El Consell adjudicó a Sedesa dos obras sin haber ganado los concursos

ELPAÍS/Valencia* : Unas obras de “conservación, reparación y adecuación de los firmes en el itinerario Castellón Norte” fueron adjudicadas en 1999 por la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte a una unión temporal de empresas (UTE) que lideraba Sedesa. Por otra parte, en 2008, la Consejería de Infraestructuras y Transporte adjudicó a Sedesa la construcción de un puente sobre el río Bergantes, en Sorita. En ninguno de ambos casos la empresa que dirige Vicente Cotino, sobrino del actual presidente de la Cortes, Juan Cotino, había ganado el concurso.
Así lo revela la documentación a la que ha tenido acceso el diputado socialista Francesc Signes, después de tres años de reclamar reiteradamente los expedientes de contratación de la Generalitat con el grupo Sedesa.

El concurso para la reparación de la carretera en Castellón, efectivamente, fue ganado por la oferta de Lubasa, que obtuvo una puntuación de 8,43. La UTE de Sedesa quedó en segundo lugar de las tres que fueron aceptadas a la licitación, con 7,69 puntos, seguida de Pavasal, que logró 7,58. Sin embargo, el proyecto se adjudicó a la UTE de Sedesa con el argumento de que “el licitador mejor puntuado ya ha sido propuesto como adjudicatario en dos expedientes dentro de esta misma provincia”.

“Ese criterio es totalmente ajeno a las determinaciones de la legislación que regula la contratación pública”, señala Signes. “La ley exige una motivación de la adjudicación de acuerdo con los criterios que la propia Administración ha preestablecido en los pliegos de cláusulas administrativas que rigen la contratación”. El diputado añade otro aspecto llamativo del concurso: el hecho de que se adjudicó a la UTE de Sedesa por 820 millones de las pesetas de entonces (4,92 millones de euros), que era el precio de licitación inicial, pese a que se recoge en el expediente que la UTE había propuesto una baja del 6,59%.

Por lo que se refiere al otro concurso, se trataba de la construcción de un puente sobre el río Bergantes en la CV-14, en Sorita del Maestrat. El acta de adjudicación, de abril de 2008, afirma que entre las ofertas económicas recibe la mayor puntuación, 98,86 puntos, la oferta presentada por Sedesa, Obras y Servicios, por 2,42 millones de euros, cuando la tabla misma que se recoge a continuación incluye dos ofertas mejores, por 2,40 y 2,39 millones respectivamente. En la puntuación total, es decir, sumando la puntuación de la oferta económica y la puntuación técnica, Sedesa queda en segundo lugar, con 83,8 puntos, por detrás de Pavasal, que logra 84,4 puntos. Pese a ello, se le adjudica la obra a la empresa de la familia Cotino asegurando que se trata de “la oferta que ha obtenido mejor puntuación”.

Para el parlamentario socialista en las Cortes Valencianas, tanto en un caso como en otro “es evidente que se adjudicó indebidamente” a Sedesa los concursos, “en perjuicio de los intereses públicos y de los principios que rigen la contratación pública”.

No son las únicas contrataciones de la Generalitat con Sedesa en las que Signes ha encontrado irregularidades. Como ya publicó este periódico, en 2007, la empresa Sedesa Concesiones, SLU, consiguió la adjudicación para construir y explotar durante 38 años un aparcamiento subterráneo y en altura en el hospital Doctor Peset, en Valencia. El aparcamiento no se construyó porque la propia empresa pidió rescindir el contrato, pese a lo cual cobró de la Consejería de Sanidad 336.380 euros como resarcimiento. En 2006, Sedesa, Obras y Servicios, SA, ganó un concurso de algo más de seis millones de euros del Instituto Valenciano de la Vivienda para construir 105 pisos destinados a alquiler en Pilar de la Horadada pese a que fue solo la tercera en puntuación. En aquel caso, la propuesta consistió en “adjudicar indistintamente” a una de las tres empresas mejor puntuadas las obras. El entonces consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, optó por la tercera.


