Despilfarros históricos que causan vergüenza: Aeropuerto Pamplona – Noain

ELSOPLÓN* : Durante la última década se llevaron a cabo despilfarros que llevaron al hundimiento de las arcas públicas del Estado. Un ejemplo son los 44 millones de euros que costó la ampliación y reforma del aeropuerto Pamplona – Noain. Pese al escaso número de usuarios y los problemas que causa la meteorología de la zona. En un año, logró el récord de 200 cancelaciones de vuelo de aviones que no pudieron despegar por la niebla.
La modernización se centraba en pequeñas ampliaciones, nuevos mostradores y la construcción de una nueva torre de control.
El ex ministro de Fomento, José Blanco, a través de Aena, invirtió la montante cantidad 44 millones de euros en las actuaciones de ampliación y modernización de este aeropuerto. Los millones fueron destinados a incorporar nueve mostradores de facturación y uno nuevo para equipaje especial. También se añadió una nueva puerta de acceso a los aviones.

La ampliación más importante fue la del aparcamiento. Se crearon 118 nuevas plazas de parking. Además de la plataforma de vuelo.

El campo de vuelos también aumentó la longitud de la pista en 200 metros para que pudieran operar aeronaves de mayor envergadura, facilitando la apertura de nuevas rutas a destinos más lejanos. Aunque ese objetivo se ha visto truncado en más de una ocasión a consecuencia de la niebla que impedía volar.

Asimismo, se construyó una nueva torre de control y se llevaron a cabo reformas en la central eléctrica.

Por último, en el proyecto se incluyó la insonorización de 54 viviendas.

Pese a que las reformas no fueron de gran envergadura, costaron ni más ni menos que 44 millones de euros.



* El Soplón - 20.1.12
Foto: Pamplona, aeropuerto niebla - elsoplon

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El exalcalde de Majadahonda desvió 28.000 euros del Consistorio a su cuenta

ELPAÍS/Madrid* : El exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, pidió en 2001 al Ayuntamiento que dirigía 28.000 euros para pagar un vídeo. Recibió el dinero, pero en vez de pagar el trabajo audiovisual ingresó el dinero en una de sus cuentas. Y después le envió el dinero a una de las empresas del presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, que se encargó de pagar una factura que había generado el propio Ortega, que había comprado relojes en una conocida joyería madrileña por un importe de 28.000 euros. Estas son las conclusiones que se desprenden del último informe realizado por los agentes de la policía judicial que investigan el caso.
El informe, con fecha del 26 de enero, y que tiene el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre la mesa, explica que el 29 de agosto de 2001 el propio Guillermo Ortega solicitó al Consistorio que encabezaba un total de 28.571,51 euros. Supuestamente era para pagar la confección de un vídeo en el que se iban a reflejar los proyectos abordados por el Equipo de Gobierno majariego.

Pero la realidad, según la policía judicial, era muy distinta: “Francisco Correa crea una operación económica ficticia, como es el servicio prestado al Ayuntamiento de Majadahonda, para dar cobertura al trasvase de fondos”, sostiene el informe remitido a Ruz, magistrado titular del Juzgado Central Número 5 de la Audiencia Nacional en sustitución de Baltasar Garzón, que fue quien inició la investigación tras la denuncia presentada por el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, asesorado por el letrado y concejal de Boadilla del Monte Ángel Galindo.

La investigación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF-BLA) pone de manifiesto que días después de que Ortega solicitara el dinero, el exalcalde recibió “un cheque nominativo a su nombre” con fecha de 20 de septiembre del mismo año y con cargo a las cuentas del municipio. E ingresó el dinero en una de sus cuentas.

Seis días después una de las empresas del presunto cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, concretamente Special Events, recibió un cheque por el mismo importe: 28.571,51 euros. En este punto, las pesquisas policiales argumentan que Ortega transfirió el dinero a una Special Events, ya que ese mismo día la firma de Francisco Correa efectuó el pago de 27.117,66 euros a una joyería de Madrid. La misma en la que Ortega se había llevado relojes por el mismo precio.

