El aeropuerto de Castellón 'tapaba' una recalificación para 40.000 viviendas

ELPAÍS* : Carlos Fabra quería un aeropuerto en Castellón. Y lo consiguió. Sin aviones, con un coste cercano a los 200 millones de euros (de ellos, unos 70 a cargo del erario público), pero con una estatua que ensalza la personalidad de su inspirador. Empezó la casa por el tejado. En realidad, el aeropuerto era una excusa para poner en marcha otros proyectos. Y muchos le siguieron, le aplaudieron, se unieron al coro de los que defendían el aeropuerto como quien defiende el progreso.
El aeropuerto de Castellón se argumentó como la forma de afianzar la economía de una provincia con escaso desarrollo turístico, disminuida en lo agrícola y centrada en la producción de azulejo. Su justificación: dar facilidad de acceso a los futuros ocupantes de 40.000 viviendas proyectadas (la mitad, en una sola macrourbanización), los 12 campos de golf y un parque temático que, para no ser menos que nadie, se empeñó en impulsar. Ya tiene el aeropuerto, pero no las viviendas, los campos de golf y el parque temático que iban a disfrutar los cientos de miles de turistas previstos para desplazarse a Castellón en avión.

El fin justificaba los medios. Pese a su fobia a volar, Fabra se encumbró como salvador y, contra obstáculos y reticencias, logró arrancar del Gobierno de Aznar la autorización para construir el aeropuerto, y de su amigo Francisco Álvarez-Cascos, la declaración de interés general. Pero ni un euro. Llamó a la puerta de la Generalitat, siempre entreabierta por aquello del apoyo en el seno del PP, y arrebató un compromiso para una concesión: la Administración promovía la infraestructura y un grupo de empresas se encargaba de la construcción y gestión. Eso sí, con el aval económico público y la salvaguarda de cubrir el coste si no se alcanzaban las expectativas de viajeros, cifrados en 600.000.

Aun así, el verdadero motivo se encontraba alrededor, en el cemento. El argumentario del aeropuerto pretendía hacer encajar todas las piezas de adosados, unifamiliares y hoteles, unidos a una docena de campos de golf en una zona en la que se reclamaba "agua para todos". La nueva infraestructura, alejada de la costa, justificaba la reconversación de 18 millones de metros cuadrados para levantar la mayor macrourbanización del país, un proyecto que iba a multiplicar la población de Cabanes, el término municipal en el que se iba a construir. Al margen de esta macrourbanización, otra docena de proyectos rodeaban, sobre las maquetas, los campos de golf que salpicaban el imaginario de la provincia.

Los proyectos no salieron, las casas no se construyeron y los campos de golf continúan siendo eriales. Pero el aeropuerto, pese a paralizaciones judiciales y problemas administrativos, siguió su marcha porque Fabra quería llegar a decir: "Llevo 14 años imaginando cómo sería el día de hoy". Que fue lo que afirmó el 25 de marzo del año pasado, después de preguntarles a sus nietos: "¿Os gusta el aeropuerto del abuelo?", el día en que se inauguró una infraestructura que carece de permiso de vuelo y de compromiso de aerolínea alguna para comercializar rutas. "Hay quienes dicen que estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones", admitió el propio Fabra, quien se atrevió a añadir que lo hacía para que "cualquier ciudadano que lo desee pueda visitarlas y caminar por ellas".

Él no ha puesto, obviamente, ni uno de los 150 millones de euros que ha costado su construcción. Ni son suyos los 30 millones gastados en publicidad. Ni los 300.000 que costará la escultura, de 20 toneladas, inspirada en su persona. Tampoco rendirá cuentas políticamente por estas decisiones porque decidió no presentarse a las elecciones municipales (era presidente de la Diputación de Castellón)antes de que alguien lo echara. De otros asuntos sí tendrá que responder ante la justicia. -

La trama Gürtel se alimentó del PP valenciano

La trama corrupta de empresas que dirigía Francisco Correa se instaló en el corazón de la Comunidad Valenciana en 2004 tras perder el PP la mayoría absoluta que había logrado José María Aznar.

A través de Orange Market, la firma que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, Gürtel obtuvo del Gobierno valenciano -que presidía Francisco Camps- hasta 85 contratos en un periodo de seis años, de los que 76 le fueron adjudicados a dedo. Los más cuantiosos fueron obtenidos por montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur y por organizar el seguimiento de la visita del Papa a Valencia en 2006 a través de Canal 9. La trama logró contratos y comisiones millonarias mediante procesos irregulares. Simultáneamente, Orange Market asumió el papel de suministrador único de eventos de la dirección regional del PP y organizó actos para distintas agrupaciones locales.