* El País - ADOLF BELTRAN Valencia 28 ENE 2012
Foto: Puente sobre el río Bergantes, en la CV-14, en Sorita del Maestrat. / ÀNGEL SÁNCHEZ

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'Malaya'.- El promotor Fidel San Román admite que pagó tres millones a Roca

ELPAÍS/Málaga* : El constructor Fidel San Román ha ratificado hoy, uno por uno, todos los pagos al cerebro de la corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, de los que le acusa la Fiscalía. Los abonos, que suman 3,08 millones de euros, fueron realizados siempre a cambio de la concesión de licencias de primera ocupación de sus promociones. La declaración de San Román, de 72 años, ha sido el plato fuerte de la sesión de hoy del juicio del caso Malaya. El promotor ha sido absolutamente contundente en sus respuestas al fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero.
“Cuando las viviendas estaban ya para entregar a los compradores, nos dicen desde el Ayuntamiento que hace falta el dinero, y que, si no, eso no sale adelante”, ha afirmado en relación al permiso de primera ocupación para una promoción de 800 apartamentos. Según él, sólo en 2005 pagó a Roca, más de tres millones de euros en “dinero físico, blanco y sacado de las cuentas de la empresa”. Los pagos se efectuaban normalmente en las oficinas de Roca en Marbella y otras veces en Madrid, ha relatado San Román.

La declaración del promotor desmonta en parte con lo manifestado por Roca a lo largo del juicio. El exasesor urbanístico marbellí admitió que recibió pagos de San Román, así como de los dueños de Aifos y de Construcciones Salamanca, pero que lo hizo no a cambio de resoluciones urbanísticas favorables, sino por “trabajos de asesoramiento”. “En mi empresa nunca ha habido asesores externos, somos una empresa familiar”, ha asegurado San Román, que ha llevado, entre otros negocios, la explotación de la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid.

Ahora, el promotor, que pasó 18 días en prisión tras su arresto en la segunda fase de la Operación Malaya en julio de 2006, se presenta más bien como víctima de un chantaje: “Todas las entregas de dinero han sido en 2005, cuando se solicitan las licencias de primera ocupación”. Según él, después de que los propietarios de los apartamentos le hubieran pagado por sus viviendas, no pagar y arriesgarse a ser llevado a los tribunales era una especie de suicidio empresarial: “O accedía [a pagar a Roca por la licencia] o me colgaba de la soga (...) Sabía que hacía algo mal pero no tenía otra opción", ha afirmado San Román, para quien el fiscal reclama nueve años de cárcel y multas de 48 millones de euros por cohecho y blanqueo.


* El País - FERNANDO J. PÉREZ Málaga 30 ENE 2012
Foto: Marbella, Roca en el juicio Malaya - malagahoy

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Cuando vivir en una urbanización no es sólo sinónimo de paz sino de cambiar luces de farolas

ELCONFIDENCIAL* : Limpiar las aceras, cambiar las bombillas de las farolas, contratar a una empresa para que recoja la basura, encargarse de la construcción de una depuradora o reparar el socavón en una acera… A simple vista, éstas parecen las tareas propias del Ayuntamiento de cualquier localidad. Pocos se imaginan, sin embargo, que en algunas ocasiones están bajo la responsabilidad de muchas urbanizaciones.
Urbanizaciones que, tal y como contemplaba su Plan Parcial, una vez fueron construidas, la promotora o constructora las entregó al Ayuntamiento correspondiente, delegando en los propietarios de las viviendas el mantenimiento y la conservación de los bienes de dominio público que la integran. Las calles, las zonas verdes, las farolas son propiedad del Ayuntamiento, pero de su conservación y mantenimiento se encargan los propietarios de los inmuebles.

Recordar su denominación no es tarea sencilla. Desde un punto de vista jurídico se las conoce como Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación (EUCC) y están reguladas por el Real Decreto 3288/1978 de 25 de agosto. Su aparición en el mercado residencial español no es, ni mucho menos, reciente. Algunas tienen hasta veinte años de antigüedad, aunque sí es cierto que han continuado surgiendo al calor del boom inmobiliario.

Sólo en la Comunidad de Madrid aparecen censadas más de 200, según un estudio del despacho Manga Abogados. Destacan municipios como Galapagar, con 21; Boadilla del Monte y Fuenlabrada con 14 entidades cada una, aunque el censo oficial es el del Registro de Entidades de la Comunidad.

Con la crisis, muchos vecinos ya no quieren pagar esos gastos

Con la crisis económica, el desconocimiento en torno al correcto funcionamiento de estas entidades ha comenzado a generar importantes fricciones entre quienes viven en ellas y los Ayuntamientos. “Muchos propietarios no entienden por qué tienen que hacerse cargo de gastos que en otras urbanizaciones asumen los ayuntamientos y estos no están precisamente en las mejores condiciones para asumir más gastos”, explica a El Confidencial Lola Pérez Bellón, abogada y experta en Urbanismo de Manga Abogados.

