De carácter populista y conservador, el sello de Gobierno de Jesús Gil en Marbella, y de sus secuaces en otros pueblos, fue un desprecio absoluto de los controles de legalidad administrativa, el ninguneo de la Administración autonómica que debía controlar desde Sevilla el urbanismo de la Costa del Sol Occidental, y el fomento frenético de la inversión en el ladrillo, algo que no era exclusivo de Marbella, sino un cáncer presente en toda la Costa del Sol. Hay quien recuerda que cuando Gil llegó el litoral ya existía, pero paradójicamente Marbella, Ronda, Casares, Manilva y Estepona, ciudades en las que el GIL tuvo responsabilidades de gobierno o, por lo menos, estuvo presente en su corporación, arrastran hoy casos de corrupción de cierta enjundia: el último ha estallado esta misma semana en la localidad casareña, la cuna de Blas Infante, donde el GIL gobernó entre 1996 y 2000. Ésta tiene un componente extra que hace que se toquen las dos realidades delictivas de la Costa: la corrupción y el crimen organizado, ya que hay supuestas conexiones con las mafias del este. Uno de los detenidos es el exalcalde Juan Sánchez (IU), un hombre con una trayectoria política intachable, hasta ahora, y querido por su pueblo: en sólo dos días, los vecinos recaudaron su fianza de 200.000 euros.
Hay quien llama la atención sobre el hecho de que Jesús Gil no es el principal factor de la ecuación cuya incógnita es la corrupción, sino que él, constructor con una inteligencia natural para oler el negocio y moverse en el filo de la navaja legal, llega a una Costa del Sol con un magnífico clima, que empieza a estar preñada de ladrillo, con innumerables urbanizaciones que favorecen el anonimato, y donde las administraciones locales, ávidas de recursos extras con los que sostener la enorme población flotante que ha pasado de ser ocasional a habitual, hace tiempo que engrosan sus arcas con las plusvalías de los convenios urbanísticos. Es aquello de «Dios me ponga donde haya».
«No creo que se le pueda echar a Gil la culpa de lo que ha pasado: cuando él llega aquí hay ya una gran actividad urbanística, y la corrupción toma cuerpo cuando hay construcciones masivas, promociones millonarias, pelotazos urbanísticos y plusvalías de vértigo. A todo ello hay que unirle la cercanía de Gibraltar», señala Antonio Alcalá, presidente de la Audiencia Provincial. Éste recuerda el problema de los ayuntamientos faltos de recursos que abren los brazos al dinero fácil, dado que el urbanismo deja «pingües impuestos» al Consistorio, pero los servicios que a cambio se dan son escasos.
Caladeros. Otro experto que prefiere mantener el anonimato concluye: «Los tiburones acuden donde están los caladeros», y éstas eran, a principios de los noventa, aguas muy cálidas.
El hijo de Jesús Gil gobernó cuatro años en Estepona, y allí, en junio de 2008, estalló el caso Astapa contra la corrupción; gobernaba el PSOE, pero antiguos elementos del GIL se habían reconvertido y apoyaban a los socialistas. Hoy, hay cerca de cien imputados, el juzgado está saturado y ni la policía ni el fiscal ven la luz al final del túnel.
Juan Carlos López Caballero, fiscal Anticorrupción y nuevo fiscal jefe de Málaga, tiene claro que la Costa del Sol es una zona propicia para que crezcan tanto la corrupción administrativa como el crimen organizado: «Ésta es una zona caliente desde el punto de vista de la manifestación de actividades delictivas de organizaciones criminales».
La nueva óptica investigadora, en la que se persigue el beneficio del delito y no únicamente el acto administrativo contrario a derecho, permitió que la corporación marbellí de Marisol Yagüe y Juan Antonio Roca saltara por los aires, y desde ese prisma se han enfocado todas las operaciones que han venido después en los antiguos feudos del GIL: en septiembre de 2011, el exalcalde de Ronda y otras seis personas fueron detenidas por su presunta implicación en la operación Acinipo contra la corrupción urbanística. Ninguno de ellos perteneció al GIL, pero en ese Consistorio pudo quedar el reflejo de esa forma de gobierno patentada por los seguidores del expresidente del Atlético de Madrid. El caso continúa en instrucción.