A raíz de las investigaciones judiciales desarrolladas en la Audiencia Nacional, primero, y en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de Madrid y la Comunidad Valenciana, un nutrido y selecto grupo de dirigentes del PP valenciano está inmerso en causas judiciales.

Francisco Camps se enfrenta desde hace semanas a un juicio con jurado, en compañía de quien fue su mano derecha, Ricardo Costa, por recibir regalos de la trama corrupta. A ambos se les imputa un delito de cohecho pasivo impropio. El TSJ de Valencia también instruye la causa por supuesta financiación ilegal del PP valenciano. En ella hay serios indicios de que varias constructoras, que obtenían sustanciosas contratas de la Generalitat, financiaron al PP a través de Orange Market, que también facturó en dinero negro parte de los servicios prestados al partido. En la causa están imputados Costa, el exvicepresidente Vicente Rambla, el vicesecretario de Organización del PP, David Serra, la tesorera, Yolanda García, y la exconsejera Milagrosa Martínez, entre otros. -

El 'caso Brugal' pone en jaque al poder alicantino

El poder alicantino (político, empresarial y financiero) se ha desmoronado en los dos últimos años al conocerse lo que se ocultaba bajo el sumario del caso Brugal. Al levantarse el secreto que pesaba sobre esas actuaciones ha quedado al descubierto la mayor trama político-empresarial gestada en la provincia de Alicante, amparada en el negocio de la recogida de basura y el urbanismo.

La investigación de la policía, realizada sobre la base de tres años de escuchas, sitúa a la cabeza de la trama al expresidente provincial del PP José Joaquín Ripoll; a la alcaldesa del PP de la capital, Sonia Castedo, y a su antecesor, Luis Díaz Alperi. Junto a los políticos, el promotor Enrique Ortiz, el empresario de la basura Ángel Fenoll y dos exdirectivos de Bancaja y la CAM.

La investigación comenzó en 2007. En julio de 2010, el juez ordenó una operación policial que concluyó con 19 arrestos, entre ellos los de Ripoll, Ortiz y Fenoll. El sumario incluye tres causas principales y una veintena de ramificaciones. Han sido interrogados 56 imputados.

Del conjunto de causas destacan un supuesto soborno por la contrata de la basura de La Vega Baja a Ripoll por parte de Ortiz y Fenoll. La policía sostiene que Ripoll, a quien el juez imputa cinco delitos, logró 1,3 millones sin justificar tras el contrato, y el amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El fiscal acusa a Castedo y Alperi de proporcionar datos secretos a Ortiz a cambio de dádivas (vacaciones, un coche y un viaje a Creta en jet privado). La investigación cifra en 120 millones el pelotazo del promotor.

El caso Brugal ha segado la longeva carrera política de Ripoll, ahora confinado en el puerto de Alicante. Y Castedo mira de reojo la evolución del sumario judicial. El PP prepara su relevo ante su posible imputación. -

Carlos Fabra, ese "político ejemplar"

En diciembre de 2003, un empresario acusó al entonces presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de cobrarle "cantidades millonarias" a cambio de favores políticos. El PP se encontraba en pleno apogeo en la Comunidad Valenciana y el todopoderoso Fabra se enfrentaba a una acusación de tráfico de influencias y cohecho.

Los populares copaban las administraciones de Castellón, la Generalitat y el Gobierno central, por lo que Fabra no tenía mucha dificultad en, presuntamente, tratar de agilizar autorizaciones de fabricación de productos sanitarios, intercediendo ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad. Los responsables de estos departamentos, Jesús Posadas, Miguel Arias Cañete y Celia Villalobos, hubieron de dar explicaciones sobre las reuniones que, ellos o sus subordinados, mantuvieron para tratar sobre los productos del amigo de Fabra Vicente Vilar. Y la documentación revela que diputados, subdelegados del Gobierno y distintos cargos públicos hicieron de intermediarios en la operación.

La investigación tomó impulso con la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, lo cual no ha impedido que las pesquisas se prolonguen durante más de ocho años. Tampoco ha evitado que las imputaciones, que en un principio se extendieron entre cargos ministeriales, se redujeran a los matrimonios Fabra y Vilar, que ahora son parejas desechas.

Lo que sí posibilitó la tramitación de este caso es que los inspectores de Hacienda detectaran un incremento patrimonial en el matrimonio Fabra, que ahora habrá de responder además de siete presuntos delitos fiscales por defraudar cerca de 1,2 millones de euros.

