Españistán, de la Burbuja Inmobiliaria a la Crisis (por Aleix Saló)




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Aranjuez.- Un juzgado anula la decisión de la Junta de Gobierno sobre la construcción de un parking subterráneo

EUROPAPRESS*: El juzgado de lo Contencioso-administrativo 12 de Madrid ha estimado el recurso que interpuso la Comunidad de Madrid contra la decisión de la Junta de Gobierno local de Aranjuez de enero de 2009 de construir un aparcamiento subterráneo en la calle del Rey, en Aranjuez, que tuvo un coste de 3,1 millones de euros.
La sentencia, fechada el pasado 23 de diciembre y a la que ha tenido acceso Europa Press, estima el recurso de la Comunidad contra la decisión de la Junta de Gobierno, que declara que "no es ajustada y conforme a derecho, anulándola".
La resolución judicial, contra la que cabe recurso de apelación, determina en sus fundamentos de derecho que el aparcamiento es "ilegal" ya que, entre otros motivos, no se construyó a nivel de la calzada.
En este sentido, recuerda que la "ilegalidad imputada" al Ayuntamiento arancetano consiste en "haber construido un aparcamiento subterráneo en pleno casco histórico cuando la normativa urbanística del propio municipio señala que ahí sólo caben aparcamientos a nivel de superficie".

La sentencia prosigue que las pruebas practicadas y los informes periciales emitidos por los técnicos de la Dirección General de Urbanismo "acreditan la ilegalidad de la construcción del aparcamiento".

Ante la sentencia, la alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez (PP), ha adelantado este martes en rueda de prensa que pedirá un informe a los "servicios técnicos municipales y a la Comunidad de Madrid" para ver con qué "usos" puede ser "compatible" el aparcamiento y cómo sacarle "utilidad" a un parking que, tras esta resolución judicial, "no se puede destinar a aparcamiento".

Según la regidora, como la construcción no se puede demoler "ni echar tierra encima", los técnicos municipales y regionales deberán determinar su uso.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Martínez ha comparecido ante la prensa para presentar la sentencia y ha anunciado que solicitará a los servicios jurídicos municipales un "informe sobre las posibles responsabilidades penales o patrimoniales en que hubieran podido incurrir, de acuerdo con los antecedentes oficiales habidos y los informes técnicos de organismos competentes conocidos desde el inicio del proyecto, quienes informaron favorablemente e intervinieron en las decisiones que llevaron a la ejecución de la obra", entre ellos el exalcalde y concejal socialista Jesús Dionisio.

Martínez ha considerado que este aparcamiento supone actualmente unas pérdidas anuales de 100.000 euros a las arcas municipales y, por ello, ha anunciado que solicitará al organismo competente un "informe de evaluación de los costes reales de la obra" en el que se estime, además, "la racionalidad y ajuste de las desviaciones presupuestarias producidas".

Además, ha añadido que el Ayuntamiento "estudiará iniciativas en el Pleno municipal para que se visualice la responsabilidad política en este derroche de dinero público del concejal Jesús Dionisio, a sabiendas de que la obra era ilegal por las reiteradas advertencias técnicas de los órganos competentes".

Por ello, Martínez ha adelantado pedirá la reprobación de Dionisio en Pleno por haber perjudicado "gravemente al interés de los ribereños y al patrimonio municipal".

Por su parte, el viceconsejero de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, Francisco Javier Hernández, ha expuesto este martes en rueda de prensa la "satisfacción" de la Comunidad de Madrid porque, según ha argumentado, "la sentencia ha dado la razón a lo que vimos claro: un incumplimiento palmario de las normas urbanísticas del Ayuntamiento de Aranjuez".

Así, tras lamentar "los daños" que haya podido causar esta infraestructura, ha asegurado que las obras no se ajustaron al proyecto presentado y ha manifestado que "los términos de la sentencia son en algún momento duros y severos con la actuación del Gobierno anterior".

En cuanto al gasto económico en la obra, ha señalado que el precio medio de cada plaza --teniendo en cuenta el coste final de 3,1 millones de la obra-- superaría al coste medio de una plaza similar "en la ciudad de Madrid".
COSTES

Sobre el capítulo de gastos, el Gobierno 'popular' ha informado este martes de que "se hizo un modificado de costes, de modo que el montante total de la obra fue de 3.145.988 euros, de los cuales 2.204.000 euros se imputaron al 'Plan E' y 941.988 euros se cargaron directamente a las arcas municipales".

Ahora, según la alcaldesa, "el aparcamiento subterráneo supone unas pérdidas anuales de 100.000 euros para el Ayuntamiento, que en la actual situación económica de ruina heredada no se puede afrontar". Además, ha cuestionado las expectativas "falsas" de esta infraestructura, puesto de que de las 74 plazas de aparcamiento puestas a la venta, "sólo se ha vendido una".

La resolución judicial del juzgado es fruto del acuerdo adoptado en consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 10 de enero de 2010, cuando el Ejecutivo regional decidió interponer el recurso Contencioso-administrativo.