El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Manuel Camas, destaca que los casos que están estallando ahora se dieron hace unos años: «Son casos de los mismos años, actos que se produjeron en otra época: éste es un territorio en el que entonces había una gran presión urbanística, una zona con grandes posibilidades de desarrollo, y en el que había una gran demanda de vivienda, y por eso, a lo mejor, llega Jesús Gil: todo está concatenado».
Operaciones menos mediáticas. Camas se felicita por el hecho de que esas operaciones han perdido el tufillo mediático que inauguró Malaya: se han frenado las detenciones televisivas; la prisión preventiva no se prolonga más de lo necesario, y no se premia la delación con la libertad. Sin ir más lejos, en el registro del despacho del abogado detenido esta semana en Casares estuvo presente un representante del colegio.
José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y director del Instituto Andaluz de Criminología, abundó en una reciente entrevista concedida a este periódico en la forma en la que se relajaron los controles administrativos en las diferentes administraciones desde mediados de los noventa: «La mayoría de los problemas se hubieran podido resolver si las administraciones, la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y la Administración central, hubieran cumplido las normas, y hubieran actuado diligentemente contra quienes no las cumplían. Las irregularidades urbanísticas nacen, además de por el interés de quien lo hace, por una negligencia de la administración ejecutiva».
También fallaron los tribunales. Las primeras acciones contra las licencias ilegales de Marbella se llevaron a cabo en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que tardaron demasiado en afirmar la ilegalidad de las licencias, pese a que hay quien defiende que fue esa actuación de la Justicia la que obligó a Roca «a echarse al monte».
Los casos Saqueo 1 y 2 €sólo hay sentencia del primero€ también demostraron la forma en la que se esquilmó el patrimonio municipal marbellí. En el primero, se consideró malversada una cantidad superior a los 23 millones de euros; el segundo está pendiente de juicio. Además, muchos exconcejales soportan procedimientos de alcance en el Tribunal de Cuentas por sumas millonarias, y se han separado más de una treintena de piezas de Malaya. La herencia de Gil, desde luego, deja huella.
También lo hizo en Manilva, cuando estalló la operación Ballena Blanca en 2005. Se trató en su día de la operación contra el blanqueo de capitales más importante de Europa. De 250 millones de euros presuntamente blanqueados en el despacho de un abogado marbellí, se pasó a 1,6 millones, según la sentencia del caso, un fallo para «enmarcar», según fuentes judiciales. Hubo cincuenta detenidos, pero sólo cinco personas fueron condenadas finalmente, entre ellas el líder de la trama, el abogado Fernando del Valle.
La Parrada. Una de las piezas separadas de Ballena Blanca, relativa al pelotazo urbanístico de la finca La Parrada, afectó al exalcalde de Manilva Pedro Tirado, exlíder del GIL en el municipio. Precisamente el asunto se está juzgando estos días. En concreto, con la operación urbanística se generaron 90 millones de euros de plusvalías, siempre según Anticorrupción. En su casa, el alcalde guardaba más de 700.000 euros en una bolsa de Louis Vuitton.
La cercanía de Gibraltar, un paraíso fiscal propicio para lavar dinero, la masiva presencia de bufetes asociados al ladrillo, y la magnífica oportunidad de enjugar el dinero negro en la estela de una macrourbanización, propiciaron algunas operaciones contra el blanqueo como Ballena Blanca o Hidalgo. La Fiscalía, para afinar aún más en la persecución de estas realidades presentes en la Costa del Sol, plantea la puesta en marcha de unidades policiales con agentes especializados y expertos en blanqueo y Hacienda.
Otros expertos apuntan también a las buenas comunicaciones por aire, mar y tierra de Málaga con otras zonas, lo que propicia que muchos miembros de organizaciones criminales, con especial protagonismo de la Camorra, la peligrosísima N´drangheta o de la mafia rusa, elijan la provincia para esconderse. Eso sí, aquí se disfrutan las ganancias pero no se actúa a no ser que sea estrictamente necesario. Rodeados de abogados que llevan sus intereses sin hacer mucho ruido, la vida es más apacible en tortuosas urbanizaciones difícilmente localizables y verdes campos de golf.