Políticamente, Carlos Fabra ha sido arropado por todos en el PP. Desde el actual jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, que lo calificó de "político y persona ejemplar", hasta el actual presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, que lo mantiene al frente del PP provincial. -

Los lodos del 'caso Emarsa' salpican a Barberá

El juzgado número 15 de Valencia investiga desde hace meses el saqueo de la depuradora de Pinedo, una de las mayores de Europa, que está ubicada en el término municipal de la ciudad de Valencia. A raíz de una denuncia presentada por los socialistas, el juez ha imputado hasta ahora a un total de 28 personas por delitos contra la Hacienda Pública, delito contable y falsedad documental. Entre los imputados figura el alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, y otros cargos intermedios del PP de la ciudad de Valencia.

Los responsables de la empresa pública que gestionaba la depuradora, Emarsa -en la que tenía mayoría el Ayuntamiento de Valencia-, gastaron cantidades millonarias en servicios no prestados, regalos de lujo, traductoras rumanas, viajes, joyas y comidas.

La gestión se saldó con un agujero de 17 millones de euros, aunque el saqueo podría elevarse hasta los 40 millones. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha aceptado constituir una comisión de investigación en las Cortes Valencianas para esclarecer las responsabilidades políticas, lo que le ha costado el distanciamiento con la alcaldesa Rita Barberá, que, pese al escándalo del caso Emarsa, no ha tomado medida alguna al respecto.

Y es que, aunque Enrique Crespo era el presidente del consejo de administración de Emarsa, las irregularidades en la depuradora se remontan a una etapa anterior, presidida por los ediles populares Juan Vicente Jurado y Silvestre Senent. El pasado jueves, Juan Carlos Gimeno, exconcejal popular imputado en el caso Emarsa, pidió que se investigue la gestión desde 1991, cuando Barberá se hizo con la alcaldía de Valencia. "Casi tres millones de euros al año se pagaban para mantener estómagos agradecidos del PP", aseguró Gimeno, quien añadió: "Casi todos los proveedores eran militantes del PP o muy cercanos, y todos los empleados eran militantes". -


* El País - MARÍA FABRA 15/01/2012
Foto: El aeropuerto de Castellón fotografiado el 13 de enero de 2012, vacío casi diez meses después de su inauguración. En la rotonda de acceso se aprecia la estatua que corona el proyecto.- A. SÁNCHEZ

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A Coruña.- La Fiscalía remite al Juzgado el caso de los edificios sin licencia del campus universitario

LAOPINIÓN* : Después de que el exvicerrector de Infraestructuras admitiese que la Universidad había levantado edificios sin licencia en elcampus de Elviña, la Fiscalíadecidió abrir de oficio diligencias para esclarecer si la actuación era constitutiva de delito. Hace unos días, una vez analizada la documentación que requirieron al Ayuntamiento y a la institución académica, pidieron oficialmente al Juzgado de Instrucción que investigase el asunto. No por la tramitación en sí y por la construcción sin el permiso pertinente, sino al detectar que uno de los centros de investigación se levanta sobre una parcela clasificada como zona verde.
La Fiscalía, que abrió diligencias de oficio por los edificios sin licencia en el campus de Elviña,ha pedido al Juzgado de Instrucción que investigue el asunto. Tras analizar la documentación remitida por el Ayuntamiento y la Universidad, detecta indicios de irregularidades en la construcción de uno de los centros de investigación sobre una zona verde.

Fuentes del Ministerio fiscal informan de que hace unos días se remitió el caso al Juzgado de Instrucción de A Coruña para que determine si hubo irregularidades en la actuación de la Universidad coruñesa. La Fiscalía no señala a ninguna persona en concreto como responsable y eleva la petición, no exactamente por anomalías en la tramitación de los permisos, sino porque uno de los inmuebles se levantó en una parcela que, en ningún planeamiento, está clasificada para albergar un equipamiento educativo o de investigación.

El Ministerio público decidió abrir diligencias informativasde oficio para esclaracer la construcción de edificios sin licencia en el campus de Elviña. A principios del pasado mes de octubre, en la presentación pública de un nuevo módulo del área científica diseñado por César Portela, el entonces vicerrector de Infraestructuras, Xosé Lois Martínez, admitió a este periódico que se había levantado el inmueble sin permiso municipal en una parcela tras las facultades de Informática e Ingeniería.

