La ex mano derecha de Matas le culpa de contratos ilegales

PÚBLICO* : Fue la mano derecha del expresident Jaume Matas durante la segunda legislatura en que gobernó Balears. Fue también quien tomó su legado al frente del PP cuando el exministro decidió dimitir y marcharse a Estados Unidos tras perder las elecciones de 2007 y fue, en palabras del propio Matas, su "garante". Sin embargo, nada de esto impi-dió que Rosa Estaràs, actual diputada en el Parlamento europeo, apuntase a su antiguo jefe en el Ejecutivo balear durante la declaración que prestó este jueves como testigo en el juicio que se celebra por la contratación presuntamente ilegal del periodista Antonio Alemany como redactor de los discursos presidenciales.
El testimonio más esperado de la jornada no defraudó y, con Matas a su espalda, sentado por primera vez en el banquillo de los acusados bajo una petición de pena de ocho años y medio de cárcel por cinco delitos, Estaràs se mostró convencida de que el expresident fue la persona que autorizó el concurso público que, formalmente convocado para contratar una asesoría externa de comunicación e imagen corporativa, habría servido en realidad para encubrir los pagos que percibía Alemany por elaborar las intervenciones del exmandatario.

"El expediente vino avalado por el gabinete del presidente", manifestó la exvicepresidenta del Govern, desvinculándose al mismo tiempo de la tramitación de esta iniciativa, después de que Matas afirmase durante la vista oral que Estaràs era "la que firmaba" y la que tenía la "responsabilidad orgánica" dentro de su gabinete.

"Autorización" de Matas
De hecho, atribuyó a Presidencia y a la Dirección General de Comunicación el impulso de esta contratación y aseveró que "lo habitual" era que el responsable de este último departamento, Joan Martorelltambién acusado por estos hechos "actuara bajo la autorización del presidente".

En su comparecencia, la testigo defendió que nada tuvo que ver con este proceso, a pesar de estampar su firma en él por una cuestión "formal" del organigrama puesto que la tramitación del concurso se inició en el departamento de Martorell, que "estaba en otro edificio", e iba "avalado por el presidente". "Más allá de la proposición técnica, no sé nada del expediente", sentenció en esta misma línea la exvicepresidenta.

Relación con Alemany
En cuanto a su relación con Alemany, la testigo manifestó que "en cuatro años" de mandato nunca se reunió a solas con él sino que tan sólo en una ocasión tuvo un encuentro con el periodista. Ocurrió, según señaló, a finales de legis-latura y en presencia de Matas, quien se lo presentó y le dijo que el articulista le sería "muy útil" para preparar el discurso del debate de investidura "de [Francesc] Antich", que arrebató en 2007 el poder a Matas, sucediéndole al frente del Govern tras el pacto alcanzado entre el PSOE balear, la extinta Unió Mallorquina y el PSM.

Sin embargo, Estaràs remarcó, durante su intervención en el juicio, que ella se encargaba de redactar sus propios parlamentos institucionales o en determinadas ocasiones los elaboraban sus funcionarios, al considerar que un discurso "es algo muy personal".

La eurodiputada fue interrogada en la primera jornada de declaraciones por parte de los testigos propuestos para la vista oral, que continuará este viernes con el interrogatorio de excolaboradores de Matas y de Alemany.


* Público - ESTHER BALLESTEROS Palma de Mallorca 12/01/2012
Foto: Palma, juzgado Matas y otros - diariomallorca

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A Coruña salda la mayor deuda urbanística de su historia

ELPAÍS* : El Ayuntamiento de A Coruña pagará en cuatro plazos, antes de 15 meses, 8,16 millones de euros a los propietarios de terrenos expropiados hace más de dos décadas bajo el pretexto de construir un campo de fútbol cuando finalmente realizó una lucrativa operación urbanística para las arcas municipales. El gobierno local de Carlos Negreira (PP) alcanzó un acuerdo para resolver esta vieja e incómoda herencia de sus predecesores socialistas y cumplir con una condena firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que obligaba a indemnizar a los afectados -la reversión era imposible- por parte de los 20.000 metros cuadrados en el barrio de Someso donde se erigen hoy un recinto ferial, un centro comercial además de edificios de viviendas y oficinas.