Tres meses después, Ortega trató de regularizar la situación, algo que finalmente no logró, pues el interventor municipal acabó por oponerse a los presuntos tejemanejes del exalcalde de Majadahonda: “Con la finalidad de justificar el libramiento de fondos por parte del Ayuntamiento de Majadahonda” a nombre de Guillermo Ortega, Special Events confecciona una factura pagada por el Consistorio por un importe de 28.571,51 euros”. En la memoria de la factura, Francisco Correa indicó que el cobro del dinero esta justificado por la realización del vídeo ‘Creciendo en calidad de vida’.

Pero hubo un problema, y la factura fue anulada, ya que el montante era superior a los 6.000 euros. Y cualquier adjudicación municipal superior a esta cantidad debería haber obligada a Ortega a convocar un concurso público, que no se había celebrado. Por eso la firma de Correa envió en lugar de la factura anulada otras cinco, con importes similares, que no superaban los 6.000 euros. Pero la Intervención municipal se opuso a esta operación, al considerar que se había fraccionado el contrato, tal y como consta en un informe del 11 de febrero de 2002.


* El País - TONO CALLEJA Madrid 7 FEB 2012
Foto: Majadahonda (Madrid) - wikipedia.org

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Valencia.- La tierra del banco no se toca

PÚBLICO* : Una imagen curiosa se repite cada día en un solar del extrarradio de Valencia. Un vigilante pasea por el interior de una parcela vallada. Tiene la obligación de patrullar durante seis horas al día este terreno. Cuando él termina, le sustituye un compañero. Así, en cuatro turnos cada 24 horas. Sin embargo, dentro de la parcela vigilada no hay nada. Son 4.000 metros cuadrados en medio de un gran descampado de 260.000. La única diferencia es que la tierra del interior de la valla está limpia de escombros. Fuera hay piedras, maleza y suciedad.
La estampa se repite desde hace un mes y medio. Es la respuesta del BBVA al intento de los habitantes del barrio de Benimaclet de hacer huertos urbanos ecológicos en un solar que es propiedad del banco. Antes, fue de un promotor que lo perdió por impago. El terreno está justo al lado de las últimas viviendas de la ciudad y hasta hace seis años albergaba una alquería del siglo XVIII y huertos en plena producción. Ahora, es uno de los innumerables descampados en los que se convirtió parte de la huerta de las ciudades mediterráneas por culpa del boom de la construcción y la crisis económica.

Hace un año y medio, la asociación de vecinos elaboró un proyecto para "rehabilitar y dar un uso social al suelo arrasado por la burbuja inmobiliaria", explica el presidente, Antonio Pérez. Se trataba de recuperar la huerta, añadiéndole un valor lúdico. A la idea se apuntaron 300 personas y otras 30 en lista de espera.

Se planearon 60 pequeñas parcelas. La más grande es para el colegio público del barrio. Las demás, para "familias, jubilados, antiguos labradores, hijos y nietos de labradores, parados, universitarios y diversos colectivos", añade Pérez. El terreno lleva años a la espera de que se ponga en marcha el plan urbanístico correspondiente y está devorado por la degradación: "Hasta un muerto en una maleta nos tiraron una vez", ilustra el portavoz. Entre todos se gastaron 10.000 euros en acondicionarlo y recuperar las canalizaciones de agua, con el apoyo de los regantes de la acequia cercana, la de Mestalla.

Los vecinos encontraron también el respaldo del Ayuntamiento. Todos los partidos aprobaron en octubre una moción en la que se comprometían a impulsar el proyecto. En ella, el Consistorio propuso un "convenio de cesión" para garantizar la propiedad del BBVA y sus "intereses urbanísticos reconocidos". No habría "ningún retraso en (...) la posterior urbanización de los terrenos". Además, el espacio elegido para recuperar la huerta está destinado a albergar un parque, según el plan urbanístico ya redactado.