El arquitecto y responsable académico alegó que la universidad carecía de terrenos para construir nuevos edificios que diesen salida a la masificación de las facultades y que tanto Concello como Xunta llevaban ocho años sin expropiar nuevas parcelas para la expansión del campus de Elviña. Ante la necesidad, la propia Vicerrectoría de Infraestructuras redactó una modificación del plan parcial del campus, incluida en el documento del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que todavía no ha entrado en vigor. Aunque sin licencia, se decidió levantar el inmueble, con un proceder que luego se reveló como no inédito y que la UDC entendía como la única opción para ejecutar obras necesarias ante la "marginación" de las Administraciones local y gallega.

El Ayuntamiento decidió abrir un expediente tras conocer elcaso, que además acabó con ladestitución del vicerrector de Infraestructuras. "Esto no es una selva, todos estamos obligados a cumplir las normas y por eso he ordenado abrir un expediente (a la Universidad) para que se ponga la situación, legal o no, en donde tiene que estar", anunció el alcalde después de hacerse público que el primer módulo del área científica del parque tecnológico universitario carece de la licencia pertinente y que no está amparado por el Plan de Ordenación Municipal Vigente. Sí figura en la revisión de este documento, que no ha entrado en vigor.

Pese a la supuesta sorpresa del alcalde ante la construcción ilegal ejecutada por la Universidad, y la consecuente apertura de un expediente, el vicerrector manifestó que la Corporación municipal era consciente de la existencia de la modificación incluida en el plan general. "El actual equipo de gobierno de la Universidad tramitó ante el Concello, en 2005, una modificación del plan para convertir aparcamientos en terrenos edificables sobre los que construir edificios de este tipo -destinados a aularios, grupos de investigación, laboratorios y despachos de profesores- que fue aceptada por el Ejecutivo local en el documento provisional", relataba entonces Martínez.

Fuentes del Ministerio Público, cuyos casos de urbanismo son responsabilidad del fiscal Antonio Roma, explican que el procedimiento para levantar los módulos, aunque no fue escrupuloso, no es constitutivo de delito. Sí consideran, sin embargo, que un juez debe indagar por qué se levantó un edificio en solares que eran zona verde.

La construcción de edificios sin licencia en los campus de Elviña y A Zapateira fue uno de los temas centrales de la campaña de las elecciones rectorales. Finalmente, las urnas avalaron la gestión del equipo de José María Barja y eligieron al candidato de su equipo, Xosé Luis Armesto, vicerrector de Profesorado en los últimos ocho años. En todo caso, resolver el tema urbanístico pasado y futuro será uno de los cometidos del máximo responsable académico, además de conseguir plazas de residencia "con precios públicos".

Armesto indicó durante la campaña que, desde el primer momento, se constituyó una comisión de trabajo con el responsable de Urbanismo del Ayuntamiento, Martín Fernández Prado, "para buscar soluciones realistas y a corto plazo". "Tiene que haber máxima colaboración entre las dos instituciones", abogó Armesto, "necesitamos esos terrenos, esos espacios y esas instalaciones y el Concello mostró su disponibilidad para encontrar una solución administrativa a este tema". El nuevo rector defendía, ante las acusaciones de sus rivales en las urnas, que estaba "en tramitación esa reforma del plan parcial del plan general". "Lleva años así y la aprobación será casi inmediata, lo que facilitará definitivamente la solución administrativa a este tema".

Armesto, que tomó posesión de su cargo el pasado viernes, señaló sobre las decisiones tomadas por la Xunta del PP en torno a la residencia universitaria que es "imprescindible" una gestión pública para este tipo de instalación con "precios acordes a ella". Es necesario, indicó, para "atraer estudiantes de la Unión Europea", al tiempo que sirva para realizar congresos y encuentros.


* La Opinión Coruña - 16.1.12
Foto: Interior del módulo de investigación sin licencia en el campus de Elviña. / víctor echave