"Es la mayor indemnización por una sentencia urbanística de la historia de la ciudad", se quejó el primer teniente de alcalde, Julio Flores. El pago, en cumplimiento de la condena judicial, se acordó después de que los expropietarios de los terrenos rechazasen hace un año el intento del anterior gobierno de compensarles con parcelas de titularidad municipal en otra urbanización aún sin construir en el denominado futuro parque ofímatico. El pago de la indemnización, cuya primera entrega se hará antes de finalizar este mes y la última antes del primer trimestre de 2013, excluye los intereses de demora que los afectados han renunciado a cobrar. Flores destacó que gracias a ese acuerdo, las arcaslocales ahorrarán 825.000 euros.

Más sentencias
Pero el edil recordó que hay más sentencias pendientes de resolución en Someso de otros expropietarios que también obtuvieron el derecho de reversión, por lo que la indemnizaciones podría elevarse hasta 20 millones de euros, según cálculos del actual ejecutivo local. En vez de hacer un campo de fútbol para el Relámpago, el Ayuntamiento coruñés, en 1989 y con Francisco Vázquez de alcalde, se hizo con terrenos en este barrio periférico, pagando 35 euros el metro cuadrado. Pero los vendió para su desarrollo urbanístico y generó a las arcas municipales plusvalías de un 2.300%.

Flores no escatimó criticas contra el exalcalde socialista Javier Losada, edil de Urbanismo cuando se expropiaron los terrenos. "La negligencia socialista nos dejó 140 millones de euros de deudas y una larga lista de contigencias judiciales por sentencias urbanísticas, lamenta el portavoz local.


* El País - P. OBELLEIRO - A Coruña - 13/01/2012
Foto: A Coruña, ayuntamiento - Daniel Csörföly 04 (wikimedia.org)

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Los Barrios - El juez imputa al exalcalde Rojas y 4 ediles de su gobierno por el caso de La Gertrudis

EUROPASUR/Cádiz* : El exalcalde barreño Alonso Rojas y otros cuatro ediles del Partido Socialista que formaban parte del gobierno municipal en 2006 han sido imputados dentro del proceso judicial en fase de diligencias previas que investiga la concesión de la licencia de obras que autorizó el desmonte de la finca La Gertrudis, donde se proyectó el Parque de Innovación Empresarial (PIE), junto a la A-381.
A los cinco se les imputan delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo así como contra los recursos naturales y el medio ambiente tipificados por el Código Penal con penas de prisión, multas e inhabilitación en diversos grados. Otras tres personas, técnicos municipales de diverso rango, también constan como imputadas en la providencia notificada a las partes esta misma semana y a la que ha tenido acceso Europa Sur. El proceso, que lleva el Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras, parte de una denuncia del Partido Andalucista de 2007 al entender que la calificación del suelo en vigor en aquel momento no permitía los movimientos de tierra desarrollados.

Además de Rojas, los políticos imputados son los entonces ediles Antonio Rodríguez, Yolanda Peinado, Pilar Olivares y Miguel Ángel Rodríguez Palomo. Tres de ellos mantienen atribuciones públicas: Antonio Rodríguez es consejero delegado de la empresa mancomunada Arcgisa y en ese momento gestionaba Urbanismo; Yolanda Peinado ocupa el cargo de delegada provincial de Cultura de la Junta de Andalucía y Pilar Olivares es concejal en el actual mandato en el ámbito de la oposición. Rodríguez Palomo dejó la política activa en 2007 y Alonso Rojas cesó del cargo por la condena judicial que le inhabilitó por desobediencia a la Justicia (caso Dytras). En función de los testimonios que se aporten a partir de ahora, el juez decidirá si continúa adelante con la causa -en caso confirmar los indicios de delito sobre uno o varios imputados- o la archiva. La providencia también solicita al Ayuntamiento una copia del decreto de la licencia.

