Un año de suspensión y 200.000 euros de multa para el alcalde de Alhaurín el Grande y su concejal de Urbanismo

MÁLAGAHOY* : El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón (PP), y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, han sido condenados por el tribunal que ha juzgado el caso "Troya" contra la corrupción urbanística a abonar 200.000 euros de multa y suspendidos para empleo o cargo público durante un año.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, condena a ambos como autores de un delito de cohecho, y le absuelve de otros doce delitos de cohecho de los que le acusaba el ministerio fiscal. La Fiscalía había solicitado para cada uno de los dos procesados una multa de dos millones de euros y la suspensión de empleo o cargo público por tres años y nueve meses.
El tribunal considera que no ha quedado acreditado que en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, entre 2002 y 2006, funcionara una trama cuyo objeto era obtener el enriquecimiento personal ilícito de Martín Serón y Guerra, y considera probado únicamente un delito de cohecho.
La trama consistía, según el fiscal, en exigir la entrega de ciertas cantidades de dinero a los empresarios y promotores inmobiliarios que estuviesen interesados en realizar alguna construcción y que, por tanto, tenían que solicitar la preceptiva licencia municipal de obras.

La Sala no considera acreditados los restantes delitos de cohecho porque ningún empresario o promotor ha reconocido en el juicio haber efectuado pago alguno a los acusados para la obtención de las licencias.

Además, señala que en los informes elaborados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre la entidad Conextran SL -supuestamente usada como instrumento para materializar los pagos-, sólo se han detectado irregularidades contables por las que "se han esbozado unas sospechas".

Por ello, el examen de la contabilidad no ha permitido establecer una correlación entre los apuntes contables y los pagos que supuestamente se efectuaron y los archivos informáticos encontrados en el despacho del concejal imputado, indica la sentencia.

Respecto a la pluralidad delictiva, el tribunal argumenta que no se ha encontrado un incremento patrimonial relevante o inusitado (para serlo tendría que rondar los 783.005,60 euros) en los acusados y su entorno familiar.

En cuanto al delito de cohecho acreditado, la sentencia señala que el concejal de Urbanismo, de común acuerdo con el alcalde, venía "exigiendo con insistencia" al menos desde mayo del 2006 al empresario J.B.L. el pago de 122.000 euros como contrapartida a una licencia de obras para la construcción de un edificio.

Tales hechos se consideran probados "en base a prueba, tanto directa como indirecta", la primera de ellas por la declaración como testigo del empresario al que le exigían el pago.

Además, el tribunal destaca que corroboran este testimonio circunstancias como la relación de amistad y de confianza que hay entre Serón y Guerra, el hallazgo de unas notas manuscritas en el despacho profesional del concejal en las que aparecía el nombre del testigo, y de un archivo informático con aspectos referentes a la citada licencia de obras.

La Sala señala que Martín Serón y Guerra "en cierto modo jugaban" con la confusión derivada de las normas urbanísticas vigentes.

El juicio comenzó el pasado 22 de septiembre contra una veintena de procesados por los delitos de cohecho, prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio.

El pasado diciembre, el fiscal retiró la acusación contra dieciocho acusados, y decidió mantenerla contra el alcalde y el edil de Urbanismo, a los que redujo su acusación inicial hasta trece delitos de cohecho.


* Málaga Hoy - Efe - 18.01.12
Foto: Alhaurín el Grande, alcalde y concejal imputados - diariosur.es

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Entidades ecologistas gerundenses piden un cambio de modelo urbanístico

EFE* : Las entidades ecologistas gerundenses han reclamado hoy un cambio en el modelo urbanístico tras hacer balance de diversas sentencias de 2011 que, en su opinión, suponen una victoria para estos grupos y evidencian el mal funcionamiento de la Comisión de Urbanismo de Girona.
Según un comunicado emitido hoy, sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como la que anuló el plan urbanístico de Palafrugell y el proyecto del Polígono de Roses o que el Tribunal Supremo anulara el planeamiento urbanístico de Vidreres en lo que se refiere al Parque de Actividades, SUS 10, "pone de relieve la necesidad de un cambio de modelo".
Estas entidades critican el funcionamiento y las decisiones de la Comisión de Urbanismo de Girona y consideran que debe aplicarse un nuevo marco de procedimiento, consiguiendo que su opinión sea considerada dentro de la comisión.

Los grupos ecologistas han lamentado "la falta de rigor en la planificación y prevención urbanística" y han calificado de "grave" que tengan que ser peritos independientes, a partir de juicios contenciosos, los que determinen las normativas de aplicación y su legalidad.