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C.Valenciana.- El desvarío

ELPAÍS/Reportaje* : La Comunidad Valenciana se ha hundido. Con la mayor deuda de España, sin bancos ni cajas propios, con gravísimos casos de corrupción y un presidente dimitido y en el banquillo, la tierra que un día fue próspera y envidiada se ha convertido en el símbolo del desvarío político y la mala gestión. Esta es la historia de su caída.
En julio de 2007, Valencia era una fiesta. A la sombra del edificio Veles e Vents, diseñado por el arquitecto británico David Chipperfield, y bajo una lluvia de confeti, banderas al viento y fanfarrias musicales, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, eufóricos, daban la bienvenida a Ernesto Bertarelli, patrón del Alinghi, y flamante vencedor de la 32ª Copa del América. Tiempo de vino y rosas, de entusiasmo desbordado. Valencia en el mapa de los grandes acontecimientos deportivos mundiales y dos políticos en estado de gracia, envidiados por sus adversarios y reverenciados por sus compañeros. Mariano Rajoy, meses antes de las elecciones generales de 2008, ponía como ejemplo de buena gestión económica al Consell de Francisco Camps y remataba: "Ese es el modelo que yo quiero aplicar para el Gobierno de España". Más recientemente, en enero del año pasado, cuando ya había estallado el caso de los trajes, Javier Arenas, candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía, todavía aseguraba: "Gobernar no es gastar más, sino gastar mejor. Gobernar es imitar a Camps". El político valenciano era tenido por los dirigentes de su partido como espejo en que mirarse y modelo a seguir.

Cuatro años y medio después de tocar el cielo con la Copa del América, Camps ya no es presidente de la Generalitat y se sienta en el banquillo de los acusados por un presunto delito de cohecho impropio. Y ya nadie quiere imitarle. La Comunidad Valenciana, antes envidia de las autonomías, da la sensación de ser la Grecia española, endeudada hasta las cejas, incapaz de cumplir sus compromisos financieros, empobrecida y sumida en una crisis institucional, financiera y económica. "Si fuéramos una caja de ahorros ya nos habría intervenido el Banco de España", asegura un dirigente del PP valenciano, "pero por fortuna no lo somos".

Las arcas vacías no son el único problema. Los escándalos por corrupción se suceden ininterrumpidamente desde hace años infectando todo el territorio. El caso Fabra, en Castellón; Emarsa, en Valencia; el caso Brugal, en Alicante, y, sobrevolándolo todo, el caso Gürtel, en el que se investiga la supuesta financiación irregular del PP, más su derivada del caso de los trajes de Camps. Faltaba Iñaki Urdangarin para que el deterioro fuera aún mayor. Y todavía hay escándalos que no han salido a la luz. Un empresario local se lamenta: "Es lo peor de lo peor; la imagen que tenemos en el resto de España. No nos beneficia nada".

La Comunidad se ha convertido en una zona apestada para Mariano Rajoy, que no ha colocado a ningún valenciano ni en su Gobierno ni en ninguna de las 32 secretarías de Estado. Un veterano militante del PP está convencido de que el nuevo presidente "ha establecido un cordón sanitario para evitar que le estalle en las manos alguna bomba de relojería que todavía no se ha detectado".

La trama Gürtel, a través de Álvaro Pérez, El Bigotes, entró a sacó en las arcas de la Generalitat y la televisión valenciana para enriquecerse sin que Camps hiciera nada por evitarlo. No fue el único método utilizado para obtener importantes ganancias a la sombra del poder. Prácticas destinadas a convertir los beneficios en privados y las deudas en públicas. Todo empezó en Terra Mítica, el parque de atracciones que levantó Eduardo Zaplana en Benidorm con el dinero de Bancaja, la CAM, algunos empresarios privados y la Generalitat. El complejo, que costó 377 millones, ha sido un auténtico fracaso. De hecho, ahora es propiedad del grupo Aqualandia, que se lo ha quedado a cambio de asumir deudas valoradas en 65 millones. Para construir el parque, el Gobierno valenciano expropió 10 millones de metros cuadrados. Sobre ese inmenso solar se edificaron Terra Mítica, un hotel de cuatro estrellas, cinco de dos y dos campos de golf. Nada fue como estaba previsto y el parque entró en suspensión de pagos, que la empresa levantó cambiando el uso de 217.000 metros cuadrados, vendidos por 85 millones al promotor Enrique Ortiz -imputado en los casos Gürtel y Brugal. El pelotazo urbanístico que se buscaba fracasó al estallar la burbuja inmobiliaria.

Muchos de los grandes proyectos financiados con dinero público siguieron el mismo patrón de Terra Mítica. Se presentaron como de interés social, pero en su entorno se han venido produciendo movimientos especulativos vinculados al urbanismo. La Ciudad de la Luz, los estudios cinematográficos situados en Alicante, otro fiasco económico con un coste de 300 millones y una deuda de otros 190, ha visto como a su alrededor se han realizado dos operaciones importantes: la compra de 700.000 metros cuadrados por una firma participada por Bancaja y Enrique Ortiz, y otra adquisición de 200.000 metros cuadrados por parte de este promotor. Ambas operaciones están siendo investigadas por la policía.