La actuación judicial se retrotrae al 18 de agosto de 2006, fecha en la que la junta de gobierno local concedió licencia de obras a una empresa local para ejecutar el desmonte previo a la urbanización de la entonces finca pública La Gertrudis (32 hectáreas) donde el gobierno local socialista promovía una zona para acoger actividades industriales. Los andalucistas y varios colectivos ecologistas denunciaron por separado los movimientos de tierra que comenzaron a los pocos meses al entender que se estaba actuando sobre un suelo que no estaba clasificado como industrial. De hecho, no obtuvo dicha tipología hasta la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística (2008). En el momento en que comenzaron los trabajos las parcelas estaban catalogadas como suelo rústico (PGOU de 1986). Las obras fueron paralizadas cautelarmente en 2009 por una orden judicial a raíz del proceso abierto por los grupos ecologistas y 28 denunciantes a título particular.

Los ediles imputados son todos los que estaban presentes en dicha reunión -aprobaron la licencia por unanimidad- y los técnicos facultaron y firmaron los informes que ampararon la actuación. El juzgado solicita que se identifique qué cargo ocupaba cada uno de los ocho imputados dentro de la función pública en la fecha de referencia y que se realicen las labores necesarias para notificarles la imputación con el fin de poder llamarles para declarar.

Parte de las actuaciones en La Gertrudis fueron llevadas a cabo desde el entramado de empresas municipales hoy disueltas (GAMA, principalmente), en todo caso presididas por el entonces alcalde. Rojas sostuvo en varias ocasiones ante este periódico que las actuaciones tuvieron amparo legal conforme a la situación de la finca y que sólo fueron una limpieza de la parcela.

El Código Penal establece para los delitos contra la ordenación territorial unas penas de prisión que oscilan entre un año y seis meses a cuatro años; multa de 12 a 24 meses e inhabilitación de uno a cuatro años (artículo 319.1) para los promotores, constructores o técnicos directores de obras que contravengan la Ley. En el caso de autoridades o funcionarios públicos que informen favorablemente, las penas de prisión y multa previstas son las mismas si bien la inhabilitación prevista va de siete a diez años (artículo 320). Para los delitos contra el medio ambiente (artículo 325) las penas de prisión oscilan entre dos y cinco años; las multas de ocho a 24 meses y la inhabilitación de uno a tres años.


* EuropaSur - 12.1.12
Foto: Imagen de la finca La Gertrudis durante las labores de desmonte, en julio de 2007 - europasur

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Barcelona.- Los mandos de los mossos irán a juicio por las cargas a los indignados

PÚBLICO* : El pasado octubre, hasta 56 indignados presentaron , en los juzgados de Barcelona, una querella criminal contra Felip Puig y los responsables policiales de las cargas en la plaza de Catalunya que habían tenido lugar cinco meses antes. Entre los delitos recogidos, había lesiones, detención ilegal, amenazas, apropiación indebida y prevaricación.
Hoy, este proceso ha dado sus primeros frutos. El juez que investiga los hechos ha citado a declarar como imputados a la exteniente de alcalde de Seguridad, Assumpta Escarp, y al director de los Mossos d'Esquadra, Manel Prat, junto a dos mandos del dispositivo policial.
No ha sido imputado, en cambio, el conseller de Interior, Felip Puig, porque el juez instructor carece de competencia para investigarlo, según fuentes judiciales, por tratarse de un aforado, por lo que el caso correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La identificación de los agentes que cometieron abusos fue imposible porque no llevaban sus placas a la vista, por lo que fuentes judiciales ya avisaron en su momento que la mayoría de denuncias sobre mossos particulares quedarían archivadas.

Declaraciones por la "operación limpieza"
En una providencia, el juzgado de instrucción número 4 de Barcelona fija cuatro días de las próximas semanas para tomar declaración a los imputados Escarp y Prat, así como al responsable aquel día del dispositivo de orden público de Barcelona de la policía catalana, Antoni Antolín, y el jefe de los antidisturbios, David Bordas.