“En un entorno de crisis como el actual, muchos vecinos que utilizan esas viviendas como segunda residencia quieren ahorrarse algunos gastos y han comenzado a solicitar la disolución de estas entidades. No entienden por qué tienen que pagar y reponer el cableado eléctrico robado o los elevados gastos que exige, por ejemplo, la limpieza constante de un pinar, como sucede en una de las entidades ubicadas en El Espinar, Segovia”, comenta Pérez Bellón.

Y pone un ejemplo. En una de estas urbanizaciones sólo los gastos anuales en vigilancia ascienden a 200.000 euros. “Hablamos de 750 parcelas, por lo que cada vecino asume sólo en este concepto 266 euros. Si sumamos otra serie de gastos, no es de extrañar que muchos, si pueden, intenten ahorrarse más de 2.000 euros al año en una vivienda que no es la habitual”.

Muchos ayuntamientos no quieren ni pueden asumir los gastos

Ahora, con la crisis, el intento de disolución de estas entidades se ha multiplicado, tal y como reconoce Lola Pérez Bellón. El objetivo es devolver a los Ayuntamientos la responsabilidad de asumir esos gastos de conservación de lo urbanizado. Sin embargo, el problema ahora es que estos, agobiados también por la situación económica intentan, a toda costa, dilatar el proceso lo máximo posible.

La abogada explica que “hay entidades en cuyos estatutos de constitución figura un periodo máximo o una fecha a partir de la cual deben ser los entes locales los que deben asumir esos gastos. En otros casos, no existe fecha pero el Tribunal Supremo ha reconocido en una sentencia que estas entidades no pueden estar constituidas bajo esta figura jurídica eternamente y que pasados unos años, si se verifica que han cumplido con las obligaciones para las que fueron constituidas, se pueden disolver”.

Cada comunidad es un mundo. “En Castilla y León, por ejemplo, la legislación establece desde hace unos años que estas entidades deben durar un mínimo de 4 años y un máximo de 10”, explica a El Confidencial Julián Vivanco, alcalde de Marugán, un pueblo de la provincia de Segovia con tres EUCC donde reside el 70% de los cerca de 650 habitantes del pueblo.

En esta localidad, una de esas entidades ha solicitado su disolución. “Como Ayuntamiento no estamos en contra. Pero nos gustaría que las tres se decidieran a la vez”. Vivanco reconoce que existe un problema económico para hacerse cargo de esos gastos, que estima entre medio millón y 800.000 euros al año. “Para que el Ayuntamiento pueda asumirlos necesitaríamos tener más ingresos y eso significaría subir los impuestos, por ejemplo el IBI, lo que afectaría a todos los propietarios. Y ahora, tampoco es el mejor momento para hacerlo”.

La disolución, un proceso largo y complicado

Muchas de las entidades que deciden dar el paso se enfrentan a un proceso lago -puede alargarse entre año y año y medio- y nada sencillo ya que, en primer lugar, tendrá que estudiarse si esto es posible –algunas fueron constituidas para un periodo determinado de tiempo pero en otras no está especificado y deptende de la legislación de cada comunidad-. Si es posible, ésta deberá ser aprobada en una junta por la mayoría que determinen los estatutos de la entidad. Una vez aprobada, se entraría en una de las fases más complejas, la de la liquidación de los bienes, ya que en algunos casos hay que hacer frente a los deudores y los morosos. Finalmente tiene que obtener luz verde por parte del Ayuntamiento correspondiente.

Sin embargo, no todas las entidades ni todos los vecinos quieren disolverse. "Es muy importante la gestión de estas entidades. La experiencia puede ser muy buena o muy mala en función de quién haya asumido la gestión", comenta a El Confidencial Consuelo Torres, vecina de una EUCC del Ayuntamiento de Batres.

"Para nosotros, vivir en una de estas urbanizaciones no ha sido un problema en ningún momento. Desde el principio conocíamos que íbamos a formar parte de una EUCC. Tenemos ciertos costes pero no son demasiado elevados. Además, cuando algo se estropea avisamos a quien corresponde y nos lo arreglan de inmediato. Si tuviéramos que avisar al Ayuntamiento no estoy segura de que esos problemas se fueran a resolver tan pronto", añade.

