Castellón.- “Carlos Fabra utilizó sus préstamos hipotecarios para blanquear dinero”

ELPAÍS* : La Unión de Consumidores de España (UCE), acusación popular en el Caso Fabra, defiende en su escrito de conclusiones remitido al juzgado que instruye la causa en la localidad castellonense de Nules que el todavía presidente provincial del PP en Castellón, Carlos Fabra, firmaba hipotecas y créditos como una forma de blanquear dinero. La UCE basa sus afirmaciones en el informe que los peritos de Hacienda presentaron por orden del juzgado, del que se desprende que en nueve años la familia Fabra logró 33 préstamos en una decena de entidades bancarias por un importe total de más de cinco millones de euros.
Según la UCE, Fabra pagaba las cuotas de sus hipotecas en metálico con el dinero que había recibido por su mediación ante los ministerios de Agricultura y Sanidad para legalizar los fitosanitarios que después vendía junto a su socio Vicente Vilar. Presuntamente, claro.
Los peritos de Hacienda detectaron que entre 1995, año en el que Carlos Fabra accedió a la presidencia de la Diputación de Castellón, y 2004, cuando concluyeron sus investigaciones, el mandatario provincial había suscrito créditos e hipotecas con Bancaja, CAM, BBVA, Caixa Catalunya, Caixa Galicia, Cajamadrid, Ruralcaja, La Caixa, el BSCH, IberCaja y Banco de Valencia.

El matrimonio Fabra obtuvo entre 2002 y 2004 créditos por un total de 2,3 millones, en los que subsumió otros préstamos. Para hacer frente a las cuotas de estos, el presidente del PP de Castellón y su esposa contaban con unos ingresos brutos de 10.000 euros al mes, según el informe pericial. Los bienes e ingresos en efectivo del matrimonio, según los expertos de Hacienda, “en modo alguno se corresponden con la renta y el patrimonio declarado”. Los peritos explicaron que la mayoría de los ingresos en los bancos realizados por Fabra se hacían en billetes de “100, 200 y 500 euros”.

La UCE recuerda que la Audiencia Provincial de Castellón no descartó la existencia de un supuesto delito de blanqueo de capitales en un auto emitido a finales del año pasado, aunque los magistrados instaron a solicitar la apertura de otro procedimiento para perseguir esta causa, en la que los supuestos responsables serían Carlos Fabra, los directores de siete oficinas bancarias castellonenses y el empresario Antonio Bonet, que pagó un crédito solicitado por el presidente provincial en el que participaron como avalistas el propio Bonet y el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig.

La UCE ha intentado en varias ocasiones que el proceso abierto contra Fabra por cohecho, tráfico de influencias y cuatro delitos fiscales se amplíe también al blanqueo de dinero. La acusación sostiene que Fabra lavaba el dinero negro que recibía del empresario Vicente Vilar como pago por sus favores políticos al destinarlo, presuntamente, a abonar las cuotas de sus numerosos préstamos e hipotecas. Unos ingresos en los bancos que en ocasiones, según los peritos de Hacienda, se hacían “en fajos” de billetes de 500 euros y que llegaron a efectuar los chóferes del mandatario provincial, quienes admitieron ante el juzgado de Nules que llevaron “bastantes veces” a los bancos “sobres cerrados” con dinero.

Ingresos multimillonarios

“No cabe duda de que todos estos movimientos económicos con ingresos multimillonarios en efectivo en cuentas corrientes no hubieran sido posibles sin la estrecha colaboración de los directores de las oficinas bancarias donde operaba el señor Fabra y con seguridad de algún superior de las mismas”, insistió la acusación. En respuesta a esta solicitud, la Audiencia de Castellón no admitió la imputación de los siete directores pero dejó abierta la posibilidad de abrir un nuevo procedimiento, es decir, presentar una nueva querella contra ellos y el propio Fabra.

