Córdoba.- Critican un "desaguisado" de años en materia urbanística

DIARIOCÓRDOBA* : El malestar por los cobros incrementados de varios años de IBI en El Higuerón coincide con declaraciones del decano del Colegio de Abogados de Córdoba, José Luis Garrido, que considera que ha habido "una falta de control absoluto administrativo, incluso políticamente dirigido, durante mucho tiempo" en materia de Urbanismo, en relación al incremento del 21% en 2011 de los procedimientos registrados en la Fiscalía por los delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio en la provincia.

El representante de los letrados, basándose en la Memoria del Ministerio Público del 2011, analiza el aumento de procedimientos judiciales, y afirma que "hay un apartado de la memoria que dice que no se detectan nuevas edificaciones ilegales, con lo cual, se puede decir que son procedimientos antiguos que llegan ahora a trámite de juicio". La sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía registró el año pasado un total de 373 procedimientos judiciales, de los que 248 fueron por ordenación del territorio y urbanismo, seguido muy de lejos, con 49, por asuntos relacionados con patrimonio histórico. Además, se dictaron 32 sentencias por delitos urbanísticos, de las que 13 fueron condenatorias, y se interpusieron 64 denuncias. Estas cifras, a su juicio, "tienen una doble lectura", y es que "la situación actualmente parece que va a mejor", por lo que valora el trabajo de la Fiscalía, "sobre todo la fiscal de la sección, Consuelo Fidalgo", dice Garrido.


* Diario Córdoba - EP - 26.8.12
Foto: Córdoba. vista_chalets_construidos_entorno_Medina_Azahara - el pais.com

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Colmenar.- Paralizadas 3.500 viviendas para jóvenes

ELPAÍS/Madrid* : Las 3.500 casas incluidas en el Plan Joven que el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) y el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja tenían previsto construir en el paraje de Valdeguerra siguen en el limbo. Han pasado más de siete años desde que la Comunidad pagara 18,75 millones de euros por unos terrenos que hoy siguen siendo rústicos. Y las viviendas paralizadas después de que la dirección general de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio devolviera en junio de 2009 un plan general que reclasificaba nueve millones de metros cuadrados para construir en una primera fase unas 12.000 viviendas, de las que 3.500 eran para jóvenes.

La Comunidad (PP) borra de esta forma con una mano lo que escribe con la otra. Fue en julio de 2006 cuando rechazó por primera vez la promoción del IVIMA y de la constructora Fadesa, ahora integrada en Martinsa. Sin embargo, el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja (PP) no ha abandonado su intención de reclasificar los terrenos. Por eso ha aprobado definitivamente el plan general, que remitió a la Comunidad que ahora tiene en su tejado la pelota.

Este crecimiento del parque de viviendas habría supuesto multiplicar por cuatro los 8.378 habitantes de este municipio del sur de la región. El informe de la Comunidad —que niega ese aumento y enmienda la intención del Ayuntamiento— sugiere un replanteamiento del crecimiento previsto para que se tenga en cuenta la población actual y las previsiones socioeconómicas, “con el fin de asegurar un uso racional y prudente de los recursos naturales”, alega. El Gobierno regional también considera necesario, según el informe, que el Consistorio limite la ocupación del territorio ya que Valdeguerra y sus inmediaciones gozan de protección paisajística, al mismo tiempo que es Lugar de Interés Comunitario (LIC).

Fue el 8 de marzo de 2006 cuando el entonces consejero de Medio Ambiente Mariano Zabía y la exalcaldesa de Colmenar de Oreja María Pilar Algovia hacían pública la compra de los terrenos, que convertirían al municipio en el cuarto con más viviendas para jóvenes, después de Madrid, Brunete y Móstoles. La nota de prensa difundida por la Comunidad lanzaba las campanas al vuelo, asegurando que los inquilinos pagarían “una renta de 368 euros mensuales durante siete años”. Fue precisamente Zabía quien un año antes acordó la compra por parte del IVIMA a la Comunidad de unos 200.000 metros cuadrados de suelo a un precio medio de 92,55 euros el metro cuadrado. Una cantidad muy superior a lo que pagó la promotora Fadesa meses antes al Ayuntamiento de Colmenar de Oreja por 148 hectáreas en Valdeguerra: 29 euros el metro cuadrado, casi un tercio menos de lo abonado por la Comunidad. Zabía defendió en la Asamblea la compra destacando que al menos tres informes aseguraban que el precio de mercado superaba los 90 euros. Pese al importante desembolso no se ha puesto ni un solo ladrillo.

Desde 2005, Martinsa-Fadesa ha abonado unos 30 millones por los terrenos, según la oposición, que denuncia que el Ayuntamiento haya acordado que la promotora pueda aplazar sus pagos hasta 2016, el año en el que tendrá que abonar los últimos 16 millones.

La Comunidad asegura que en este ejercicio de 2012 promueve unas 10.000 viviendas protegidas en diferentes fases. El viceconsejero de Vivienda, Alejandro Halffter, destacó que la promotora pública regional gestiona un parque de 42.000 inmuebles en los que residen unas 100.000 personas. El PSM critica este plan. Según el diputado regional, Antonio Fernández Gordillo, “es un buen ejemplo de la política urbanística que está en el origen de la crisis de hoy. Y sorprende que en 2009 la Comunidad devolviera el plan al considerarlo insostenible cuando había comprado los terrenos cuatro años antes”.

El informe de Evaluación Ambiental sobre Valdeguerra también llama la atención en el hecho de que esta promoción se encuentre a unos 13 kilómetros del casco urbano de Colmenar de Oreja, y se encuentra pegado al PAU de La Montaña, en el colindante municipio de Aranjuez: “Se entiende imprescindible la consideración global de la necesidad de los crecimientos de Colmenar de Oreja y de Aranjuez, y que estos se coordinen y se gradúen en el tiempo”, pide el informe. Esto significa que la Comunidad trató de poner freno a la construcción de 22.000 viviendas entre las promociones de Valdeguerra, Puente Largo y la Montaña. En este último caso, la promotora era también Fadesa, que resultó adjudicataria junto a la firma Comar Inversiones del casino de Aranjuez. El encargado en el Gobierno regional de realizar los pliegos de la adjudicación del casino fue el que años después sería alcalde de Arganda del Rey, Ginés López, imputado en el caso Gürtel. Tanto en el caso de Valdeguerra como en el de La Montaña, Fadesa adjudicó la sectorización de ambas promociones a la empresa Plarquin Consultores, ligada al exdirector general de Urbanismo Enrique Porto. Y esta firma también participó en la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey, con Ginés López a la cabeza, de unas fincas por las que el presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, cobró 12 millones de euros por intermediar.


* El País - TONO CALLEJA Madrid 26 AGO 2012
Foto: Un hombre observa los terrenos de ampliación en Colmenar de Oreja. / SANTI BURGOS

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La Valencia parada

ELPAÍS* : Son proyectos privados y públicos, diseñados en la ciudad de Valencia en la época de vacas gordas, que han terminado encallando en las procelosas aguas de la crisis después de haber absorbido grandes cantidades de dinero. La relación que sigue es una muestra, porque hay muchos más. La megaobra en torno a la dársena del puerto, por ejemplo, que costó cientos de millones de euros y por la que hoy aún pasean algunos turistas sin encontrar prácticamente nada abierto. O la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), para cuya acondicionamiento fue necesario expulsar a 300 vecinos y destruir 70 hectáreas de huerta en La Punta, donde 12 años después de iniciarse no se ha instalado ninguna empresa. O el Parque Central, la vieja promesa de un corazón verde para Valencia, que por mucho tiempo seguirá siendo solamente eso.

El edificio más lujoso

El edificio de la Porta de la Mar, considerado el más caro de Valencia y levantado por Lubasa, es desde principios de agosto propiedad de los tres bancos que financiaron su construcción. Fuentes de la empresa confirmaron que Bankia, BBVA y Banco de Valencia se quedaron con el inmueble y que están pendientes de reunirse en septiembre con las entidades para concretar la política de comercialización del inmueble, de la que hasta ahora se ha encargado Lubasa sin ningún éxito. Aunque el edificio se terminó en 2011, la venta sobre plano empezó en 2009. Tres años después, la empresa no ha conseguido vender ni un piso, ni una oficina, ni un bajo comercial.

Los precios, altos incluso para el contexto económico previo al crash inmobiliario, ayudan a entenderlo. Los pisos más baratos cuestan 1,7 millones de euros; el más caro, un ático de 400 metros cuadrados, ronda los cuatro millones. Lubasa aún no sabe si los nuevos propietarios impondrán generosos descuentos para desprenderse lo antes posible del edificio, tal y como la banca está haciendo en otros casos de forma acelerada.

Las fuentes sí admitieron que, de lo contrario, la comercialización será muy lenta debido a la competencia en el entorno. El edificio Porta de la Mar está ubicado en la plaza del mismo nombre, a espaldas del puente de Calatrava y enfrente del final de la calle Colón. “En esta zona los pisos deberían venderse a 4.000 o 5.000 euros el metro cuadrado”, lamentan las fuentes de la empresa, “pero se están ofreciendo a 1.000”.

Los precios exigidos hasta ahora por Lubasa (que desde 2009 se llama Durantia) están condicionados por el coste de partida. La constructora adquirió el edificio que alojaba los juzgados de Valencia por 105 millones de euros en 2006. Las obras, que mantuvieron el esqueleto del antiguo inmueble, empezaron cuando el pinchazo inmobiliario era un hecho.

El campo del Valencia CF

Hace tres años que no se mueve una piedra en el nuevo estadio del Valencia CF. Los impagos del club llevaron a las constructoras a interrumpir en 2009 la construcción del campo, apadrinado por el Ayuntamiento y la Generalitat. La estructura de hormigón permanece paralizada desde entonces en la avenida de las Cortes Valencianas.

En julio, el presidente del club, Manuel Llorente, compareció con la alcaldesa Rita Barberá para anunciar que la reanudación de las obras era inminente tras haberse alcanzado un compromiso con Bankia. Según afirmaron, los trabajos se retomarían en septiembre y el equipo podría jugar en el estadio en 2014. El teórico financiador mantuvo, sin embargo, silencio. Fuentes de la entidad financiera señalan que el acuerdo no está cerrado. Y que antes de que Bankia tome una decisión deberían cumplirse una serie de “hitos urbanísticos”.

El primero de ellos, la recalificación por parte del Ayuntamiento de Paterna de la ciudad deportiva del Valencia CF, se alcanzó hace pocos días. Simplificando, si todo sale bien, el club se desprendería del actual Mestalla, de los terrenos de Paterna y de derechos de edificabilidad en el entorno del nuevo campo, a cambio de lograr oxígeno —cancelación de préstamos anteriores y más financiación— para terminar el nuevo campo.