Lo que, en su opinión está sucediendo en muchos casos es que "hay gente a la que ahora le interesa decir que no sabía en qué consistía la entidad ni por qué tiene que hacer frente a unos gastos que, en su opinión, debería asumir el Ayuntamiento".

Lo que sí es cierto, a tenor de una encuesta realizada por Manga Abogados, es que existe mucho desconocimiento en torno a las funciones, derechos y obligaciones de estas entidades.

"El desconocimiento de los propietarios del concepto, las funciones y derechos de la propia entidad es precisamente lo que está causando enfrentamientos con los Ayuntamientos", explica Lola Bellón. "Muchos vecinos de estas urbanizaciones consideran que se encuentran en general desatendidos por parte de la Administración, al no cumplir aquella con sus obligaciones y por no contar con su apoyo a la hora de solucionar los problemas que surgen en ellas".


* El Confidencial - Elena Sanz - 29.1.12
Foto: Urbanización, maqueta - elconfidencial

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El tratamiento de la vivienda vacía en España

JAVIER BURÓN* : España cuenta en estos momentos con unos 25,5 millones de viviendas, así como con uno de los ratios vivienda habitantes más alto de la UE. En función de la fuente que se consulte, tenemos algo más de un millón de viviendas vacías de segunda mano (VVSM), generalmente en manos de particulares de manera muy atomizada; y algo menos de un millón de viviendas en stock (VVS), que son viviendas de promotores o entidades financieras recién construidas, nunca utilizadas y a la espera de comercialización). Es fácil perderse en esta materia, pues las fuentes dan cifras que van desde 2 millones hasta más de 3,5 millones de viviendas vacías. Los datos del nuevo censo del INE, aún por confirmarse, van mucho más lejos y apuntan a 6 millones de viviendas vacías, un 20 % de nuestro parque. Por otra parte, nuestro parque de alquiler supera a duras penas el 10 % del total de viviendas, cuando en la UE la media se sitúa entre el 40 % y el 50 %. Además, nuestro parque público de alquiler está en torno al 0,5 % del total, cuando en la UE lo habitual es que sea entre el 20 % y el 30 % del total de viviendas de un país. Así pues, España es, casi con toda seguridad, el único país de la UE con dos o tres veces más viviendas vacías que en alquiler. Por sí solo, este dato nos debería hacer reflexionar.

