Castellón - El juez abre juicio oral contra Carlos Fabra y le impone 4,2 millones de fianza

20MINUTOS* : El Juzgado de Instrucción nº1 de Nules (Castellón) ha abierto fase juicio oral contra el presidente del PP de la provincia de Castellón y expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, por el 'caso Naranjax'.
Se le ha impuesto una fianza de más de 4,2 millones de euros.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el resto de personas a las que se juzgará son su exesposa, María Amparo Fernández, y el empresario Vicente Vilar y su exesposa Montserrat Vives.
Así, la exesposa de Fabra tiene una fianza de 1.718.192,8. Por su parte, a Vicente Vilar le impone una fianza de 800.000 euros, la misma cantidad que a Monserrat Vives.
Los delitos de los que se les acusa a los cuatro implicados son cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal. Las partes disponen de un plazo de diez días para presentar un escrito de conformidad o disconformidad con las acusaciones formuladas.

En caso contrario se les embargarán "bienes de su propiedad en cantidad suficiente a cubrir dicha suma o acredítese en legal forma la insolvencia, abriéndose para ello la correspondiente Pieza de Responsabilidad Civil".

Concluida la instrucción, la causa volverá a la Audiencia de Castellón, donde se iniciará el juicio en la fecha que fije el titular del Juzgado de Nules en su próximo auto.

El juez explica que se decreta la apertura del juicio oral contra los imputados porque los hechos de los que se les acusa pueden ser constitutivos de "varios delitos castigados con penas privativas de libertad".

En ese sentido, señala que Fabra y su exmujer, en los ejercicios fiscales correspondientes al periodo comprendido entre los años 1999 y 2004, obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda Pública y que no se correspondían ni con el patrimonio ni la renta que declararon.

En el caso de Fabra, en el escrito se indica que en ese periodo no declaró 693.074 euros, distribuidos entre 231.155 del ejercicio fiscal correspondiente a 1999; 124.078,13 de 2000; 174.836,69 de 2002 y 163.003,99 euros de 2003.

En relación a su exmujer, apunta que no declaró en tres años un total de 428.644 euros, de los que 154.237,10 corresponden a 1999; 128.510,87 de 2000 y 145.896,61 de 2003.

Defensa

El juez da diez días a las defensas para formular escrito de conformidad o disconformidad con las acusaciones formuladas, con el apercibimiento de que si no presentaren su escrito en el plazo señalado, se entenderá que se oponen a las acusaciones y seguirá su curso el procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrirse.

El abogado de Carlos Fabra y de su exmujer es Javier Boix, que también se encarga de la defensa del expresidente de la Generalitat Francisco Camps en la denominada 'causa de los trajes' dentro del 'caso Gürtel' para demostrar que sus representados no recibieron prendas como regalo de la trama Gürtel.

Autorización para los productos fitosanitarios

El juez señala en el escrito que en 1999, Vicente Vilar era el administrador único de la empresa Naranjax, ubicada en Artana (Catellón) y dedicada a la fabricación y formulación de productos fitosanitarios sintetizados por la mercantil Arcavi, de la que era administradora única su entonces mujer Montserrat Vives.

Hay que señalar que la exesposa de Vilar era amiga de la exmujer del presidente provincial del PP.

Por lo tanto, indica que existen indicios de que Vilar se puso en contacto con Carlos Fabra porque Naranjax tenía varios productos pendientes de aprobación administrativa ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad.

Fabra accedió a interesarse por la situación de los productos del grupo de empresas y a mediar ante autoridades y funcionarios para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación y comercialización de los productos fitosaniatrios "haciendo valer su condición de presidente de la Diputación".

A raíz de sus actuaciones, el 12 de julio de 1999 se celebró una reunión en el Ministerio de Agricultura, entre su titular, entonces Jesús Posadas; Fabra; el ex secretario de Estado de Hacienda y diputado por Castellón, Juan Costa; el diputado Juan José Ortiz y el senador Miguel Prim, para tratar, entre otros, de los retrasos en la concesión de licencias para los productos fitosanitarios.

Asimismo, según consta en el escrito, en la reunión intervino el entonces director general del Ministerio Rafael Millán, para informar del estado administrativo de los productos de Naranjax.

El 18 de octubre de 1999 se aprobó uno de esos productos y, como consecuencia de ello, Fabra requirió a Vilar el pago de 150.000 euros en reconocimiento a su labor.

Oferta de compra

La empresa portuguesa Sapec, representada en España por Ginés Márquez, formuló una oferta de compra por Naranjax, en la que Fabra se ofreció a mediar, de acuerdo con el auto, para lo que contactó con el despacho profesional 'Cas-Legis', del que eran socios Ricardo Costa y Emilio González.

Para ello, a principios del 2000 se celebró una cena en Naranjax con la mayoría de estas últimas personas presentes, de ahí salió la venta a Sapec por parte de Naranjax del producto Piclor, por 1.093.842,03 euros.

Posteriormente, Fabra propuso a Vilar participar en su negocio con la constitución de una empresa que fuese la titular de los registros que Naranjax fuera obteniendo.

Además, sus esposas serían las socias de dicha empresa.