La maqueta del nuevo estadio fue presentada al público en noviembre de 2006. La hemeroteca muestra ufanos al entonces presidente del club, Juan Soler, a la alcaldesa Rita Barberá y al expresidente Francisco Camps. Soler contó en aquel momento que el campo, con capacidad para 75.000 espectadores, estaría finalizado en 2009 y supondría un negocio redondo para la institución, que ganaría dinero. El nuevo estadio iba a costar 250 millones de euros, y la venta de los terrenos del actual campo reportaría al club, al menos, 450 millones.

La nueva ciudad

El Programa de Actuación Integrada (PAI) de les Moreres, al sureste de Valencia, iba a conectar la Ciudad de las Artes y las Ciencias con el viejo barrio de Natzaret. Iba a ser la nueva avenida de Francia. Una urbanización de 317.000 metros cuadrados en los que se levantarían modernas torres con 2.189 viviendas, según afirmaba hace cuatro años Rita Barberá.

El número de edificios efectivamente levantados puede contarse hoy con los dedos de las manos. Entre ellos hay amplios solares donde crece la maleza y en los que todavía se alzan los carteles de los antiguos propietarios, anunciando una inminente promoción. Hay calles, farolas, semáforos, zonas ajardinada y pequeños parques infantiles, pero faltan las casas y la gente.

Cuando la pareja de Raúl Pérez, metalúrgico en la planta de Ford de Almussafes, se mudó a la zona hace un año, sabía que en la zona había poco movimiento, pero no tan poco. “En más de un año no han avanzado nada. No han construido más edificios para completar esto, ni han abierto comercios. Para comprar el pan o tomarte un café tienes que coger el coche”, comenta Pérez a la puerta del inmueble.

Los bancos, el lugar en el que acaban los fiascos inmobiliarios, están haciendo todo lo posible para quitarse las promociones de encima. La inmobiliaria Mesena, de Banesto, ofrece por ejemplo viviendas en la zona desde 99.800 euros. La publicidad informa de que el edificio en cuestión cuenta con piscina descubierta y sauna, pádel, squash, gimnasio y seguridad privada las 24 horas.

Cerca del antiguo Camí de les Moreres —que da nombre al proyecto urbanístico—, al otro lado de la desembocadura del Turia, se encuentran los terrenos en los que debería desarrollarse el PAI de El Grau, otra gran operación varada. En este caso, con consecuencias para las arcas públicas. Cuando el expresidente Camps anunció la construcción del circuito urbano de fórmula 1 dijo que a los ciudadanos no les costaría nada, porque se financiaría con las plusvalías urbanísticas obtenidas de la edificación de la vieja zona industrial del El Grau.

La Generalitat ha destinado más de 90 millones al circuito, pero en la zona no se ha puesto ni un ladrillo.

Un metro hasta el centro

Las obras de la línea 2 del metro de Valencia empezaron en 2007, el año de la Copa del América, una época de grandes planes para la ciudad. El metro debía unir el centro —el Mercado Central y luego el barrio de El Carme— con Natzaret en poco más de 10 minutos, pasando por la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Una parte sería subterránea (metro propiamente dicho) y otra iría en superficie (tranvía).

Cinco años después la construcción de la línea del metro está parada. La Generalitat reconoce que, como ocurre con otras iniciativas, no podrá retomarla sin ayuda del Gobierno. Y ni siquiera ofrece un horizonte para la puesta en marcha de la conexión Natzaret-Ciutat Vella.

Los años de trabajo, que implicaron obras faraónicas en puntos de la ciudad como la avenida del Reino de Valencia —donde se arrancaron y replantaron decenas de palmeras—, el entorno de la Estación del Norte o la plaza de Brujas —detrás del Mercado Central— han dejado un puñado de infraestructuras terminadas pero sin uso. La última parada, la de Natzaret, parece completamente concluida, pero hasta sus andenes no ha llegado aún el tranvía. Y las vías que la conectan con la zona de la Ciudad de las Ciencias, que requirieron la construcción de un puente, se confunden por tramos con viejas conexiones ferroviarias, por lo mucho que han crecido entre ellas las malas hierbas.


* El País - IGNACIO ZAFRA Valencia 25 AGO 2012
Foto: Las obras del nuevo estadio del Mestalla están paradas desde el año 2009. / JOSÉ JORDÁN

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Facua alerta de que los 'desahucios exprés' "potenciarán aún más la especulación inmobiliaria"

PÚBLICO* : Facua-Consumidores en Acción cree que el proyecto de ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Viviendas que aprobará este viernes el Consejo de Ministros "potenciará aún más la especulación inmobiliaria", al facilitar el desahucio de los inquilinos que cumplen con sus obligaciones, y ha criticado que el Ejecutivo "recorta derechos" a los arrendatarios.
En una nota de prensa, la organización de consumidores tacha de "desequilibrada" la reforma legislativa, alegando que usa como "cortina de humo" la "necesaria" medida de limitar a diez días los desahucios a los morosos para "recortar derechos" al resto de arrendatarios, al permitir que "cualquier inquilino que asuma escrupulosamente los pagos de las rentas mensuales pueda ser echado a la calle" si el propietario requiere el piso para vivienda habitual.

"Se minimizan los derechos de los inquilinos para favorecer a los especuladores y a las entidades financieras", ha criticado en rueda de prensa el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, argumentando que "los arrendadores que quieran librarse de sus inquilinos para alquilar los inmuebles a un precio más alto" tendrán ahora vía libre.

Y es que con la normativa vigente los contratos sólo podían actualizarse al IPC durante los primeros cinco años pero, una vez se apruebe este proyecto de ley, el propietario podrá revisarlo al tercer año y "quitarse de encima al inquilino si tiene a otra persona que le ofrezca más por la vivienda o imponerle a aquél una renta muy superior".

Además, el IPC ya no será el índice de referencia para actualizar la renta cada año de vigencia del contrato, lo que "podrá traer aún más perjuicios para los inquilinos", según el portavoz de Facua, que avisa asimismo de la "gran inseguridad" que estos cambios generarán entre los arrendatarios.

No potenciará el alquiler
Por todo ello, la asociación de consumidores duda de que esta medida vaya a servir para incrementar el mercado del alquiler y situarlo en la media europea, como alega el Ministerio de Fomento, sino que por el contrario "potenciará aún más la especulación inmobiliaria", ya que "pretende fomentar el alquiler de la misma forma que el empleo: facilitando que se eche a personas a la calle aunque cumplan con sus obligaciones".

"Y, mientras, el Gobierno sigue sin imponer a Bankia, la primera inmobiliaria del país, y al resto de bancos nacionalizados que destinen su parque de viviendas a la venta y alquiler a precios justos", ha concluido.


* Público - EP - 24.8.12
Foto: Se alquila - A. Ruesga (El País)

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Madrid.- La ciudad que no llegó a ser

ELPAÍS* : El gran cambio de la capital acabó en los albores de la crisis. Pero hay proyectos que iban a culminarlo y se quedaron por el camino. El centro de convenciones bajo las cuatro torres, el eje Prado Recoletos. Así se soñó Madrid.
Ya son más de las seis de la tarde, pero al vigilante que se apresta a salir de la caseta al encuentro de la extraña le rezuma el sudor por las patillas: “Aquí solo estoy yo; las obras están paradas”, informa solícito. “No hay nada que ver”. A su espalda se levantan las Cuatro Torres, moles de casi 250 metros de altura que jalonan la entrada norte a la capital por la Castellana. Entre ellas y la tórrida garita del vigilante, un agujero de tamaño colosal: 33.000 metros cuadrados destinados al futuro Centro Internacional de Convenciones en los que, como mucho, se adivinan unos cimientos de hormigón. “Nuevo icono arquitectónico de Madrid”, lo definió el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón cuando colocó la primera piedra, en 2008.

Fue de los primeros proyectos en caer. Año y medio más tarde, el alcalde anunció que fulminaba 600 millones del presupuesto destinados a obras. El centro de convenciones y al estadio de Vallehermoso, entre otros, debían esperar tiempos mejores. En algunos casos ha sido la crisis; en otros, la falta de entendimiento con otra Administración; hay proyectos que, simplemente, cayeron en el olvido. La capital ha conseguido sacar adelante —a costa de acumular una deuda monumental— las iniciativas que impulsaron su transformación urbana: el soterramiento de la M-30, Madrid Río, la reforma de Serrano, peatonalizaciones en Arenal y Ópera, Callao y Fuencarral... Pero hubo planes e ideas que se quedaron por el camino. Un Madrid que se soñó pero no fue y que, en algunos casos, ya no será.

“Nos hemos permitido el lujo de hacer cambios importantes en la ciudad. Los más radicales, los que han transformado su fisonomía, conseguimos hacerlos justo antes de la crisis”, reconoce la coordinadora general de la Oficina de Planificación Urbana del Ayuntamiento de Madrid, Beatriz Lobón. La ciudad sigue albergando proyectos, aunque vayan para largo: reformar la degradada plaza de España, abrir nuevas vías de conexión entre el centro y el río... La prioridad son los proyectos “de cara al turismo y la imagen de la ciudad”, señala. El resto, los que no son ni básicos ni imprescindibles para generar esa imagen, deben esperar. “No hay dinero”, repite Lobón varias veces durante la conversación.

» Centro Internacional de Convenciones. “Era un proyecto muy ambicioso”, dice de él, conjugando en pasado, Emilio Tuñón, uno de los arquitectos (junto con el recientemente fallecido Luis Mansilla y Matilde Peralta) que ganó el concurso de ideas que convocó el Ayuntamiento en 2007. “Tratamos de rematar todo el entorno de las Cuatro Torres, que miden más de 200 metros, así que no se podía trabajar como en un casco urbano. Reclamaba una escala mayor”. El espectacular edificio circular, de 120 metros de altura, iba a albergar tres auditorios (uno de hasta 6.000 plazas) y un aparcamiento para 5.000 vehículos. Costaría 300 millones de euros. “Somos muy posibilistas”, responde Tuñón a si están decepcionados por el parón del proyecto. “Con esta situación económica, a lo mejor lo que Madrid requiere es otro tipo de equipamiento, más social. A veces es bueno parar y repensar. El tiempo también es material de construcción”. Los trabajos están parados; el Ayuntamiento no sabe cuánto tiempo seguirán así. “A ver si se puede abaratar”, apunta Lobón. UPyD afeó al Consistorio en junio que lleve gastados 99 millones “en un agujero” que no da ningún servicio al ciudadano.

» Coliseo de las Tres Culturas.En lugar de agujero ciclópeo, lo que queda hoy del proyecto conocido con el grandilocuente nombre de Coliseo de las Tres Culturas es un enorme solar vallado, con algún arbolito solitario, en pleno barrio residencial de Canillas (Hortaleza). El Ayuntamiento recalificó dos parcelas y se las cedió en 2002 y por 50 años al ventrílocuo y empresario teatral José Luis Moreno, que proyectaba construir un gran centro artístico con tres teatros, un museo de arte, un conservatorio de música, varias salas de exposiciones, una escuela de arte dramático... “Emblema vivo y carismático de la ciudad del siglo XXI, logrando que su imagen sea identificable en los cinco continentes”, lo describe la página web, aún activa. “Le faltó financiación y el Consistorio recuperó el solar”, resume Lobón. El contrato se resolvió definitivamente hace un año, aunque quedaron algunas deudas por medio: el caso está en la Agencia Tributaria municipal.

