Los grandes procesos por corrupción abiertos en España

20MINUTOS* : El presidente de la Comunidad Autónoma de Baleares, Jaume Matas, se sentó este lunes en el banquillo de los acusados por el caso de corrupción denominado 'Palma Arena'.
Sin embargo, Matas no es el primero ni su Gobierno el único que está siendo investigado por corrupción en estos momentos. Estos son los casos abiertos más importantes.
GÜRTEL
La denuncia de un concejal del PP de la localidad madrileña de Majadahonda destapó lo que sería, según los investigadores, una red que sobornaba a políticos del Partido Popular a cambio de adjudicaciones de contratos públicos.
Están imputados, además del supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, los exalcaldes populares de Majadahonda (Guillermo Ortega), Boadilla del Monte (Arturo González Panero), Arganda del Rey (Ginés López) y Pozuelo (Jesús Sepúlveda, exmarido de la hoy ministra de Sanidad Ana Mato). También, el exdiputado popular en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco y el que fuese organizador de los actos públicos de Esperanza Aguirre, el exconsejero de Deportes Alberto López Viejo.
El caso está pendiente de recepción por parte de la Audiencia Nacional, toda vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se inhibió de la investigación el 8 de junio de 2011.

CASO TRAJES

La vertiente valenciana del caso Gürtel investiga la posible relación entre los regalos otorgados por las empresas de Francisco Correa y sus socios al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a otros altos cargos de su gobierno. El 'premio' serían, también en esta ocasión, adjudicaciones públicas o actos organizados por el PP en la región.

Están imputados el propio Camps, que terminó dimitiendo de su cargo, y el ex secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa. Víctor Campos, exvicepresidente de la Generalitat, y Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Consellería de Turismo, se declararon culpables ante el juez de haber recibido regalos de la trama.

El juicio comenzó el 12 de diciembre en el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana.

PALMA ARENA

El sobrecoste en las obras de construcción del velódromo de Palma de Mallorca, finalizado en 2007, ha terminado por llevar al banquillo al expresidente de Baleares, Jaume Matas (PP), este lunes. Matas, que abonó una fianza de 2,5 millones de euros para no ingresar en prisión, está acusado de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros. Los principales imputados, junto a Matas, por la Audiencia Provincial son el exregatista olímpico y director general de Deportes en el anterior Govern, Pepote Ballester, y el exgerente del velódromo, Jorge Moisés.

Es la primera vez que Matas se sienta en el banquillo.

En Baleares se investigan actualmente hasta 20 casos de corrupción, la mayoría vinculados al PP y al partido bisagra Unió Mallorquina, que también gobernó junto al PSOE la pasada legislatura. Solo la investigación del Palma Arena tiene 26 piezas separadas.

CASO NÓOS

Es una de las piezas incluidas en la investigación del caso Palma Arena. Ha tomado entidad por sí misma después de la imputación del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, que deberá declarar el próximo 25 de febrero.

Según la investigación, el marido de la infanta Elena y uno de sus socios, Diego Torres, también imputado, se habrían embolsado grandes cantidades de dinero público entre 2005 y 2007 a través de la organización sin ánimo de lucro Fundación Nóos, que Urdangarin presidía. Nóos operó, sobre todo, con los gobiernos populares de Baleares y la Comunidad Valenciana.

El caso está en fase de instrucción.

CASO CAMPEÓN

La detención en mayo de 2011 del empresario gallego Jorge Dorribo, acusado de encabezar una trama de fraude en subvenciones públicas, ha derivado en la intervención del Tribunal Supremo para investigar al exministro socialista José Blanco por su posible implicación en la recepción de sobornos.

En su declaración judicial, Dorribo aseguró que Blanco y los exdiputados autonómicos Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG) recibieron distintas cantidades de dinero por ayudarle a conseguir subvenciones y distintas licencias para él o para terceros.

Jorge Dorribo, Pablo Cobián y Fernando Blanco están imputados, no así el exministro.

El caso sigue bajo investigación.

MERCASEVILLA Y LOS ERE

El caso que trae de cabeza al Gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía. La denuncia de dos empresarios, a los que dos dirigentes de Mercasevilla (Fernando Mellet y Daniel Ponce) les exigieron un soborno, destapó una trama de fraude en las subvenciones que la Junta otorgaba para costear parte de los expedientes de regulación de empleo y para ayudar a empresas en dificultades.

La Junta de Andalucía ha admitido la existencia de 72 'polizones' entre 1.569 trabajadores investigados de los 6.096 que recibieron ayudas públicas entre 2001 y 2008. Entre ellos hay una decena de militantes o cargos socialistas.

Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Empleo de la Junta, es el principal imputado. Él era el responsable de que los 647 millones de euros que manejaba la Junta para estos conceptos tuviesen un destino adecuado. También está imputado su superior, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

La investigación está en manos de un juzgado de Sevilla y no hay fecha para el juicio.

CASO BRUGAL

Trama corrupta en la que empresarios alicantinos vinculados al sector de la recogida de basuras y al urbanismo habrían sobornado a políticos del Partido Popular a cambio de adjudicaciones y otros favores.