A través del mismo despacho, el 3 de diciembre de 1999, las dos mujeres compraron al 50% una empresa carente de actividad, 'Artemis 2.000 S.L', que era la "mera titular" de los productos que obtenía Naranjax.

El juez señala que Fabra continuó la labor de mediación a favor de estas empresas ante autoridades y funcionarios públicos de la administración para agilizar la concesión de licencias, y hace constar que se llegó a reunir con el entonces director del Gabinete de Presidencia, Tiberman, y la entonces ministra de Sanidad, Celia Villalobos.

El 28 de abril de 2000, Carlos Fabra constituyó la mercantil Carmacas S.L., junto con sus hijos, y "en concepto de pago por unos supuestos informes sobre seguridad e higiene en el trabajo que nunca fueron entregado", facturó en julio de ese año a Arcavi 34.800 euros; 72.121 euros en dos ocasiones a Artemis y 20.724 y 54.000 euros a Naranjax. En ese momento, ni Arcavi ni Artemis tenían trabajadores.


* 20 Minutos - 20.1.12
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra - elpais.com

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Cajasol defiende su rascacielos en la Cartuja y desacredita el informe de la Unesco

ELMUNDO* : Cajasol, entidad promotora del rascacielos que se construye en la isla de la Cartuja, defendió ayer la viabilidad del proyecto y restó valor al informe de expertos de la Unesco en el que se pide la paralización de las obras y el recorte de su altura. A través de un comunicado, la entidad de ahorro anunció que va a pedir a las administraciones su respaldo "explícito" para defender el rascacielos ante la Unesco.
La promotora trata de desacreditar el informe asegurando que contiene errores graves, que se trata de un documento "provisional", que no está redactado por la Unesco y que ningún miembro de este organismo ha visitado la ciudad para elaborarlo.
Sus firmantes son, efectivamente, dos miembros de Icomos (órgano sesor en materia de patrimonio), enviados expresamente por la Unesco a Sevilla. El contenido de su informe, además, ha sido asumido y difundido por la Unesco, que lo utilizará como base para una toma de decisiones en la asamblea del próximo junio en San Petersburgo.

Cajasol, pese a defender el proyecto, deja abierta una posibilidad a la negociación. En su comunicado, señala que está dispuesta a "colaborar con las administraciones en todo lo que sea necesario y poner todas las herramientas que demuestren que la integración de un proyecto de esta envergadura con la ciudad es una realidad".

Los constructores opinan

Por su parte, la Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras (Gaesco) ha solicitado la apertura de una línea de "consenso" y "diálogo" con la Unesco para intentar cambiar el sentido del informe para mantener el proyecto "en su integridad".

El gerente de Gaesco, Manuel Sillero, ha explicado a Europa Press que, con independencia del hecho de que cuando se concedieron las licencias "quizás, a la vista del informe, no se hiciera con todas las cautelas", la realidad es que, a día de hoy, el rascacielos de la Cartuja es "un proyecto con licencia concedida y con todos los requisitos legales establecidos para que el proyecto pudiese llegar hasta su conclusión final".


* El Mundo - Francisco Javier Recio - 20.1.12
Foto: Una vista del rascacielos de la Cartuja desde el puente de San Telmo. | Efe

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El Supremo rechaza la privatización del colegio de El Álamo

ELPAÍS/Madrid* : El colegio Miguel Ángel Blanco, en el municipio madrileño El Álamo, acumula ya tres sentencias judiciales contrarias a su privatización. El último en pronunciarse ha sido el Tribunal Supremo que no admite el recurso que presentó la Consejería de Educación en una sentencia del pasado 1 de diciembre y comunicada ayer, según informa CC OO. Educación había recurrido contra el fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que declaró nulo el decreto que permitió a la Consejería de Educación privatizar este colegio público. El alto tribunal tumbó un primer decreto en 2009 y la consejería lo cambió por otro, que el juez volvió a tumbar.
En mayo de 2008, la Consejería de Educación sacó el centro de la red de colegios públicos para convertirlo en un concertado, sentando un precedente. Además de la cesión de suelo municipal, la Comunidad había costeado parte de su construcción, casi dos millones de euros para el edificio central que dio por perdidos.

La consejería aprobó la cesión a una empresa a pesar de que había más de 60 alumnos matriculados en el Miguel Ángel Blanco. Lo justificó por la mala situación económica del Ayuntamiento, que no podría hacer frente a los costes de un centro público. CC OO y la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos recurrieron la decisión en 2009 y lo volvieron a hacer tras el cambio de decreto.

Tanto la FAPA como el sindicato han reclamado que se ejecute la sentencia, que el centro vuelva a la red pública y que "se depuren las correspondientes responsabilidades políticas por una actuación que ha sido reiteradamente condenada por los tribunales de justifica", según un comunicado emitido hoy por CC OO. No es la intención de la Comunidad de Madrid.

La Consejería de Educación ha indicado esta mañana que tramitará un nuevo decreto para "subsanar" el trámite de solicitar el informe "no vinculante" al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, según declaraciones de fuentes de la consejería a la agencia Efe. Educación considera que las sentencias aluden a un "defecto de forma" porque no se pidió el informe al Consejo. Ya con la sentencia anterior, señalaron que el fallo no tenía "ningún efecto práctico desde el punto de vista educativo, de escolarización o de ordenación de centros".