En relación con la VVSM, en España se ha partido siempre de un mito que está aún por demostrar: que las personas que disponen de viviendas vacías en España no las alquilan por miedo a no cobrar, sufrir destrozos en las viviendas o no poder recuperarlas. La realidad es que en el año 2010 solo el 1,5 % de los alquileres en España acabaron en los tribunales (datos del fichero de inquilinos morosos). Así, no parece que las explicaciones al uso sirvan para entender el anómalo comportamiento del mercado de alquiler español en el contexto europeo. Hay que buscar las raíces de nuestro «propietarismo» y alergia al alquiler en los años 50 del pasado siglo —el franquismo entendió que un país de propietarios era mucho menos susceptible de derrocar al régimen que un país de inquilinos— y en el pacto que desde 1956 (nuestra primera ley del suelo) se ha mantenido entre la Administración, el sector financiero y la propiedad del suelo para hacer extraordinariamente rentable la venta de vivienda y muy poco atractivo el alquiler. Las razones de nuestra anorexia arrendaticia no son culturales o técnicas, sino políticas y mercantiles.
Para tratar de acercarnos a la UE en materia de vivienda vacía (lo que indirectamente supone actuar sobre el mercado de alquiler), en la pasada década se han intentado en España, al menos, tres tipos de estrategias diferentes: el fomento del afloramiento de las viviendas no utilizadas hacia el alquiler, el favorecimiento de los desahucios con la esperanza —a mi juicio, cínica— de que esto dinamice el mercado privado de alquiler, y la penalización de la situación de desuso de las viviendas.
En relación con la primera, aunque con diferentes niveles de afección a la materia, ha habido cuatro instrumentos de actuación principales:
1. Ayudas públicas a la puesta en alquiler social de vivienda privada vacía. Hablamos de vivienda previamente vacía y convertida en alquiler accesible. Esto supone beneficios económicos para el propietario, pero también gasto público para conseguir alquileres más sociales y la utilización de un stock con una huella ecológica ya producida. Como principal ejemplo, podemos citar Bizigune en Euskadi o el Avalloguer en Cataluña.
2. Ayudas públicas a la puesta en alquiler de mercado de vivienda privada —vacía o no—. Hablamos de la asunción por parte de los presupuestos públicos de seguros y avales para que se establezcan relaciones arrendaticias privadas entre arrendadores e inquilinos que fijan precios de mercado. Un ejemplo destacable es la SPA estatal, así como varias agencias locales de intermediación.
3. Ayudas públicas al pago del alquiler de jóvenes. Hablamos de ayudas públicas al pago del alquiler de jóvenes sin discriminación en función de renta personal o precio del alquiler y con grandes posibilidades de fraude y efectos inflacionistas en ciclo alcista y no deflacionistas en crisis. Como principal ejemplo, podemos citar la Renta Básica de Emancipación estatal.
4. Ayudas públicas de emergencia para el pago del alquiler a colectivos en riesgo de exclusión social. Se trata de ayudas de emergencia social que no deberían existir si dispusiéramos de un parque de vivienda social en alquiler público que pudiera atender esta y otras situaciones socialresidenciales. Hay varias CC. AA. que disponen de este tipo de ayudas, aunque las cantidades y los destinatarios varían de manera significativa.
En puridad, solo el primer tipo de programas apunta de forma expresa a la movilización de vivienda previamente vacía hacia el alquiler social, accesible o no de mercado. El segundo busca la dinamización del mercado privado de alquiler, pero sin que los alquileres sean sociales o las viviendas estén previamente vacías. Lo que pretenden los dos últimos programas es crear, entre jóvenes y personas en riesgo de exclusión social, una demanda mínimamente solvente de alquileres a precios moderados, a la espera de que afloren al mercado viviendas privadas (vacías o no) susceptibles de ser alquiladas por estas personas.
En relación con la segunda estrategia ensayada para movilizar vivienda vacía y dinamizar el mercado de alquiler, el favorecimiento de los desahucios, hay que señalar que las dos reformas legales realizadas en los últimos años (leyes 19/2009 y 4/2011, que han reducido las garantías del desahuciado hasta límites vergonzosos) y, sobre todo, la crisis, han producido un inmenso alud de desahucios que en nada han ayudado a incrementar el número de inquilinos en España o a reducir el número de viviendas vacías. Es más, a pesar de los casi 200 000 desahucios —propietarios e inquilinos— que se han producido desde el comienzo de la crisis, España sigue a duras penas en el entorno del 10 % de parque de alquiler. Además, las viviendas vacías no solo no han disminuido, sino que han doblado su tamaño. Un análisis causal erróneo siempre lleva a aplicar medidas erróneas, cuando no contraproducentes.