La causa tiene una veintena de ramificaciones en las que están imputados los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, además del líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll. El sumario también implica a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo.

En la actualidad, dos tribunales de la Audiencia Provincial de Alicante deben decidir si las escuchas practicadas entre 2007 y 2010 y que sirven de base a la Fiscalía Anticorrupción se realizaron legalmente.

CASO MINUTAS

El exalcalde de Marbella, Julián Muñoz (GIL), y el abogado y presidente del Sevilla Club de Fútbol, José María del Nido, fueron condenados el pasado mes de diciembre por la sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga a siete años y medio de prisión y 15 de inhabilitación absoluta cada uno. Su delito, haber malversado 2,86 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella contratando servicios jurídicos de forma irregular e injustificada.

Del Nido ha anunciado que recurrirá, pero la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que los condenados ingresen en prisión preventiva.

El caso Minutas es un apéndice del caso Malaya, cuya fase judicial aún no ha concluido. La policía tasa el dinero blanqueado en el 'Caso Malaya' en unos 670 millones.


* 20Minutos - ÁNGEL CALLEJA 10.01.2012
Foto: Gürtel, Palma Arena, Campeón, Brugal, Minutas... un buen número de casos abiertos protagonizados por personalidades públicas mantienen ocupados los juzgados. (AGENCIAS)

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Andalucía permite la regularización de 250.000 casas ilegales

ELPAÍS* : La Junta de Andalucía aprobó ayer el decreto que persigue la regularización de miles de casas que se han levantado de forma ilegal en suelos no urbanizables durante las últimas décadas. La norma abre la puerta al "reconocimiento" de las casas, una figura legal que les permitiría salir del limbo jurídico y acceder, por ejemplo, al suministro de agua y luz. "Son viviendas que no pueden ser demolidas ni legalizadas", detalló ayer la consejera andaluza de Obras Públicas, Josefina Cruz Villalón.
El Gobierno regional desconoce el número exacto de edificaciones que se verán afectadas. La consejería solo dispone de algunos censos parciales y estimaciones. Gloria Vega González, secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, señaló que la Junta calcula que en Andalucía hay entre 300.000 y 350.000 viviendas irregulares aisladas. Alrededor de un 10%, añadió Vega, nunca podrán legalizarse, porque están en suelos protegidos y zonas inundables o porque el delito urbanístico no ha prescrito. Otro 10% sí pueden ser legalizado con el planeamiento actual. En el 80% restante -es decir, entre 200.000 y 250.000 edificaciones- el delito ha prescrito y, aunque nunca serán legales por estar en suelo no urbanizable, los Ayuntamientos podrán otorgarles un "reconocimiento" jurídico como "asimiladas a fuera de ordenamiento".

El decreto introduce novedades fundamentalmente en este último caso. Los propietarios podrán ahora inscribir las edificaciones en el Registro de la Propiedad, con lo que ganan en seguridad jurídica, y las compañías suministradoras podrán darles acceso a agua y luz con todas las de la ley.

Críticas
Cruz Villalón insistió ayer en que todos los gastos que se deriven de la aplicación de la norma tendrán que ser asumidos por los propietarios. "El decreto no es una norma de regularización indiscriminada sino una respuesta concreta acorde a cada situación".

Pero su aprobación cosechó ayer críticas. Las organizaciones ecologistas consideraron un "error" la regularización. En opinión de WWF y Ecologistas en Acción, la Junta lanza el mensaje de que existen leyes que "no es necesario cumplir, pues luego vendrá la Administración para resolver el problema creado al respecto". Para el PP, sin embargo, la norma se queda corta ya que las casas "van a seguir siendo ilegales".


* El País - MANUEL PLANELLES - Sevilla - 11/01/2012
Foto: El Puerto (Cádiz), viviendas ilegales - diariodecadiz.es

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Valdoviño.- Un juez apunta a un posible delito por el desborde de la laguna protegida de a Frouxeira

ELPAÍS/A Coruña* : El agua desbordada de la laguna de A Frouxeira ha llegado al juzgado. El juez instructor de la sala nº3 de Ferrol, Alejandro Morán, ha abierto diligencias por un posible delito de daños a partir de la denuncia de varios vecinos a los que el agua de un humedal protegido y rebosante se les ha colado en sus fincas hasta la puerta de casa.
La querella la firma Juan Carlos González Orozco y representa a otros 25 vecinos del paseo de la laguna que está completamente anegado e impracticable para los coches desde hace un mes. Argumentan que la situación les ha ocasionado "graves perjuicios personales y materiales", acusan a todas las Administraciones implicadas de "inactividad" y señalan al alcalde de Valdoviño, José Antonio Vigo (PP) como "responsable máximo". Entienden que el regidor debería haber actuado de forma subsidiaria e instan a la justicia a que fije "las responsabilidades penales y civiles que se deriven de los hechos".

El magistrado ha ordenado a la Guardia Civil de Valdoviño que redacte un informe sobre la situación para determinar el alcance de los daños (si los hay) y la competencia administrativa. En otras palabras, a qué Administración le correspondería el desaguisado y las futuras compensaciones, si las hubiera.

