Cañete reformará la ley que defiende el uso público del litoral

PÚBLICO* : El Gobierno de Mariano Rajoy ejecutará "una reforma muy profunda" de la Ley de Costas, la normativa que desde 1988 defiende el carácter público del litoral español e intenta evitar su privatización. La ley, que impide la construcción en los primeros metros de costa e implica derribos, estuvo en el olvido durante los gobiernos de Felipe González y José María Aznar, pero el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero la sacó del cajón.
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció la reforma en la toma de posesión de varios de sus altos cargos. El cambio pretende "armonizar el desarrollo económico con la decidida protección de nuestros recursos naturales", según apuntó.
El anuncio ha soliviantado a las organizaciones ecologistas más activas en la defensa del litoral, como Greenpeace, que advirtió que promoverá "fuertes movilizaciones" si la reforma impulsa la destrucción de la costa. En 23 años, la ley se ha aplicado ya en más de 9.000 kilómetros del litoral español, pero todavía quedan cientos de kilómetros al margen de la legislación.

Las provincias más problemáticas son Alicante y Huelva.

Con este anuncio, Greenpeace ve "peligrar los últimos tramos de costa virgen", expresó la ONG en un comunicado. Polémicos proyectos como los de Marina de Cope (Murcia), diez puertos deportivos en Balears, los puertos de Pasaia (Gipuzkoa) y Tarifa (Cádiz) o el macroproyecto hotelero en El Palmar (Cádiz) tendrían "vía libre para desarrollarse sobre la primera línea de costa", teme Greenpeace, como ya ocurrió con el polémico hotel de El Algarrobico (Almería), pendiente de derribo. Un portavoz del gabinete de Arias Cañete no entendía las protestas ecologistas. "De momento no hay ninguna reforma, sólo el anuncio y punto", explicaba.

Los chiringuitos
La modificación de la Ley de Costas, que no figuraba en el programa electoral de Mariano Rajoy, era esperable. El PP ya propuso varios cambios estando en la oposición, tanto en el Senado como en el Congreso. Las casas construidas antes de 1988 recibieron una concesión de 30 años para que la ley no resultara confiscatoria. Previsiblemente, la reforma de Arias Cañete podría ampliar ese plazo en algunos casos, más allá de 2018.

"Sí a los chiringuitos", declaró Rajoy en mayo, ante el supuesto fin de estas instalaciones turísticas en las playas. El Gobierno socialista había explicado, en medio de la polémica, que sólo ocho de los 400 chiringuitos del País Valencià vulneraban la Ley de Costas.


* Público - 13.1.12
Foto: Algarrobico (Carboneras - Almería), hotel ilegal - teleprensa.net

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El juicio contra el alcalde de San Vicente se reanuda el día 30

DIARIOMONTAÑÉS* : El juicio por delitos contra la ordenación del territorio por autorizar la construcción de viviendas dentro del Parque Natural de Oyambre contra el alcalde de San Vicente de la Barquera y presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, el 'popular' Julián Vélez, se retomará el próximo 30 de enero y se extenderá hasta el 2 de febrero.
La vista estuvo fijada inicialmente para los días 7 a 10 de noviembre, pero se suspendió debido a que se abrió la posibilidad de que la entidad bancaria que financió la construcción de las viviendas objeto del litigio, en la zona de La Argolla, se personara como perjudicada. Junto a Vélez, estaban acusados el teniente de Alcalde, Serafín Bada, el ex edil de Urbanismo, Angel Chaves (elegido por Izquierda Unida, que gobernó en coalición con el PP tras una moción de censura y expulsado de esta formación) y el ex concejal de Medio Ambiente, Luis Martín Dávila.

El Ministerio Fiscal pide para cada acusado por un delito contra la ordenación del territorio la pena de dos años y seis meses de prisión y once años de inhabilitación para ejercer cargo público como miembros de la Corporación Local (sólo Vélez forma parte actualmente de ella). A estas penas, cada acusado se enfrenta a otros nueve años de inhabilitación para ejercer cargo públicos como miembros de la Corporación Local por un delito de prevaricación urbanística por su papel en la concesión de la licencia a una urbanización de 18 viviendas en la zona de La Argolla, dentro de los límites del Parque de Oyambre. La empresa Prado y Pernaza solicitó licencia de obra para construir 18 viviendas, garajes y trasteros en la carretera de La Argolla, un trámite que le fue concedido en octubre de 2006 por los cuatro acusados. Según el Fiscal, los acusados permitieron ese trámite son recabar el necesario informe del Gobierno de Cantabria, y lo hicieron porque «eran conscientes» de que el informe no sería favorable a la construcción. El emplazamiento, en concreto, era una zona de influencia del Lugar de Interés Comunitario de las Rías Occidentales y Dunas de Oyambre, y en la parte más litoral del parque, un área, por tanto, «con mayor fragilidad paisajística» a la que de hecho causó un «significativo impacto».