“En este barrio hacen falta cosas así”, afirmaba la farmacéutica de Parque Conde de Orgaz, frente al solar, el jueves pasado. “Hablé con Moreno hace unos años y estaba entusiasmado con construir los teatros”, añadía. El Consistorio nunca lo tuvo tan claro. “Ni siquiera los vecinos estaban de acuerdo con el proyecto”, dice Lobón. La parcela, de uso dotacional, espera que el Ayuntamiento decida su uso futuro.

» Templete Red de San Luis. “Hace unos años llamaron del Ayuntamiento de Madrid. Querían recuperar el templete, pero dijimos que el original no se llevaba, que podían venir a estudiarlo y hacer una réplica”, relata Urbano González, coordinador de la Alcaldía de O Porriño, municipio pontevedrés en el que nació Antonio Palacios, autor del Círculo de Bellas Artes, del Palacio de Correos y del célebre templete de la Red de San Luis que durante décadas (entre 1919 y 1970) albergó el ascensor de la estación de Metro de Gran Vía. La obra, con cuerpo de granito y marquesina de hierro y cristal, se desmontó y cuando O Porriño la reclamó se trasladó piedra a piedra. Hoy adorna —sin marquesina, que no viajó a Pontevedra— un parque en el centro de la localidad.

La hemeroteca desvela que ya se hablaba de reconstruir el templete a finales de los años noventa. En 2008, Alberto Ruiz-Gallardón incluyó la réplica en la presentación de la futura peatonalización de la calle Fuencarral.“Ahora, una nueva generación de madrileños podrá disfrutar de un nuevo símbolo cuya función será identificar la entrada a este eje peatonal, al que ahora se incorporará un nuevo tramo de la calle Fuencarral”, dijo. “Está olvidado. La comisión de Patrimonio no admite reproducciones de obras antiguas”, dice Lobón.

» Plaza de los Mostenses. En la parte trasera de la Gran Vía hay una plaza que no parece tal. El mercado de los Mostenses, un anodino edificio de ladrillo visto, ocupa prácticamente todo el espacio que se abre entre la plaza de España y la calle San Bernardo. Necesita una reforma, han reconocido siempre en el Ayuntamiento. El anteproyecto que la Oficina de Centro encargó al estudio de arquitectura Espegel Fisac pasaba por derribar el mercado y levantar un edificio acristalado con biblioteca, piscina, mirador... y liberar buena parte de la plaza. Costaría 30 millones de euros. “Siempre se ha dicho que solo era un banco de ideas; hoy no es un proyecto como tal”, sostiene Lobón. El dinero, una vez más, decidirá qué se hace en el futuro con la no-plaza del mercado. Sus comerciantes, de momento, se están reuniendo con el área de Economía del Ayuntamiento para ver si pueden, al menos, reformarlo por dentro.

» Estadio de Vallehermoso. Los 46 años de historia del estadio de Vallehermoso acabaron bajo la piqueta en 2008. Se demolió porque su reconstrucción era inminente: más moderno, con más capacidad. Pero se cayó de los presupuestos en 2010. Ahora una empresa construye un polideportivo en el solar: tendrá piscina, gimnasio y salas de pádel. Pero no habrá estadio. “Ya no es una opción”, admite el Consistorio.

» Eje Prado-Recoletos. Posiblemente, el conflicto entre Ayuntamiento y Comunidad que más titulares ha dado a la prensa local en la última década. Gallardón declaró una zona del paseo Bien de Interés Cultural (BIC) en 1998 para tener la última palabra en cualquier obra de reforma. Entonces era presidente de la Comunidad. Ya de alcalde, aquella decisión le dio en la cara como un bumerán. El paseo del Prado, tal y como ha denunciado recientemente el PSOE, está degradado: pavimento levantado, jardines de aspecto descuidado... Y soporta demasiado tráfico.

En esas cuestiones incide Ricardo Aroca, arquitecto y ex decano del Colegio de Arquitectos de Madrid: “La ciudad sobrevive sin estos proyectos. Me preocupa más una cosa más elemental y sencilla, el primer signo de decadencia de una ciudad: que las aceras no se arreglen y los baches no se rellenen. Y esa falta de mantenimiento empieza a verse ya”. Aroca cree que también en este ámbito hubo burbuja: “Sin esta inflación de dinero fácil estos años nunca se hubieran acometido determinados proyectos. Hay hipertrofia”. Tuñón opina algo parecido: “Hubo un momento en que se construyó demasiado deprisa. Ahora se hacen las cosas con mucha más mesura y racionalidad”.

El proyecto de Álvaro Siza para el eje data de 2002. Está ejecutado el 60%. Todo, menos la parte BIC, la de los museos, por donde transitan miles de turistas. El Ejecutivo de Esperanza Aguirre debería haber redactado una declaración de impacto ambiental en abril del año pasado. Pasado el plazo, el silencio equivale a denegación. Pero en el Ayuntamiento siguen esperando. “La Administración tiene la obligación de responder y nosotros no cejamos en nuestro empeño”, dice Lobón. A la vez, reconoce que prisa por ponerse a ello no hay. Y remata con la frase más popular de los últimos tiempos: “No hay dinero”.


* El País - ELENA G. SEVILLANO Madrid 18 AGO 2012
Foto: Vista aérea de las Cuatro Torres y el solar del Centro Internacional de Convenciones. / ÁLVARO GARCÍA

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El Supremo ratifica la multa de 540.000 euros al exedil de Urbanismo de Gondomar por cohecho

FARODEVIGO* : La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación interpuesto por el abogado vigués Jesús Lorenzo Cuervo en representación del exconcejal de Urbanismo de Gondomar Alejandro Gómez Garrido, condenado por la Audiencia Provincial a un año de inhabilitación y al abono de multas que suman 540.000 euros por la comisión de tres delitos de cohecho, 180.000 por cada uno, en relación con las dádivas requeridas a promotores inmobiliarios a cambio de beneficios en el Plan Xeral de 2006.

El exedil popular es acusado de los mismos delitos que su compañero de gobierno José Luis Mosquera, delegado entonces del área de Cultura, y el arquitecto vigués Borja Ramilo, intermediario entre los concejales y los empresarios, se enfrenta así a la segunda desestimación de un recurso en el proceso.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia falló en julio del año pasado en contra de su apelación e incidió en que las escuchas telefónicas practicadas fueron legales y en que los testimonios de los otros dos condenados lo "delatan".
La sentencia del Supremo, publicada recientemente, poco después de la vista del pasado 5 de junio, desestima la solicitud de incorporación de pruebas como el plan de ordenación que se tramitaba en 2006, finalmente anulado tras el escándalo de corrupción. El magistrado ponente, Manuel Marchena Gómez, considera que la revisión de aquel PXOM no variaría el resultado del proceso, puesto que, argumenta, se juzgó la petición de sobornos a empresarios, no la legalidad de los proyectos urbanísticos que trataban de desarrollar.
El abogado de Gómez incidía en sus dudas sobre la legalidad de las intervenciones telefónicas, aunque el Alto Tribunal mantiene que no existió vulneración del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. Tampoco concedieron importancia los magistrados a las argumentaciones del letrado respecto a la relación con el BNG del denunciante de los hechos €representante de los promotores de A Pousa€ y la proximidad de las elecciones municipales que finalmente ganó dicha formación y sí incidieron en que la solvencia de las declaraciones incriminatorias de Mosquera y Ramilo como prueba de cargo contra Gómez.
El exconcejal de Urbanismo gondomareño es el único acusado que mantiene vivo aquel proceso. Los otros dos condenados colaboraron con la investigación y obtuvieron beneficios en sus condenas con sanciones menores: Mosquera afrontó 135.000 euros y Ramilo, 67.500.
Y el fallo del Supremo no lo detendrá, según afirmaba ayer su abogado. Lorenzo Cuervo anunciaba un próximo recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y no descarta acudir a Estrasburgo si tampoco prospera, dado que mantiene que la condena de su cliente "es radicalmente errónea".


* Faro de Vigo - NELI PILLADO - 18.8.12
Foto: Gondomar (Pontevedra), vista - urbact

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Málaga.- La provincia, llena de edificios fantasmas

MÁLAGAHOY* : Lo más difícil y caro de un proyecto no es acabar su edificio, sino llenarlo de contenido, dotarlo de tecnología, costear su personal y mantenerlo en funcionamiento. Con una crisis que va para largo, todas las administraciones tienen alguna iniciativa bloqueada. El resultado es que la geografía malagueña está salpicada de edificios fantasmas que no se abren. Algunas autoridades admiten que no tienen fondos, otras ponen excusas; pero la realidad es que la crisis amenaza proyectos emblemáticos en Málaga. La segunda cárcel y el Hospital del Guadalhorce son, sin duda, los más destacados.

Archidona el municipio que cuenta con una de las mayores edificaciones públicas con un futuro más incierto. La segunda cárcel de la provincia sigue a la espera de convertirse en un refuerzo a la actual prisión de Alhaurín de la Torre. Su presupuesto es de 117 millones de euros, aunque las dudas surgen a la hora de financiar el coste de personal.

Igual que la cárcel de Archidona, también vacío está el Hospital del Guadalhorce. El compromiso de la Junta de Andalucía era abrirlo este año. Con cuatro años de retraso con respecto a la fecha inicial y en plena crisis, finalmente la Administración autonómica ha logrado acabarlo. Pero ahora el Ayuntamiento de Cártama, que según el convenio suscrito en 2005 debía hacer la acometida eléctrica, reconoce que no tiene los 2 millones que cuesta ese servicio. Así que sin suministro eléctrico, la Consejería de Salud no recepciona el inmueble.

La ciudad de Ronda cuenta también con un buen puñado de los llamados edificios fantasmas, aunque algunos de ellos se encuentran en estos momentos en proceso de recibir un destino. El más emblemático de ellos es el llamado Mueble Rondeño, en el que la Junta de Andalucía gastó 1,2 millones para un proyecto que pretendía recuperar el mueble tradicional de la ciudad, aunque nunca llegó a abrir sus puertas. Ahora, con una reforma valorada en unos 400.000 euros, la intención es que se convierta en una escuela de hostelería.

A estos edificios se suman otros dos no menos llamativos. El denominado Centro Neotecnológico está finalizado y con sus puertas cerradas. Tampoco podrá tener este destino por falta de fondos para su equipamiento. Ahora se le busca nuevo destino. Además, también se cuenta con un centro astronómico, que estuvo abierto por un corto espacio, aunque sus problemas de construcción obligaron a cerrarlo, estado en el que permanece en estos momentos.