El aeropuerto de Castellón no es solo una instalación sin aviones, fruto de la quimera y de la megalomanía del cacique provincial Carlos Fabra. Desde el principio fue una operación especulativa de gran calado en la que el aeropuerto justificaba un gran proyecto urbanístico con garantía institucional que cubría las posibles pérdidas de la concesionaria. El Gobierno de Camps siempre veló por los intereses de los empresarios. Al concesionario de la línea 2 del tranvía de Alicante también se le garantizaba el 10% de los beneficios sobre la inversión realizada, con independencia de los pasajeros que la utilizaran. El actual Gobierno de Alberto Fabra ha roto el contrato con la empresa del aeropuerto y retirado el concurso del tranvía, por considerarlos lesivos para los intereses del Consell.

El saqueo de las arcas públicas, en la práctica, estaba institucionalizado. Los empresarios no corrían con ningún riesgo. Aunque en algunos casos, como el de Emarsa, la empresa encargada de depurar las aguas residuales de la ciudad de Valencia y otros 16 municipios, más que un saqueo ha sido un auténtico latrocinio. Hay 28 personas imputadas, entre ellas todos los exresponsables de la firma, militantes del PP y numerosos proveedores. Uno de ellos, Juan Carlos Gimeno, exconcejal del Ayuntamiento de la ciudad, explicó que el agujero de 17 millones de Emarsa -que algunas fuentes elevan a 40-, se produjo porque "alguien decía que se hiciera así". Gimeno evitó dar nombres, pero dejó pistas. "Hay bolsos y carteras que todos sabían que recibía un cargo público". En una conversación interceptada a El Bigotes, este afirma: "Estoy en Louis Vuitton, porque hay una cosa que no hemos pensado, que es que llevamos cuatro años regalando una cosa a la alcaldesa [de Valencia] todos los años no voy a dejar de regalarle algo (...) Le voy a comprar un bolso de la colección nueva".

La Comunidad Valenciana es vista desde el exterior como un territorio en el que menudean los escándalos políticos y la corrupción. Y donde el despilfarro del dinero público ha sido la norma en los últimos años. En noviembre de 2009, en una situación de grave crisis económica y con una deuda autonómica que ya era la primera de España en relación al PIB regional, la Consejería de Cultura y Deporte se gastó 52.800 euros en la organización de unos actos previos de la Ferrari World Finals en el circuito de Cheste. Camps y Barberá aprovecharon el evento para montarse en un Ferrari azul y dar una vuelta al circuito acompañados por Fernando Alonso, Felipe Massa y Luca di Montemezolo, patrón de la escudería italiana.

Francisco Camps nunca dejó de comportarse como un nuevo rico. En 2007, un año antes de que las primeras señales de la crisis se hicieran evidentes, Bernie Ecclestone anunciaba en Valencia la celebración de un gran premio de Fórmula 1, condicionándolo a la victoria de Camps en las elecciones autonómicas. Lo que no contaron ni él ni Camps fue el coste del evento, ni las condiciones leoninas del contrato. De entrada el Gobierno valenciano mintió a la opinión pública. Aseguró que el circuito urbano no iba a costar ni un euro porque lo iban a pagar los promotores que construirían el plan urbanístico del Grau; pero el Consell tuvo que desembolsar 80 millones. La celebración de los siete grandes premios programados le van a suponer a las arcas públicas valencianas más de 244 millones, entre los pagos a Ecclestone, las infraestructuras para la carrera y el canon que paga la televisión valenciana por retransmitir los grandes premios.

El actual ejecutivo de Alberto Fabra ha intentado anular los contratos con el patrón de la F1, pero se ha encontrado con que la penalización es casi tan cara como pagar la celebración de la carrera. Ahora negocian con la Generalitat catalana para que Barcelona y Valencia se alternen en la celebración de grandes premios. Una sugerencia que se le hizo a Camps desde Cataluña, rechazada por este en su día.

Los escándalos, singularmente el caso de los trajes, acabaron por forzar la dimisión de Camps de la presidencia de la Generalitat, pese a los esfuerzos de la alcaldesa de Valencia para que siguiera en su puesto. Fue a las 4 de la madrugada cuando Isabel Bas, esposa del expresidente, dijo: "Paco, déjalo estar", poniendo así punto final a una maratoniana reunión en la que también estaban presentes Federico Trillo y Juan Cotino, este último el presidente de las Cortes Valencianas.

La crisis institucional se solucionó con el paso del alcalde de Castellón, Alberto Fabra, a la presidencia de la Generalitat, quien hubo de asumir una pesada herencia que, a diferencia de otros colegas autonómicos, no puede atribuir a otro partido político, aunque sea la peor de las peores herencias recibidas. "Sabíamos que las cosas estaban mal; pero nunca supusimos que estuvieran tan mal", señalan desde el entorno del actual presidente de la Generalitat.

