí hay ya una gran actividad urbanística, y la corrupción toma cuerpo cuando hay construcciones masivas, promociones millonarias, pelotazos urbanísticos y plusvalías de vértigo. A todo ello hay que unirle la cercanía de Gibraltar», señala Antonio Alcalá, presidente de la Audiencia Provincial. Éste recuerda el problema de los ayuntamientos faltos de recursos que abren los brazos al dinero fácil, dado que el urbanismo deja «pingües impuestos» al Consistorio, pero los servicios que a cambio se dan son escasos.

Caladeros. Otro experto que prefiere mantener el anonimato concluye: «Los tiburones acuden donde están los caladeros», y éstas eran, a principios de los noventa, aguas muy cálidas.

El hijo de Jesús Gil gobernó cuatro años en Estepona, y allí, en junio de 2008, estalló el caso Astapa contra la corrupción; gobernaba el PSOE, pero antiguos elementos del GIL se habían reconvertido y apoyaban a los socialistas. Hoy, hay cerca de cien imputados, el juzgado está saturado y ni la policía ni el fiscal ven la luz al final del túnel.

Juan Carlos López Caballero, fiscal Anticorrupción y nuevo fiscal jefe de Málaga, tiene claro que la Costa del Sol es una zona propicia para que crezcan tanto la corrupción administrativa como el crimen organizado: «Ésta es una zona caliente desde el punto de vista de la manifestación de actividades delictivas de organizaciones criminales».

La nueva óptica investigadora, en la que se persigue el beneficio del delito y no únicamente el acto administrativo contrario a derecho, permitió que la corporación marbellí de Marisol Yagüe y Juan Antonio Roca saltara por los aires, y desde ese prisma se han enfocado todas las operaciones que han venido después en los antiguos feudos del GIL: en septiembre de 2011, el exalcalde de Ronda y otras seis personas fueron detenidas por su presunta implicación en la operación Acinipo contra la corrupción urbanística. Ninguno de ellos perteneció al GIL, pero en ese Consistorio pudo quedar el reflejo de esa forma de gobierno patentada por los seguidores del expresidente del Atlético de Madrid. El caso continúa en instrucción.

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Manuel Camas, destaca que los casos que están estallando ahora se dieron hace unos años: «Son casos de los mismos años, actos que se produjeron en otra época: éste es un territorio en el que entonces había una gran presión urbanística, una zona con grandes posibilidades de desarrollo, y en el que había una gran demanda de vivienda, y por eso, a lo mejor, llega Jesús Gil: todo está concatenado».

Operaciones menos mediáticas. Camas se felicita por el hecho de que esas operaciones han perdido el tufillo mediático que inauguró Malaya: se han frenado las detenciones televisivas; la prisión preventiva no se prolonga más de lo necesario, y no se premia la delación con la libertad. Sin ir más lejos, en el registro del despacho del abogado detenido esta semana en Casares estuvo presente un representante del colegio.

José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y director del Instituto Andaluz de Criminología, abundó en una reciente entrevista concedida a este periódico en la forma en la que se relajaron los controles administrativos en las diferentes administraciones desde mediados de los noventa: «La mayoría de los problemas se hubieran podido resolver si las administraciones, la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y la Administración central, hubieran cumplido las normas, y hubieran actuado diligentemente contra quienes no las cumplían. Las irregularidades urbanísticas nacen, además de por el interés de quien lo hace, por una negligencia de la administración ejecutiva».

También fallaron los tribunales. Las primeras acciones contra las licencias ilegales de Marbella se llevaron a cabo en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que tardaron demasiado en afirmar la ilegalidad de las licencias, pese a que hay quien defiende que fue esa actuación de la Justicia la que obligó a Roca «a echarse al monte».

Los casos Saqueo 1 y 2 €sólo hay sentencia del primero€ también demostraron la forma en la que se esquilmó el patrimonio municipal marbellí. En el primero, se consideró malversada una cantidad superior a los 23 millones de euros; el segundo está pendiente de juicio. Además, muchos exconcejales soportan procedimientos de alcance en el Tribunal de Cuentas por sumas millonarias, y se han separado más de una treintena de piezas de Malaya. La herencia de Gil, desde luego, deja huella.

También lo hizo en Manilva, cuando estalló la operación Ballena Blanca en 2005. Se trató en su día de la operación contra el blanqueo de capitales más importante de Europa. De 250 millones de euros presuntamente blanqueados en el despacho de un abogado marbellí, se pasó a 1,6 millones, según la sentencia del caso, un fallo para «enmarcar», según fuentes judiciales. Hubo cincuenta detenidos, pero sólo cinco personas fueron condenadas finalmente, entre ellas el líder de la trama, el abogado Fernando del Valle.

La Parrada. Una de las piezas separadas de Ballena Blanca, relativa al pelotazo urbanístico de la finca La Parrada, afectó al exalcalde de Manilva Pedro Tirado, exlíder del GIL en el municipio. Precisamente el asunto se está juzgando estos días. En concreto, con la operación urbanística se generaron 90 millones de euros de plusvalías, siempre según Anticorrupción. En su casa, el alcalde guardaba más de 700.000 euros en una bolsa de Louis Vuitton.