Mientras tanto, la ciudad del Torcal cuenta con algunos de los edificios fantasmas de mayor porte. Entre ellos se cuenta el inacabado Palacio de Ferias o el terminado Centro de Tecnificación Deportiva, que está cerrado ante la falta de acuerdo entre el Ayuntamiento de Antequera y la Junta de Andalucía para hacer frente a los costes que supone su apertura.

La rehabilitación de la antigua casa de peón caminero para el Museo de las Artes Marineras de Torre de Benagalbón finalizó en junio de 2010 bajo el gobierno de PSIRV-PSOE. Faltaba el equipamiento para el cual el Ceder Axarquía aprobó una subvención económica de 100.000 euros. El nuevo equipo del PP -que decidió rechazarla ya que su uso no tenía un "contenido definido" y sugería alguno que tuviese "más utilidad para los vecinos"- apuesta por una sala de lectura. De momento, permanece cerrada.

Tampoco el consultorio de Torre de Benagalbón abre sus puertas. Las obras finalizaron a finales del pasado año. El edificio fue ejecutado por el Ayuntamiento con cargo al II Plan Zapatero. Está pendiente de la acometida de los suministros por parte de la Junta de Andalucía.

En Vélez, el edificio fantasma por antonomasia es el Parque Tecnoalimentario. Fue inaugurado hace dos años por la entonces consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Clara Aguilera. Se firmó un convenio con la Universidad de Málaga y se han desarrollado en su interior algunas jornadas relacionadas con los subtropicales. De momento, ninguna empresa se ha instalado en el recinto. "Hay problemas de comercialización", reconocen los representante veleños que apuntan a que hay dos empresas interesadas y que instalarán en el parque un vivero de empresas.

En la lista de proyectos paralizados de la provincia está también el Museo de la Piedra de Sant Pitar. Se trata de un complejo arqueológico y monumental ubicado en la antigua cantera de Valle-Niza que lleva cerrado más de cinco años. Incluía un centro de interpretación, que entre otras curiosidades, recogía el material que se utilizó para construir la catedral de Málaga entre 1727 y 1755. La rehabilitación del edificio costó 250.000 euros.

Torrox también tiene su edificio sin uso. Es el Teatro Municipal. Fue inaugurado en marzo del año pasado, sin embargo, todavía no se ha estrenado ninguna obra ni ha habido ningún concierto. Quedaban pendientes algunos informes técnicos relacionados con los suministros y las condiciones de seguridad. La obra tuvo un coste de 7,5 millones de euros de los que la Diputación y la Junta de Andalucía aportó 1 millón cada uno.

Suma y sigue en Mijas. A finales de enero el Ayuntamiento recepcionó las obras de la nueva escuela infantil de La Cala, una instalación que supuso una inversión de 1,4 millones de euros a cargo de los Fondos Estatales de Inversión Local. Sin embargo, y a pesar de los meses transcurridos, el inmueble permanece cerrado, pues no se ha convocado el concurso público para ceder su gestión.

El Consistorio afirmó hace pocos días que está a la espera de lo que decida la Junta de Andalucía en lo que se refiere a las plazas conveniadas para poner en marcha el proceso de licitación. No obstante, la Administración autonómica mostró sus dudas sobre este posible convenio, pues informó de que el Gobierno había suprimido un programa que posibilitaba nuevos conciertos. Por el momento, el Ayuntamiento está a la espera de una confirmación oficial que despeje la situación.

Por ello, la concejal de Educación, Lourdes Burgos, mostró su descontento ante esta posibilidad, pues informó de que si no hay acuerdo para concentrar las plazas habría que explotar el centro de forma privada, por lo que el interés por gestionarlo sería menor. Sea como sea, lo cierto es que el centro educativo mantiene sus puertas cerradas y su futuro es incierto para el próximo curso.

Benalmádena no es una excepción en este largo listado de proyectos que se quedan en el tintero. En el centro de Arroyo de la Miel, justo al lado de la estación de Cercanías, se asienta el nuevo edificio de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Las obras del centro terminaron a finales del año pasado, aunque hoy por hoy permanece cerrado a cal y canto. Esta situación se debe, sobre todo, a la necesidad de instalar un transformador que se encargue de dar servicio al inmueble y al parking subterráneo que hay ubicado bajo el centro. Fuentes municipales indicaron que el contrato necesario para esta instalación ya se ha formalizado, por lo que se van a poner en marcha los trámites burocráticos necesarios para que el Área de Bienestar Social se traslade a estas nuevas instalaciones. Se espera que se abra al público próximamente, aunque por ahora no se ha facilitado una fecha. Para construir el edificio se contó con una subvención de 600.000 euros de la Junta de Andalucía, aunque también fue necesario que el Ayuntamiento destinase una partida cercana a los 300.000 euros. El centro dispone de tres plantas, incluido el bajo, y una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados.

En Marbella, la obra más importante paralizada por la crisis es la ampliación del Hospital Costa del Sol, que debería haberse culminado en 2011. El proyecto, presupuestado en 50 millones de euros, acumula 15 meses de demora. La financiación es mixta. Una parte son fondos que aporta la Junta de Andalucía y otra es privada a través de recursos que obtiene la concesionaria por la explotación de algunos de los aparcamientos del centro hospitalario. El problema es que el Ayuntamiento obligó a la adjudicataria a levantar las barreras de parte de los estacionamientos, lo que ha reducido los fondos que la concesionaria logra por esta vía. El recinto ampliado tendrá 34.000 metros cuadrados de superficie y aportará 150 camas en habitaciones individuales. El hospital cuenta en la actualidad con 400 camas. El bloqueo de este proyecto está afectando la atención de los enfermos mentales. En la ampliación va una unidad para enfermos psiquiátricos graves, dispositivo del que carece la costa occidental. El resultado es que esa demora colapsa periódicamente la unidad de agudos del Hospital Clínico que en numerosas ocasiones tiene que colocar a pacientes en los pasillos porque está desbordada.

No es un edificio fantasma, pero sí un proyecto que no termina de arrancar: el tren litoral, cuyo retraso afecta a varios municipios. Últimamente se empieza a dudar también de lo que puede pasar con la ampliación del puerto de La Bajadilla, promovido en su mayor parte por capital privado -del jeque Al-Thani- y en el que participa minoritariamente el Consistorio.

Hay otros proyectos a medio acabar. Es el caso del soterramiento de la A-7 a su paso por San Pedro Alcántara, que se inauguró a finales de junio. Precisamente por problemas de financiación, se abrió al público con varios años de retraso sobre la fecha inicial. Aún así quedan algunas rotondas por abrir completamente al tráfico rodado, como la de Guadalmina, próxima con el límite con el municipio de Estepona. Desde Fomento no dan fecha, pero señalan que "en breve" terminarán las obras.


* Málaga Hoy - 6.8.12
Foto: Cártama (Málaga), hospital Guadalhorce vacío - elmundo

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Sevilla.- La frustrada biblioteca del Prado cuesta ya más de ocho millones

DIARIODESEVILLA* : Tres años después de que la Justicia tumbara el proyecto para la construcción de la Biblioteca Central de la Universidad de Sevilla, la Hispalense ha comenzado a ejecutar la orden de demolición para la reposición a su estado original de la zona construida en los jardines del Prado de San Sebastián. Los trabajos de demolición supondrán un nuevo coste de entre 1,5 y dos millones de euros para las arcas de la Universidad, que hasta ahora ya había invertido otros seis millones, con lo que el coste del fracasado proyecto de la arquitecta iraquí Zaha Hadid supera ya los ocho millones.

La Universidad de Sevilla no quiso ayer adelantar cuánto costará la demolición total de lo construido, ya que, según fuentes de la institución académica, la cifra exacta no se puede cuantificar por ahora al tratarse de unos trabajos muy "complejos" y porque la cuantía final dependerá de la posibilidad de reutilizar o vender algunos de los materiales que se desmonten.

En cualquier caso, la Universidad también negocia con la constructora Ferrovial, encarga del proyecto, para tratar de reducir el coste del proyecto que por ahora puede representar un coste de más de ocho millones, pero al que habrá sumar precisamente las indemnizaciones que deben abonarse a Ferrovial y los gastos derivados de un proceso judicial que se ha elevado incluso hasta el Tribunal Supremo, que ha dictado varias sentencias resolviendo los recursos presentados por la Universidad y el Ayuntamiento.

La Universidad de Sevilla intentó rentabilizar la obra hasta el último momento e incluso propuso en junio pasado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) reconvertir el espacio en unos jardines colgantes con mirador para pájaros, cafetería y zona de ocio, propuesta que fue rechazada por el Alto Tribunal.

La demolición se inició ayer con la llegada de las primeras maquinarias pesadas que van a restituir esta zona del parque, aunque está previsto que hoy lo haga el resto de la maquinaria que se va a emplear en estas labores. Los trabajos se desarrollarán en dos fases: la primera se prolongará hasta finales de septiembre próximo y consistirá en la demolición del andamiaje y hormigonado sobre el que se iba a levantar el proyecto de la arquitecta iraquí Zaha Hadid. En esta primera fase se dejará toda la parcela totalmente plana y libre de construcciones.

La segunda fase se iniciará con la reposición de todo el mobiliario que fue retirado en su día de los jardines, entre los que se incluyen la instalación de fuentes, bancos y elementos ornamentales. Esta fase se completará con la plantación de árboles y arbustos, que se llevará a cabo en otoño, al tratarse de la fecha más idónea para desarrollar esta labor.

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Maximiliano Vílchez, aseguró ayer que la Gerencia de Urbanismo supervisará los trabajos de demolición de la Biblioteca, para comprobar que se realiza conforme al proyecto presentado por la universidad y de esta forma poder informa con posterioridad al TSJA sobre su desarrollo. Urbanismo dará cuenta a la Justicia sobre las "posibles incidencias" que puedan producirse durante la demolición, así como si la misma "se ha ejecutado conforme al proyecto presentado y a las sentencias" del tribunal.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Juan Espadas, criticó que la ciudad tenga que destinar "dos millones de euros a destruir lo construido" y lamentó que el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, "no haya movido un dedo para encontrar una solución" a la cuestión. Espadas apostó por "mirar al futuro con respeto mutuo" a los distintos puntos de vista y quiso dejar claro que "en ningún momento" se sospechó que la construcción de la Biblioteca del Prado -que fue aprobada durante un mandato socialista- pudiera ser "lesiva o afectara al derecho a los intereses de los vecinos".