¿Cómo de mal? Para empezar, los sucesivos modelos de financiación autonómica han sido lesivos para los intereses de los valencianos. No se contempla la totalidad de la población de la Comunidad y los ingresos por habitante permanecen por debajo de la media española. Era peor con José María Aznar en el Gobierno y siguió siendo mala con la reforma de Rodríguez Zapatero. Además, el sistema financiero valenciano ha desaparecido: Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM), la tercera y cuarta caja españolas, han sido fusionadas o intervenidas por el Banco de España. El Banco de Valencia se encuentra en idéntica situación. ¿Cómo se había llegado hasta ahí?

Algunos hechos ayudan a explicar lo ocurrido. Los gobiernos del PP fiaron el crecimiento económico al ladrillo y a una política de grandes eventos y actividades de ocio. Dos decisiones estratégicas para las que no dudaron en utilizar a las cajas de ahorro, auténticas terminales de las decisiones políticas adoptadas en el Palau de la Generalitat. Bancaja y CAM financiaron proyectos como Terra Mítica, el circuito de Fórmula 1 en Valencia o el aeropuerto de Castellón. El apalancamiento de las tres entidades financieras a proyectos que se hundieron con el estallido de la burbuja inmobiliaria, las dejó en la ruina. La crisis global fue la puntilla de una política basada en la especulación inmobiliaria y en el crédito barato.

La pésima gestión arruinó a todo el sistema financiero valenciano, con las consiguientes repercusiones para el mundo empresarial autonómico; mientras que el intervencionismo político en las cajas se volvió como un bumerán contra la propia Generalitat. Desaparecidas Bancaja y CAM, el Gobierno valenciano no encuentra quien le financie sus propias emisiones de crédito. La puesta en circulación de 1.800 millones de euros en bonos patrióticos fue un auténtico fracaso, apenas si lograron colocar 1.055 y las agencias de calificación Moody's y Fitch los clasificaron como "bonos basura".

La peor herencia, de la que Fabra no se queja nunca en público pero a la que tiene que hacer frente, es la económica. Los compromisos de pago para las próximas décadas de la Administración Valenciana superan los 62.000 millones. De esta cifra total, 47.933 millones corresponden, en parte, a la deuda financiera asumida por el Consell más sus empresas públicas -que en septiembre de 2011 alcanzaba los 22.163 millones-; y el resto, al débito a proveedores, pago de los peajes en sombra o el canon que se abona anualmente a las empresas que, como Ribera Salud, gestionan con criterios privados los hospitales que se rigen por el modelo del que funciona en Alzira. Además, durante el primer semestre del año pasado, la deuda financiera aumentó en 1.498 millones, las obligaciones de pago en 131 millones y los compromisos de gasto no reconocidos y con cargo a futuros presupuestos alcanzaron los 2.043 millones.

En resumen: la suma de deuda financiera y pagos pendientes de la Comunidad Valenciana -a largo plazo- alcanza los 51.605 millones. Pero eso no es todo. A esa cantidad hay que añadirle 10.489 millones de euros que corresponden a deudas de las empresas públicas, entidades autónomas y fundaciones dependientes de la Generalitat, de acuerdo con el informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente a 2010. Por eso, el conjunto de los compromisos adquiridos por la Comunidad y por el sector público que esta controla se eleva a 62.000 millones.

De momento, en este año de 2012, la Generalitat tiene que devolver créditos valorados entre 4.000 y 5.000 millones, según las fuentes consultadas. Y no tiene con qué hacer frente a estos compromisos.

Durante años, Camps presumió de bajar los impuestos y aumentar el gasto social. Fabra ha tenido que desandar ese camino. Ha subido impuestos, recortado sueldos de los funcionarios, reestructurado servicios públicos. Y ha anunciado una reducción del número de empresas y fundaciones. Un esfuerzo gigantesco, con notables costes sociales, que es insuficiente para cumplir con los vencimientos de los créditos. Ni siquiera los hispanobonos, si algún día se ponen en circulación, bastarían para salvar las arcas valencianas.

A finales del año pasado, el Gobierno de España tuvo que salir al rescate de la Comunidad Valenciana para que pudiera hacer frente al pago de una póliza de crédito del Deutsche Bank. A cambio, Rajoy exigió a Fabra que tomara serias medidas de austeridad. Pero ser austero no basta. No alcanza para pagar a los proveedores que hacen cola ante las ventanillas de la Generalitat para que se les abone lo que se les debe. Solo a 450 colegios concertados les adeuda 50 millones de euros. Contratistas de la Administración, grandes y pequeños, van a tener difícil recuperar su dinero, por más que sean una prioridad para el actual Consell.

