Vecinos demandan al Ayuntamiento de Bilbao por el derribo de Kukutza

ELCORREO* : La asociación de vecinos Errekaldeberriz ya ha formalizado su demanda contra el Ayuntamiento de Bilbao por el derribo de Kukutza, cuyo solar permanece vacío y tapiado dos meses y medio después de que se retiraran las excavadoras. El colectivo considera que la licencia concedida para reducir a escombros el gaztetxe de Rekalde es «nula de pleno derecho» porque en su tramitación no se cumplieron todos los trámites necesarios. Creen que las autoridades municipales deberían haber exigido al propietario, la constructora Cabisa, que cumpliera una serie de obligaciones, como descontaminar el terreno y ceder la parte correspondiente para habilitar una plaza y una zona verde.
Es el mismo argumento que defendieron el pasado mes de septiembre, en los últimos días del gaztetxe, primero por la vía administrativa y después ante los tribunales. La misma mañana que se produjo el desalojo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n05 de Bilbao ordenó la suspensión cautelar de la licencia de derribo y citó a las partes.

Finalmente dio la razón al Ayuntamiento y autorizó la demolición dos días después. Sin entrar en el fondo del asunto, el auto judicial recordó que el edificio carece de protección, descartó «perjuicios irreparables» e hizo prevalecer el «interés público» y «los derechos del legítimo propietario».
Aquel fin de semana de septiembre no es fácil de olvidar por los graves disturbios que se desataron cuando las máquinas entraron en el solar, con un balance de 140.000 euros en pérdidas solo en mobiliario urbano. En el escrito de la demanda, que hoy dará a conocer con detalle, la asociación vecinal expresa su rechazo a estos actos violentos y recalca que el pleito es de naturaleza «estrictamente urbanística». En su opinión, la licencia de derribo requiere un análisis más profundo de lo que permite una vista de medidas cautelares.
Un año de plazo
El solar fue recalificado para uso residencial en 1996, pero la antigua fábrica seguía abandonada y durante trece años funcionó como gaztetxe. Los vecinos consideran que el propietario debería haber cumplido sus obligaciones, con las cesiones que establece la ley, y presentar el proyecto de edificación de las viviendas antes del derribo. Además, entienden que el Ayuntamiento ha incurrido en «desviación de poder» al utilizar un instrumento urbanístico como la licencia de obras para la demolición «para resolver el conflicto suscitado por la ocupación de una propiedad privada». Las autoridades municipales, por el contrario, siempre han defendido que la concesión del permiso, que sigue un procedimiento reglado, cumplió con todas las exigencias legales.
Mientras la demanda sigue su curso, el Consistorio enviará un requerimiento a Cabisa la semana que viene para recordarle su obligación de iniciar «las operaciones de gestión urbanística» dentro de la unidad de ejecución. Ha fijado el plazo límite de un año para que la empresa presente un proyecto y solicite la licencia de obras para la construcción de viviendas en el solar. Para entonces, además, deberá descontaminar el terreno y conseguir la declaración de calidad del suelo que otorga el Gobierno vasco.
«El tema tiene que quedar resuelto en 2012, que no se eternicen con la licencia», afirman fuentes municipales. Ya a mediados de noviembre, poco después de concluir el derribo, el área de Urbanismo y Medio Ambiente reclamó al propietario que cerrara el solar «con un vallado de bloque de dos metros de altura» y comenzara las gestiones para desarrollar la unidad de ejecución, algo que volvió a recordarle a finales de mes. También le ha exigido un informe sobre los daños que ha podido causar la demolición en los edificios cercanos.


* El Correo - 05.01.12 - TERESA ABAJO
Foto: Pintada a favor de Kukutza en el muro que cierra el solar donde se ubicó el gaztetxe. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

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Baleares.- ARCA recrimina que la Ley Turística olvide el patrimonio histórico y natural

DIARIODEMALLORCA* : La Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) ha presentado una batería de alegaciones a la Ley General Turística que el Govern tienen en estos momentos en exposición pública. La entidad recrimina que el Govern se olvide del patrimonio cultural y del paisaje natural de las islas en su norma. ARCA propone a la conselleria de Turismo "revalorizar el patrimonio cultural balear como un motor de la economía isleña y como un elemento para la diversificación turística".
La entidad conservacionista califica de "negativo" que con la excusa de favorecer la instalación de empresas turísticas "se ponga en peligro el patrimonio cultural, histórico, etnológico y el paisaje natural que hasta ahora se ha conseguido matener al eliminar la figura del interés general para la reforma de agroturismos".