* Diario de Sevilla - JORGE MUÑOZ - 22.8.12
Foto: Las máquinas trabajan en las obras de la Biblioteca del Prado. / Victoria Hidalgo

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¿Ejemplo para España? Irlanda comienza a demoler ciudades fantasma

EUROPAPRESS* : Irlanda ha decidido limpiar el legado de su burbuja inmobiliaria de una manera drástica: con bulldozers. Esta semana, la National Asset management Agency (NAMA, el banco malo irlandés) ha comenzado a destruir un bloque de apartamentos, el primer movimiento de este tipo.
Según los datos del Gobierno recogidos por la agencia Bloomberg, en Irlanda hay alrededor de 1.850 proyectos urbanísticos sin terminar, herencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008. "Hay agunos lugares donde la decisión más sensata que se puede tomar es demoler", explicó la ministra de Vivienda, Jan O´Sullivan, en una entrevista con la agencia. "Si nadie quiere vivir en ellos, entonces lo más práctico que se puede hacer es demoler lo que hay ahí".

Las denominadas ciudades fantasma son una de las cicatrices más visibles del crack inmobiliario que ha asolado buena parte de occidente. En el caso de Irlanda, ha dejado un dato escalofriante: alrededor del 15% de las viviendas del países están vacías.

Estas ciudades, además, tienen sus peligros. Un niño de 2 años que deambulada por un edificio sin terminar murió en febrero pasado al caer a una piscina de un complejo sin terminar. El derribo de la primera promoción, que se realizó el pasado miércoles, fue por razones de seguridad: una casa cercana sufrió una explosión causada por el alcantarillado a comienzos de año.

"La gente que compró un sueño heredó una pesadilla", explicó Peggy Nolan, una abogada de Longford, lugar del derribo. "Los contribuyentes han pagado suficiente; por lo que a mí respecta, los promotores deberían sentirse avergonzados".

En Irlanda, más de 550.000 viviendas fueron construidas entre 1996 y 2005 en un país de 4,5 millones , mientras la construcción duplicaba el ritmo del resto de Europa. Ahora mismo, unas 294.000 viviendas permanecen vacías, los precios se han reducido a la mitad, aunque en Dublín la caída desde máximos es del 64%, según la agencia inmobiliaria Lisney.

"No hubo una planificación apropiado, no hubo un control apropiado y no hubo una regulación apropiada de las instituciones financieras", explicó la ministra O´Sullivan. "Hemos aprendido una lección muy saludable y muy dura".

El NAMA, la agencia pública de gestión de activos creada en 2009 para que la banca purgara sus activos más tóxicos, controla o está ligada a aproximadamente el 10% de las propiedades. O´Sullivan está tratando de reunir a promotores, autoridades locales, bancos, residentes y a la NAMA para formular planes para cada urbanización y desarrollo urbanístico.

El Gobierno espera que los proyectos que estén "sustancialmente completados" se terminen para salir al mercado o sean utilizados para viviendas sociales. Otros serán demolidos y volverán a ser para otros usos, como granjas. El plan es "deshacerse de este borrón en nuestro paisaje y este borrón en nuestras comunidades", dijo la ministra.


* El Economista - EP - 20.7.12
Foto: Irlanda, viviendas a demoler - EP

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Ourense.- Los perjudicados por la caída del PXOM exigen compensaciones al Concello por 110 millones

FARODEVIGO* : La anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado en 2003 por el gobierno del PP presidido por Manuel Cabezas, y ratificado después por la Xunta de Galicia, con el actual presidente autonómico Alberto Núñez Feijóo como titular de la Consellería de Política Territorial, podría costar al Concello de Ourense 110 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial. Es la cantidad que suman las 35 reclamaciones registradas en el ayuntamiento y remitidas a la Xunta por particulares y empresas perjudicados por la pérdida de vigencia del planeamiento, anulado por sentencia firme del Tribunal Supremo, dictada el 9 de marzo de 2001.

El pasado jueves finalizó el plazo establecido legalmente para presentar este tipo de demandas, por lo que la cantidad máxima requerida al gobierno municipal por empresas y particulares afectados por la caída del plan ya es definitiva. La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, manifestó ayer que el Concello de Ourense, como responsable solidario, se enfrenta a una situación "complicada" con consecuencias "muy gravosas" para el ayuntamiento que "si no se defiende bien" podría generar una situación de seria dificultad al ayuntamiento en los próximos diez años, mientras se mantenga abierta la vía judicial y se vayan cerrando los procesos abiertos.
El gobierno local advierte de que los daños y perjuicios reclamados surgen de actuaciones iniciadas en virtud de la "confianza legítima en la validez del PXOM 2003 y de su contenido". La existencia de un documento aprobado y ratificado ofrecía plena seguridad a promotores y empresas para desarrollar y urbanizar los terrenos adquiridos en base a la calificación urbanística que ostentaban en el momento de su adquisición pero que quedaron en suspenso al caerse el plan.
La edila explicó que la defensa jurídica del gobierno local frente a estas demandas se basará en la legislación de ámbito estatal que regula que "la modificación de la clasificación urbanística no es indemnizable".
En todo caso, Soto matiza que aunque "no hay amparo para la indemnización", el cambio de calificación sí puede ser objeto de discusión en los tribunales, por lo que "hay que estudiarlo bien jurídicamente" . De hecho, las reclamaciones presentadas hacen referencia al artículo 25 de la Ley del Suelo que acredita que es indemnizable la pérdida de facultad de participar en los desarrollos urbanísticos.
La concejala también precisó que las reclamaciones por gastos realizados para el desarrollo de los ámbitos urbanísticos "tienen dudosa indemnización" si están tramitados "en plazo".
Los 35 particulares y empresas que reclaman se han acogido al artículo 6 del Real Decreto 429/93 para exigir al Concello cantidades que van desde los 20.000 euros a los 40 millones de euros. Justifican y motivan su petición de compensación económica en el perjuicio que han sufrido por la caída del PXOM de 2003, señalando varias consecuencias. Una de ellas es que la nulidad del planeamiento altera las condiciones urbanísticas debido al cambio de ordenación territorial y urbanística. Áurea Soto se refirió a suelos clasificados con una edificabilidad y unas plusvalías generadas que se han perdido al retornar el urbanismo de la ciudad a las condiciones del plan de 1986, que recuperó su vigencia al quedar anulado el de 2003.
También se han registrado reclamaciones de promotores o empresas que, debido a la alteración de la clasificación del suelo, no han podido ejecutar actuaciones de nueva urbanización previstas. En el tercer paquete de demandas se reclaman indemnizaciones por los gastos derivados de la actividad empresarial, costes y financiación realizados para iniciar y promocionar las actuaciones de urbanización que han caído en saco roto.
Las 35 reclamaciones se suman a los once recursos interpuestos contra la ordenación provisional
Las 35 reclamaciones presentadas por particulares y empresas se registraron en el Concello de Ourense y este las ha remitido a la Xunta de Galicia. La edila de Urbanismo recuerda que la jurisprudencia reitera la "solidaridad" entre las administraciones en la responsabilidad por la nulidad de instrumentos de planeamiento, y apunta que "estamos colaborando con la Xunta como administración corresponsable".
Además, estas reclamaciones se suman a otras de naturaleza judicial contra actos municipales y a los 11 recursos interpuestos contra la ordenación urbanística provisional que entró en vigor en octubre de 2011 y suspende la aplicación del PXOM de 1986 en áreas de especial interés. El documento ordena y regulariza un total de 31 ámbitos, a los que posteriormente y por demanda específica del Concello se incluyó el desarrollo urbanístico en As Burgas.
Este orden provisional pretende evitar la paralización de la ciudad desarrollando actuaciones de carácter dotacional público de interés general o que están incluidas en un plan estratégico municipal.


* Faro de Vigo - S. DE LA FUENTE - 14.8.12
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es

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Santiago.- “Al Gaiás no viene ni el Tato”

ELPAÍS* : La Cidade da Cultura es la construcción en obras más grande de Santiago y posiblemente la única que no cuenta con un jubilado haciendo de capataz. El complejo que parecía que le iba a disputar el interés turístico a la Catedral se asemeja a un desierto este mes de agosto. Los obreros tienen que conformarse con la compañía de los motores que de cuando en vez resuenan por la Avenida Manuel Fraga. El camino que conecta al Gaiás con la civilización es para muchos el mejor homenaje al mecenas de la obra de arte esculpida por el arquitecto Peter Eisenman.
A las 12 del mediodía, una treintena de coches están aparcados a las puertas del gigante, muchos menos que en cualquier hipermercado.

La ciudadanía no es ajena a una polémica que acompaña a la Cidade da Cultura desde que fue ideada y que sigue creciendo. Unos trabajadores que transportan material bromean sobre cómo se tomó la decisión de llevar adelante el proyecto: “Había que darle un premio al que le tomó el pelo a Fraga con esto”. A los turistas que suben a curiosear el edificio les invaden las dudas, como un explorador que descubre el Machu Picchu. Ninguno sabe muy bien qué es lo que hay ahí ni por qué se hizo.

Estos días uno puede reflexionar y deleitarse con la pintura de Eugenio Granell, gozando de la mayor tranquilidad. Las piezas del artista republicano están expuestas en un Arquivo de Galicia que rara vez cuenta con más de cuatro visitantes al mismo tiempo. Un vídeo que ilustra la vida y obra de este militante del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) se repite infinidad de veces en una sala de paredes negras siempre vacía. El único público son algunos cuadros del propio Granell o el impasible soldado del cartel propagandístico de Arturo Ballester con la leyenda “Salud, heroico combatiente de la libertad. CNT”.

Sobre unas vallas verdes de obra se superpone el rótulo Gallaecia Petrea anunciando la entrada a la exposición más publicitada esta temporada en el Gaiás. Aunque cuenta con mucho más público que Granell, el propio guardia de seguridad reconoce que no viene mucha gente. “Hoy tuvimos dos visitas muy numerosas, de 40 personas cada una. La traía el Imserso. Pero los que vienen a curiosear por su cuenta suelen ser turistas”. No todo son curiosos. También hay quién va específicamente a ver el Gaiás, como un matrimonio vasco que veranea en Carnota y se acercó a Santiago solo por la exposición.

La cafetería es casi siempre el espacio más animado de la Cidade da Cultura, pero siguen sobrando los dedos de las manos para contar a los que se refrescan bajo las sombrillas, al menos durante la mañana. “Por la tarde hay más personas, aunque si hace buen día [COMO HOY]la gente prefiere ir a la playa”, comenta un camarero. Hacia las siete de la tarde el sol deja de cocer las piedras del golem del Gaiás. Una vecina de la zona que suele ir habitualmente a ver obras de arte protesta por la falta de prevención ante las inclemencias climáticas: “Aquí no hay ni un árbol para taparse del sol, durante el día no se puede venir si no quieres morir de calor. El mejor momento es la puesta de sol, pero dura poco. A partir de las nueve y pico empieza a hacer un frío terrible. Para ver los conciertos de los Atardeceres no Gaiás hay que traer ropa de abrigo si uno no quiere congelarse”.

La biblioteca es un excelente lugar para la lectura. La ausencia de gente y el silencio ayudan al lector a concentrarse. La única interrupción es el eco, que se forma fácilmente en esta gran sala. Unos cómodos sillones invitan a uno a quedarse todo el día acompañado por libros. A diferencia de cualquier otra biblioteca, apenas hay mesas para estudiar, pero no supone un problema ya que pocos escolares cuentan con un medio para ir al Gaiás y optan por las bibliotecas de la universidad.