La enmienda a la totalidad que, por la vía de los hechos, está haciendo Fabra a la política de Camps encuentra serias resistencias entre los seguidores del anterior presidente. Las relaciones con Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, no pasan de la cortesía. En el grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas, con sordina, han empezado a escucharse las primeras críticas a la gestión del neófito presidente. Un dirigente popular afirma convencido que "Fabra tiene a todo el PP enfrente". Nadie debería extrañarse de esta afirmación. Limpiar el PP valenciano no va a ser tarea fácil y "el cordón sanitario" establecido por Rajoy para la Comunidad Valenciana tampoco ayuda demasiado. "Génova tiene que intervenir", reclaman desde Valencia. Pero Génova está en La Moncloa.

PS.- Tal vez sea una casualidad. O tal vez no. Pero no deja de ser una amarga ironía que Camps nombrara a Jaume Matas, expresidente de las Baleares y procesado por el caso Palma Arena, "embajador de la Comunidad Valenciana". -


* El País - JOSEP TORRENT 15/01/2012

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Ecologistas califican de "especulativa" la ampliación del Bernabéu

EFE/Madrid* : Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones ante el Área de Gobierno de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid por lo que creen "irregularidades" tras la operación "especulativa" de ampliación del estadio Santiago Bernabéu, ha dicho a Efe la portavoz de la confederación, Mª Ángeles Nieto.
La ampliación del estadio del Real Madrid consiste en la construcción de un hotel y un centro comercial en una parcela desocupada del paseo de la Castellana, que pertenece al Ayuntamiento de Madrid y que se utiliza, en la actualidad, como aparcamiento, según la portavoz. Ha añadido que según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), esta ampliación no se puede realizar y, por eso, está en trámites de modificación.
El proyecto ha sido estudiado por la organización ecologista, que ha concluido que existen "irregularidades" que "perjudican gravemente los intereses públicos" en beneficio del Real Madrid, según una nota de la confederación.

Así, en la documentación publicada no se incluye un convenio firmado en julio de 2011 entre el Real Madrid y el Ayuntamiento por el cual el consistorio cede al Real Madrid "unas parcelas en Opañel, en Carabanchel", según Nieto.

Por otro lado, el Real Madrid pasaría de poseer "125.600 metros cuadrados construidos a 157.500 m2" tras la ampliación, por lo que el "incremento de edificabilidad" asciende a "31.900 m2 construidos", según la nota.

Estas cifras "redondeadas" aparecen "sin desglosar" en la documentación, por lo que "no sabemos de dónde salen los números", ha dicho Nieto.

La portavoz ha explicado que, según la Ley del Suelo, "el Real Madrid debería ceder el 30% del incremento de edificabilidad" al Ayuntamiento para "zonas verdes y equipamiento" y otro 10% para para uso del consistorio "en beneficio de la sociedad".

La "irregularidad" que señala la organización descansa en que los porcentajes no se van a aplicar sobre la cifra de 31.900 m2, sino sobre una cifra menor, debido a una "maniobra" del club de fútbol.

Las parcelas de Opañel, que el Ayuntamiento cedió al Real Madrid, tienen una superficie de "7.967 m2", de los cuales "5.576,76 m2" se podían destinar a "construir viviendas", según la portavoz.

Estas parcelas las aprovecha el club para devolverlas al consistorio como parte del 30% fijado en la Ley del Suelo para zonas verdes y equipamientos, sin la condición de "edificabilidad residencial" con la que el Ayuntamiento las cedió en primer lugar, por lo que "ha desaparecido la posibilidad de construir este terreno", ha declarado Nieto.

La organización ha manifestado que el "incremento de edificabilidad" no se corresponde con 31.900 m2 construidos, sino con "26.323,24 m2", los resultantes de restar a la primera cifra los 5.576,76 m2 de "edificabilidad residencial" de Opañel.

Por último, afirma que se deja "pendiente de un convenio urbanístico futuro con el Real Madrid" la cesión de un diez por ciento del terreno en beneficio social.

Nieto ha concluido que el "Ayuntamiento sale perdiendo" y el "club sale ganando" de un proyecto que "se come los derechos de los ciudadanos".


* ABC - Efe - 13.1.12
Foto: Ampliación Bernabeu - contexto

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