La Dirección General de Urbanismo hizo varios requerimientos al Ayuntamiento (el 25 de mayo y el 18 de septiembre de 2009) para que remitiese la documentación justificativa de que las obras del aparcamiento cumplían la normativa, esto es, el Plan General de Ordenación Urbana y demás normas urbanísticas vigentes. "Los requerimientos no fueron atendidos por el Ayuntamiento", según fuentes municipales.

El 14 de octubre, la Dirección General de Urbanismo requirió al exalcalde para que procediese a la inmediata paralización de las obras "incluida la tala de árboles de alineación afectados por las mismas". Según el actual Gobierno local, el exregidor "despreció el requerimiento y consintió la tala de quince árboles sanos y centenarios, reincidiendo en anteriores atentados perpetrados por él contra el Patrimonio Cultural e Histórico", desoyendo además las denuncias de la Asociación de Vecinos y Comerciantes para la Protección del Casco Histórico de Aranjuez.

Por su lado, fuentes del Grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento han informado este martes, en declaraciones a Europa Press, de que no han recibido comunicación de la sentencia y, en este sentido, han emplazado cualquier "valoración" al momento en que tengan conocimiento de la resolución.


* EuropaPress - 25.1.12
Foto: EP

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Murcia.- Pelotazos del caso Umbra

LAOPINIÓN/Murcia : Alberto Guerra, su esposa y el abogado Higinio Pérez Mateos consiguieron elevar el precio de una parcela de 57.000 euros hasta doce millones de euros.
­El diccionario de la Real Academia de la Lengua (RAE) recogerá en su próxima edición un término que arraigó en los ochenta en España y, tras unos años muerto, resurgió en el 2000. Pelotazo. La RAE le ha hecho un hueco definiéndolo como operación económica que produce una gran ganancia fácil y rápida.
En el sumario del caso Umbra, el fiscal plasma varios ejemplos de pelotazos urbanísticos que nada tienen que envidiar a los de los años ochenta.
El matrimonio Alberto Guerra (exdirector de la Gerencia de Urbanismo) e Isabel Fernández Guerras junto con el de Higinio Pérez Marín y su mujer, –los tres primeros imputados en el caso Umbra– llevaron a cabo varias operaciones fáciles y con amplias ganancias.
La más destacable se produjo en 2005, con la finca denominada por el fiscal en su sumario como 1887. Cuenta el fiscal que Higinio Pérez Mateos compró dos tercios de este terreno por 38.064 euros más gastos. Vendió una parte a la mujer de Guerra por algo menos de veinte mil euros. De esta forma, el pastel se lo repartieron entre una empresa denominada Nuevo Raal, el matrimonio Guerra y Pérez Guerra, aunque la primera propietaria acabó vendiendo su parte a los imputados en el Umbra.

En total, 57.096 euros abonaron por los terrenos, con una cláusula advirtiendo de que si se recalificaban antes de 2007, los propietarios tendrían que abonarle 480.809 euros a Nuevo Raal. Y, efectivamente, en unos meses, la finca se convirtió en una joya, porque los promotores de Ulea Golf Resort le habían echado el ojo para levantar parte de su complejo residencial. Higinio y el matrimonio Guerra, dieron un pelotazo urbanístico. Vendieron la finca 1887 por dos millones de euros tan sólo unos meses después de adquirirla por 57.000. Su valor se multiplicó por 35. El fiscal calcula que se embolsaron más de un millón de euros, porque del dinero que recibieron tuvieron que restar el medio ´kilo´ que se habían comprometido a pagar a Nuevo Raal. El pelotazo fue in crescendo, porque solo cinco días después de que ellos vendieran la finca, la empresa que la había comprado por dos millones de euros vendió la mitad de los terrenos por doce millones.

Higinio continuó –según el fiscal– ideando pelotazos urbanísticos, y compró terrenos en El Esparragal, Javalí Viejo y en fincas de monte en espacios naturales, «en lo que parece el embrión de un futuro sector urbanizable en el que es necesario la previa aprobación de la Gerencia de Urbanismo que dirige Alberto Guerra», su amigo y socio en los negocios urbanísticos, concluye el fiscal.

El presunto cohecho de Guerra
El fiscal anticorrupción acusa de cometer –además de la prevaricación– un delito de cohecho a Alberto Guerra. Detalla el fiscal al explicar esta imputación que Alberto Guerra, director del Servicio de Planeamiento en esa fecha, compró a mitad de precio una parcela a una promotora justo el día antes de que esta empresa presentara una solicitud para firmar un convenio urbanístico a la misma sección del Ayuntamiento en que el imputado trabajaba.

Los trámites se realizaron en 2006, y la parcela en la urbanización Casa del Aire contaba con más de mil metros cuadrados de superficie.