Todo estaba, pues, aparentemente resuelto. Sin embargo, todavía no hay hortalizas en esa tierra, sino vallas y un vigilante distinto cada seis horas. Es la manera elegida por el BBVA para dejar claro que, de momento, no permite que se trabajen sus terrenos.

El banco llevó su oposición hasta lo que los vecinos entendieron como una humillación. En enero, la entidad tiró escombros sobre la tierra ya preparada para sembrar. Sobre los caballones se arrojaron grandes piedras, y tierra en las canalizaciones de agua.

¿Cuáles son los argumentos del banco? Para empezar, dicen que están dispuestos a llegar a un acuerdo. Pero ponen, sin embargo, dos condiciones. La primera es que se respete su propiedad de la tierra y su derecho a disponer de ella cuando se ponga en marcha el plan urbanístico. Según fuentes municipales, esta demanda quedaría cubierta con la ya propuesta figura de la cesión.

La segunda preocupación del BBVA es que alguien se haga daño en la huerta, "y sea el banco, como propietario, el que tenga que asumir la responsabilidad", destacan fuentes oficiales de la entidad. Este argumento es "una excusa", según el Consistorio, porque "la responsabilidad recaería en aquellos que tienen cedido el terreno". Los vecinos, por su parte, creen "sorprendente" que el banco se preocupe de posibles accidentes "en el único sector de su propiedad que está limpio, porque nosotros lo hemos limpiado, y no en el resto, que está lleno de escombros", se queja Pérez.

El banco denuncia, además, que los vecinos han entrado en la parcela sin su consentimiento. Los aludidos reconocen que la ley está de parte del BBVA si este persiste en su negativa, pero sería "empecinarse en el abandono" del entorno urbano. "Podrá ser legal, pero es totalmente injusto", afirma Pérez.

El conflicto sigue y cada sábado hay un nuevo capítulo. Los vecinos llegan, enrollan cuidadosamente la valla y se ponen a limpiar el terreno. El vigilante llama a la Policía. Esta acude, identifica al portavoz de los labradores y les deja hacer "mientras no haya actos vandálicos", explica Pérez. Cuando los vecinos se van, "a las dos horas" la valla está repuesta. "Es una ilegalidad contra otra ilegalidad", destaca el portavoz, ya que la cerca levantada por el banco no tiene licencia municipal, según confirma el propio Ayuntamiento.

Hay, además, acciones de protesta. Los vecinos proponen un boicot contra el banco, consistente en que los usuarios cierren cuentas bancarias. Los niños del colegio han escrito una carta al presidente del banco, Francisco González. La asociación no está dispuesta a ceder. Creen que la batalla va mucho más allá de su pequeño huerto: "El miedo del banco es que el ejemplo cunda. En Valencia otros cuatro barrios están esperando a ver si esto nos sale bien". Sería, concluye Pérez, el precedente para que otros muchos vecinos recuperaran la huerta que la burbuja inmobiliaria convirtió en solar.


* Público - BELÉN TOLEDO VALENCIA 05/02/2012
Foto: Vecinos del barrio de Benimaclet (Valencia), trabajando ayer la tierra en el huerto de la polémica.-Juan Navarro

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Un juez impone multas de 500 euros cada 10 días a la dueña de Can Batlló

ELPAÍS/Barcelona* : Carme Escrivá de Romaní, representante de la promotora Inmogaudir, propietaria de la colonia industrial Can Batlló, recibe a título personal desde el pasado noviembre multas coercitivas de 500 euros cada 10 días. La curiosa medida se ha tomado dentro de un proceso de ejecución de sentencia tras el impago de la indemnización a uno de los afectados por el plan urbanístico de la colonia textil fundada por su abuelo, Julio Muñoz Ramonet.
Hay otras 22 sentencias que ordenan a la junta de compensación —de la que Inmogaudir representa el 92%— el pago de diferentes cantidades por el cese forzoso de actividades en la colonia, en la que todavía hay una veintena de afectados, la mayoría pequeños talleres y personas que viven en el Camí de la Cadena. El coste de las indemnizaciones pendientes de liquidar por la inmobiliaria asciende a unos 15 millones de euros, según el plan económico. Algunos abogados de los afectados están pidiendo la ejecución de la sentencia y, cansados de esperar, no descartan recurrir a la vía penal para ver si es más efectiva o plantear el embargo de bienes para saldar cuentas.