Respecto a la tercera estrategia, tímida y discontinuamente ensayada, de penalización de la vivienda vacía, solo dos CC. AA. (Euskadi y Cataluña) trataron en la pasada década de combinar programas públicos de garantía estatal del alquiler para propietarios privados (que incluían ayudas a la rehabilitación, ayudas financieras casi a coste cero, seguros, avales, alquiler garantizado por la Administración, etc.) con las penalizaciones como instrumento de ultima ratio. Concretamente en el caso de Euskadi, se ha legislado la expropiación de las viviendas vacías, que empezó a realizarse en el caso de viviendas protegidas vacías, y se trató de dar respaldo legal a un canon parafiscal sobre la vivienda vacía, así como a la venta forzosa de las viviendas vacías. No obstante, no se consiguieron aplicar estas dos medidas, pues la ley en este punto fue rechazada por PNV, PSE y PP. En el caso de Cataluña, su aún vigente ley de vivienda (Ley 18/2007) prevé un sistema en el que si las viviendas vacías privadas, a las que durante varios años se les ha ofrecido todo tipo de ayudas públicas para su rehabilitación y alquiler garantizado, se rechazan y están en un área de acreditada necesidad de vivienda, pueden finalmente ser objeto de expropiación temporal del usufructo. O lo que es lo mismo, pueden ponerse en alquiler público forzoso. La norma será derogada en unas semanas por el nuevo gobierno de CiU, con el apoyo de su socio preferente el PP y sin que disguste mucho al PSC.
Este tipo de medidas, francamente pacatas si se comparan con el derecho europeo, han sido aplicadas en un número muy reducido de casos y han dado lugar a ríos de tinta en los medios de comunicación. Buena parte de los partidos y medios españoles, como ya he señalado, defienden que la propiedad privada es sagrada. No se sabe si desconocen el contenido de nuestra Constitución en este punto o si se hacen interesadamente los despistados. La realidad es que, como hemos reseñado, nuestra Carta Magna constitucionaliza la función social de la propiedad, la subordinación de toda forma de riqueza al interés general y la intervención pública en la economía. No admite debate que nuestro Tribunal Constitucional haya respaldado claramente la constitucionalidad de las leyes de Andalucía y Extremadura de fincas rurales y urbanas de rendimiento manifiestamente mejorable (incluían cánones parafiscales e incluso la expropiación). Tampoco el hecho de que el Consejo Consultivo de Cataluña haya respaldado la estatutariedad de la polémica expropiación temporal del usufructo de las viviendas vacías que rechazan ayudas públicas y permanecen vacías en zonas de acreditada necesidad de vivienda de la Ley 18/2007.
Acabo estas notas con un apunte sobre las VVS. Son uno de los restos del estallido de nuestra burbuja inmobiliaria y, como tal, deberían ser asumidos (en forma de pérdidas) por parte de promotores y entidades financieras.
Lo que ha ocurrido en otros países con problemas similares es que las entidades financieras han puesto en el mercado de venta y alquiler ese stock de viviendas a unos precios moderados, de forma que les han dado salida. Esto implica reconocer pérdidas, pero permite seguir adelante con la lógica económica del mercado: volver a dar crédito para la compra de suelos, urbanización, edificación, venta, hipoteca, alquiler, etc. Sin embargo, nada de esto ha ocurrido, ni parece que vaya a ocurrir en España. Los activos tóxicos inmobiliarios privados, que ascienden a más de 150 000 millones de euros (el 15 % del PIB anual español), han sido objeto de todo tipo de ayudas públicas por parte del contribuyente, lo que ha aprovechado el sistema financiero para preservar sus beneficios, seguir especulando con otros productos financieros, no restablecer el crédito y congelar el valor de los activos tóxicos inmobiliarios en los precios y expectativas del año 2007.
A finales del 2007 diversos expertos pidieron al Estado que adquiriera parte de las VVS de promotores, cajas y bancos para crear un parque público de vivienda en alquiler. El Gobierno consideró la idea muy cara y poco factible. Desde entonces, el flujo de dinero del contribuyente hacia el sistema financiero es inmenso[1], no se ha recibido ningún tipo de contrapartida (refluir del crédito, viviendas y suelos para el Estado, etc.), los activos tóxicos inmobiliarios continúan congelados a la espera de un banco público malo que se haga cargo de todas las pérdidas, los desahucios se cuentan por cientos de miles, y el suelo y la vivienda siguen teniendo unos precios artificialmente altos en España.
Sinceramente, no acabo de entender las razones por las que España, un país que ha hecho docenas de convergencias sectoriales con la UE y que lidera algunas actividades a nivel planetario, es incapaz de converger con la UE en lo que se refiere a la vivienda vacía, el alquiler, la rehabilitación y la vivienda pública. Nuestro rechazo de la eficacia y la eficiencia es casi un asunto de salud mental colectiva. Mucho es el poder del complejo inmobiliario financiero. Grande es el servilismo de nuestros políticos. No menor es la tentación de la inercia. Quimérica es la esperanza de la vuelta a los «buenos tiempos pasados» del ladrillo patrio. Innegable es cierta anemia de la academia española en el análisis de estos problemas. Afortunadamente, grupos casi heroicos, como la Plataforma por una Vivienda Digna y VdeVivienda de antaño; y hoy el movimiento 15M, Democracia Real Ya y, sobre todo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, han contribuido a que parte de la población en España considere que un país con millones de viviendas vacías, casi sin viviendas de alquiler, sin parque público de vivienda y con cientos de miles de personas desahuciadas es un país enfermo que debe ser sanado. Eso sí, aún está casi todo por hacer. Empezando por vencer en este debate que primero es cultural, después será político y finalmente requerirá financiadores, profesionales, empresarios, funcionarios y Administraciones a la europea en materia de vivienda. En nuestras manos está…

* Javier Burón Cuadrado es miembro de Ekiten Thinking
Revisión y corrección de estilo del texto a cargo de Sara Hernández Pozuelo
http://paisajetransversal.blogspot.com/

* Madrilonia - Opinión - 29.1.12

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