El domingo por la noche, un pequeño grupo de vecinos afectados puso fin al encierro que mantenía en el Ayuntamiento desde el 23 de diciembre. "No es un adiós, es un hasta luego. El problema se repetirá tarde o temprano", ha manifestado su portavoz, Fernando Villar.

Durante los 17 días que ha durado su protesta, remitieron escritos de denuncia al juzgado, la fiscalía, el Valedor do Pobo y 13 más al regidor para reclamar una solución al desborde que tiene cercadas sus casas desde el 12 de diciembre. Han llamado con insistencia a las puertas de la Xunta y de la Demarcación de Costas en Galicia pero lo único que han conseguido es una barrera de sacos de arena y cinco bombas de achique encendidas noche y día que han rebajado varios centímetros el nivel del líquido estancado en la entrada de las fincas. "El dique es un parche temporal que no revuelve nada", critica Villar.

Por la pendiente del terreno, es poco probable que el agua inunde las 12 casas más próximas al lago pero los vecinos insisten en reclamar que se abra un pequeño pequeño caño a modo de desagüe controlado para evacuar el exceso de agua que ha sepultado dunas y nidos de aves. La Xunta se niega en redondo a autorizar cualquier intervención humana en A Frouxeira y tiene una prohibición expresa de la UE que paraliza cualquier acción. En 2009, una obra autorizada por Medio Rural casi desecó el lago.


* El País - LORENA BUSTABAD - Ferrol - 10/01/2012
Foto: Laguna Valdoviño

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Brugal.- Un caso pendiente de las escuchas

ELPAÍS/Alicante* : Las partes del caso Brugal, trama corrupta vinculada a la basura y al urbanismo en la provincia de Alicante tejida sobre la base de la connivencia entre los líderes políticos del PP y empresarios, encaran el tercer año después del levantamiento del secreto de sumario con la vista puesta en dos tribunales distintos de la Audiencia de Alicante. Sendas salas tiene que pronunciarse sobre la legalidad de la principal prueba de cargo de la Fiscalía Anticorrupción: las escuchas telefónicas practicadas a los cabecillas de la red durante más de tres años, de marzo de 2007 a junio de 2010. El sentido de la resolución ambos tribunales será clave para el futuro de significados dirigentes del PP, con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a la cabeza, y destacados empresarios, entre otros, el omnipresente promotor Enrique Ortiz.
Las escuchas telefónicas realizadas por los agentes de la Brigada de Delitos Económicos de la Comisaría de Alicante durante centenares de horas a los líderes de la trama ocupan el grueso de los más de 40.000 folios del sumario.

Sobre la base de esas intervenciones, el 6 de julio de 2010 el instructor general del caso, Carlos San Martín, extitular del Juzgado número 3 de Orihuela ordenó la operación policial clave de la investigación, que incluyó 19 arrestos y otros tantos registros domiciliaros, entre ellos el del en esa fecha presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz.

El levantamiento del secreto del sumario reveló una trama con una veintena de ramificaciones y dos piezas centrales: un supuesto soborno al exlíder del PP por la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja por parte de los empresarios Ortiz y Fenoll; y un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante a favor de promotor Ortiz a base de información privilegiada supuestamente facilitada por los alcaldes del PP, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi.

La instrucción del soborno del plan zonal permaneció bajo la batuta de San Martín. Sin embargo, el juez anuló el junio de 2011 algunas de las intervenciones practicadas a Ripoll, Fenoll y Ortiz. Esta resolución, junto a otra serie de errores formales (incluir en la documentación facilitada a las partes de esa causa diligencias de la pieza del PGOU aún secretas), ha empantanado la instrucción de este sumario.

Las partes, con la Fiscalía Anticorrupción a la cabeza, han apelado a la Audiencia. La sección 7ª con sede en Elche tiene ahora la última palabra. San Martín no ha podido superar la presión mediática sobre el caso Brugal y a finales del pasado mes de diciembre dejó ese juzgado, por una plaza en otra oficina judicial en Elche.

El sumario del presunto amaño del PGOU recayó en el Juzgado número 5 de Alicante. Su titular, Manrique Tejada, en un auto del pasado mes de octubre, sí dio por validas las escuchas y además observó indicios de delitos en los hechos investigados. No obstante, las defensas de los imputados, entre ellos, el promotor Ortiz y el abogado urbanista, José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de la Ciudad, han apelado a la Audiencia. La sección primera del alto tribunal será la encargada de resolver el recurso.

La instrucción de este sumario sí ha avanzado en los últimos meses. El magistrado ha interrogado a los 18 imputados, y ahora han comenzado la prueba testifical. Una vez cerrada la instrucción, siempre que la Audiencia ratifique su auto sobre la legalidad de las intervenciones, el juez deberá decidir si ve indicios de delitos en Castedo y Alperi. De resolver en sentido positivo tendrá que remitir las diligencias al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ya que ambos son diputados autonómicos y gozan de la condición de aforados.


* El País - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 09/01/2012
Foto: Alicante, Castedo y Ortiz en el estadio (archivo) - lasprovincias

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