Inutilidad de las sentencias urbanísticas

ALFONSO VILLAGÓMEZ* : Máquinas excavadoras originando montículos de escombros, arañando y haciendo irreversible lo que durante millones de años la naturaleza había regalado. Mientras, un pleito pretendía, mediante una acción jurídica, combatir aquella destrucción en la umbría onubense que, para colmo, era Zona de Especial Protección para las Aves. Se concitaban así todos los despropósitos posibles contra el medio ambiente y el urbanismo. Pero, ¡el pleito se ganó! La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró la nulidad radical de toda aquella horrenda construcción. Impugnada ante el Tribunal Supremo en casación, además de por la empresa promotora "en defensa de sus intereses" simultáneamente por el Ayuntamiento de Huelva (del PP) y la Junta de Andalucía (PSOE), coincidencia reveladora de un urbanismo preso en una maraña de regulaciones sin sentido y cuya descodificación arroja sabrosas enseñanzas sobre el poder. El TS confirmó lo que la Sala de Instancia había sentenciado: que toda la modificación del plan promovida por el Agente Urbanizador y al que habían obedecido tanto el Ayuntamiento como la Junta, era nula de pleno derecho. Pero la urbanización se hizo. No hubo medida cautelar que provisionalmente la paralizara. Y ahí sigue con evidente burla de las sentencias. Ahí está, para quien quiera verla.

Las personas que adquirieron sus casas no tienen nada que ver con la situación ilegal; se han encontrado con ella, son también víctimas del entuerto administrativo. Y si se lograra la reconstitución tendrían indudable derecho a la indemnización y al realojo.

Cuando se demostró hasta la saciedad que la torre construida pese a su extrema ilegalidad tenía que ser demolida, el TSJ abatió sus propias decisiones y las del Tribunal Supremo para evitarlo. Lo mismo que parece guiar ahora a la Xunta para salvar de la picota, en un proyecto de ley que cheira a inconstitucional, desde el edificio de Fenosa, en A Coruña, a la Colina de Castrelos, en Vigo, pasando por las 20 viviendas unifamiliares de A Guarda pendientes de derribo. Luego ¿sirven las sentencias urbanísticas para algo más que para ponerlas en un marco como antigualla de la más exquisita pero obsoleta orfebrería jurídica?

* Doctor en Derecho Público

* El Correo Gallego - Opinión - 4.5.12

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