Desde ARCA proponen flexibilizar "el código técnico para edificaciones anteriores a 1950 con el objetivo de garantizar la conservación y la utilización de métodos y materiales de construcción adecuados". Asimismo, apuestan por promover proyectos de adaptación para visitas de carácter patrimonial de edificios de interés como es el caso del Fortí de Illetes y el Fortí de na Baiana. La entidad considera fundamental esta medida para evitar el peligro de "futuras especulaciones".

Otra de las alegaciones de la asociación está encaminada a la preservación del paisaje rural, como por ejemplo los almendros en flor. En su escrito dirigido al Govern, la entidad recuerda que con la nueva normativa los agricultores podrían arrancar todos los almendros y se perdería una imagen muy importante de Mallorca. Por este motivo apuestan por la ayuda de la administración a la conservación del paisaje natural por parte de los pequeños agricultores.
Por último, la entidad pide que la nueva normativa sea consensuada con todos los agentes sociales, culturales y económicos: "Necesitamos el consenso, no se puede imponer", afirman.


* Diario de Mallorca - M. ADROVER - 4.1.12
Foto: Baleares, construcciones costa - Ecologistas en Acción

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La herencia valenciana

ELPAÍS/Editorial* : El azar quiso que el juicio del caso Gürtel coincidiese con la afloración de distintas manifestaciones de la crisis de liquidez de las finanzas públicas valencianas. Sobre todo, dos: la no cobertura de una emisión minorista de bonos públicos (1.058 millones invendidos de los 1.800 lanzados) y la reciente operación de garantía del Estado sobre un crédito impagado de 123 millones de euros.
Quizá no se trate de azar, sino de necesidad. Que la valenciana sea la autonomía más endeudada de España (un 19,9% de su PIB) y que sus finanzas hayan ido agravándose se explica solo en parte por el empeoramiento de la coyuntura económica, que alumbra la secuencia según la cual a menos ingresos e igual o mayor gasto se corresponde más déficit.
No. No es ajeno a esta mala gestión (y de las inversiones disparatadas y de las entidades financieras tóxicas cuyas sedes han emigrado) la presunta corrupción que se enjuicia. Porque si un presidente debe dedicar sus esfuerzos, como el dimisionario Francisco Camps, a preparar su defensa, poca energía le queda para aplicar al recto manejo del dinero público.

El problema de tesorería que afronta su sucesor, Alberto Fabra, aunque más grave ( ha provocado impagos a las farmacias y ha estado al borde con los sueldos de los funcionarios), no es de naturaleza distinta al de otros de sus colegas. La diferencia es de grado. Y de rapidez en encararlo. La lentitud se paga cara en finanzas, porque aumenta la bola de nieve de la deuda. Ocurre lo mismo con el exceso de optimismo. Ya es sintomático que el Gobierno de Fabra haya tenido que aumentar sus recortes en 1.000 millones tan solo 10 días después de aprobar sus presupuestos para 2012. Lo que aquí aparece es un caso de fatal herencia presupuestaria, en la que coinciden causante y causahabiente, en una única responsabilidad, la de los conservadores regionales. El Gobierno de Fabra minimizó ayer el alcance de la operación de garantía verbal, arguyendo que era de trámite. La excusa flojea. Si el Gobierno debió acudir en socorro de Fabra por una operación de 123 millones, era porque la Generalitat no podía responder por una deuda tan escasa, porque apenas puede nada.

Ojalá no fuera así, pues la calidad de su gestión y el valor de su deuda -casi bono basura- no estarían en entredicho, para alegría de todos los españoles, garantes internacionales de hecho de cualquier error interno. Por eso conviene instaurar un sistema mancomunado de control (alerta y corrección) de los presupuestos autonómicos similar al europeo, como avanzó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos. Cuenta con cobertura para ello: una sentencia del Constitucional del 20 de julio pasado, a raíz de un recurso del Parlamento de Cataluña contra la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y otra norma complementaria, avala que el Estado pueda imponer límites al gasto público de todas las Administraciones públicas.


* El País - Opinión - 5.1.12
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com

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La construcción de una presa por Endesa atenta contra la población mapuche en Chile

TERCERA* : La empresa española Endesa comenzó en 1997 un plan para construir una mega presa en la cabecera del río Bio-Bio, en la cordillera de los Andes (Chile). Este rio, es el recurso hídrico más importante del país, con una longitud de 380 kilómetros se subdivide en cinco subcuencas, la central de Endesa se sitúa en la zona del Alto Bio-Bio.
La construcción de la presa conlleva la creación de un embalse de 1.222 Hm3 y ocupa unas 3.460 Has. de los valles del Bio-Bio, Lomín, Villacura y Lolco. Toda esta zona ha sido habitada en los últimos cientos de años por la comunidad Pewenche, integrada en la cultura Mapuche.
Por tanto, al construcción de esta presa supone un atentado directo contra una población indígena y su entorno. Organizaciones en defensa de los Derechos Humanos han calificado el proyecto como “Ecodesastre”.