En el caso de Bonet, la acusación sostiene que fue un “falso avalista” y que el único fin fue que el empresario se hiciera cargo del pago “dándole de esta forma una cierta apariencia de legalidad, cuando en realidad no era más que el pago debido por algún favor o algún negocio oculto”. La Audiencia tampoco admitió la imputación de Bonet, pero también dejó abierta la posibilidad de imputarle en otra causa.

Por otra parte, el titular del juzgado de Nules que instruye el caso, Jacobo Pin, anunció ayer que ha iniciado el procedimiento de embargo de los bienes de Carlos Fabra y de su exesposa, María Amparo Fernández, como pago por las fianzas impuestas, de 4,2 y 0,8 millones de euros, respectivamente, que ninguno de los dos abonó en el plazo inicialmente previsto.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tanto Fabra como Fernández han presentado al juzgado un listado de bienes susceptibles de ser embargados y el juez ha comenzado a tasarlos y a comprobar que cubren las cantidades exigidas.

Según los peritos de Hacienda, entre 1999 y 2004 Carlos Fabra y María Amparo Fernández ingresaron un total de 8,3 millones de euros en efectivo, cheques y transferencias bancarias, de los que no han podido justificar 3,3 millones.

Préstamos privilegiados y amigos íntimos

33 préstamos. Carlos Fabra y su exesposa, María Amparo Fernández, suscribieron 33 préstamos e hipotecas con 11 entidades bancarias entre 1995 y 2004. La UCE entiende que el matrimonio Fabra utilizaba este método para blanquear el dinero que recibía de su socio Vicente Vilar, por las gestiones del presidente provincial ante los ministerios de Agricultura y Sanidad para aprobar las licencias de fitosanitarios que después ambos comercializaban.
Un cliente privilegiado. Carlos Fabra firmó con Bancaja el 22 de diciembre de 2009 la ampliación por 100.000 euros de una hipoteca concedida años atrás para la adquisición de un piso en la plaza de Las Salesas (Madrid). La fecha de vencimiento del préstamo era enero de 2045, según informó la Cadena SER. Es decir, cuando Fabra hubiera cumplido los 98 años. Bancaja sostuvo ayer que el presidente provincial del PP ya ha liquidado toda la deuda, cuando han transcurrido poco más de dos años desde que se firmó el crédito. Esquerra Unida acusó a Fabra de utilizar Bancaja para sus “intereses oscuros”.
Amigos íntimos. Los empresarios Antonio Bonet y Fernando Roig avalaron a Carlos Fabra para que Ruralcaja le concediera un crédito de 390.000 euros. Fue el propio Bonet quien acabaría pagando el préstamo porque según la declaración judicial del empresario, Fabra “había dejado de abonar” las cuotas. Bonet desembolsó los casi 400.000 euros de principal y otros 110.000 euros en intereses de demora.


* El País - MIGUEL A. CAMPOS Castellón 6 FEB 2012
Foto: Carlos Fabra, presidente del PP de Castellón, en una imagen de 2010 / ANGEL SÁNCHEZ

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Sevilla.- Ikea: el segundo tropiezo jurídico

DIARIODESEVILLA* : La gestión urbanística del PP sigue sin arrancar. Siete meses después de que el alcalde prometiera desbloquear "en semanas" el proyecto inmobiliario que promueve la multinacional Ikea en el noreste de Sevilla, el gobierno local de Juan Ignacio Zoido no sólo ha sido incapaz de dar una solución válida a los problemas de legalidad existentes en la zona, sino que dicha operación vuelve a tropezar, de nuevo, con un segundo conflicto jurídico. Y no precisamente menor: los terrenos objeto del proyecto incumplen la legislación de vías pecuarias, lo que impide -desde el punto de vista legal- su desarrollo inmobiliario completo. Así, al menos, lo confirman fuentes técnicas de Urbanismo.
El área de San Nicolás Oeste, situada junto al aeropuerto, está afectada por varios tramos de vías pecuarias que no han sido ni deslindadas, ni desafectadas. Tampoco, tal y como establece la normativa vigente a nivel estatal y autonómico, la modificación de los trazados originales de estas antiguas vías ganaderas (la fórmula que contemplaba el Plan General para proceder a su urbanización) se ha gestionado por el Ayuntamiento.