Los visitantes locales suelen usar su coche particular para hacer la visita, ya que ir dando un paseo desde el centro de Santiago lleva no menos de 40 minutos. Los turistas, en general, prefieren el autobús urbano que parte cada hora desde el centro. Algunos de estos vehículos viajan con solo dos pasajeros. Su conductor afirma que es lo habitual. Otros van más llenos y alguno completanente vacío.

La mayoría de los visitantes reconoce que va para ver el continente y que no sabe cuál es el contenido. Aunque todo ayuda. Una pareja madrileña que está de vacaciones por Santiago comenta durante el trayecto de autobús que van hacia el final de la tarde para ver la actuación musical. Se refieren al concierto del Colectivo Oruga, uno del ciclo Atardecer no Gaiás, que presenta nuevas bandas varias noches a partir de las nueve. Unas cien personas acurrucadas en pufs asisten al espectáculo. “Son gente de aquí, de Santiago o de Galicia, que ya conocen al grupo. También se queda siempre algún turista que estaba viendo los edificos y la música le pilla por sorpresa”. La trabajadora que cuenta esto confirma que el público de los atardeceres suele rondar siempre en torno a las 100 o 150 personas.

“Aquí no viene ni Dios”. Una señora que se toma una caña en la cafetería se queja de lo que ella considera un agujero de dinero público. “Solo hay visitas de ancianos. Los turistas vienen a Santiago para ver la Catedral y la Zona Vieja. Quitas eso y a la Cidade da Cultura no viene ni el Tato”, ironiza. Aunque le gusta disfrutar de los conciertos, reconoce estar en contra del proyecto: “Esto es un mausoleo faraónico que lo hizo quien lo hizo. Vienen aquí como quién va a ver una pirámide”.

Cuando la luz se va yendo también desaparece la gente que pudiera quedar. Un ilustre personaje de la cultura gallega, que prefiere guardar el anonimato, echa mano de la retranca para definir el escenario: “A partir de las ocho de la tarde lo único que hay aquí es el viento y las almas que vienen en Santa Compaña”. A la salida, una joven pareja de arquitectos franceses termina la visita con una pregunta en la boca: “¿Cuándo va a estar terminado esto?”.


* El País - RAÚL RÍOS Santiago 15 AGO 2012
Foto: Una pareja pasea junto a uno de los edificios de la Cidade da Cultura, la pasada semana. / ÓSCAR CORRAL

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El alcalde de Finestrat vive en una casa sobre suelo no urbanizable

ELPAÍS/Alicante* : El alcalde de Finestrat, Honorato Algado, del PP, habita un chalé ilegal construido en una parcela de suelo rústico de 4.508 metros desde septiembre de 2007, fecha en la que fue escriturada su compra. Algado ganó las elecciones municipales en mayo de ese año y adquirió la vivienda el 21 de septiembre, menos de cuatro meses después de conocer el resultado electoral.
Según figura anotado en el Registro de la Propiedad, se trata de “una vivienda unifamiliar compuesta de una sola planta, consta de tres dormitorios, un cuarto de baño, un aseo, un salón-comedor con cocina con barra americana” que “se halla dotado de los adecuados servicios e instalaciones de agua, alumbrado y saneamientos, reuniendo las condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas”. Está ubicada en el conocido como paraje Areneta del término municipal de Finestrat con excelentes vistas a la bahía de Benidorm.

Para comprar el chalé, Algado solicitó una hipoteca de 130.000 euros con un vencimiento de 29 años.

El regidor explicó a este periódico que “la vivienda se construyó hace más de 30 años y nunca ha estado en situación ilegal”. “Le compré la casa a una inmobiliaria de Finestrat y antes de hacerlo confirmé en el Ayuntamiento que no había ninguna infracción urbanística”, añadió, “porque tras entrar en política quería algo legal; si no, no me hubiera metido”.

Algado asegura que la licencia de obras data del 28 de octubre de 1981, antes de promulgarse las normas subsidiarias de Finestrat, aún vigentes. El alcalde defiende la legalidad de la obra “en base a que la superficie exigida para edificar en suelo rústico era entonces de 2.500 metros cuadrados”. El regidor incide en que el pleno del Ayuntamiento le dio licencia de obra.

Sin embargo, aunque la Ley de Suelo no Urbanizable de la Comunidad Valenciana de 1992 permitió edificar en parcelas rústicas de una hectárea si se cumplen una serie de requisitos, la legislación urbanística del Estado, que se superpone a la autonómica, siempre ha mantenido la prohibición de construir viviendas en suelo no urbanizable. El problema en Finestrat es que entre 1979 y 2007, el periodo en el que fue alcalde Miguel Llorca, del PSPV, el Ayuntamiento consintió todo tipo de irregularidades urbanísticas sin siquiera abrir los correspondientes expedientes de infracción, como así sucedió con la vivienda que compró Algado, hasta el punto de que en 2006 el Consell barajó retirarle las competencias urbanísticas al Consistorio, como hizo finalmente con Catral, en La Vega Baja.

El mismo concejal de Urbanismo, Juan Francisco Pérez, confirmó que al chalé del regidor “nunca se le abrió un expediente de infracción urbanística” y que las licencias de obra menor solicitadas posteriormente por Algado, o la que pidió para construir una piscina, “pasaron por la comisión de Gobierno y tenían los preceptivos informes técnicos favorables”. En todos los casos, además, el alcalde se abstuvo de votar.

El procedimiento seguido por Finestrat y otros muchos Ayuntamientos valencianos durante décadas para consentir las edificaciones en suelo no urbanizable fue no actuar en el plazo de cuatro años que la Administración tiene para conseguir la demolición de la casa levantada ilegalmente. Tras ese periodo, la casa se queda en una especie de limbo jurídico porque a pesar de que no puede ser ya derribada, sigue estando a todos los efectos fuera de ordenación y solo se pueden realizar en ella obras de mera conservación, pero nunca de mejora o ampliación.

En una entrevista a EL PAÍS publicada el pasado 22 de julio, el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Territorio de Valencia, Joaquín Baños, abogó por la retirada de las competencias urbanísticas a los municipios y reconoció que en la Comunidad Valenciana existen entre 30.000 y 40.000 viviendas ilegales, sin que haya llegado a demolerse ninguna. Baños anunció: “Vamos a perseguir a los Ayuntamientos que no han tirado las construcciones ilegales” en una ofensiva de oficio por no ordenar la demolición de estas casas tras haber cobrado sanciones urbanísticas.


* El País - ARTUR BALAGUER Benidorm 20 AGO 2012
Foto: Vivienda del alcalde de Finestrat, Honorato Algado, construida sobre una parcela de suelo rústico.- elpais

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Imputan a 10 personas por la construcción ilegal de un aparthotel en Benalmádena

ANDALUCÍAINFO/Málaga* : La Guardia Civil ha imputado a 10 personas, entre los que se encuentran un promotor, arquitectos, cuatro técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Benalmádena y tres dependientes de la Junta de Andalucía por, al parecer, estar relacionados con la construcción de forma ilegal de un apartahotel en e este municipio malagueño.
La operación 'Minas', relacionada con la construcción de un apartahotel durante 2005 en la zona denominada 'Monte Alto', comenzó en 2009 a raíz de una información aportada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Málaga, que, tras realizar una inspección rutinaria, pudieron comprobar que se había construido un inmueble, supuestamente para ser utilizado como establecimiento hotelero.

No obstante, a simple vista los agentes apreciaron que una parte de la citada construcción podría estar invadiendo zonas verdes, según han informado desde la Guardia Civil a través de un comunicado. Por ello, se realizaron comprobaciones más exhaustivas y se confirmó que el inmueble no disponía de los elementos necesarios para ser utilizado como complejo hotelero, ya que, al parecer, carecía de un recinto adecuado para la recepción de clientes y, por el contrario, su aspecto se asimilaba más a un complejo estándar de viviendas, similar al de las edificaciones de su entorno.
Tras los hechos, se procedió a solicitar información al Ayuntamiento de Benalmádena, relacionada con la documentación del expediente urbanístico del referido apartahotel, mientras que, por otro lado, se confirmó la interposición de una demanda por parte de una comunidad de propietarios de la zona.
Además, se emitió fallo judicial anulando la licencia concedida, siendo el argumento que la construcción "no respetaba los parámetros establecidos de edificabilidad para este tipo de complejos, llegando a constar en dicho procedimiento un informe técnico municipal confirmando que se había edificado en una zona verde". También del análisis efectuado sobre la documentación recopilada en la investigación se determinó la línea de actuación de los imputados en tres direcciones. En concreto, en la primera de ellas se encontraría la actuación del promotor y arquitectos redactores, "falseando el proyecto sobre el techo de viviendas e instalaciones necesarias, así como la reserva de plazas de aparcamientos". En segundo lugar, la línea de actuación de los técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Benalmádena, en relación con la tramitación del expediente urbanístico, "sin realizar las comprobaciones previas a la ejecución de las actuaciones, consiguiendo que se tramitara y se concediera una licencia urbanística en el plazo récord de tres días".
Asimismo, en tercer lugar, estaría la línea de los técnicos dependientes de la Junta de Andalucía, "omitiendo su labor inspectora en evitación de posibles perjuicios urbanísticos y sobre el dominio hidráulico".
Por los hechos, en las localidades de Málaga y Sevilla, se procedió a imputar al promotor de la construcción por los delitos de falsedad documental y contra la ordenación del territorio; a los dos arquitectos redactores del proyecto por delitos de falsedad documental, y a cuatro técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Benalmádena por los delitos de prevaricación urbanística y tráfico de influencias.
Además, se ha imputado a tres técnicos dependientes de la Junta de Andalucía por los delitos de prevaricación y omisión en el deber de perseguir delitos, todo ellos por encontrarse directamente relacionados con la redacción, tramitación y control del expediente urbanístico investigado.
Las diligencias, una vez informadas, han sido entregadas en el Juzgado competente de Torremolinos (Málaga) para continuar con la instrucción.
Las actuaciones han sido llevadas a cabo por el Equipo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga.


* Andalucía Información - EP - 17.8.12
Foto: Benalmádena Costa, may07 - J.Rojas (El País)

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El campo no será un parque temático

DIAGONAL* : Catorce pueblos okupados y colectividades se reunieron entre el 6 y el 9 de agosto en la Puebla de la Sierra (Madrid) para avanzar en la construcción de una red estatal de colectivos de okupación y agitación rural.
El centro de educación ambiental de la Puebla de la Sierra se convirtió durante cuatro días en un espacio para el intercambio de experiencias, y para la reflexión sobre las motivaciones, limitaciones y objetivos comunes de pueblos okupados y colectividades rurales que funcionan bajo las premisas del asamblearismo, la autonomía, y la autogestión ligadas a la vida en naturaleza y al aprovechamiento local de los recursos naturales.