* El Diario Montañés - EP. - 12.1.12
Foto: San Vicente de la Barquera (Cantabria) - turismo

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El New York Times dedica un reportaje a Marinaleda, el pueblo sin hipotecas

20MINUTOS* : El New York Times ha dedicado un reportaje a la organización política, social y económica en el municipio sevillano de Marinaleda. En este pueblo, el que el alcalde, perteneciente al Colectivo Unificado de Trabajadores (CUT-BAI), Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha abanderado durante sus 30 años de gobierno la lucha jornalera, la distribución de la propiedad y el reparto de los recursos.
Bajo el título "Trabajo para todos y sin hipoteca en un municipio español", el reportaje señala que la gestión del alcalde, desde 1980, ha adoptado un modo que es sinónimo de "lucha contra la pobreza rural".
El reportaje destaca que el puebo, sin paro ni hipotecas, aplica desde hace 30 años el modelo socialista. La información describe a Marinaleda, un municipio de unos 3.000 habitantes, como un "enclave comunista" rodeado de campos de olivos y donde el desempleo es marginal.

El alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha declarado al diario que la crisis económica prueba la sabiduría de la visión socialista, un modelo que se aplica en Marinaleda desde hace treinta años.

El reportaje destaca que mientras en el resto de España la gente trata de conseguir un crédito barato para comprar viviendas sobrevaloradas en el precio, los vecinos de Marinaleda se han construido su propia vivienda, lo que los hace "libres" de una hipoteca.

Nadie se queda en paro

"Si un residente pierde su trabajo, la cooperativa lo contrata", afirma el alcalde, "así que nadie busca un trabajo" en Marinaleda, mientras recuerda que en la provincia de Sevilla la tasa de desempleo es del 21%.

La información no sólo ofrece la versión del alcalde, que es también diputado andaluz de IULV-CA y de los vecinos que están de acuerdo con su modelo de gestión, sino que también entrevista al concejal del PSOE Hipólito Aires, quien subraya que "al promover las plantaciones de baja productividad, él (en alusión al regidor) mantiene votantes dependientes" a los que conserva su trabajo si le siguen apoyando en las urnas.

El PSOE acusa al alcalde de ser el mayor propietario de tierras y comprar votos
El reportaje destaca que las principales críticas a la gestión de Sánchez Gordillo se fundamentan en la ausencia de libertades para criticar sus actos y refleja que el PSOE lo acusa de ser "el mayor propietario de tierras en Marinaleda", pese a que abanderó una lucha por los derechos de los jornaleros y contra la propiedad privada, con la ocupación de varias fincas en la Sierra Sur sevillana.

La información resume que Marinaleda se ha convertido en un centro del activismo de izquierdas y recuerda que la campaña más destacada contra la propiedad de las tierras culminó con la expropiación de las fincas del Duque del Infantado, donde se ha establecido una cooperativa de jornaleros que trabajan la tierra.

El rotativo también resalta que el municipio no disponga de Policía Local por la ausencia de delitos y que la localidad está plagada de murales políticos con eslóganes revolucionarios, así como calles dedicadas a destacados políticos latinoamericanos de izquierdas.


* 20 Minutos - Efe - 27.05.09
Foto: Jornaleros trabajan en los cultivos del municipio sevillano de Marinaleda. (NEW YORK TIMES / LAURA LEÓN)

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Bruselas pone en peligro el IVA superreducido de Rajoy para la vivienda

ELCONFIDENCIAL* : La decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de prolongar el IVA superreducido (4%) para la vivienda habitual, que fue convalidada este miércoles por el Congreso, está prohibida por la normativa europea, que permite aplicar estos tipos sólo en caso de vivienda social.
Así se refleja en la Directiva 2006/112/CE de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido. En su Anexo III, esta norma establece una lista de bienes y servicios que podrán estar sujetos a los tipos reducidos del IVA; y entre ellos, cita literalmente el "suministro, construcción, renovación y transformación de viviendas proporcionadas en el marco de la política social".
Aunque esta redacción puede tener una interpretación muy amplia, expertos fiscalistas consultados consideran que "no cabe entender en ningún caso que se puede aplicar a todas las viviendas que se vendan como residencia habitual, ya que la política social no puede comprender la totalidad del mercado".

Esta prohibición obliga al nuevo Ejecutivo español a una dura negociación con Bruselas para salvar la medida. "Al plantearse como algo excepcional sólo para unos meses, como hizo el Gobierno socialista, Bruselas no iba a poner pegas; pero si lo conviertes en una norma habitual, sí se va a oponer para evitar agravios comparativos con otros países comunitarios", señala otro experto.

En principio el Gobierno aprobó la semana pasada la prórroga de esta medida durante seis meses más, junto a la recuperación de la antigua deducción en el IRPF por la adquisición de vivienda. Pero, sumando al plazo que ha estado en vigor hasta ahora, puede exceder lo que las autoridades europeas consideran como admisible.

Tope de precio

Los expertos consideran que Bruselas no tumbará directamente la medida, sino que exigirá que se impongan condiciones adicionales para limitar su alcance y que pueda encajar dentro de esa definición de "política social".

"Es posible que exija que se limite a la vivienda de protección pública, o más probablemente, que se establezca un tope de precio a partir del cual no será de aplicación el tipo superreducido. Lógicamente, ese tope de precio tiene que ser suficientemente bajo como para que se pueda hablar de vivienda social", concluye uno de los fiscalistas citados.


* El Confidencial - Eduardo Segovia - 12.1.12
Foto: Vivienda digna - La hipoteca me mata

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