Estas cuatro imputaciones derivan de la querella que medio centenar de indignados presentaron en los juzgados por la operación policial del pasado 27 de mayo, que se inició como una "operación de limpieza" de la plaza y acabó derivando en cargas policiales que se saldaron con más de un centenar de heridos.

El juez Josep Maria Miquel Porres, tras tomar declaración a 51 denunciantes y visualizar numerosos reportajes gráficos de las cargas, decidió admitir a trámite la querella interpuesta por los indignados y abrir una investigación contra los responsables de la operación, por posibles delitos contra los derechos fundamentales, como el de reunión.

Antes de citar a declarar a los imputados, el juez instructor ha encargado informes forenses para comprobar si los partes médicos aportados por los querellantes son compatibles con las imágenes de las cargas policiles, han informado fuentes judiciales.

Desalojo multitudinario de la plaza de Catalunya
La intervención policial en la plaza de Catalunya, que los indignados interpretan como un intento de desalojo encubierto, movilizó a una amplio dispositivo de antidisturbios de los Mossos y agentes de la Guardia Urbana para facilitar las tareas de limpieza del espacio de la acampada por las brigadas municipales (aquí puedes ver una fotogalería de la carga).

Los cerca de 200 indignados que dormían en la plaza se negaron a abandonarla y, al cabo de unas horas, eran cerca de un millar las personas que se concentraban en el lugar en apoyo de los acampados, para impedir que los equipos de limpieza pudieran acceder al lugar.

Los Mossos d'Esquadra cargaron contra los concentrados, en una operación que se saldó con más de 120 heridos, y los indignados recuperaron la plaza después de que las brigadas de limpieza se llevaran de la acampada desde colchones, toldos o sofás, hasta los elementos rígidos que servían de soporte a las pancartas y a los altavoces, además de ordenadores y enseres personales.


* Público - Efe - 11.01.12
Foto: Los indignados denunciaron la violencia de las cargas.- publico

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Griñán hace legal lo ilegal

PEDRO TENA* : La Junta va a librar de la piqueta 9 de cada 10 casas ilegalmente construidas en Andalucía, con lo que se hace bueno el dicho de tú construye que una vez hecha la casa, no la cae nadie. En lo que cabe considerar como una amnistía encubierta de delitos urbanísticos, la decisión de Griñán hace que el esfuerzo de respetar la legalidad que hacen millones de ciudadanos andaluces seas equivalente al esfuerzo de quebrantarla que realiza una minoría que ahora ve que no cumplir la ley es bien rentable como se quiere electoralmente rentable la medida impulsada por José Antonio Griñán.
El 90 por ciento de las viviendas construidas en Andalucía en suelos no urbanizables podrán regularizarse a través de las distintas fórmulas y sólo un 10 por ciento de las alrededor de las 250.000 edificaciones que están al margen de la legislación corren el riesgo de ser derribadas.
Si escandalosa es la situación jurídica creada, más escandalosa aún es la explicación aportada por la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, que dice que el objetivo del Decreto del gobierno Griñán es adaptar la «realidad física a la jurídica» así como «acotar un fenómeno del pasado», que es como califica al urbanismo descontrolado y consentido por la Junta hace muchos años. De este modo se justifica que cualquiera haga lo que quiera, porque, después, se adaptará la realidad física a la jurídica.

En Andalucía alrededor de 250.000 viviendas ilegales de uso residencvial que no pueden ser demolidas ahora porque ha prescrito el delito urbanístico pero que tampoco podían ser legalizadas. Hasta ese punto ha sido negligente y dolosa la conducta de la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE desde 1982, hace treinta años.

La consejera ha dicho que no se trata de una regularización indiscriminada ni de una «ley de punto final». Según ella y con el censo realizado en la mano,
«de cada diez viviendas una se puede legalizar directamente, ocho podrán ver reconocida su situación y se les dotará de servicios básicos, pues no se pueden demoler porque el posible delito ha prescrito, pero tampoco se legalizarán; y una de cada diez viviendas sería demolida y no se podría legalizar». Estas últimas son las que se encuentran en suelos de especial protección y/o en zonas inundables.


* Noticias de Almería - Opnión - 12.1.12

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