* La Opinión Murcia - 25.1.12
Foto: ayuntamiento Murcia

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Bangladesh está enladrillado

ELPAÍS* : En condiciones de semi esclavitud, millones de bengalíes convierten el barro en el material que da consistencia a la burbuja inmobiliaria.
Es uno de los países menos industrializados y más pobres del mundo, pero eso no impide que su capital, Dacca, sea una de las más contaminadas. Algo afectan los auto-rickshaws, esos triciclos motorizados que llenan los pulmones de la población con el gas CNG que utilizan para propulsarse, pero la verdadera razón hay que buscarla en los alrededores de la principal ciudad de Bangladesh. Porque Dacca está sitiada por un cinturón de chimeneas de las que mana sin cesar el humo negro característico del carbón.
Y no se trata de centrales térmicas. Son fábricas de ladrillos, una de las principales industrias del país, capaz de producir más de 12.000 millones de unidades al año. No obstante, esta fuente de riqueza lo es también de unos tres millones de toneladas de CO2, ya que hacen falta 23 toneladas de carbón para cocer 100.000 ladrillos, el triple de lo que consume China con tecnología mucho más avanzada.

Por si fuera poco, las 4.500 instalaciones existentes provocan, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, un grave problema de deforestación y la degradación del suelo, algo que tiene graves consecuencias en la agricultura y en la polución de los ríos.

Aunque el problema ya fue analizado en profundidad en 2007, y en 2010 se puso en marcha un plan quinquenal para reducir las emisiones, basta con un vistazo para certificar que se ha avanzado poco desde entonces en la situación que impera en las fábricas.

Allí, bajo un sol de justicia, con sus manos y sin ningún tipo de control de seguridad, miles de trabajadores convierten el barro en la materia que blinda la burbuja inmobiliaria que ha servido para crear una pequeña, pero poderosa, elite económica. Entre quienes hunden sus pies en el lodo hay mujeres y niños, familias enteras que han viajado cientos de kilómetros desde las provincias más remotas para dar forma a los ladrillos que cubren amplias extensiones de terreno durante los cuatro o cinco meses de la estación seca. Es como la campaña de la vendimia o de la recogida de la fresa, salvo porque allí no crece, ni crecerá, vegetal alguno.

El proceso es simple, y se lleva a cabo con técnicas propias de la Edad Media. Hombres descalzos y con el torso desnudo extraen la tierra más adecuada para luego darle forma con unos moldes de madera que también imprimen el nombre de la empresa que venderá cada ladrillo a unos 5 takas (5,2 céntimos de euro). Poco a poco, el lodo se convierte en una alfombra gris de cinco centímetros de grosor, a la que el sol y el trabajo de los niños que voltean los ladrillos se encargan de ir arrebatándole el agua.

Ya secos, los ladrillos se transportan en carretillas hasta la cocina, el gigantesco horno en el que se cuecen en tandas de unas 6.000 piezas. Para que la temperatura se mantenga, los trabajadores tienen que estar introduciendo constantemente carbón a través de los orificios que dan acceso al fuego, con mucho cuidado de pisar en los improvisados tabiques y no caer sobre las llamas. "Siempre hay accidentes, es inevitable, y muchos no aguantan las condiciones de trabajo", reconoce Liakot, un trabajador de 42 años procedente de la provincia de Kulna, que comienza su jornada a las seis de la mañana y acaba, "si hay suerte", a las cinco de la tarde. "Lo que más me preocupa es que me pase algo, porque no tenemos ningún seguro y mis hijos morirían de hambre sin mí", afirma.

Liakot y sus compañeros se embolsan alrededor de 10.000 takas al mes (unos 110 euros), suficiente para dar de comer a sus familias al norte del país. "Llevamos viniendo ya tres años, y podemos ahorrar unos 100 takas al día (1,1 euros)". Bastante, creen, a pesar de que corren grave riesgo de sufrir graves enfermedades respiratorias e infecciones oculares crónicas.

Mientras tanto, cada empresario se embolsa, según estimaciones de la prensa local, no menos de 70.000 dólares (53.000 euros) al año, y todos residen lejos de las chimeneas, cuya altura es, generalmente, un tercio de los 40 metros obligatorios. "Los beneficios son más que suficientes para invertir en tecnologías limpias, pero la avaricia dificulta los avances", explica Shirin Akhter, trabajadora de Ayuda en Acción en Bangladesh.

La corrupción, por su parte, se encarga de que las mejoras sean casi imposibles, porque impregna todos los estratos de la sociedad. Los trabajadores tienen que pagar "una mordida" a los líderes locales en sus lugares de origen para conseguir el empleo, y los empresarios tienen las carteras suficientemente abultadas como para comprar el silencio de políticos a mayor nivel. "Todos ellos se lucran. Los únicos que pierden son los trabajadores, los pobres que viven en los alrededores, y el Medio Ambiente", sentencia Akhter.


* El País - ZIGOR ALDAMA - Dacca - 13/01/2012
Foto: Vista general de una de las fábricas de Ashulia con cientos de miles de ladrillos puestos a secar.- ZIGOR ALDAMA

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