Esas indemnizaciones pendientes, junto con los costes de urbanización de Can Batlló, es lo que Inmogaudir quiere que pague el Ayuntamiento de Barcelona, alegando que no tiene liquidez para acometer un proyecto aprobado hace casi seis años. El Consistorio pagaría 35 millones, y lo haría de dos maneras. Una, cambiando el sistema urbanístico, de compensación a cooperación, para que el Consistorio dirija el proceso, y aportando 10 millones.

A cambio, recibiría unos 5.000 metros cuadrados para edificar vivienda de protección. Con esta parte de la operación están de acuerdo los grupos políticos del Consistorio. La segunda forma es por medio de la expropiación de una finca de la misma inmobiliaria en el Guinardò por 22,5 millones de euros (más IVA), cifra que ha sido acordada de mutuo acuerdo. Lo plasmaron en un convenio la promotora y el edil de Hábitat Urbano, Antoni Vives, pero tuvo que ser retirado porque CiU no tuvo los suficientes apoyos.

La oposición ve exagerado y lesivo para el interés de la ciudad pagar 22,5 millones por una zona verde. Consideran, además, que supone un trato de favor a la inmobilaria que sentaría un precedente peligroso para el Ayuntamiento para encarar otros procesos expropiatorios, sobre todo porque es un mutuo acuerdo. Ponen como ejemplos fincas similares que se han expropiado por cantidades mucho menores.

El gobierno de CiU da por seguro que en dos o tres semanas logrará el apoyo de algún partido, preferentemente del PP. Sin embargo, Eduardo Bolaños, el edil que lleva los asuntos de urbanismo, insiste en que el PP no está de acuerdo en que se pague a 1.300 euros el metro cuadrado de zona verde. Además, no ve justificada la operación si no se puede sacar partido a la finca, una parcela que hace frente con la avenida de la Mare de Déu de Montserrat y en la que a mediados del siglo todavía funcionaban algunas nave textiles del industrial Muñoz Ramonet. Hoy ya no existen. Lo que hay son cuatro o cinco pequeños talleres y pequeños almacenes. Los inquilinos han tenido noticias de la inmobiliaria: en otoño les comunicó que no les renovaría el contrato anual, excepto uno que dice que su contrato es indefinido.

Que la promotora llevaba tiempo negociando con el Ayuntamiento es un hecho, como demuestran las fechas: la inmobiliaria instó la expropiación el 13 de enero pasado, tres días más tarde la gerencia ya había realizado el informe de valoración de la finca y el mismo día se hizo la propuesta de convenio entre el edil Antoni Vives y Carmen Escrivá de Romaní Muñoz. Una velocidad de la Administración inusitada.

Los industriales de Can Batlló afectados están hastiados de la actitud de la inmobiliaria. Sobre todo los que tuvieron que salir de la colonia y arrancar un negocio nuevo sin cobrar la indemnización: “Cerramos el bar de la colonia y hemos abierto como hemos podido otro en la Zona Franca: seguimos sin ver ni un euro”, lamenta Zayra, portavoz de la asociación de afectados de Can Batlló. Mientras, el estado de la colonia se deteriora y algunos de los pequeños industriales sostienen que son presionados para que abandonen y se vayan. En Can Batlló está previsto construir un millar de viviendas de mercado libre, unas 450 de protección y varios equipamientos de barrio.


* El País - BLANCA CIA Barcelona 6 FEB 2012
Foto: Recinto de Can Batlló, en el distrito de Sants-Montjuïc. / TEJEDERAS

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