Crimen organizado. Otra de las patas que ha sostenido este tipo de negocios la forman las diferentes mafias del este que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detectado (y las que no) en buena parte del litoral mediterráneo español durante los últimos 17 años. Prácticamente desde la caída del telón de acero, aunque con más presencia a medida que avanzaban los años noventa. Las hemerotecas hablan de turistas con mucho dinero que venían a algo más que a invertir. Venían a trabajar.
Las operaciones Avispa (1995, 2005 y 2006), Troika (2008) y Java (2010) se saldaron con más de 72 detenidos, más de 100 registros domiciliarios y mil cuentas bancarias bloqueadas. Asentados mayoritariamente en la Costa del Sol, en la Costa Blanca y en Baleares, aprovecharon el caldo de cultivo que proporcionaba el anonimato de los grandes complejos turísticos y el boom del ladrillo les ayudó a maquillar el origen delictivo de sus inversiones y sus grandes fortunas. Las operaciones eran calcadas. Junto a los capos, las celdas se llenaban con sus propios abogados y asesores fiscales, la mayoría españoles.
Hasta ahora, Avispa ha sido el mayor golpe dado en la Costa del Sol a la mafia rusa. En su primera fase, en junio de 2005, una treintena de personas cayeron en Málaga, Murcia, Alicante y Cataluña acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales y quiebra fraudulenta. En noviembre de 2006, otro golpe hacía caer nueve detenidos más en Marbella (2), Toledo (1) y Madrid (6), acusados de blanquear grandes cantidades de dinero procedente del juego ilegal en casinos rusos. Entre ellos estaba el presunto coordinador financiero de la organización, Oleg Vorontsov, y otros ciudadanos de origen ucraniano, georgiano, ruso y español. Fueron bloqueadas numerosas cuentas, un millón de euros, 90.00 dólares y cincuenta tarjetas de crédito.
El entonces ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, avanzó en junio de 2008 los datos de la operación Troika, un gran golpe policial contra el clan ruso Tambovskaya en el que hubo 20 detenidos, la mitad de ellos en la provincia. En aquella ocasión se bloquearon 12 millones de euros en diferentes cuentas bancarias, además de 200.000 euros en metálico, 23 vehículos de lujo, obras de arte e incluso un yate. Alicante, Palma de Mallorca y Madrid se repartieron el resto de detenidos, mientras que una treintena de registros se extendió también por Valencia, Almuñécar, Granada, Marbella, Estepona, Nerja y Torrox.
La segunda fase de Troika supuso la detención en Málaga y Marbella de tres abogados por presuntamente blanquear dinero de la mafia rusa y el registro de media docena de viviendas y despachos de la Costa del Sol. El operativo estuvo dirigido por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
En junio de 2010, caía en Marbella Zakhar Kniazevich Kalashov, alias Sakro El joven o el hombre invisible. En el momento de su detención, Kalashov estaba considerado como el máximo líder de la mafia rusogeorgiana, llevando supuestamente las riendas de los clanes Solnsevskaya, Ismailovskaya y Bratskaya. En septiembre de ese año, la Audiencia Nacional acordó su extradición a Georgia, donde tenía pendiente 18 años de prisión por delitos de asociación ilícita y secuestro.
También en mayo de 2010, la policía española, en colaboración con varios países, asestaba un durísimo golpe a la mafia irlandesa asentada en la Costa del Sol. La mayoría de los 30 detenidos cayeron en Marbella, Estepona y Fuengirola, aunque también hubo arrestados en Reino Unido (11) e Irlanda (3). En su villa de Estepona cayó el cincuentón Christopher Kinahan, viejo conocido de la policía irlandesa, británica y europea junto a sus hijos y su mano derecha. La investigación policial consideró que el dinero obtenido de forma ilícita por esta organización en sus diferentes actividades se invertía en el sector inmobiliario, tanto en la Costa del Sol como en otros lugares del mundo como Brasil, donde la investigación apuntaba que la organización poseía seis complejos turísticos y residenciales de lujo valorados en unos 500 millones de euros.
* La Opinión Málaga - JOSE TORRES / JOSÉ ANTONIO SAU - 20.5.12
Foto: Manilva - J.R. (El País)
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