Pero los planes económicos de Endesa no iban a ser corrompidos por comunidades indígenas ni protestas. La empresa fue capaz de alterar, con ayuda del gobierno chileno, los permisos de las distintas corporaciones en defensa del medio ambiente y de los pueblos indígenas.

La primera de estas organizaciones, la CONAMA (Comisión Nacional del Medio Ambiente), rechazo en un primer momento el Estudio de Impacto Ambiental. Sin embargo, tras una serie de presiones políticas, verificables gracias a las declaraciones judiciales de altos cargos del ministerio, esta comisión acepta el proyecto imponiendo para ello que se cumplan una serie de medidas concernientes al medio ambiente y a la protección de las poblaciones indígenas. Estas medidas por supuesto no fueron cumplidas por Endesa.

La CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) rechazó también el informe, al considerar que provocaría la destrucción de la cultura pehuenche y su extinción como pueblo antes de una década, llegando a calificarlo de “etnocidio”.

Ante esto, la empresa presionó al gobierno, el cual destituyó a dos directores nacionales, sustituidos por un funcionario de la Secretaria Nacional de Presidencia, así como a dos representantes del gobierno en la CONADI, quienes habían expresado su rechazo ante la construcción de la presa. Tras esto, la corporación aprobó el proyecto gracias a la ausencia de voces discrepantes.

Posteriormente la propia CONADI redactaría informes criticando las prácticas llevadas a cabo por Endesa para llevar a cabo su proyecto.

Denunciaron como para sortear la Ley 19.253 (Las tierras indígenas "no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia"), en lugar de negociar con la totalidad de las comunidades afectadas, aprovecharon la analfabetización de muchas de las familias pewenches, para realizar negociaciones individuales, firmando acuerdos sin presencia de abogados y aprovechándose de que los afectados no conocían el contenido real de aquello que estaba aceptando.

Además, el informe de la CONADI señala que: “"La construcción de la presa Ralco significa la ruptura del frágil ecosistema que sustenta la ancestral existencia del pueblo pehuenche que vive del tránsito estacional de la invernada y veranada; significa un reasentamiento que provocará un cambio en su sistema de vida, su economía de subsistencia, costumbres tradicionales y cosmovisión. Además, el reasentamiento, traslado o erradicación, no permite opción alguna de continuidad identitaria y cultural, pues la asociación tierra-hombre es el lazo que permite la existencia del Pueblo Pehuenche... En definitiva, cualquier medida de compensación económica es insuficiente ante la pérdida de cultura aborigen; los daños son inmitigables cuando está en juego parte del patrimonio de la humanidad".

Además del daño cultural que provoca la construcción de la presa en relación a las comunidades indígenas de la zona, esto ha provocado diferentes inundaciones en algunos tramos del rio que han afectado a los poblados situados en sus alrededores.

El embalse destruyó las comunidades pehuenches de Quepuca-Ralco y Ralco-Lepoy, donde vivían 92 familias. Tambien, en mayo de 2004, se produjo la inundación del cementerio ancestral de Quepuca Ralco, donde se encontraban los restos de 56 personas. Endesa conocía la situación de dicho cementerio y las consecuencias que suponía realizar dichas actividades, aun así, la compañía hizo caso omiso e inundó el cementerio. Posteriormente, en 2006 diversas familias fueron afectadas por las violentas inundaciones en la ribera del rio Bío-Bío, lo cual supuso una demanda por parte de dichas familias contra Endesa, todavía en fases probatorias.

Muchas de estas inundaciones tienen lugar a causa de la construcción de una pared de hormigón rodillado de 155 metros de altura con una longitud de 370 metros, con el objetivo de modificar el curso del rio en una zona de gran estrechamiento. Además de las mencionadas inundaciones, este hecho hace que las especies acuáticas que viven en el rio se vean afectadas.

Ante tales atentados contra la población pewenche y su entorno, los afectados no pueden ni siquiera protestar públicamente. Las manifestaciones en contra de la presa que se han realizado han sido reprimidas brutalmente por parte del gobierno, como la ocurrida en 2002 cuando 200 mapuches se manifestaban en Ralco.

Sobre este hecho, el director catalán Manel Mayol realizó un documental titulado “Apaga y Vámonos”, rodado durante seis semanas en 2004 en Chile. La cinta participó en más de 30 festivales de cine consiguiendo incluso el premio a mejor documental en Toronto y Atenas.


* Tercera - Miguel Aguilar - 1.1.12
Foto: protesta en Chile - tercera

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