Las vías pecuarias son patrimonio de dominio público. Esta naturaleza jurídica obliga al Consistorio y a la Junta de Andalucía a sacar adelante, si se quieren desarrollar urbanísticamente los suelos por los que discurren, un proceso administrativo bastante complejo que pretende garantizar que, si son modificadas por cualquier tipo de desarrollo urbano, su superficie íntegra sea compensada con trazados alternativos. El reto no es fácil: primero hay que delimitar la vía pecuaria; después desafectarla -al igual que ocurre por ejemplo con los bienes patrimoniales del Ejército- y, en su caso, sacar adelante un nuevo trazado alternativo.

El PGOU de Sevilla, que proyecta muchos de los nuevos barrios de la ciudad en terrenos periféricos, contemplaba en su informe de impacto ambiental una red alternativa de vías pecuarias cuya gestión dependía del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía. Urbanismo, sin embargo, aún no ha sacado adelante este proyecto, lo que supone que todos los suelos urbanizables afectados por vías pecuarias no podrán desarrollarse mientras no se cumplan estos requisitos jurídicos. La Gerencia ha hecho oídos sordos a esta exigencia legal y ha venido aprobando desde 2007 una serie de planes urbanísticos de desarrollo [planes parciales y planes especiales] que, tras su validación, venían a concretar los derechos urbanísticos de sus distintos propietarios antes de su reparcelación y posterior urbanización. El marco legal de todas estas grandes bolsas de suelo -las únicas que por ahora se han impulsado del PGOU- está ahora en cuestión, lo que dilatará su desarrollo y, en algunos casos, incluso lo impedirá debido a que además de obviar una obligación legal afecta directamente a sus infraestructuras de acceso. Es el caso de San Nicolás, donde la futura SE-35 está cruzada por vías pecuarias.

Ikea no es el único caso. Hay, al menos, cinco más. Los terrenos de San Nicolás Oeste son acaso los más significativos -por el proyecto de la multinacional sueca- pero la situación irregular incluye otras zonas cuyas previsiones urbanísticas son considerables. En el alambre están los desarrollos inmobiliarios privados de 5.277 viviendas [2.792 protegidas) y un volumen de espacios terciarios (zonas para usos comerciales y oficinas) de 274. 358 metros cuadrados, además de otros usos, como industriales y productivos. Para dar una idea de la magnitud del problema, baste recordar que sólo el proyecto Puerto Triana -que se desarrolla en la Cartuja- ocupa casi 70.000 metros cuadrados terciarios. Lo que significa que todos los espacios en situación de bloqueo urbanístico suponen casi cuatro veces este mismo volumen de zonas terciarias. Sin entrar a hablar de su impacto económico.

Las unidades urbanísticas afectadas, en principio, porque el problema puede extenderse a otras áreas, están en Pítamo Sur, Palmete, Torreblanca Este y Oeste, la Hacienda El Rosario y junto al aeropuerto (San Nicolás). Los planes urbanísticos de estas bolsas de suelo obviaron el trámite de desafectación de las vías pecuarias incluso a pesar de que algunas lo mencionan (en sus memorias técnicas) como necesario. Algo inexplicable desde el punto de vista de la gestión urbanística. Salvo que se trate de un olvido consciente.

El problema se complica porque el asunto está ya en manos de los juzgados. La ocupación irregular de una vía pecuaria no sólo es una irregularidad administrativa, sino un posible delito, ya que supone la apropiación de un bien colectivo. Justamente esto es lo que ahora tendrán que dirimir los tribunales, a los que la cuestión ha llegado por dos vías distintas. Primera: una denuncia relativa a la ocupación irregular de la vía pecuaria que discurre por los terrenos de la Hacienda El Rosario, en Torreblanca. Un desarrollo urbanístico que el propio gobierno local incluso subvencionó a una empresa con dinero público. Segunda: una denuncia sobre el fondo de la cuestión presentada por Ecologistas en Acción. La primera es la más avanzada: el juzgado ha abierto diligencias y la investigación la lleva la unidad de delitos urbanísticos de la Guardia Civil. Un portavoz de este cuerpo confirmó a este periódico dicha investigación, que ha comenzado por reclamar explicaciones tanto a Urbanismo como a la Junta. Los ecologistas han pedido al juez que anule todos los planes urbanísticos aprobados.