La cercanía de Gibraltar, un paraíso fiscal propicio para lavar dinero, la masiva presencia de bufetes asociados al ladrillo, y la magnífica oportunidad de enjugar el dinero negro en la estela de una macrourbanización, propiciaron algunas operaciones contra el blanqueo como Ballena Blanca o Hidalgo. La Fiscalía, para afinar aún más en la persecución de estas realidades presentes en la Costa del Sol, plantea la puesta en marcha de unidades policiales con agentes especializados y expertos en blanqueo y Hacienda.

Otros expertos apuntan también a las buenas comunicaciones por aire, mar y tierra de Málaga con otras zonas, lo que propicia que muchos miembros de organizaciones criminales, con especial protagonismo de la Camorra, la peligrosísima N´drangheta o de la mafia rusa, elijan la provincia para esconderse. Eso sí, aquí se disfrutan las ganancias pero no se actúa a no ser que sea estrictamente necesario. Rodeados de abogados que llevan sus intereses sin hacer mucho ruido, la vida es más apacible en tortuosas urbanizaciones difícilmente localizables y verdes campos de golf.

Crimen organizado. Otra de las patas que ha sostenido este tipo de negocios la forman las diferentes mafias del este que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detectado (y las que no) en buena parte del litoral mediterráneo español durante los últimos 17 años. Prácticamente desde la caída del telón de acero, aunque con más presencia a medida que avanzaban los años noventa. Las hemerotecas hablan de turistas con mucho dinero que venían a algo más que a invertir. Venían a trabajar.

Las operaciones Avispa (1995, 2005 y 2006), Troika (2008) y Java (2010) se saldaron con más de 72 detenidos, más de 100 registros domiciliarios y mil cuentas bancarias bloqueadas. Asentados mayoritariamente en la Costa del Sol, en la Costa Blanca y en Baleares, aprovecharon el caldo de cultivo que proporcionaba el anonimato de los grandes complejos turísticos y el boom del ladrillo les ayudó a maquillar el origen delictivo de sus inversiones y sus grandes fortunas. Las operaciones eran calcadas. Junto a los capos, las celdas se llenaban con sus propios abogados y asesores fiscales, la mayoría españoles.

Hasta ahora, Avispa ha sido el mayor golpe dado en la Costa del Sol a la mafia rusa. En su primera fase, en junio de 2005, una treintena de personas cayeron en Málaga, Murcia, Alicante y Cataluña acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales y quiebra fraudulenta. En noviembre de 2006, otro golpe hacía caer nueve detenidos más en Marbella (2), Toledo (1) y Madrid (6), acusados de blanquear grandes cantidades de dinero procedente del juego ilegal en casinos rusos. Entre ellos estaba el presunto coordinador financiero de la organización, Oleg Vorontsov, y otros ciudadanos de origen ucraniano, georgiano, ruso y español. Fueron bloqueadas numerosas cuentas, un millón de euros, 90.00 dólares y cincuenta tarjetas de crédito.

El entonces ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, avanzó en junio de 2008 los datos de la operación Troika, un gran golpe policial contra el clan ruso Tambovskaya en el que hubo 20 detenidos, la mitad de ellos en la provincia. En aquella ocasión se bloquearon 12 millones de euros en diferentes cuentas bancarias, además de 200.000 euros en metálico, 23 vehículos de lujo, obras de arte e incluso un yate. Alicante, Palma de Mallorca y Madrid se repartieron el resto de detenidos, mientras que una treintena de registros se extendió también por Valencia, Almuñécar, Granada, Marbella, Estepona, Nerja y Torrox.

La segunda fase de Troika supuso la detención en Málaga y Marbella de tres abogados por presuntamente blanquear dinero de la mafia rusa y el registro de media docena de viviendas y despachos de la Costa del Sol. El operativo estuvo dirigido por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

En junio de 2010, caía en Marbella Zakhar Kniazevich Kalashov, alias Sakro El joven o el hombre invisible. En el momento de su detención, Kalashov estaba considerado como el máximo líder de la mafia rusogeorgiana, llevando supuestamente las riendas de los clanes Solnsevskaya, Ismailovskaya y Bratskaya. En septiembre de ese año, la Audiencia Nacional acordó su extradición a Georgia, donde tenía pendiente 18 años de prisión por delitos de asociación ilícita y secuestro.

También en mayo de 2010, la policía española, en colaboración con varios países, asestaba un durísimo golpe a la mafia irlandesa asentada en la Costa del Sol. La mayoría de los 30 detenidos cayeron en Marbella, Estepona y Fuengirola, aunque también hubo arrestados en Reino Unido (11) e Irlanda (3). En su villa de Estepona cayó el cincuentón Christopher Kinahan, viejo conocido de la policía irlandesa, británica y europea junto a sus hijos y su mano derecha. La investigación policial consideró que el dinero obtenido de forma ilícita por esta organización en sus diferentes actividades se invertía en el sector inmobiliario, tanto en la Costa del Sol como en otros lugares del mundo como Brasil, donde la investigación apuntaba que la organización poseía seis complejos turísticos y residenciales de lujo valorados en unos 500 millones de euros.


* La Opinión Málaga - JOSE TORRES / JOSÉ ANTONIO SAU - 20.5.12
Foto: Manilva - J.R. (El País)

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