La cooperativa Los Apisquillos de la Puebla (Madrid) fue el colectivo anfitrión de este cuarto encuentro de grupos rurales que están trabajando desde hace dos años en la creación de una red estatal que sirva para fomentar el apoyo mutuo, intercambiar recursos y divulgar experiencias rurales que ponen en un brete los modelos de vida capitalistas urbanos, donde prima el consumismo e individualismo.

Desde prácticas y orígenes diferentes, los 14 colectivos que participaron en el encuentro comparten presupuestos políticos (ruralidad, anticapitalismo, antipatriarcado), formas de funcionamiento (horizontales, asamblearias, autogestionadas, economías compartidas y vinculadas a la tierra y a los recursos locales), y proyectos (actividades agrícolas, ganaderas y artesanales, labores de aprovechamiento forestal e hídrico, autonomía energética, formas no autoritarias de crianza, autonomía energética...).

Esta vez en la sierra norte de Madrid se dieron cita pueblos okupados como Sieso de Jaca (Huesca), Arizkuren (Navarra), Rala (Navarra), Aineto (Huesca), Lakabe (Navarra), Hontanillas (Guadalajara), colectividades rurales como Los Apisquillos de la Puebla (Madrid), Manzanares (Soria), La Artesa de Villasur (Burgos), Alendar (Cantabria), el BAH! (Bajo el Asfalto está la Huerta) de Valladolid, y espacios okupados como la Casa Calabaza (en las Alpujarras de Granada) o los barceloneses Can Masdeu, Can Pascual, Kan Mussol y Can Piella, que prefieren estar cerca de la metrópoli para intervenir en ella.

Los colectivos presentes defendieron la reapropiación de tierras y la legitimidad de la okupación frente a la especulación urbanística y turística, así como la implicación en luchas sociales desde los pueblos. En el Estado español se contabilizan a fecha de 2011 más de 9.000 pueblos deshabitados (sin contar caseríos). Es complicado censarlos todos, pues habría que diferenciar entre “deshabitados” y “abandonados”, pero se puede hacer una búsqueda orientativa en el INE (núcleos poblacionales con cero habitantes). Huesca es la provincia con más pueblos deshabitados.

Los pueblos okupados y las colectividades rurales que vuelven a cultivar la tierra y a tener ganado entran en conflicto con el modelo actual de socialización en los pueblos (servir de ocio para la gente de la ciudad), la Política Agraria Común (PAC) de la UE, el desmontaje y sedentarización del sector primario vinculado a la agricultura y la ganadería. Por eso resulta tan importante “estudiar, comprender e incidir en el medio rural”. Acción local frente a amenazas globales

A finales de los años ’70 y sobre todo durante los ’80, se consolida el movimiento neorural con la coordinadora MAR (Movimiento Alternativo Rural). El movimiento antinuclear participa en las okupaciones y mantiene un vínculo con las experiencias de años anteriores (‘la primera oleada’). De esta época son los pueblos okupados de Matallana (Guadalajara), Bergua (Huesca), Lakabe (Navarra) o Matavenero (León).

En la actualidad no existe una coordinadora estatal de pueblos como pudo ser el MAR. De ahí la importancia de esta nueva red, que comenzó a cobrar forma en el verano de 2010, cuando una serie de colectivos rurales deciden reunirse en enero de 2011, en el cortijo El Manzano (Granada), para hacer el I Encuentro de colectivos y jornadas de pre-okupación y agitación rural. El segundo encuentro se haría en junio de ese año en Lakabe (Navarra) y el tercero, seis meses después en Sieso de Jaca (Huesca).

Como herramienta de coordinación de proyectos de okupación rural funciona desde el año 2000 el veterano fanzine La Llamada del Cuerno, cuya próxima edición está en manos de “los cans” barceloneses (Can Masdeu, Can Pascual, Can Piella y Kan Mussol).

La vida en el centro

Ligada implícitamente a la idea de una economía social y alternativa desde los pueblos, las relaciones sociales y económicas que se crean desde estas colectividades rompen con los intermediarios económicos y también con los agentes clásicos de la política (gobierno, partidos, sindicatos).

Aunque la red, que está en proceso de construcción, no estuvo presente en nuevos espacios que se han abierto con el 15M, los colectivos que la forman tienen un vínculo con las asambleas de los pueblos, y acudieron al I Encuentro Rural 15M Rurales Enredadxs (diciembre de 2011, Piedralaves, Ávila).

Las experiencias de estas colectividades muestran nuevas y viejas formas de vida en el medio rural que hoy alimentan un repertorio nuevo de luchas sociales y movimientos de protesta. Cooperativas y colectivos cuyas necesidades se cubren a través de iniciativas de producción a pequeña escala, que recuperan los trabajos comunales (llamados ’agabias’ en Aragón, ’auzolan’ en Euskadi, ’averedas’ en Cantabria, ’endechas’ en Aturias) y cuya forma de existencia vuelve a poner la vida en el centro.

El próximo encuentro de la red se hará este invierno, en la finca okupada Somonte, en Palma del Río (Córdoba). Será una reunión más interna. El objetivo, seguir creando espacios de confianza dentro del colectivismo rural y tejer nuevas alianzas con el sur.

Antes de esta cita, la red internacional Reclaim the Fields (RTF) organizará en Francia a finales de agosto su próximo encuentro. Formada por personas y colectivos rurales europeos que trabajan por la reapropiación de la tierra, la soberanía alimentaria y la construcción de alternativas a la producción industrial de alimentos, esta red organiza encuentros periódicos y campos de trabajo en diferentes lugares de Europa y también participa en las movilizaciones de protesta junto a Vía Campesina.


* Diagonal - LAURA CORCUERA (REDACCIÓN WEB) - 11.8.12
Foto: Belchite (Zaragoza), ejemplo de pueblo abandonado - google

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Andalucía.- La amenaza de la demolición judicial pende sobre 700 viviendas ilegales

ELPAÍS* : La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente —que desde las pasadas elecciones tiene entre sus competencias la ordenación del territorio— tiene contabilizados unos 700 expedientes contra viviendas ilegales que en este momento se están tramitando en los tribunales. "Buena parte pueden ser causa de demolición", señala el departamento que dirige Luis Planas. "Desde que se interpone la denuncia hasta que existe sentencia firme de demolición pueden transcurrir una media de ocho o diez años", advierte esta consejería.

La Junta de Andalucía tiene registrados 43 casos de casas ilegales demolidas entre mediados de 2005 y mediados de 2012, que llegaron a los tribunales tras "la actividad inspectora" de los servicios autonómicos.

Estos 43 derribos son un pobre balance, sobre todo, si se compara con las 80.422 viviendas edificadas en suelo no urbanizable que la Junta dice haber identificado en los últimos cuatro años, 22.196 de ellas en zonas de especial protección. Uno de los motivos es la lentitud de los procesos y las reticencias de muchos órganos judiciales a la hora de ordenar las demoliciones. Sin embargo, la fiscalía también apunta a la falta de colaboración de las Administraciones a la hora de ejecutar las sentencias.

Patricia Navarro, fiscal especializada en Medio Ambiente y Urbanismo de Cádiz, sostiene que en muchos de los casos en los que los jueces aprecian delito, al estar la vivienda en una zona no urbanizable, y dictaminan que las excavadoras deben actuar, los propietarios se declaran insolventes para hacer frente a la demolición. En ese momento, "la Junta y los Ayuntamientos deben actuar subsidiariamente", afirma Navarro. Y vuelve a generarse otro tapón en el proceso. "Hay sentencias de demolición paralizadas desde 2007", indica. "Muchos Ayuntamientos alegan insuficiencia presupuestaria", añade la fiscal.

Pero, según Navarro, en algunos casos hay otras razones que llevan a los Consistorios a "no querer mojarse". El fenómeno de las casas ilegales está muy arraigado en muchos municipios. Un ejemplo clarísimo es el de Chiclana (Cádiz), donde el PP gobierna en coalición con el denominado Partido Vecinal Regionalista, que prometió durante la campaña de las últimas municipales que regularizaría la situación de unas 15.000 viviendas ilegales de la localidad.

"Los Ayuntamientos no quieren ser los malos y tirar las casas", explica Navarro, quien, como su antecesor en la fiscalía gaditana especializada en urbanismo, Ángel Núñez, mantiene una batalla legal en la defensa del ordenamiento urbano.

La participación de la fiscalía en los procesos que abordan este tipo de conductas solo se da cuando van por la vía penal. Es decir, cuando la construcción de la casa se considera un delito, normalmente por levantarse en zona de suelo no urbanizable, protegido o no.

Navarro afirma que últimamente está notando más implicación de los jueces y magistrados. "Se nota un fuerte impulso", añade esta representante del Ministerio Público. Uno de los motivos, en opinión de esta fiscal especializa, es el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre un derribo en El Puerto de Santa María (Cádiz). El propietario había sido condenado, entre otros asuntos, por un delito contra la ordenación del territorio, pero, como ocurre en muchos casos, la demolición no se había ejecutado. La Audiencia Provincial se opuso por considerarla "desproporcionada" ya que la casa estaba rodeada por otras similares. La fiscalía decidió recurrir y el Supremo le dio la razón y respalda el derribo como única forma de que no se consolide la ilegalidad cometida.

Navarro sostiene que es la primera vez que la sala de lo penal del Supremo se pronuncia sobre los derribos de casas ilegales. En su opinión, supone un respaldo a las tesis que ha venido defendiendo la fiscalía especializada en temas urbanísticos. Además, Navarro recuerda que el Ministerio de Justicia no ha admitido hasta ahora los indultos de viviendas edificadas en suelos no urbanizables.


* El País - MANUEL PLANELLES Sevilla 15 AGO 2012
Foto: Vivienda ilegal derribada en la sierra de Córdoba en abril de 2008.- elpais

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El alcalde de Mogán concede licencia a un complejo de 40 apartamentos de su concejal de Urbanismo

CANARIASAHORA/Gran Canaria* : El Ayuntamiento de Mogán concedió el pasado mes de mayo la licencia de apertura a los 40 apartamentos de una llave que conforman el complejo Sol y Paz, propiedad de la entidad mercantil Lorimar Sur, que tiene como único socio a Tomás Lorenzo, concejal de Urbanismo del municipio, quien compaginó en el mandato 2007-2011 sus responsabilidades públicas con las de administrador único de la mencionada empresa.

Los portavoces de Ciuca y NC en el consistorio sureño, Mencey Navarro e Isabel Santiago, advierten en una nota de prensa que la concesión de esta licencia puede suponer una "grave irregularidad administrativa", puesto que el alcalde, para poder firmarla, "primero debería haber avocado las competencias que, en materia de Urbanismo, delegó en el concejal Tomás Lorenzo". La avocación de competencias, es decir, su traslado para casos concretos desde el órgano titular -el edil de Urbanismo- hasta el superior jerárquico -el alcalde- debe estar motivada y debe notificarse a los interesados.