* Diario de Sevilla - CARLOS MÁRMOL - 8.2.12
Foto: Sevilla, establecimiento Ikea - abc

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Un año de cárcel para un constructor de Nigrán pillado con el Google Earth

LAVOZ/Pontevedra* : Un constructor de Nigrán fue condenado a seis meses de cárcel por un delito de desobediencia grave a la autoridad y otros seis meses por un delito contra la ordenación del territorio por haber ampliado ilegalmente su fábrica sobre terreno rústico y forestal y romper los precintos que colocó la Policía Local.
La Fiscalía de Urbanismo probó en el juicio el delito mediante varias capturas de fotografías por satélite difundidas en Internet por el buscador Google Earth. Las imágenes mostraban la evolución desde el 2001 al 2009 de las naves e instalaciones de la empresa de pretensados de hormigón y la reducción de los campos y bosques contiguos, en el barrio de Paradillas, en Nigrán.
Además, el Juzgado de lo Penal nº2 de Vigo inhabilita al empresario José Luis B.R, dueño de Prefabricados Luis Barros SL, durante un año y un día para ejercer como constructor y como promotor inmobiliario. También lo multa con 2.190 euros y la jueza le obliga a demoler la construcción no autorizada ni autorizable.

La sentencia relata que el constructor obtuvo una licencia en 1981 para fabricar sus materiales de obra. Luego, adquirió una parcela rústica de protección forestal de 2.000 metros cuadrados, según el PGOM de 1991, que lindaba con la finca donde desarrollaba su actividad.
La jueza ve probado que, en el 2003, el acusado inició en dicha finca, sin haberlo solicitado y sin licencia municipal, obras de desmonte y de explanación de terrenos. Construyó un muro de contención de varias alturas y bases para la instalación de silos y tolvas de carga. Su objetivo era instalar una nueva planta de hormigón y aumentar así la actividad, para extenderla a la fabricación de hormigón fresco y distribuirlo, a pesar de que carecía de permisos para esas actividades.
El Ayuntamiento de Nigrán le incoó expediente en el 2003 y la Consellería de Política Territorial ordenó en el 2004 la demolición de dichas obras. El acusado ignoró la orden de paralización del Concello y continuó sus trabajos. La Policía Local fue en octubre del 2003 a precintar la obra, pero no hicieron nada al no ver actividad. Volvieron a precintar la maquinaria, pero alguien había roto las cintas para que entrasen y saliesen camiones. La situación se repitió hasta casi el 2005. La jueza ve una «grave actitud de rebeldía y contumaz y recalcitrante negativa a cumplir el mandato».
La Fiscalía mostró en el juicio fotos por satélite de una parcela rústica con naves industriales.


* La Voz de Galicia - E. V PITA - 4.2.12
Foto: Nigrán (Pontevedra), vista G.Earth - lavozdegalicia

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A vueltas con la Ley de Costas; el espejismo de nuevas tierras prometidas

LOLA YLLESCAS/EA* : Siempre pasa; cada vez que en una Comunidad Autónoma o en el Gobierno Central vuelve a gobernar la derecha, un tema que siempre anuncia es que va a modificar la Ley de Costas. Si la Comunidad es la andaluza, también anuncia que va a replantear la carretera que pretende unir Cádiz con Huelva por el PN de Doñana. No falla.
Una de las primeras declaraciones del nuevo responsable ministerial de Medio Ambiente, Sr. Arias Cañete ha sido el anuncio de que pretende introducir simplificaciones en los trámites ambientales con el pretexto de que el medio ambiente no puede frenar el desarrollo económico. En este marco anuncia una “profunda reforma de Ley de Costas de 1988 con el fin de dar valor al litoral y seguridad jurídica”.
¿Por qué esta obsesión con la ley de Costas? La Ley de Costas, históricamente, se verá como una de las grandes leyes del inicio de nuestra democracia, una ley progresista, ya que, en ese periodo histórico, cualquier ley suponía un progreso teniendo en cuenta de dónde veníamos. Fue una ley que hizo una apuesta muy clara y nítida por el carácter público de nuestra costa, y así en su artículo 3º ya dice:
Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal La ribera del mar y de las rías, que incluye: El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y regulados por su legislación específica. Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, definidos y regulados por su legislación específica.