El Ayuntamiento de El Álamo (7.265 habitantes), gobernado por el Partido Popular, quiso que el nuevo colegio público (solo hay uno en el municipio), construido en la localidad y sin estrenar, se convirtiera en un centro privado concertado. Para justificar tal pretensión, el gobierno local echó mano de la "crítica situación" de las arcas municipales, con una deuda de unos 18 millones de euros, que impedía al Ayuntamiento hacerse cargo de los gastos de mantenimiento del centro que le correspondían. También alegó que con esta privatización, los padres tendrían mayor libertad a la hora de elegir para sus hijos un colegio público o privado.


* El País - PILAR ÁLVAREZ Madrid 19 ENE 2012
Foto: Colegio de Educación Infantil y Primaria Miguel ángel Blanco de El Alamo. / SANTI BURGOS

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Harto de la milonga

CONCHA CABALLERO/Andalucía* : La marea azul es tan intensa, la debilidad de la oposición tan patente que empieza a emerger el contenido políticamente incorrecto. Arenas proclamó la semana pasada que está harto, más que harto “de la milonga del desarrollo sostenible”. Le aplaudieron a rabiar. Harto de pajaritos, de ecologistas, de perroflautas que ponen en tela de juicio las urbanizaciones a pie de playa, que se enfrentan a los molinos de viento de hoteles como El Algarrobico; que pretenden delimitar zonas en las que no se puede construir: con lo bonita que está la costa llenita de casas desde el cabo de Gata hasta Ayamonte.
Tiene las cosas muy claras el aspirante presidencial: la primera tarea es derogar todas las normas que restrinjan el uso del terreno residencial en Andalucía: la ley del Suelo, los planes subregionales y el POTA (perdonen el nombrecito, la c consejería no anduvo muy fina con el acróstico). Nada de controles, nada de zonas protegidas, nada de planificación territorial. Puro Far West: quien quiera construir en Andalucía que venga y coloque su caravana sobre la tierra elegida. Andalucía comunidad abierta, sin límites y sin milongas ambientalistas. Cada rincón, cada playa, cada montículo con buenas vistas podrá ser proclamado “zona residencial privilegiada para los europeos”. ¡Qué libertad, oigan!
Cualquiera diría que la Administración andaluza tenía el carnet de Greenpeace cuando, por el contrario, tardaron años en proclamar algunas leyes proteccionistas y solo lo hicieron cuando ya nuestras costas estaban cubiertas, de punta a cabo, por el ladrillo y nuestros Ayuntamientos enfangados en las plusvalías y en los convenios urbanísticos.

Pero Arenas tiene la receta: más libertad para el ladrillo. Como si hubiesen sido los tímidos controles de la Administración los que provocaron la crisis y no el exceso y la desproporción del negocio urbanístico. En Andalucía, según los expertos, hay un stock de viviendas en torno a las 390.000 que no se venden a pesar de la bajada de precios. La Junta de Andalucía acordó un plan para sacarlas a la venta con el máximo de facilidades y, sin embargo, aún siguen ahí, deteriorándose día tras día. Más de la mitad de ellas están en las zonas costeras: miles de urbanizaciones cerca de la playa por donde ulula en las tardes de viento el solitario fantasma de la crisis. Pero nada de esto importa, los nuevos gestores de nuestras vidas tienen un plan y es potenciar a tope la construcción.

No debe de ser una manía solitaria de Javier Arenas porque el flamante ministro de Agricultura —y de Medio Ambiente, que se le ha olvidado— ha anunciado que va a reformar la ley de Costas para idéntico fin: acabar con la milonga del desarrollo sostenible y “poner en valor” cada centímetro cuadrado de las playas españolas.

Y es que, en esto del medio ambiente, España está a años luz de Europa. Tanto la derecha como la izquierda tienen un marcado carácter productivista y escasísima conciencia ecológica. La derecha tiene “primos” que le desmienten el cambio climático y empresas que les exigen acabar con los controles públicos. Por su parte, la izquierda ha reducido el ecologismo a una declaración desvaída relegada a las últimas líneas de su programa electoral. Han hablado de desarrollo sostenible, pero su práctica urbanística y económica ha ido por el camino opuesto. Todo esto unido a la inexplicable inexistencia del ecologismo como opción electoral. Mientras en Europa Los Verdes son una opción política potente, en nuestro país, desgraciadamente, no levantan cabeza y hay mucho más ecologismo en la sociedad que en las instituciones. La política, como la vida, es un tour de force; el espacio que ocupan las ideas que se abandonan es inmediatamente invadido por el oponente. La derecha se vuelve más agresiva cuando la izquierda es más débil o incoherente. Por eso Arenas se permite hoy lo que no se hubiese permitido hace años: poner fin al desarrollo sostenible de un plumazo, con ese tono de fastidio del que ha tenido que aceptar ideas que le desagradaban profundamente.

* El País - Opinión - 20.1.12

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