Ambas formaciones recuerdan que la actividad económica de la empresa está "estrechamente relacionada" con las áreas que gestiona el edil, Turismo y Urbanismo. Esta situación, tal y como expresan ambos portavoces municipales, "pone de manifiesto que el PP de Mogán es perjudicial a los intereses municipales, pues dedican sus esfuerzos a gestionar sus intereses privados".

Aunque Tomás Lorenzo cesó como administrador único de Lorimar Sur el 7 de junio de 2011, sigue siendo socio único de la mercantil, según consta en el Registro Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria. La compatibilidad del cargo de Lorenzo en al Ayuntamiento de Mogán con el ejercicio de su actividad privada fue debatida en el consistorio en el pleno extraordinario del 12 de julio de 2007, apenas un mes después de acceder al puesto. El Ayuntamiento determinó entonces que ambas actividades eran compatibles, gracias a los nueve votos favorables del grupo de gobierno. Los cinco concejales del grupo CCN-CC-PCS-PSOE votaron en contra. El 5 de julio de 2011, tras un nuevo debate en el pleno, el consistorio aprobó conceder la dedicación exclusiva al concejal, que había dejado de ser administrador único de Lorimar Sur.

Para los portavoces de CIUCA y NC, "la incompetencia del grupo de gobierno, y la defensa de los intereses privados/particulares, frente a la defensa del interés general, explica que después de 9 años de gobierno del PP de Mogán, con el alcalde a la cabeza, siga sin Plan General".


* Canarias Ahora - 13.8.12
Foto: Los apartamentos Sol y Paz. (CANARIAS AHORA)

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Cerca de 250 personas están imputadas en casos de corrupción en la C. Valenciana

LEVANTE* : La lista de implicados en sumarios por presuntas corruptelas económicas, tributarias y urbanísticas supera el número de habitantes de 78 municipios valencianos - Instituciones municipales, provinciales y autonómicas se han visto salpicadas.
Cerca de 250 personas, o lo que es lo mismo, una población superior a los habitantes de 78 municipios valencianos se encuentran imputadas actualmente en casos de corrupción en la Comunitat Valenciana. Las presuntas corruptelas económicas, tributarias y urbanísticas han salpicado a instituciones municipales, provinciales y autonómicas, y a sectores como el empresarial o el de los funcionarios públicos. No se han salvado ni las organizaciones no gubernamentales o la Casa Real. En la actualidad, los juzgados valencianos instruyen más de una quincena de casos y el Tribunal Superior de Justicia se prepara para recibir dos sumarios más, además del macroproceso Gürtel.

Sin duda el caso con más implicados es la causa Brugal, acrónimo de «Basuras Rurales Gestión Alicante», que por su gran volumen ha tenido que desgranarse en tres partes, una de las cuales acabará en el TSJ al solicitar el fiscal la imputación de los diputados del PP Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi por presuntamente haber amañado el Plan General de Alicante para favorecer al pluriimputado empresario Enrique Ortiz. En esta pieza separada de Brugal hay 16 encausados a falta de la decisión del alto tribunal sobre Castedo y Alperi.

Otra parte importante de Brugal es la presunta concesión irregular de la recogida de basura en la Vega Baja en la que acabó acusado el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y el empresario Ángel Fenoll. En esta causa hay ya 40 imputados, uno de los cuales es el socialista Antonio Amorós. La tercera pata de Brugal llegó hasta Calp y tiene como denominador común a Fenoll. Once imputados están siendo investigados en esta causa.

Si Brugal tiene a gala ser el caso con más encausados, el escándalo de corrupción de Emarsa es en el que, de momento, más dinero presuntamente se ha defraudo. Según el magistrado, al menos 25 millones de dinero de los contribuyentes fue desviado de la gestión de la depuradora de Pinedo. En esta caso están siendo investigados empresarios, políticos del PP y hasta el enfermero Esteban Cuesta, que fue el gerente de la planta de aguas entre 2004 y 2010.

En la actualidad, el juez instructor ya ha imputado a 32 personas y el número podría aumentar, así como el volumen de dinero defraudado si la investigación se retrotrae más allá de 2004. El exalcalde de Manises Enrique Crespo ha sido el político de mayor rango que se ha llevado por delante esa investigación.

Pero a Emarsa y Brugal no le van a la zaga las dos cajas de ahorros más importantes de la Comunitat Valenciana y el Banco de Valencia. Lo que fuera el tercer sistema financiero en volumen de activos es ahora un enjambre de imputados: 33 en el ya caso Bankia, 20 en el Banco de Valencia, intervenido por el Estado, y cinco por la quiebra de la CAM. En estas investigaciones se ha imputado al expresidente de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas.

La Administración autonómica también se ha visto salpicada por casos de corrupción. La extinta Conselleria de Solidaridad, la de Turismo y hasta RTVV, en estos dos últimos departamentos por el escándalo Gürtel, donde ya van 30 imputados. El caso del fraude de las ONG podría alcanzar también a otras carteras si la juez instructora continúa la investigación de los contratos que Industria y Bienestar Social dieron al empresario preso Augusto César Tauroni.

En esta causa, donde se investiga un presunto fraude de 4,5 millones de euros en ayudas al Tercer Mundo hay 27 imputados, cinco de ellos funcionarios públicos, y el TSJ lo asumirá si decide imputar al portavoz del PP Rafael Blasco como piden la juez, la fiscalía y hasta la Generalitat. En el caso Urdangarin, en el que se investigan los pagos de la Generalitat al duque de Palma, hay otros siete ex cargos públicos o funcionarios imputados.

Las dos causas más longevas por la duración de la instrucción son el caso Fabra y el Ivex, que investiga un fraude multimillonario y pagos, entre otros, al cantante Julio Iglesias. Con cuatro imputados cada uno, los instructores llevan más de siete años intentando abrir el proceso oral. Un ex director general continúa fugado, José María Tabares, y el expresidente de la Diputación de Catelló, Carlos Fabra, nunca dimitió.

Alcaldes y exediles con problemas
Algunos ayuntamientos también se han visto salpicados por presunta corrupción. El actual alcalde de Loriguilla continúa imputado por la presunta adjudicación de obras del consistorio a empresas propiedad suya y de su familia. El exalcalde de Torrevieja y diputado, Pedro Hernández Mateo, está imputado por delitos de prevaricación y falsedad documental en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de basuras.

Otros, como el exalcalde del PSPV en Elx Diego Maciá, imputado por tráfico de influencias, o el exalcalde del PP de Polop Juan Cano, inmerso en la causa del asesinato de su predecesor, también tiene problemas, así como la exalcaldesa de Redován. El alcalde de Chiva, José Manuel Haro, ha sido encausado por un delito de prevaricación, y el actual edil de Montroi Antonio Polo y su predecesor, Francisco Carrión, están inmersos en una causa urbanística.


* Levante - SERGI PITARCH - 12 de agosto de 2012
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi -adn

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Arquitecto del hotel El Algarrobico: “No me remuerde la conciencia”

ELPAÍS/Almería* : El arquitecto defiende el proyecto que diseñó en Almería, paralizado por invadir dominio público.
Los obreros soltaron las herramientas con rapidez, pensando en un pronto regreso. Era la mañana del 23 de febrero de 2006 y varios agentes de la Policía Local de Carboneras (Almería) se habían presentado en el hotel que la empresa Azata del Sol construía desde 2003 en la playa de El Algarrobico, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, para ordenar la paralización de los trabajos por resolución judicial.
Seis años después, nada se ha vuelto a tocar en el edificio fantasmagórico. Desde sus pasillos sobrecogedores y sin ventanas se escucha el mar. Un ambicioso proyecto turístico en un enclave privilegiado ha hecho agua por la lucha ecologista.

El Algarrobico contaba con todas las licencias pese a que para levantar el inmueble iba a ser necesario hacer desaparecer un monte en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y a tan solo 28 metros de la orilla del mar. Durante más de dos años se trabajó hasta llegar al 94% de la estructura del hotel de 20 niveles y más de 400 habitaciones sin que nadie se inmutase.

La paralización “nos provocó estupor, porque nosotros hemos tenido clara conciencia en todo momento de estar actuando de acuerdo con el derecho”, afirma Ubaldo Gómiz, arquitecto del hotel. “Nos dieron licencia de obra y el proyecto obtuvo luz verde por parte del Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección General de Costas y la Consejería de Medio Ambiente. Debe de ser el expediente administrativo más limpio de España porque lo han mirado con lupa por indicación de la exministra”, ironiza. Se refiere a Cristina Narbona.

Una vez que la denuncia ecologista prosperó y un juez de Almería abrió diligencias —que culminaron en la paralización cautelar de la obra a la espera de revisar su licencia municipal—, Narbona aseguró que el hotel sería una prioridad para el Gobierno. “Puede que tengan que pasar seis años más o que no se resuelva nunca”, se resigna el arquitecto quien acata, aunque puntualiza, las resoluciones judiciales adoptadas. “Esta es materia muy específica y los magistrados se deben formar en ello. Normalmente, se apoyan en los testimonios de los peritos y, muchas veces, les marean. Imagino que se han desbordado con tantos datos. Es muy difícil que alguien llegue a comprender la complejidad de este expediente”, dice. Se han emitido decenas de resoluciones, todas tendentes al derribo del hotel. Las más importantes, en el último año. El Tribunal Supremo resolvió que invade en unos 80 metros la servidumbre de paso en el límite del dominio público establecido a 100 metros desde el mar hacia la costa. Es decir, al menos parte de su estructura se ha levantado sobre dominio público y sería ilegal. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía obliga al Gobierno regional a devolver al suelo la calificación de “no urbanizable”, nivel de protección que tenía antes de 1994. Resta ver si este tribunal revoca la licencia de obra que permitió levantar un hotel que ha sido calificado de “aberración”.

“No me afecta. Yo me siento muy orgulloso de lo que he diseñado ahí. He hecho miles de proyectos a lo largo de más de 30 años de carrera. El hotel es muy bueno y ha sido muy difícil diseñarlo donde está”, defiende con orgullo Gómiz. Solo le ve un pero. “El Ayuntamiento se empeñó en que fuese blanco cuando yo lo diseñé en tonos ocre para que estuviera en armonía con el entorno”. Pese a todo lo vivido y lo que está por llegar, Gómiz repetiría la experiencia. “Claro que sí. A mí no me remuerde la conciencia. Me siento muy orgulloso de la obra. Como arquitecto, creo que es muy buena y he recibido felicitaciones de los colegas”. Más grave le parece la “inseguridad jurídica” que ha generado este expediente, que, además, “ha ahuyentado la inversión”.


* El País - MARTA SOLER 14 AGO 2012
Foto: Gómiz cree que los jueces están desbordados por el caso. / FRANCISCO BONILLA

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