Apuesta que nos ha proporcionado a todos los españoles el uso y disfrute de todos los espacios de playas, marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar.

La Ley de Costas es una de esas leyes de la que muchos españoles nos sentimos orgullosos; sabemos que podemos acceder a todas las playas, que podemos pasear por ellas, que podemos bañarnos donde queramos… cosa que no pasa en muchos países del primer mundo; en los desarrollados EEUU, me ocurrió paseando por una playa que un señor empezó a gritarme cosas que no entendí pero que interpreté como que me fuera de “su playa”, y es que, en efecto, en muchos países las playas se privatizan. Con la Ley de Costas, a los españoles nos puede pasar lo mismo que con nuestra Seguridad Social: empezamos a valorarla cuando la estamos perdiendo. Y el anuncio del Ministro Arias Cañete nos hace temer por la pérdida del carácter público de nuestro litoral.

Si analizamos las propuestas que hizo el PP cuando estaba en la oposición, podemos preveer que nos espera: en febrero de 2011 llevó al Senado una Proposición de Ley que tenía como objetivo perpetuar indefinidamente las concesiones, lo que supondría que el concesionario pasaría a ser “de facto” propietario del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) que se le habría concedido. También propuso, acompañado por CIU, redefinir los espacios litorales que pertenecen al DPMT. Pretendían, bajo el concepto de “ciudad navegable”, que urbanizaciones que contenían las llamadas “marinas” escapasen a la Ley de Costas.

La primera de las propuestas del PP citadas tiene mucho que ver con Cádiz. Aquí los empresarios acuicultores y salineros, que tienen un largo historial de pleitos con las correspondientes Demarcaciones de Costas, siguen reclamando la titularidad de las zonas litorales en las que ejercen su actividad económica. Y lo hacen alegando que no pueden hacer inversiones en sitios que no son suyos, que solo usan. Ante esto, los defensores de la actual Ley de Costas, podríamos contestar invirtiendo el razonamiento: que ya tienen bastante con poder sacar beneficios de una zona que no les pertenece y que todos les cedemos graciosamente; que si hacen inversiones será para la mejora de su cuenta de resultados y que en ello irá su plusvalía.

Por otro lado, como ya han manifestado las organizaciones ecologistas, resulta increíble que, a pesar de que la especulación del ladrillo ha sido una de las principales causas de la actual crisis que se vive en España, el nuevo gobierno pretenda buscar soluciones volviendo a antiguas fórmulas fracasadas y agotadas: legalizar construcciones, permitir más usos en las franjas establecidas por la ley, construir más cerca de la línea de costa, permitir marinas, macropuertos, macrourbanizaciones…, en definitiva, seguir enladrillando (o ya debemos decir alicatando) la costa. Dar vía libre al mismo modelo depredador que nos ha llevado hasta una profunda crisis no es la solución para generar un empleo duradero y sostenible, sino más pan para hoy y hambre para mañana.

Hemos sabido que entre 1987 y 2005, justo antes de la crisis, en España se urbanizaron más de dos hectáreas (que son 20.000 m2) por día en los primeros 500 metros de litoral. Con este dato queda claro algo que siempre decimos los ecologistas: lo que no es ecológico tampoco acaba siendo económico.

Dejemos en paz a esta buena ley de Costas que emana de nuestra Constitución de 1978.

* Lola Yllescas, Ecologistas en Acción

* Ecologistas en Acción - Andalucía - 7.2.12


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