* ABE - Efe - 17.1.12
Foto: Palafrugell (Girona), plaza - viajes

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La cárcel de Carabanchel vuelve a caer en el olvido

PÚBLICO* : El Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Interior incumplen la promesa de equipamientos en el solar de la prisión.
El exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón se apretaron las manos el 16 de junio de 2008 con la satisfacción de enterrar para siempre de la memoria colectiva del barrio de Carabanchel la historia de su emblemática cárcel. A cambio del olvido ofrecieron a los vecinos todo tipo de contrapartidas: un hospital, guarderías, bibliotecas, centros de mayores, viviendas protegidas, zonas verdes y oficinas que revitalicen el mercado laboral del barrio. Para culminar el intercambio, el exministro envió las excavadoras para derribar por completo la prisión a los cuatro meses de la firma. Tres años y medio después de la escenificación del acuerdo entre exalcalde y exministro (la firma se produjo un año después con la cárcel ya derribada), nada de lo prometido a los vecinos tiene apariencia de cumplirse a corto plazo.

La cárcel de Carabanchel fue inaugurada en 1944 para albergar a presos políticos. Esa fue su lúgubre función hasta la amnistía de 1977 y después alargó su vida como prisión de reos comunes hasta 1999. Los muros de esa araña de ladrillo marcaron a fuego la fisionomía del barrio. De sus celdas salieron una madrugada de septiembre de 1975 los últimos fusilados por el Gobierno franquista por poner un ejemplo de su simbolismo. Las viviendas de la colindante avenida de los Poblados y del vecino parque Eugenia de Montijo albergaron a numerosas familias de reclusos que con la cárcel cerrada exigieron un nuevo barrio para una nueva vida.

Papel mojado
"Parece que nadie tiene prisa. El convenio que firmaron se quedó en papel mojado, sin ningún desarrollo", explica el portavoz de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, Pedro Casas. El Ayuntamiento culpa al Ministerio de la parálisis de la remodelación prometida para el solar de 172.164 metros. De hecho, en una carta enviada el pasado 22 de marzo a la Asociación de Vecinos de Aluche por parte de la concejal del distrito, Begoña Larrainzar, el Consistorio acusa a Instituciones Penitenciarias (propietaria del suelo) de negar la cesión de la parcela correspondiente al futuro hospital. "Al no incluirse [en el proyecto de reparcelación] el borrador de convenio para la cesión anticipada del suelo donde estaba prevista la construcción del futuro hospital, el Ayuntamiento entiende" que se "rechaza la propuesta", dice la misiva.

La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) confirma que las obras están paradas sin plazo determinado para su inicio por encontrarse el terreno actualmente "en proceso de reparcelación". Los vecinos, que llevan reclamando un hospital para el barrio desde hace 20 años, creen que detrás del olvido de los proyectos se encuentra la crisis. "Nunca han reconocido que haya habido un retraso en los trámites aunque es obvio que para construir las viviendas influye la crisis del ladrillo", añade Casas.

El cambio de Gobierno, que ha teñido del mismo color político a todas las administraciones implicadas, puede agilizar el inicio de la construcción de los nuevos equipamientos sociales. El reparto de culpas desatado en los últimos años tiene su culminación en 2009. Después de modificar el Plan Parcial para recalificar los espacios de la antigua cárcel, el Ayuntamiento se decide a reclamar la titularidad del suelo del hospital para que la Comunidad de Madrid lo construya. Según el Área de Urbanismo del ahora Gobierno de Ana Botella, Instituciones Penitenciarias se excusa en que los terrenos pertenecen a "Patrimonio del Estado" y que no pueden ceder la parcela.

Hacinamiento del CIE
Después de décadas de lucha, la única transformación apreciable del complejo penitenciario ha sido la construcción junto a una comisaría de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). La asociación de expresos del franquismo La Comuna, que reclama la creación de un centro cultural en Carabanchel que recuerde las torturas de la prisión, ha hecho suya la pelea por las condiciones de los extranjeros. "La resistencia por la dignidad del ser humano nos ha llevado a reclamar que los CIE no tienen razón de ser. Como dejó claro en diciembre el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, el hacinamiento, el régimen carcelario, la falta de instalaciones... son denuncias que nosotros hemos incorporado a la asociación. Los derechos del preso son los derechos de un ser humano", denuncia Acacio Puig, expreso de Carabanchel en 1973 como militante de la Liga Comunista Revolucionaria.

El acuerdo entre Gallardón y Rubalcaba incluye la creación de un monumento "en recuerdo y homenaje a todas las personas encarceladas por defender los derechos y libertades que hoy garantiza la Constitución". Quizá para respetar este compromiso las excavadoras dejaron en pie una de las puertas de entrada a la prisión cuando se decidió derribar la cúpula, donde los vecinos querían crear un museo. "Lo único que queda en pie es el antiguo hospital penitenciario", advierten los vecinos.


* Público - DIEGO BARCALA - 15/01/2012
Foto: Demolición de la cúpula: apenas tres meses después de que Rubalcaba y Gallardón firmaran en 2008 un acuerdo, las excavadoras se apresuraron a derribar los restos de la prisión.-ÁNGEL NAVARRETE

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Viviendas irregulares: el decreto

M.A.GONZÁLEZ FUSTEGUERAS/Andalucía* : Se acaba de aprobar el decreto conocido como el de las viviendas irregulares, que tiene como objetivo principal clarificar (en cuanto valor propio de la seguridad jurídica) el régimen aplicable a las edificaciones existentes en suelo no urbanizable, singularizando su casuística y estableciendo los requisitos esenciales para que, en su caso, puedan ser reconocidas por los ayuntamientos y cuál debe ser su tratamiento por el planeamiento urbanístico.
La cuestión básica del debate sobre las viviendas irregulares siempre ha sido si la realidad debe doblegarse ante la ley o ésta debería adaptarse a aquélla, comprendiendo fenómenos complejos de gran trascendencia que no pueden abarcarse en uno o varios artículos de la normativa. Las construcciones clandestinas en suelo no urbanizable plantean serios problemas, no por ser ilegales formalmente y exigir su obligada incorporación al mundo de lo reglado, sino como proceso histórico cuyas raíces estructurales están antes de la misma existencia de la ley.
No se trata de que el urbanismo tenga que aceptar la naturaleza positiva de las construcciones ilegales tal y como se presentan, ni mucho menos; pero sí es preciso que se reconozcan sus causas y manifestaciones, y se contemplen en toda su complejidad, no bastando una simplista y cómoda declaración de ilegalidad para tranquilizar la conciencia del planificador. El acercamiento de la legalidad urbanística a la realidad y la tensión que aquélla crea, para corregir o dirigir ésta por los caminos del interés social general, sería la conducta deseable.

En ese sentido creo que el decreto, con todos sus defectos, que los tiene, sí intenta coger al toro por los cuernos. Primero, porque, contra lo que se comenta, no supone una amnistía general, sino el reconocimiento de las distintas realidades existentes. En segundo lugar, porque sólo habilita a regularizar aquellas edificaciones en suelo no urbanizable donde la capacidad de reacción de la Administración ha caducado y, además, no se asienten sobre suelos protegidos o con riesgos diversos. En tercer lugar, porque aclara una situación un tanto confusa en la que habían quedado las edificaciones que podríamos llamar históricas (anteriores a 1975) y de las edificaciones con licencia construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la actual ley urbanística en Andalucía (LOUA), que es la que prohibió de forma taxativa las viviendas en el suelo no urbanizable que no estuvieran vinculadas a las explotaciones agropecuarias.

En cuarto lugar, porque distingue entre las edificaciones aisladas y las que se ubican en lo que se denominan asentamientos urbanísticos, es decir, las parcelaciones urbanísticas ilegales. Mientras las primeras, las edificaciones aisladas, pueden quedar en un régimen singular de reconocimiento de su existencia, porque existen y la Administración no tiene capacidad de reacción frente a ellas por haber transcurridos los plazos legales; las segundas, las ubicadas en ámbitos generadores de actividades propiamente urbanas y con entidad suficiente para necesitar dotaciones y servicios urbanísticos colectivos, sólo podrán regularizarse mediante la vía correcta, que no es otra que el Plan General de Ordenación Urbanística, que tiene que garantizar su adecuada incorporación a la estructura general y orgánica que plantee, debiendo los propietarios correr con todos los costos de la urbanización, la implantación de las infraestructuras y demás deberes urbanísticos. En quinto lugar, porque aclara el papel del Hábitat Rural Diseminado, figura novedosa incorporada por primera vez en la LOUA para reconocer un hecho territorial existente en muchas comarcas de Andalucía, pero que hasta ahora ha tenido una casi nula efectividad por su falta de regulación. Y por último, porque respeta la autonomía municipal, algo no baladí en los tiempos que corren.

Se entiende que algunos tachen el decreto como "electoralista", como a toda norma que se dicta cercana a unas elecciones y que se supone beneficia a un importante colectivo. Adjetivo que posiblemente se matizaría si se activaran inmediatamente los mecanismos para restaurar el orden urbanístico infringido para aquellas edificaciones que no pueden ser regularizadas de ninguna manera, especialmente las que se ubican en zonas de riesgo de incendio o inundación y las que se asientan en suelos especialmente protegidos, los parques naturales, preferentemente. Y queda una duda. Si una de las concausas del proceso de construcción ilegal ha sido la inactividad, la omisión o la impotencia de la Administración para imponer la disciplina urbanística o hacer respetar la legalidad, que las normas obligan a imponer sin excepciones, la cuestión clave es preguntarse: ¿Qué circunstancias han cambiado en este momento para suponer que, desde ahora, ya no se va a seguir produciendo la presión social o van a desaparecer las infracciones?

La respuesta hay que buscarla en la conjunción de varios factores: la experiencia acumulada en el análisis de este fenómeno; la necesidad de convencer al conjunto de la sociedad de que, al igual que hay que dar una solución al pasado, hay que evitar que se repita en el futuro, ya que sus repercusiones son nefastas tanto económicamente, como sobre el medio físico o sobre las condiciones en que viven las personas; en que las administraciones realicen una eficaz política disciplinaria, en especial desde el punto de vista preventivo; y en una adecuada planificación y reforzamiento de la infraestructura organizativa capaz de gestionar la forma de abordar la ejecución posterior de las medidas planificadoras.

* M.A. González Fustegueras es arquitecto urbanista

* Diario De Sevilla - Opinión - 18.1.12

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